S A L A C I V I L

Auto Supremo: 34/2012

Sucre: 29 de febrero de 2012

Expediente: SC-3-12-A

Partes: Victoria Camacho Rosado c/Luís Fernando Tardío Villa.

Proceso: Nulidad de resoluciones en proceso sumario.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 274 y vlta., de obrados, interpuesto por Luís Fernando Tardío Villa, contra el Auto de Vista Nº 479 de 15 de noviembre 2011 cursante a fs. 270 y vlta. de obrados, emitida por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de Santa Cruz, dentro el proceso ordinario de Nulidad de resoluciones dictadas en proceso sumario irregular, Nulidad de proceso voluntario de declaratoria de heredera y actos de posesión hereditaria y Cancelación de registros y anotaciones preventivas en DDRR., seguido por el recurrente en contra de Victoria Camacho Rosado, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, Luís Fernando Tardío Villa, interpone demanda en contra de Victoria Camacho Rosado, impetrando la nulidad de resoluciones dictadas en proceso sumario irregular, entre ellas:

1.- La pronunciada por el Juzgado Primero de Instrucción de Familia de la capital, por la que resuelve reconocimiento de unión libre y de hecho, desde el 12 de junio 2002, hasta el 17 de junio 2004, la misma fue confirmada por el Tribunal de Alzada y en Recurso de Casación, se caso el auto de vista y se declaro improbada la demanda, determinación ratificada en oportunidad de interponerse recurso de Amparo Constitucional.

2.- Sentencia emitida por el Juzgado Cuarto de Instrucción de Familia de la Capital, en la que se resuelve declarar probada la demanda de reconocimiento de unión libre y de hecho a partir del 24 de mayo 2002 al 16 de junio 2004, resolución ejecutoriada el 20 de octubre 2009.

3.- Auto definitivo de 22 de diciembre 2009 por el que se declara heredera forzosa a Victoria Camacho Rosado.

Asimismo, solicitó se declaren nulos los actos posesorios efectuados por el Juez de Instrucción de Warnes, respecto de los inmuebles del que solicitó la declaratoria de herederos. Finalmente, impetró la cancelación de registros y anotación preventiva en Derechos Reales.

Que, Victoria Camacho Rosado, interpuso incidente de nulidad de obrados, arguyendo que el Juez que atiende la causa (1º de Partido en lo Civil) es incompetente por razón de materia, al tenor del art. 122 de la C.P.E., concordante con los Arts. 11 y 12 de la Ley Nº 025 y Arts. 158 y 159 del Código de Familia, solicitando se anule obrados hasta la admisión de la demanda (fs. 109) y decline competencia a juez competente. A la solicitud, el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la capital, mediante Auto de 29 de junio 2011 resolvió anular obrados hasta fs. 109, ordenando se levante la medida precautoria recaída sobre los bienes de la demanda, habiendo considerado antes que no tiene competencia para conocer la demanda intentada por el recurrente y corresponde mas bien corregir procedimiento y estimar favorablemente la nulidad planteada. Determinación jurisdiccional que fue apelada por el recurrente y resuelta por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz (ahora tribunal Departamental de Justicia), instancia que confirma el auto de 29 de junio 2011 dictado por el aquo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Que, Luís Fernando Tardío Villa, interpone recurso de casación en contra del Auto de Vista Nº 479 de 15 de noviembre 2011, de fs. 270 y vuelta de obrados, señalando que el Tribunal de Alzada ha interpretado de manera errónea el contenido de los Arts. 25, 26 y 30 de la LOJ y los Arts. 366 y 380 del Código de Familia, así como el Art. 122 de la Constitución Política del Estado, incurriendo en la causal de casación en el fondo prevista en el num. 1) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, expresa que si bien el ad quem determinó que el proceso sumario de reconocimiento de unión libre y de hecho correspondería a la competencia del Juez de Partido de familia, conforme prevé el Art. 371 con relación al Art. 373 del Código de Familia y Art. 143 de la L.O.J., dichas autoridades no especifican en cuál de las competencias de manera específica señalan esas normas, por lo que se habría incurrido en errónea interpretación y aplicación de las citadas disposiciones legales, toda vez que en ninguna de ellas se menciona como atribución de los jueces de partido de familia, el conocer una demanda como la que se tramitó en el presente proceso.

Finalmente, solicitó que se case el auto de vista de 15 de noviembre 2011 y en el fondo se disponga la prosecución del trámite interrumpido por error del inferior confirmado por el Tribunal de Alzada.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

 

Que, analizados los antecedentes corresponde puntualizar aspectos que hacen a la obligación del juez a tiempo de administrar justicia y que los tribunales de instancia están obligados a verificar y revisar de oficio.

Al respecto citaremos jurisprudencia emitida por la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del Auto Supremo N° 428 de 6 de diciembre 2010, que se señala: "... corresponde puntualizar que, el artículo 334 del Código de Procedimiento Civil, dispone que presentada la demanda en la forma prescrita, el Juez la correrá en traslado al demandado para que comparezca y conteste en el término de ley.

Por el contrario, el artículo 333 del citado Código establece que, cuando la demanda no se ajuste a las reglas establecidas podrá el Juez ordenar de oficio se subsanen los defectos dentro del plazo prudencial que fije y bajo apercibimiento de que si no se subsanaren se la tendrá por no presentada.

De las normas citadas se establece que frente a la interposición de la demanda el Juez tiene el deber de efectuar un primer examen de admisibilidad, el cual, según las citadas normas, parecería limitarse a la verificación del cumplimiento de las reglas referidas a la forma de la demanda como acto de postulación, establecidas en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante lo que se desprende de las normas transcritas, literalmente consideradas, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido de manera concordante que la facultad del Juez puede ir más allá de ese análisis de cumplimiento de presupuestos de admisibilidad extrínsecos o formales y, extenderse a los requisitos de admisibilidad intrínsicos, e incluso a los de fundabilidad o procedencia de la pretensión.

Para lograr desentrañar adecuadamente el poder que ejerce el Juez frente a la interposición de una demanda, resulta relevante distinguir, entre el control formal de la demanda y, el control material o de fondo; o lo que el autor Carlo Carli denomina condiciones de procedibilidad y de fundabilidad.

En el primer caso, una vez deducida una determinada pretensión el Juez no queda automáticamente conminado a admitirla y promover en consecuencia el proceso, debe en principio analizar la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de las formas necesarias de las que debe estar revestido al acto de demanda. Constituye pues un juicio netamente formal que se realiza ex ante a cualquier análisis sobre el fondo de la pretensión, y está relacionado con el poder reconocido al Juez de sanear el proceso lo más pronto posible, para librarlo de impedimentos y óbices formales y facilitar el rápido y ordenado pasaje a las etapas vinculadas al mérito. En consecuencia, en este examen de admisibilidad el Juez deberá tener en cuenta, por ejemplo, si el conocimiento de la demanda que se le presenta es de su competencia o no; si la demanda se ajusta a las reglas previstas por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, una vez comprobada por el Juez la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de los requisitos formales, le corresponde efectuar un control de la proponibilidad o fundamento intrínseco de la acción tal como ha sido propuesta. A diferencia del control formal, el juicio de fundabilidad opera con elementos que corresponden al derecho material, con los preceptos sustanciales llamados a zanjar la litis en la Sentencia definitiva.

Respecto de las condiciones de fundabilidad, el autor argentino Peyrano señala que "Presentada la demanda ante el Juez, éste deberá analizar (entre otras cosas) la proponibilidad objetiva de la pretensión y para ello deberá consultar el ordenamiento y comprobar "en abstracto" si la ley le concede la facultad de juzgar el caso. El mencionado autor refiere el rechazo in límine por "improponibilidad objetiva de la demanda", es decir, no ya por carencia de condiciones de procedibilidad, sino por evidente infundabilidad.

El concepto de "improponibilidad", fue postulado por Morello y Berizonce, en un trabajo llamado "improponibilidad objetiva de la demanda", en el que se estableció que le está permitido al Juez, fuera de los supuestos de inhabilidad formal de la demanda, disponer su repulsa in limine juzgando sin sustanciación acerca de su fundabilidad o merito, cuando el objeto perseguido (por la pretensión) esta excluido de plano por la ley, en cuanto esta impida explícitamente cualquier decisión al respecto, o la improcedencia derive de la no idoneidad, juzgada en abstracto, de los propios hechos en que se funda la demanda (causa petendi), los que no son aptos para una Sentencia favorable.

El rechazo in limine o ab initio de la demanda por falta de fundabilidad o por carecer de un interés tutelado por el ordenamiento, tiene como fundamento evitar un inútil dispendio de la función jurisdiccional, puesto que de admitirse el trámite de una demanda improponible y que así será sancionada al culminar el proceso, no sólo se atenta contra los principios de economía procesal y celeridad, sino que se activa y recarga inútilmente la labor de los órganos jurisdiccionales.

Ahora bien, corresponde precisar en qué situaciones resulta legítimo rechazar in limine una pretensión; es decir en qué casos el Juez debe ejercer la faculta de repulsar una demanda por infundabilidad o improponibilidad objetiva.

 

Al respecto, son varios los criterios de clasificación que adopta la doctrina, empero, diremos que en principio esa facultad comprende aquellas pretensiones en las que falta un interés susceptible de ser protegido, o demanda imposible; de la multiplicidad de relaciones subjetivas que se suceden en el tráfico jurídico no todas encuentran un amparo por el derecho, existen relaciones jurídicas que se crean al margen de la legalidad y que el ordenamiento las priva de tutela jurídica por estar en pugna con el orden público o ser contrarias a la ley.

En esta hipótesis cabe encuadrar los casos donde el objeto o la causa que conforma una determinada pretensión son ilícitos, o pugnan con la ley o las buenas costumbres o bien una pretensión que se dirige a algo material o jurídicamente imposible. Ejemplo, la pretensión de cobro de una deuda que resulte de un juego prohibido, supuesto expresamente previsto por el artículo 910-I del Código Civil; el pago que se demanda en cumplimiento de una obligación cuya prestación resulta ilegal o inmoral, ese sería el caso de un sicario que demanda el pago por un asesinato llevado a cabo, o de aquel que demanda el pago por la venta de sustancias prohibidas; la demanda de reivindicación de un bien que se encuentra fuera del comercio humano -jurídicamente imposible-. En estos supuestos, no hay un interés legítimo jurídicamente protegido, por ello no se justifica la tramitación completa de un proceso que se sabe infecundo, en cuanto necesariamente terminará con una Sentencia desfavorable para el demandante.

Ingresa, igualmente en esta primera clasificación aquellos supuestos en los que la pretensión recae sobre relaciones subjetivas que no poseen relevancia jurídica en la medida en que no se encuentran reguladas por el derecho, por tratarse, precisamente de cuestiones que carecen de contenido jurídico. Ejemplo, la pretensión dirigida a exigir el cumplimiento de una obligación de trato social.

El segundo supuesto en que el Juez puede ejercer la facultad de rechazar in limine una demanda, lo constituye aquellos casos en los que la ley excluye la posibilidad de tutela jurídica, o demanda objetivamente improponible; Quedan incluidos, dentro de esta posibilidad todos los casos de obligaciones naturales; además aquellos en los que la ley sustantiva excluye determinadas pretensiones jurídicas, es decir cuando nos encontramos frente a una pretensión inviable de inicio. Por ejemplo, la imposibilidad de demandar la lesión o vicios ocultos, respecto de una venta judicial, supuesto expresamente prohibido por el artículo 1481 del Código Civil; la inadmisibilidad de la acción de desconocimiento de paternidad intentada por el padre en el supuesto de concepción por fecundación artificial con autorización escrita del marido, previsto por el artículo 187 del Código de Familia..."

"...Que, el reconocer al Juez la facultad -deber- de rechazar ad initio la demanda no pugna con el derecho a la tutela judicial efectiva, o derecho de acción; en efecto, si aceptamos que el derecho de acción o de tutela judicial efectiva, tiene como contenido esencial que la pretensión del justiciable sea atendida por un Tribunal y, que amerite un pronunciamiento debidamente motivado respecto a la pretensión deducida; el derecho a la tutela judicial se agotaría, en el acceso a la jurisdicción y en la dictación de una resolución motivada en derecho, es decir que, el poder del Juez de rechazar ab initio una demanda, no entra en pugna con el contenido del derecho de acción o de tutela judicial efectiva, puesto que el Juez atenderá y se pronunciará efectivamente y en forma motivada respecto a la pretensión del actor; en otras palabras, el actor promueve su pretensión, activando la función jurisdiccional del Estado, la que desemboca en una determinada, precisa y fundada decisión judicial, en consecuencia, se satisface íntegramente su derecho a la acción o tutela judicial".

Que, en el marco de lo expuesto precedentemente y de la revisión de obrados, se tiene evidencia que el recurrente pretende con la demanda de nulidad de resoluciones dictadas en proceso sumario de reconocimiento de union libre o de hecho, anular lo que fue resuelto en aquel proceso sumario y a partir de ello anular posteriormente la declaratoria de herederos y los actos de posesión sobre los bienes en los que la demandada ejerció posesión real, corporal y judicial.

Al respecto se debe tomar en cuenta que conforme la previsión contenida en el Art. 214 del Código de Familia, en su segunda parte, señala que: "La unión de los padres se comprueba en proceso sumario seguido ante Juez Instructor de Familia por todos los medios probatorios...", proceso que conlleva todas las instancias y recursos, con lo que queda resuelta definitivamente la cuestión controvertida (en caso de oposición) no pudiendo ser cuestionada de nuevo en otro proceso, precisamente por el principio de cosa juzgada que supone la no revisión en otro proceso posterior la controversia resuelta, ya que dicho sumario ha recorrido todas las instancias y recursos reconocidos por ley, teniendo la calidad de cosa juzgada sustancial o material. Como se evidencia en el caso de autos, de fs. 72 a 75 y vlta. cursa la Sentencia de fecha 11 de septiembre 2009 emitida por el Juzgado Cuarto de Instrucción de Familia, dentro el proceso seguido por Victoria Camacho Rosado contra Fernando Tardío Villa (actos en la presente causa), por la que se declara probada la demanda de existencia de unión conyugal libre o de hecho entre Victoria Camacho Rosado y Jorge Tardío Torrez, desde el 24 de mayo 2002 al 16 de junio 2004, fecha en la que fallece el Sr. Jorge Tardío; resolución de la que se declara su ejecutoria en fecha 20 de octubre 2009, así consta a fs. 77 vlta. documental presentada por el recurrente y a través de la cual se constata que la declaración de unión conyugal libre o de hecho tiene calidad de cosa juzgada dictada dentro de un proceso sumario. Por

 

lo que resulta la pretensión demandada improponible, toda vez que en derecho no existe aquella posibilidad de revisar, a través de un proceso ordinario lo que fue resuelto en un proceso sumario de conocimiento, aspecto que debió ser advertido por el Tribunal ab initio y en consecuencia rechazar la demanda por improponible, situación que no aconteció y dio lugar a la sustanciación del proceso, a lo que el tribunal de instancia si bien anuló obrados hasta el auto que admite la demanda, con el fundamento de que la competencia para conocer la presente causa, corresponde al juez en materia familiar, en cuya determinación no toma en cuenta que ni el juez en materia civil ni el de materia familiar tienen competencia para revisar, a través de un proceso ordinario, lo resuelto en un proceso sumario.

Finalmente y a mayor abundamiento, se debe tomar en cuenta que el recurrente durante la sustanciación del sumario en el que se declara la unión conyugal libre o de hecho, fue parte en aquel y se apersonó contestando la demanda y presentando excepciones de cosa juzgada; es decir asumió defensa contando con todos los recursos que la ley le asistía en ese momento para hacer valer su mejor derecho, incluyendo los de orden constitucional.

Por todo lo expuesto al amparo del art. 252 del Código de Procedimiento Civil y toda vez que la competencia es de orden público y en virtud a los principios en los que se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el de legalidad y debido proceso, previstos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por los artículos 271- 3) y 275, todos del Adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ejerciendo la facultad conferida por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fojas 109 (admisión de la demanda) y dispone que el Juez A quo, emita nueva resolución, en estricta observancia de lo previsto por los artículos 3-1), 87 del Código de Procedimiento Civil y a los fundamentos expuestos en el presente Auto Supremo.

Sin responsabilidad por ser excusable el error.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran