S A L A C I V I L

Auto Supremo: 28/2012

Sucre: 29 de febrero de 2012

Expediente: Pt - 2-12-S

Partes: José Manuel Pinto Claure, Ex Presidente Ejecutivo de ENFE c/ Rosa Pérez Murguía.

Proceso: Ordinario de nulidad de escritura pública

Distrito: Potosí.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 128 a 130 de obrados, interpuesto por Fernando Martín Gamboa Lanza, en representación de Mirtha A. Rojas Peralta, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE, contra el Auto de Vista Nº 268/2011 de 10 de diciembre 2011, cursante de fs. 125 a 126, pronunciada por la Sala Civil, Comercial y Familiar de la Corte Superior del Distrito de Potosí (Ahora Tribunal Departamental de Justicia), dentro del proceso ordinario de nulidad de escritura pública Nº 58/2002 de transferencia de inmueble, seguido por José Manuel Pinto Claure, Ex Presidente Ejecutivo de ENFE en contra de Rosa Pérez Murguía, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Mixto Liquidador de Sentencia del asiento judicial de Uyuni, en fecha 23 de abril 2011, pronuncio la Sentencia Nº 050/2011 cursante de fs. 97 a 104 vlta., declarando probada la demanda de nulidad de Escritura Pública de contrato de compra-venta, cancelación de registro en Derechos Reales incluyendo la matrícula computarizada y pago de daños y perjuicios; asimismo rechaza la excepción perentoria de prescripción de acción y derecho por ser manifiestamente improcedente, toda vez que la acción de nulidad es imprescriptible.

Deducida la apelación por la demanda, la Sala Civil, Comercial y Familiar de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, a través de Auto de Vista Nº 268/2011 de 10 de diciembre 2011, anula obrados hasta fs. 29 bajo los siguientes fundamentos:

1) Que las fotocopias de fs. 3 y 4 de la Escritura Pública Nº 58/2002 de transferencia de dos lotes de terreno ubicados en la localidad de Uyuni a favor de Rosa Pérez de Vargas, y la documental de fs. 13, 14 y 15 referida a la nómina de trabajadores interesados a adjudicarse viviendas en los predios de la Empresa nacional de Ferrocarriles, que sirven de sustento y base en el caso presente, al no estar debidamente legalizadas NO surten efectos legales previstos por el Art. 1311 del Código Civil.

2) Que, la demanda fue intentada por JOSE MAULE PINTO CLAURE, así se desprende de fs. 27 a 28 vuelta de obrados, en su condición de Presidente Ejecutivo a.i. de ENFE, mas NO así como JOSE MANUEL PINTO CLAURE, tal como se admitió por auto de 7 de agosto 2009, continuándose el proceso con esta persona ser distinta a quien plantea la demanda.

3) Que en la cláusula primera de la Escritura Pública Nº 58/2002, aparecen como vendedores: Carlos Augusto Mertens Ulbrich y Carlos Gonzalo Véliz Olmos como Presidente y Gerente de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE, quienes debieron ser integrados al proceso. Por lo que el Tribunal de Alzada, señala que estas omisiones atentan al debido proceso, al sagrado derecho a la defensa y a los principios de igualdad efectiva entre las partes y dispone se anule obrados a fin de conceder un plazo prudencial para que la parte demandante subsane su acción con respecto a la legitimación pasiva correcta y a tres observaciones efectuadas ut supra.

Contra esta resolución superior, la Empresa Nacional de Ferrocarriles, representada por Mirtha Angélica Rojas Peralta, Presidenta Ejecutiva a.i., interpone recurso de casación, en los términos expuestos en su memorial de fs. 128 a130.

CONSIDERANDO II:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Que, el art. 252 del adjetivo civil, faculta al Tribunal de Casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; norma que tiene relación directa con la previsión contenida en el Art. 236 de Codigo Procedimiento Civil, referida a la pertinencia de la resolución; en este caso, a que el auto de vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior.

En el caso de autos, como se puede evidenciar a fs. 107, el apoderado de la demandada, interpone recurso de apelación haciendo una relación a puntos que no han sido motivo de resolución en sentencia; entre estos se encuentran observaciones de forma que son aquellas por las que a través del Auto de Vista Nº 268/11 anula obrados hasta antes de la admisión de la demanda, concediendo plazo prudencial a la parte demandante para que subsane su acción con respecto a la legitimación pasiva correcta y a lo observado ut supra.

Respecto a las nulidades, habrá que tomar en cuenta la jurisprudencia constitucional a través de la SC 731/2010-R, que señala: "Ahora bien, los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe

ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos 'No hay nulidad, sin ley específica que la establezca' (Eduardo Cuoture, "Fundamentos de Derecho Procesal Civil", p. 386); b) Principio de finalidad del acto, "la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto" (Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, 'en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento' (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, "Nulidades Procesales").

Al respecto, habrá que aclarar que el ad quem ha eludido de manera incorrecta ingresar a resolver el recurso de apelación respecto a los puntos resueltos en sentencia y en todo caso si éste recurso adolecía de la presentación de agravios, en su momento debió referirse al mismo, toda vez que al proceder a anular obrados sin el suficiente sustento legal que justifique dicha determinación, simplemente ha negado su competencia, pero por sobre todo ha ido en contra de uno de los fundamentales principios que hacen a la administración de justicia, como es el de celeridad.

Que, a mayor abundamiento habrá que mencionar que los simples errores de transcripción no son causales suficientes para declarar una nulidad de obrados, no encontrándose dentro de la economía procesal dicho acto, toda vez que el error en la transcripción en el nombre de demandante José Manuel Pinto Claure contenido en el memorial de fs. 27 en el que en la parte inicial se consigno como MAULE y no MANUEL, no afecta a la personería del demandante más aún si de la revisión de obrados se evidencia que en el referido memorial fue suscrito por José Manuel Pinto Claure, al margen de ello, el Tribunal de Alzada debería tener presente que si ese aparente error no fue reclamado oportunamente por la parte contraria, en virtud al Principio de Convalidación, la nulidad dispuesta por el Ad Quem resulta, un exceso.

Por otra parte, también habrá que dejar establecido que la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE, es representada a través de un Presidente, quien actúa a nombre de la empresa, autoridad que no actúa por interés propio sino en representación de dicha Institución Estatal; consiguientemente, la transferencia cuya nulidad es objeto del litigo, se tiene por realizada por la Empresa Nacional de Ferrocarriles como persona jurídica y no por su representante, quien como se señaló actuó en representación de la entidad y no a título personal, por lo que anular obrados pretendiendo que se integre a la litis al ex Presidente de la Institución (ENFE), quien habría suscrito el documento de compra y venta, resulta una determinación errada e injustificada.

Finalmente, refiriéndonos a la omisión de exigencia del juez de primera instancia sobre lo previsto en el Art. 1311 del Código Civil, revisados los antecedentes, consta a fs. 36 y vlta. la respuesta a la demanda en la que la demandada no realizó absolutamente ninguna observación a la prueba documental referida, habiendo perdido su derecho de reclamación ulterior de acuerdo a lo previsto por el art. 346 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, ya que su silencio fue considerado legalmente como reconocimiento a la verdad de los hechos a que se refieren dichos documentos; es más como prevé la última parte del parágrafo I del art. 1311 del Código Civil, que manda imperativamente "o si la parte a quien se opongan no las desconoce expresamente". En consecuencia, en atención a la norma antes descrita, no existe causal legal para determinar nulidad por dicha observación.

Por lo anterior y como se había expresado, en materia de nulidades procesales rigen principios citados que deben ser observados para declarar la misma; es decir que no puede determinarse nulidad sin la existencia de una ley específica que así la determine, tampoco hay nulidad sin perjuicio que haya sufrido la parte y finalmente no existe nulidad si no se reclamó de manera oportuna lo observado, considerándose mas bien convalidado el consentimiento.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud a la previsión contenida en el Art. 252 del CPC, ANULA el Auto de Vista Nº 268/11 cursante a fs. 125 a 126, disponiendo que sin espera de turno y previo sorteo se pronuncie nueva resolución, que guarde el principio de congruencia previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

No siendo excusable en error en el que han incurrido los Vocales, se impone responsabilidad en multa que se regula en dos días de su haber mensual y conforme establece el art. 17 par. IV de la Ley del Órgano Judicial, hágase

conocer de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase

elator: Mgda. Rita Susana Nava Duran