S A L A C I V I L

Auto Supremo: Nº 288 Sucre: 28 de Septiembre de 2011.

Expediente: Nº 21 - 07 - A.

Partes: Víctor Arroba Limache c/ Julia Arroba Limachi

Distrito: La Paz.

Ministro Relator: Dr. Teófilo Tarquino Mújica.


VISTOS: El recurso de casación o nulidad de fojas 42, interpuesto por Víctor Arroba Limachi y José Arroba Limachi, contra el Auto de Vista de 15 de diciembre del 2006, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de la La Paz, en el proceso ordinario de nulidad de testamento, seguido por los recurrentes en contra de Julia Arroba Limachi, la respuesta de fojas 45 y vuelta, los antecedentes procesales, y:

CONSIDERANDO: Que, el Juez Décimo Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, pronunció la Resolución Nº 419/2005 de 16 de diciembre, cursante a fojas 24 y vuelta, declarando probada la excepción previa de prescripción extintiva de la acción interpuesta por la demandada Julia Arroba Limachi, disponiendo el archivo de obrados.

Deducida la apelación por el demandante Víctor Arroba Limachi, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº D - 472/2006 de 15 de diciembre, cursante a fojas 39 y vuelta, anula el auto concesorio de fojas 34 vuelta por falta de fundamentación de agravios, y mantiene firme y subsistente la resolución impugnada.

Esta resolución, motivó que los demandantes Víctor Arroba Limachi y José Arroba Limachi, mediante memorial cursante de fojas 42, formulen recurso de casación o nulidad con los siguientes argumentos:

Que, el auto de vista anula la sentencia dictada por el Juez A quo, pese a que en el recurso de apelación se ha indicado de manera clara que el testamento obtenido por Julia Arroba Limachi ha sido de forma fraudulenta, toda vez que el mismo fue otorgado por Ramón Arroba Chiquita un mes después de su fallecimiento, que el numero de carnet de identidad de Ramón Arroba Chiquita consignado en el testamento no coincide con la certificación expedida por identificación personal, que los testigos son los padrinos de Julia Arroba y que sus personas no estaban presentes al momento de otorgarse el testamento.

Finalizan su recurso, solicitando se conceda el mismo ante el superior en grado con las formalidades de rigor y se disponga la nulidad de dicho testamento.

CONSIDERANDO: Que, a través de su abundante jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha dejado establecido que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que es concedida para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, pudiendo plantearse en el fondo, en la forma o en ambos la vez, conforme establece el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

Si el recurso de casación se interpone en el fondo, deberá circunscribirse a las causales de procedencia establecidas por el artículo 253 del Código Adjetivo Civil; siendo su finalidad la casación de la sentencia o auto de vista recurrido y la emisión de una nueva resolución, unificando la jurisprudencia e interpretación de las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia. En tanto que si el recurso se plantea en la forma, la fundamentación debe adecuarse a las previsiones establecidas el artículo 254 del mismo cuerpo legal; cuya finalidad es la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo - con o sin reposición - cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. Técnicamente no hay recurso de casación, cuando se plantea uno en el que no se concreta correctamente el reclamo como casación en el fondo o casación en la forma, lo que implica su improcedencia

En ambos casos es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, deben citarse en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

Por otro lado, cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, se debe especificar en el primer caso los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos.

En la especie, el contenido del recurso es contradictorio, incongruente y totalmente impreciso, no solo porque no se ha efectuado una distinción entre la casación en el fondo y la casación en la forma, sino porque, los recurrentes no toman en cuenta que el auto de vista recurrido al ser anulatorio, no se ha pronunciado sobre el fondo del litigio, lo que impedía la interposición del recurso de casación en el fondo, al no haber materia decidendum para que el Tribunal de Casación se pronuncie en lo sustantivo. Por otro lado, los recurrentes al solicitar al Tribunal Supremo disponga la nulidad del testamento, no toman en cuenta, que la resolución recurrida en apelación no es una sentencia sino un auto definitivo que da respuesta a la excepción previa de prescripción extintiva de la acción planteada por la demandada, lo que impide pronunciarse sobre el fondo de la pretensión.

En resumen, las deficiencias del recurso anotadas precedentemente, no permiten abrir la competencia de éste Tribunal Supremo, correspondiendo resolver en la forma establecida por los artículos 271 - 1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad contenida en el numeral 1 del artículo 58 de la Ley de Organización Judicial de 18 de febrero de 1993, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación o nulidad de fojas 42, interpuesto por Víctor Arroba Limachi y José Arroba Limachi, con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en la suma de Bs. 500.- que mandará pagar el Tribunal Ad quem.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Teófilo Tarquino Mújica

Fdo. Ángel Irusta Pérez

Proveído.- Amelia J. Mújica Santalla. Secretaria de Cámara de la Sala Civil

Libro Tomas de Razón 2/2011