S A L A C I V I L

Auto Supremo: Nº 213. Sucre: 22 de Junio de 2011.

Expediente: Nº 8 - 07 - S.

Partes: Luís García Herrera c/ Raúl Cuele

Distrito: La Paz.

Ministro Relator: Dr. Teófilo Tarquino Mújica.


VISTOS:El recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Luís García Herrera e Isabel Mamani de García de fs. 325 a 330, contra el Auto de Vista Nº 424 de 30 de septiembre de 2006, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso sobre reivindicación, seguido por los recurrentes, contra Raúl Cuele, Orlando Cuele, Mario Ampuero, Raúl Mamani, Guillermo Mayta, Martha Butrón de Mayta, Albertina Mamani Piloy y Hortensia Salas, el auto concesorio de fs. 338, los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO: Que, el Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 486 de 19 de diciembre de 2005 (fs. 233 a 235 vlta.), declarando probada la demanda, con costas, en consecuencia ordena que los demandados desocupen y entreguen el inmueble objeto de litigio a favor de sus propietarios los demandantes, dentro el plazo de 10 días, debiendo en ejecución de sentencia averiguarse los daños y perjuicios causados. Complementada y enmendada a fs. 236 vlta.

En grado de apelación, la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 424 de 30 de septiembre de 2006 (fs. 319 a 320), anula obrados hasta fs. 181 inclusive, debiendo el Juez inferior pronunciarse sobre el recurso de apelación de fs. 175.

Contra esta resolución superior, los demandantes Luís García Herrera e Isabel Mamani de García interponen recurso de casación en el fondo y en la forma, en los términos expuestos en su memorial de fs. 325 a 330.

CONSIDERANDO:Que, el art. 15 de la Ley de Organización Judicial impone al Tribunal de casación la obligación de revisar de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces de primera instancia, los de alzada y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la correcta tramitación y conclusión de los procesos, para aplicar, en su caso, las sanciones pertinentes o determinar, de oficio, la nulidad de obrados en aplicación del art. 252 del Código de Procedimiento Civil.

Por otro lado, si una resolución causa agravio a las partes, entendido éste como la ofensa o el perjuicio material o moral que dicha resolución infiere a los litigantes, éstos tienen derecho a acudir ante el juez o tribunal superior en grado para expresarlo, buscando su reparación; para ello no disponen de otro medio que no sea el recurso de apelación, cuyo objeto no es sino la revisión de aquella resolución que consideran les causó agravio. En ese sentido, es ineludible el deber del tribunal de alzada de pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, con la pertinencia establecida en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, en estricta observancia del debido proceso y el derecho a la legítima defensa que tienen las partes.

Ahora bien, en el caso de autos, el Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista Nº 424 de 30 de septiembre de 2006 (fs. 319 a 320), anulando obrados hasta fs. 181 inclusive, auto que traba la relación procesal, con el argumento que se "ha omitido conceder la apelación suscitada por Raúl Cuele Chávez y Albertina Mamani de Cuele, conforme determina la previsión de los arts. 20, 24 num. 2) y 25 de la Ley 1760". Empero, del análisis de actuados, se tiene que a fs. 198 vlta. "se rechaza el recurso de apelación de fs. 175 por no corresponder conforme a lo dispuesto por los arts. 215 y 216 del Código de Procedimiento Civil", auto de negativa del recurso de apelación de fs. 198 vlta., contemplado en las previsiones del art. 283 inc. 1) (procedencia del recurso de compulsa), recurso de compulsa que ciertamente se extraña, lo que significa que la impugnación que "el Juez ha dictado sentencia sin competencia, toda vez que el inmueble demandado se encuentra en la localidad de Tipuani, así como los demandados" (fs. 319) peca de extemporánea, pues, la parte demandada, en ese entonces apelante, no ha reclamado sobre el particular en tiempo oportuno mediante los recursos que la ley franquea al efecto y por el contrario ha dejado vencer los plazos sin hacerlo, es más voluntariamente se ha sometido a la sustanciación del proceso, dando paso de esta manera a la preclusión, no siendo admisible la nulidad hasta la calificación del proceso en apelación, ya que no es posible regresar sobre etapas procesales precluidas. Resulta oportuno apuntar, que en contraposición al sistema de desenvolvimiento discrecional, que permite volver o retroceder a etapas ya cumplidas, el principio procesal de la preclusión es en el que se inspira nuestro Código de Procedimiento Civil, "...Jofré al presentarnos el instituto, nos dijo: La palabra preclusión, aunque no es castellana la empleamos porque expresa claramente lo que queremos decir. Preclusión significa cerrar el paso y viene de pre, antes y de claudo, cerrado...." (Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XXI Pág. 780). "....La preclusión es una institución general que tiene frecuentes aplicaciones en el proceso, y que consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para el ejercicio de esta facultad en el juicio o en una fase del juicio. ...." (G. Chiovenda. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Volumen I. Pág. 436).

Resulta evidente, entonces, que el tribunal ad quem ha eludido de manera ilegal ingresar a analizar los agravios expuestos por los demandados y apelantes Raúl Cuele Chávez y Albertina Mamani de Cuele, cual era su obligación, determinando la nulidad de obrados hasta fs. 181 inclusive (auto de relación procesal) sin el suficiente sustento legal que justifique tal determinación, negando su propia competencia, dejando a las partes en indefensión y afectando los principios de celeridad y economía procesal.

El art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, sanciona con nulidad las resoluciones judiciales que no se hubieren pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso, reclamadas oportunamente, debido a que ese tipo de resoluciones comprometen seriamente las formas esenciales del proceso, correspondiendo por ello prestar atención a la preceptiva mencionada, tomando en cuenta que las reglas procesales son de orden público y de observancia obligatoria como lo manda imperativamente el art. 90 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil y por consiguiente aplicar lo dispuesto en los arts. 252, 275 con relación al inc. 3) del art. 271, todos del mencionado Código Adjetivo Civil, concordante con el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, de aplicación inexcusable por la garantía al debido proceso.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contendida en el inc. 1) del art. 58 de la Ley de Organización Judicial, ANULA obrados hasta fs. 318 inclusive, ordenándose al Tribunal de alzada que previo sorteo, sin espera de turno dicte nuevo Auto de Vista atendiendo a lo dispuesto en el presente Auto Supremo.

Siendo inexcusable el error en que han incurrido los Vocales signatarios del Auto Vista impugnado, se les impone multa de 200 Bolivianos a cada uno de ellos, a favor del Tesoro Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Teófilo Tarquino Mújica

Fdo. Ángel Irusta Pérez

Proveído.- Amelia J. Mújica Santalla. Secretaria de Cámara de la Sala Civil

Libro Tomas de Razón 2/2011