SALA CIVIL

Auto Supremo: 22/2012

Sucre: 27 de febrero de 2012

Expediente: CB-3-12-A

Partes: Shirley Fabiola Ancieta Mercado y Jhon Denis Ancieta Mercado c/ Tebaida Blanca Castro Alvarado.

Proceso: Nulidad de documento.

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 160 a 161, interpuesto por Shirley Fabiola Ancieta Mercado, contra el Auto de Vista de fojas 156 y vuelta, pronunciado el 5 de noviembre de 2011, por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba (ahora Tribunal Departamental de Justicia) en el proceso ordinario doble sobre nulidad de contrato seguido por la recurrente y Jhon Denis Ancieta Mercado, contra Tebaida Blanca Castro Alvarado; la respuesta de fojas 164 a 166; la concesión de fojas 167; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Decimoprimero en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, el 10 de marzo de 2008 pronunció el auto de fojas 138 a 140 por la cual declaró probada la excepción previa de incompetencia, consiguientemente declinó su competencia y dispuso la remisión de obrados para su conocimiento ante el Juez de Partido de Turno de Familia.

Contra esa resolución la parte actora principal interpuso recurso de apelación en cuyo mérito el 5 de noviembre de 2011, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, emitió el Auto de Vista cursante a fojas 156 y vuelta, confirmando el auto apelado.

Esa resolución de alzada fue recurrida en casación por la actora Shirley Fabiola Ancieta Mercado.

CONSIDERANDO II:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, la recurrente señaló que la demanda de nulidad del documento de declaración de mejor derecho sobre un bien inmueble, muebles y acciones y derechos sobre una línea telefónica, por haber sido este obtenido en forma ilegal, mediante presión y chantaje, constituye una cuestión netamente civil que no depende de ninguna cuestión familiar. Manifestó que la referencia realizada en la demanda a la relación concubinaria sostenida por su señor padre con la demandada, la realizó con la finalidad de reforzar sus argumentos respecto a la vulneración de la normativa civil, puesto que el documento cuya nulidad demanda se trataría de una donación simulada, en la que no se tomó en cuenta que la venta entre cónyuges se encuentra prohibida por ley; empero, ese aspecto no debió tomarse en cuenta para remitir el conocimiento del proceso a materia familiar, por cuanto en ningún momento se estaría debatiendo sobre la existencia de la relación concubinaria o sobre otras cuestiones familiares. Finalmente señaló que el principio de economía procesal invocado por el Tribunal de alzada no constituye un fundamento válido para remitir la presente causa a la vía familiar.

Por las razones expuestas al amparo de los previsto por los artículos 250 y 253-1) del Código de Procedimiento Civil, interpuso recurso de casación acusando la violación de los artículos 5 y 380 del Código de Familia y solicitó se case el auto recurrido y se declare la improcedencia de las excepciones previas opuestas contra la demanda principal, determinándose en consecuencia la competencia del juez A quo, sea con costas en todas las instancias.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, en relación al recurso interpuesto se establecen las siguientes conclusiones:

1.- Por memorial cursante de fojas 13 a 17 vuelta, Shirley Fabiola y Jhon Denis Ancieta Mercado, interpusieron demanda de nulidad del documento de aclaración y declaración de mejor derecho de propiedad sobre un bien inmueble, muebles y una acción telefónica, suscrito el 6 de noviembre de 2002, protocolizado mediante Escritura Pública Nº 26/2003 el 25 de enero de 2003 y registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula 3011010017622, el 31 de enero de 2003; a través del cual, quien en vida fue su señor padre, José Luís Ancieta Soria, declaró que dentro de la relación concubinaria mantenida con Tebaida Blanca Castro Alvarado, adquirió con dineros propios de ella, el bien inmueble de 635.75 m.² de superficie, ubicado en la zona de "la Chimba", del distrito Nº 4, del sub distrito Nº 10, manzana Nº 643-A, así como sus distintas mejoras introducidas en el referido inmueble, los bienes muebles en él existentes y la acción correspondiente a la línea telefónica Nº 4326392, por lo que declaró y reconoció que el derecho de propiedad sobre esos bienes correspondería en forma exclusiva a Tebaida Blanca Castro Alvarado.

2.- Los fundamentos por los cuales demandan la referida nulidad radican en: a) que la declaración contenida en el referido contrato es ilegal y contraria al orden público, puesto que la voluntad de su señor padre hubiera sido obtenida mediando extorsión; b) la prohibición contenida en el artículo 591 del Código Civil, referida a la prohibición de venta entre cónyuges, por considerar que el contrato cuya nulidad demandan se trata de una donación prohibida por haber sido celebrada entre concubinos; c) por considerar que dicho contrato es una donación simulada, disfrazada bajo el rótulo de aclaración y declaración de mejor derecho de propiedad, que lesiona los interese de la parte actora.

3.- Como consecuencia de la nulidad demandada, la parte actora, impetró, entre otras, las siguientes pretensiones:

3.1. La nulidad del documento demandado y la entrega del bien inmueble.

3.2. La nulidad de la inscripción de la línea telefónica en COMTECO:

3.3. El reconocimiento y declaratoria judicial en sentido de que el inmueble de 635.75 m.² y las construcciones introducidas eran de propiedad exclusiva de su señor padre José Luis Ancieta Soria, y sobre el cual les asiste pleno derecho de propiedad.

3.4. La cancelación total y definitiva de cualquier transferencia, contratos, gravámenes, actos o anotaciones preventivas que se hubiesen realizado sobre el inmueble objeto en litigio.

3.5. la devolución de todos los bienes muebles que se encuentran en el inmueble en litigio, así como en el bufete ubicado en la calle Sucre Nº 0536 de esa ciudad, que perteneció a su señor padre.

4.- La parte demandada, una vez citada con la demanda, mediante memorial de 20 a 21 vuelta, interpuso excepciones de incompetencia e imprecisión en la demanda. Respecto, a la primera argumentó que la ruptura unilateral así como la división de bienes habidos dentro de la unión libre o de hecho son competencia del Juez de Familia, por lo que al amparo de lo previsto por el artículo 380 del Código Familia, solicitó la declinatoria de competencia del juez a quo.

5.- La parte actora contestó dicha excepción en sentido de que no guardan ninguna relación con la demanda aquellos aspectos referidos a la ruptura unilateral de una unión libre o de hecho o la división de bienes gananciales adquiridos dentro de esa unión, y finalmente que lo demandado no estaría relacionado ni subordinado a ninguna determinación previa del derecho de familia.

6.- La parte demandada mediante memorial de fojas 113 a 118, a tiempo de contestar la demanda, reconvino por la validez de la Escritura Pública Nº 26/2003; la declaración de su derecho propietario absoluto sobre las recientes construcciones realizadas en la segunda planta y su altillo en el inmueble objeto en litigio; la declaratoria de existencia de unión libre o de hecho, estable y singular entre su persona y José Luis Ancieta Soria, vigente desde fines del año 1993 hasta el día de su deceso acaecido el 15 de enero de 2007; en la eventualidad de establecerse la ganancialidad de algún bien, se determine también la división de deudas y obligaciones pecuniarias; y la devolución de sumas de dinero entregadas a los actores a cuenta de la herencia del vehículo vagoneta Toyota Lan Cruiser con placa CUR 1183 y de la línea telefónica Nº 4228831.

7.- Dándose por citada con la demanda reconvencional, la parte actora opuso excepciones previas de incompetencia, incapacidad e impersonería en las demandantes y en los demandados; y obscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda. Respecto a la primera señaló que la pretensión reconvenida sobre reconocimiento de unión libre y de hecho es competencia exclusiva del juez de familia.

8.- En base a esos antecedentes el juez emitió el auto de 10 de marzo de 2008, por el cual declaró probada la excepción de incompetencia, y dispuso la remisión de obrados al Juez de Partido de Turno de Familia, argumentando que de las pretensiones demandadas por la parte actora se establece que esta admitió que su padre se encontraba en concubinato con la demandada y que el inmueble en litigio en su caso deberá ser susceptible de división y partición como parte de bienes gananciales adquiridos dentro de la unión libre; por otro lado, fundamentó que en la demanda reconvencional, entre otras cosas, se demandó la declaración de unión libre o de hecho constituida entre la demandada y José Luis Ancieta Sonia, asimismo el establecimiento del carácter ganancialicio de bienes adquiridos dentro el matrimonio de hecho, pretensiones cuya competencia corresponde al "juez instructor" de familia.

9.- En apelación el Tribunal de alzada confirmó el referido auto, fundamentando que la referencia a la relación concubinaria entre el padre de los actores y la demandada, así como el principio de economía procesal determinan la aplicación correcta del artículo 380 del Código de Familia.

Que, así expuestos en detalle los antecedentes del proceso, en principio corresponde señalar que de conformidad a lo previsto por el artículo 12 de la Ley del Órgano Judicial, la competencia es la facultad que tiene una magistrado o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en determinado asunto.

Que, por disposición de la segunda parte del artículo 380 del Código de Familia "En caso de plantearse una cuestión civil que dependa de otra familiar será competente para conocer de ella el Juez de familia".

Si un juez sustancia y resuelve un proceso que no es de su competencia, tanto su intervención como las resoluciones que emita en dicho proceso están viciadas de nulidad, de conformidad a lo previsto por el artículo 122 de la Constitución Política del Estado.

Ahora bien, en el caso que se analiza, de la revisión de las pretensiones contenidas en la demanda principal se establece que ciertamente aquella que resulta principal y que se refiere a la nulidad del documento de aclaración y declaración de mejor derecho de propiedad sobre un bien inmueble, muebles y una acción telefónica, suscrito el 6 de noviembre de 2002 y protocolizado mediante Escritura Pública Nº 26/2003, el 25 de enero de 2003, constituye una cuestión eminentemente civil que no depende ni está subordinada a otra familiar. En efecto la nulidad demanda esta relacionada con la aparente extorsión que habría sufrido José Luis Ancieta Soria; con la aparente violación de la prohibición contenida en el artículo 591 del Código Civil; y con la aparente simulación del referido contrato; aspectos que evidentemente no dependen de ninguna determinación previa que debiera darse en el ámbito familiar, por lo que los Tribunales de instancia al haber establecido que la sola referencia a la unión libre o de hecho sostenida entre el padre de los actores José Luis Ancieta Soria y la demandada, determinaría la competencia del juez de familia, indudablemente aplicaron erróneamente lo previsto por el artículo 380 del Código de Familia, aspecto que demuestra, por decirlo menos, ligereza en el análisis de la pretensión demandada.

Por otro lado corresponde establecer que la competencia del órgano judicial se determina por el contenido de la demanda y no por las pretensiones deducidas en la demanda reconvencional, las cuales deberán acomodarse a ésta, y no a la inversa, ello en observancia a lo previsto por el artículo 349 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente determina que: "La reconvención solo será admisible en los procesos ordinarios y siempre que correspondiere, por razón de materia, a la competencia del juez que conociere la demanda, aunque por la cuantía debiera ventilarse ante un juez inferior".

Es de advertir que en una correcta aplicación de esa norma procesal corresponde al juez de la causa repulsar ab initio toda pretensión reconvencional que no pertenezca a la competencia del juez de la demanda principal en razón a la materia, precisamente para evitar comprometer el resultado del proceso.

Por ello, resulta incompresible que el juez de la causa a tiempo de determinar su incompetencia hubiera tomado en cuenta aquellas pretensiones contenidas en la demanda reconvencional referidas a la declaración de unión libre o de hecho; toda vez que en una correcta aplicación del referido artículo 349 del adjetivo civil, lo que correspondía era repulsar ab initio aquellas pretensiones reconvenidas que no pertenecían a su competencia. Igualmente resulta injustificado que el Tribunal de alzada hubiese amparado su decisión en la aplicación del principio de economía procesal, haciendo prevalecer dicho principio por sobre la determinación legal de la competencia.

No obstante lo expuesto precedentemente, se establece que como otra pretensión contenida en la demanda principal se encuentra aquella referida al reconocimiento y declaratoria judicial de que el inmueble objeto del litigio, las construcciones introducidas en él, los inmuebles en él existentes, así como los que se encuentran en el bufete de la calle Sucre Nº 536, correspondían en forma exclusiva al fallecido padre de los actores, José Luis Ancieta Soria; pretensión que indudablemente depende de una cuestión familiar como es la determinación o no del carácter ganancialicio de esos bienes, aspecto que indudablemente constituye una determinación que corresponde al ámbito familiar. Siendo esta la razón en virtud a la cual los Tribunales de instancia debieron determinar la procedencia de la excepción de incompetencia y no así por las razones que expusieron en sus fallos.

De los fundamentos expuestos se establece que la pretensión demandada por los actores principales referida al reconocimiento del derecho propietario exclusivo de quien en vida fue su padre, José Luis Ancieta Soria, en relación a determinados bienes inmuebles y muebles objeto del litigio, constituye una cuestión que depende de la determinación -en el ámbito familiar- del carácter propio o ganancial- de esos bienes; aspecto que determina, en aplicación del artículo 380 del Código de Familia, la competencia del Juez de Familia para conocer la presente causa, resultando en consecuencia acertada la determinación asumida por los Tribunales de instancia en sentido de declarar probada la excepción de incompetencia, aunque con distintos fundamentos, debiendo en todo caso tenerse en cuenta los fundamentos expuesto en el presente Auto Supremo.

Por las razones expuestas corresponde fallar en la forma prevista por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 de la Ley del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fojas 160 a 161. Con costas.

No se regula el honorario del abogado por estar actuando en causa propia.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran.