S A L A C I V I L

Auto Supremo: 31/2012

Sucre: 29 de febrero de 2012

Expediente: 0-5-12-S

Partes: Liberata Medrano Arias de Gutiérrez c/ Máxima Terán Flores de Robles

Proceso: Fraude Procesal

Distrito: Oruro


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 280 a 281, interpuesto por Liberata Medrano Arias de Gutiérrez contra el Auto de Vista Nº 1471/2011 de 12 de diciembre 2011 cursante de fs. 265 a 268 y vlta., pronunciada por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro (ahora Tribunal Departamental de Justicia de Oruro), dentro el proceso de declaratoria de fraude procesal seguido por la recurrente en contra de Máxima Terán Flores de Robles; los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitado como fue el proceso, en fecha 3 de julio 2011, el Juez Cuarto de Partido en lo Civil de la capital, emite Sentencia Nº 676/11, en la que declara improbada la demanda de declaratoria de fraude procesal, incoada por Liberata Medrano Arias, por insuficiencia de pruebas; asimismo improbada la excepción perentoria de cosa juzgada y sin lugar a la excepción perentoria de falta de acción y derecho ambas formuladas por la Sra. Máxima Terán Flores de Robles.

Interpuesta la apelación por la demandante Liberta Medrano Arias, la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Oruro, a través de Auto de Vista Nº 147/2011 de 12 de diciembre 2011, cursante de fs. 265 a 268 y vlta., confirmó la Sentencia de fs. 232 a 239 con costas en ambas instancias, habiendo fundamento para tal efecto que: 1) Se ha pretendido tergiversar la naturaleza jurídica de la acción sobre fraude procesal, puesto que de la lectura del memorial de demanda y del análisis del recurso de apelación, se concluyó que la demandante pretende, a través de la acción sobre fraude procesal, que los tribunales de instancia analicen nuevamente aspectos que fueron discutidos y juzgados, concluida a la fecha con calidad de cosa juzgada y a la que se declare la existencia de fraude procesal en el que hubieran incurrido los Vocales de la Corte Superior y Ministros de la Corte Suprema de Justicia; 2) El Auto de Vista ha generado los elementos de fraude y engaño sin precisar cuales serían esos elementos; sin embargo hace el análisis de cómo se generó el engaño a la autoridad jurisdiccional, como se ha propugnado el abuso del Juez y cuales serían las maniobras al Juez natural en el referido auto, que para cuya emisión no hubo dolo por parte de los Vocales, más cuando la apelante no demostró que Máxima Terán Flores, habría conseguido ser favorecida por los Vocales y Ministros; 3) La apelante pretendió atribuir el fraude procesal a los juzgadores, supuestamente porque interpretaron mal una norma, cuando lo correcto es que este haya sido causado por las partes mediante una conducta contraria a la buena fe procesal, es decir no existe fraude procesal cometido por los Vocales de la Corte Superior y Ministros de la Corte Suprema de Justicia, puesto que si hubiera existido errada interpretación de la norma de parte de un juez o autoridad superior, ello se debe reclamar vía recursos ordinarios conforme establece el procedimiento civil; cosa distinta ocurre cuando las partes mediante conductas impropias o ilegítimas han obtenido la victoria en juicio; y finalmente 4) Se ven impedidos de pronunciarse sobre la valoración de la prueba, por la deficiencia del escrito de impugnación, ya que tampoco se indicó de qué manera debieron valorarse los elementos probatorios, limitándose únicamente a enunciar y describir de manera genérica. Por todo lo descrito el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Que, mediante memorial de 19 de diciembre 2011, Liberata Medrano Arias Gutiérrez, formula recurso de casación en el fondo, señalando que:

1.- El Auto de Vista Nº 147/11 al confirmar la Sentencia de fs. 232 a 239, viola lo establecido por el art. 56 de la Constitución Política del Estado, ya que con la misma se trata de desconocer mi derecho de propiedad de un terreno que se encuentra debidamente registrado en Derechos Reales, todo de conformidad a la abundante prueba que cursa en obrados.

2.- El Auto de Vista Nº 147/11, incurre en imprecisiones forzadas con el fin de favorecer a la parte demandada, ya que el inc. d) (fs. 267) señala en forma textual que: "con relación a la valoración de la prueba consideramos que al igual que en los razonamientos anteriores, nos vemos impedidos de pronunciarnos debido a las deficiencias del escrito de impugnación ya que tampoco se ha indicado de qué manera debieron valorarse los elementos probatorios detallados en el memorial del recurso", cuando esta situación no es así ya que el recurso de apelación de fs. 244 a 245 realizo una explicación detallada sobre las ilegalidades en las que se incurrió.

3.- El Auto de Vista Nº 147/11 ingresa en imprecisiones cuando menciona en su inc. c) que "cosa distinta ocurre cuando las partes mediante conductas impropias e ilegitimas han obtenido la victoria en juicio", cuando existe una sentencia en contra de la recurrente, habiéndose obrado de manera mecánica.

4.- Que la Sala Civil Segunda incurrió en error cuando indica que la apelante pretendió atribuir el fraude procesal a los juzgadores, supuestamente porque interpretaron mal una norma, cuando esa situación constituye una verdad jurídica en consideración a que se violó los alcances de lo establecido en el Art. 1545 del Código Civil, por lo que los juzgadores habrían incurrido en fraude procesal para favorecer a Máxima Terán de Robles.

5.- Que se ha incurrido en omisiones graves e insubsanables al haber emitido el Auto de Vista Nº 085/2005 con demora de más de dos meses por irresponsabilidad de la auxiliar de la Sala Civil Segunda, aspecto que se hace notar en la sentencia emitida y hecho que no se considero por el Tribunal de Alzada.

6.- El Auto de Vista impugnado incurre en violación de lo previsto en el art. 15 de la Ley del Registro de Derechos Reales, en consideración de que la propiedad motivo de la litis pertenece al adquiriente que hubiera inscrito su título en el registro de la propiedad.

7.- El Auto de Vista Nº 147/11 al confirmar la sentencia ilegal viola lo previsto en el art. 115 de la Constitución Política del Estado, toda vez que se trata de consumar ilegalidades que atentan contra su derecho de propiedad, ya que las autoridades judiciales no cumplieron con lo que establece el art. 1545 del Código Civil.

8.- El Auto de Vista Nº 147/11 señala equivocadamente que no se hubiera probado el fraude procesal, coligiendo ello que de nada sirvieron las pruebas testificales, documentales, inspecciones y otros no habiendo realizado el tribunal de Alzada una correcta valoración de los mismos incurriendo en violación de lo que establece el art. 398 del Código de Procedimiento Civil.

9.- Es inadmisible que el Auto de Vista no considerara un actuado importante como fue la inspección realizada a la Oficina de Derechos Reales, donde se comprobó la existencia de dos partidas, siendo el primer registro el que le corresponde, no dándole el tribunal de Alzada la razón, por lo que incurre en violación flagrante de lo previsto en el art. 1545 del Código Civil.

10.- El Auto de Vista Nº 147/11 al disponer en forma concluyente la confirmación de la sentencia, sin realizar una correcta valoración de los antecedentes, incurrió en violación de lo establecido en el art. 115-I de la Constitución Política del Estado, ya que ante dichas resoluciones judiciales los ciudadanos se encuentran desprotegidos por los tribunales de justicia que en el ejercicio de sus funciones atentan contra derechos e intereses legítimos.

Por lo expuesto solicita al Tribunal Supremo case el auto de vista Nº 147/11 de 12 de diciembre 211 y deliberando en el fondo se declare probada la demanda ordinaria de declaratoria de fraude procesal.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Antes de ingresar a resolver lo planteado en el recurso, es necesario puntualizar que la acción de declaración de "fraude procesal" prevista en el art. 297-3) del Código de Procedimiento Civil, consiste en poner, mediante proceso ordinario, en evidencia una "conducta fraudulenta", "un engaño o mala fe" con que se ha actuado en un determinado proceso para conseguir una sentencia favorable, con la finalidad de lograr se revise ésta mediante un expreso recurso extraordinario a cargo de tribunal competente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, con la que se comparte criterio señala que: "Hay lugar al recurso de revisión extraordinaria de sentencia en proceso ordinario, "si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o fraude procesal declarado en sentencia ejecutoriada", art. 297.3) Cód. Pdto. Civ. En este sentido, para que prospere la acción de declaratoria de "fraude procesal", el demandante debe cumplir con la carga procesal que le impone el art. 1283 del Cód. Civ. Concordante con el art. 375 de su procedimiento y demostrar en proceso ordinario una "conducta fraudulenta" o "un engaño o mala fe" o que "la sentencia es producto de maquinaciones fraudulentas", señalando cuál el fraude procesal en el que hubieran incurrido los tribunales de instancia en el conocimiento del proceso ordinario precitado". (A.S. Nº 14 de 13.01.03).

En el caso que nos ocupa, la recurrente demanda en la vía ordinaria fraude procesal a los efectos de revisar en forma extraordinaria la sentencia y los fallos emitidos en alzada, cuestionando los mismos y pretendiendo se declare probada la demanda de fraude procesal.

Al respecto y de la revisión de los antecedentes, no se ha demostrado el fraude procesal de las resoluciones pronunciadas dentro del proceso ordinario de declaración judicial de derecho preferente del lote de terreno de 420 Mts.2 ubicado dentro del Manzano T2 de la Urbanización "La Pampita", porque no ha presentado prueba idónea que permita hacer ver al juzgador que la demandada Máxima Terán Flores de Robles hubiese actuado de manera fraudulenta, con engaño o mala fe haciendo incurrir en error al juzgador para beneficiarse.

La recurrente en el recurso presentado, hace referencia a que el Auto de Vista Nº 147/11 incurre en imprecisiones forzadas y apreciaciones impertinentes con el fin de favorecer a la parte demandada, advirtiendo que se ha vulnerado el alcance del art. 1545 del Código Civil incurriendo los juzgadores en fraude procesal, aspecto del cual se debe dejar claramente establecido que dentro de un proceso de fraude procesal, no es el juzgador quien comete la acción, sino las partes quienes en virtud de cohecho, violencia o engaño ganan injustamente, es el juzgador quien es víctima de tal acción y por ese hecho no existe prueba que demuestre que la demandada Máxima Terán Flores de Robles a través de influencias o engaños habría conseguido ser favorecida por los Vocales de la Sala Civil Segunda y los Ministros de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuando determinan en segunda instancia revocar la sentencia y declarar improbada la demanda de derecho preferente y declarar improcedente el recurso de casación respectivamente y ante la inexistencia de prueba que demuestre ello, dentro la tramitación del presente proceso, tanto el juez A Quo como el Ad Quem han fallado dentro el marco legal.

Por otra parte señala la vulneración del art. 15 de la Ley de Registro de Derechos Reales y art. 115.II de la Constitución Política del Estado, en aspectos referidos a la demanda primigenia, es decir a la de declaración judicial de derecho preferente, que dentro el presente proceso es impertinente; toda vez que el objeto del litigio de fraude procesal no es el de resolver el fondo de lo que se demandó en el proceso primigenio en el que se acusa la supuesta existencia de fraude procesal. En todo caso la demanda de derecho preferente fue resuelta en el primer proceso, aspecto que no puede ser revisado a través de la acción de fraude procesal como erróneamente pretende la recurrente quien confunde los alcances de una acción de fraude procesal con una aparente nueva instancia de revisión de lo juzgado en un anterior proceso.

Que, al presente no existe evidencia que a través del Auto de Vista se hubiera vulnerado normas legales en contra la recurrente, lo resuelto por el tribunal de Alzada se ha circunscrito a resolver sobre la existencia de elementos que hacen se configure el fraude procesal demandado, dejando de lado todo lo referido a la documental con la que trata de demostrar el derecho preferente de la recurrente, aspecto que como se dijo anteriormente, fue resuelto en las instancias jurisdiccionales competentes.

Por lo antes descrito corresponde resolver el recurso conforme las previsiones contenidas en el Art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el Art. 42 núm. 2) de la Ley del Órgano Judicial y de conformidad a lo previsto en el Art. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, interpuesto por Liberata Medrano Arias de Gutiérrez de fs. 280 a 281, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 700 que mandará hacer efectivo el Tribunal de Alzada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran