S A L A C I V I L

Auto Supremo: Nº 276 Sucre: 8 de Septiembre de 2011.

Expediente: Nº 10 - 07 - S.

Partes: José Rivero c/ Rodolfo Soto Argote

Distrito: Cochabamba.

Segundo Ministro Relator: Dr. Ángel Irusta Pérez.


VISTOS: El recurso de casación o nulidad de fojas 222 a 226, interpuesto por José Rivero, contra el Auto de Vista Nº 232 de fojas 219 y vuelta, emitido el 4 de diciembre de 2006, por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso ordinario sobre pago de honorarios profesionales y daños y perjuicios, seguido por el recurrente, en contra de Rodolfo Soto Argote y Elena Mita Guzmán; la respuesta de fojas 228 y vuelta; la concesión de fojas 229; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO: Que, el Juez Tercero de Partido en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, el 27 de julio de 2004, pronunció la Sentencia de fojas 141 a 144, por la cual declaró probada la demanda de fojas 18 e improbada la contestación de fojas 29, con costas; en consecuencia dispuso que los demandados paguen a favor del actor las sumas de $us. 11.300 y Bs. 3240, más intereses del 6% anual, y sin lugar a los daños y perjuicios.

Contra esa Resolución, la parte demandada interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, el 4 de diciembre de 2006, pronunció el Auto de Vista Nº 232, de fojas 219 y vuelta, revocando la sentencia apelada y declarando improbada la demanda y probada la contestación, sin costas.

Contra esa Resolución de segunda instancia la parte actora interpuso recurso de casación y nulidad.

CONSIDERANDO: Que, José Rivero, acusó la violación y errónea aplicación de los artículos 90, 236, 227, 237, 190 y 198 del Código de Procedimiento Civil y 1283 del Código Civil y 77 y 80 de la Ley de Abogacía. Al respecto señaló que la apelación deducida por la parte demandada no contenía ninguna fundamentación, por el contrario era ambigua, razón por la cual el Tribunal de alzada no debió fallar en la forma como lo hizo, aspecto que conllevaría la violación de los artículos 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil. Acusó que el Tribunal Ad quem se pronunció sobre la ilegalidad de la condena en costas en primera instancia sin que ese aspecto hubiese sido motivo de apelación, al margen de ello no fundamentó las razones por las que consideró indebida dicha condenación en costas. Señaló que el Auto de Vista recurrido es simplista y carente de fundamentación legal, que el mismo no consideró ni se pronunció respecto a la prueba ofrecida por la parte contraria, la cual habría sido denunciada oportunamente como falsa y hubiera sido presentada fuera del término legal. Finalmente señaló que el artículo 1283 del Código Civil establece que ambas partes están en la obligación de probar la verdad de sus aseveraciones, que en ese sentido de su parte habría demostrado que realizó un trabajo por el cual exige se le pague conforme el arancel aprobado por el colegio de abogados y que, por el contrario, la parte demandada no probó nada más que el actor fungía como asesor de planta y que figuraba en planillas, empero contradictoriamente luego sostuvo que fuera abogado externo.

Por las razones expuestas solicitó la casación del Auto de Vista y solicitó se confirme la sentencia de primera instancia.

CONSIDERANDO: Que, el recurso de casación en la forma o en el fondo es una demanda de puro derecho, en el fondo, la parte pone de manifiesto al Tribunal la violación, indebida aplicación o errónea interpretación del derecho material, vale decir de la ley sustantiva, por parte del juzgador al dirimir el conflicto, o lo que es lo mismo pone de manifiesto el error in judicando cometido por el juzgador. En la forma, se denuncia los errores de procedimiento y vicios deslizados que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público, vale decir los errores improcendendo. Para su procedencia el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 258-2) le impone al recurrente la carga de la debida fundamentación y motivación en función de los artículos 253 y 254 del Código Adjetivo, a fin de lograr la pertinente resolución.

En el sub lite, el recurrente no ha cumplido con la previsión del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, lo que impide que el Tribunal Supremo pueda aperturar su competencia a fin de establecer si el Ad quem hubiera obrado o no correctamente.

En efecto de la revisión del recurso intentando se evidencia que el recurrente formalizó recurso de casación y nulidad sin discernir la diferencia existente entre ambos medios de impugnación, desconociendo que, como se señaló anteriormente y conforme la uniforme línea jurisprudencial de este Tribunal, si bien ambos aparecen hermanados, empero son dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica. El primero se relaciona con el error "in judicando" que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales, mas claro cuando se violan leyes sustantivas. El segundo, con el error "in procedendo" que es atinente a la procedencia del recurso de nulidad en la forma, es decir, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, errores de procedimiento y vicios deslizados que sean motivo de nulidad por haberse afectado el debido proceso.

Consiguientemente, dada la distinta naturaleza de ambas impugnaciones, a través del recurso de casación en el fondo no se pueden analizar aspectos o denuncias relativas a la existencia de errores "in procedendo" o violaciones a las formas esenciales del proceso, ni viceversa, es decir, que a través del recurso de casación en la forma o nulidad no se puede considerar las denuncias de aparentes errores in procedendo.

En el recurso que se analiza, el recurrente, interpuso recurso de casación y nulidad como si se tratase de uno sólo y fundamentó ambas impugnaciones sin discernir los motivos que hacen a uno y otro medio de impugnación, argumentando únicamente la supuesta inobservancia de normas adjetivas.

Por las razones expuestas, dada la deficiente interposición del recurso, corresponde fallar en la forma prevista por los artículos 271-1) y 272-2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, con la facultad contenida en el artículo 58-1 de la Ley de Organización Judicial, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 222 a 226, interpuesto por José Rivero Carazas. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 500.- que mandará hacer efectivo el Juez A quo.

El Ministro Teófilo Tarquino Mújica, fue de voto disidente, motivo por el cual fue convocado el Ministro Hugo Roberto Suárez Calbimonte, Ministro de Sala Social y Administrativa Primera.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Fdo. Ángel Irusta Pérez

Fdo. Teófilo Tarquino Mújica

Proveído.- Amelia J. Mújica Santalla. Secretaria de Cámara de la Sala Civil

Libro Tomas de Razón 2/2011