S A L A C I V I L

Auto Supremo: Nº 195. Sucre: 27 de Mayo de 2011.

Expediente: Nº 42 - 08 - S.

Partes: Floriana Plaza Daza c/ Julio Víctor Plaza

Distrito: Chuquisaca.

Ministro Relator: Dr. Ángel Irusta Pérez.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fojas 494 a 499 vuelta, interpuesto por Julio Víctor Plaza, contra el Auto de Vista Nº 153/2008, de fojas 482 a 486, emitido el 5 de mayo de 2008 por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, en el proceso ordinario sobre rescisión por lesión de contrato de compraventa y cancelación de inscripción en Derechos Reales, seguido por Beatriz, José, Teófilo y Floriana Plaza Daza, contra el recurrente y Rolando Plaza Urquizu; la respuesta de fojas 510 a 513 vuelta; la concesión de fojas 514; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO: Que, el Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, el 22 de enero de 2005, pronunció la Sentencia Nº 043/2005 de fojas 229 a 233 vuelta, por medio de la cual declaró probada en parte la demanda de fojas 22 a 25, subsanada a fojas 29, en cuyo mérito dispuso: La rescisión por causa de lesión, del contrato de venta del inmueble de 300 m.², ubicado en la zona de Tujsupaya Baja de esa ciudad, suscrito por Sofía Plaza Daza a favor de Julio Víctor Plaza Daza, el 22 de marzo de 2002, debiendo pasar ese inmueble a formar parte del activo de la masa hereditaria de la fallecida Sofía Plaza Daza y la suma de Bs. 5.000 , que constituye el precio de la venta rescindida, formará parte del pasivo de la misma. Dispuso la cancelación de su inscripción en el registro de Derechos Reales. Por otro parte declaró improbada la demanda con relación a la rescisión de la venta del inmueble ubicado en la calle Punta Brava No. 114 de esa ciudad, a favor de Rolando Plaza Urquizu. Declaró Improbadas las excepciones de falta de legitimación activa de los demandantes, opuestas de fojas 43 a 45 y 49 a 52. Ordenó que se levante la medida precautoria dispuesta sobre el inmueble de la calle Punta Brava No. 114; y que en ejecución de autos, se libre provisión ejecutoria ante el registro de Derechos Reales.

Por Auto de fojas 236 vuelta, de 27 de enero de 2005, en vía de enmienda, rectificó el año del poder conferido por Sofía Plaza Daza de 2005 por el correcto de 2004 y el año de suscripción del contrato de venta rescindida de 2002 por el correcto de 2004.

En grado de apelación, deducida por el demandado Julio Víctor Plaza Daza, el 24 de mayo de 2005, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista No. 135 de fojas 342 a 343 vuelta, confirmando en todas sus partes la Sentencia apelada, con costas.

Ese fallo motivó el recurso de casación formulado por el demandado Julio Víctor Plaza Daza, en cuyo mérito, el 5 de marzo de 2005, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el Auto Supremo Nº 30, de fojas 439 a 440, por medio del cual anuló obrados hasta fojas 341 vuelta y dispuso que el Tribunal Ad quem emita nueva resolución guardando la pertinencia impuesta por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.

En conocimiento de esa Resolución, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, el 5 de mayo de 2008, pronunció el Auto de Vista Nº 153/2008, de fojas 482 a 486, confirmando la Sentencia apelada, con costas en ambas instancias., salvando al demandado Julio Víctor Plaza a las vías legales ordinarias a efecto de hacer valer el documento de fojas 239 y vuelta.

Contra esa Resolución, el demandado Julio Víctor Plaza, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, en base a los fundamentos expuesto en el memorial de fojas 494 a 499 vuelta.

CONSIDERANDO: Que, el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial otorga al Tribunal Supremo la facultad de fiscalizar los procesos que llegan a su conocimiento a objeto de verificar si en ellos se guardaron las formas esenciales que hace eficaz a un proceso ordinario y, fundamentalmente, que las resoluciones que contenga sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél, para aplicar en su caso, de oficio, la sanción prevista por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

Que, en el marco de esa facultad fiscalizadora corresponde precisar que, según la uniforme jurisprudencia de éste Tribunal Supremo, el recurso de apelación constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios, por ser el medio procesal a través del cual las partes pretenden que un Tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una resolución judicial que estiman errónea en cuanto a la interpretación, aplicación del derecho, o en la apreciación de la prueba y la consideración de los hechos; el recurso de alzada se constituye en un nuevo juicio respecto a aquellos puntos resueltos por el inferior y que fueron impugnados por la parte recurrente.

En ese marco, el Tribunal Ad quem deberá comprobar si es o no correcta la decisión del A-quo, examinando y decidiendo la cuestión litigiosa sobre la base de las alegaciones de impugnación y la valoración de las pruebas practicadas en primera instancia o en su caso en segunda instancia. En ese sentido al Tribunal de alzada, honrando siempre el principio de pertinencia impuesto por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, cuando la impugnación de alzada recaiga sobre la valoración de la prueba realizada por el A quo, le corresponde pronunciarse no sólo en cuanto al derecho, sino también con referencia a los elementos fácticos debatidos en el proceso o que han sido objeto de prueba practicada en primera instancia o en segunda instancia y sobre esa base determinar la exactitud o inexactitud de los resultados obtenidos por el inferior y sobre la legalidad o ilegalidad de su pronunciamiento. En otras palabras, el Ad quem, deberá realizar una apreciación conjunta del material probatorio aportado al proceso por los litigantes y sobre esa base, deberá emitir una resolución debidamente motivada, en la que exprese los fundamentos o razones jurídicas por las que estima o desestima la pretensión del recurrente, lo que equivale a decir observar en lo pertinente lo previsto por el artículo 192-2) del Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte, es esencial que la resolución de alzada cuente con una debida motivación, entendida esta como la manifestación de las razones que sustentan la decisión asumida; igualmente es esencial que dicha motivación tenga lugar a través de la apreciación de todo el material probatorio dentro del marco de la racionalidad.

En ese marco, en el caso sub lite, se evidencia que la parte demandada, a tiempo de interponer su recurso de apelación, ofreció prueba documental, que fue ratificada a tiempo de apersonarse ante el Tribunal de instancia en el plazo previsto por el artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el tribunal Ad quem debió considerar y valorara dicha prueba, sin embargo, no lo hizo. En efecto, respecto a la documental de fojas 239 y vuelta, que en criterio del demandado y recurrente, constituye un contradocumento que demostraría el precio real de la venta efectuada y que reviste trascendental importancia para su pretensión recursiva, el Tribunal de alzada se limitó a señalar que el demandado tiene todo el derecho de hacer prevalecer su contradocumento en las vías legales correspondientes, no dentro la presente acción.

Lo argumentado por el Tribunal de alzada evidencia que dicha prueba no fue siquiera considerada, aspecto que el Tribunal pretende justificar señalando que dicha prueba puede hacérsela valer en las vías legales correspondientes, sin dar mayor justificación de las razones por las cuales ese medio de prueba no ameritaría ser valorado dentro el proceso en el que fue presentada, desconociendo así que el fin de la función jurisdiccional es resolver las controversias suscitadas entre las partes y no proliferarlas.

En el caso sub lite, por Auto Supremo Nº 30, de 5 de marzo de 2008, de fojas 439 a 440, se anuló obrados y se dispuso que el Tribunal Ad quem emita nueva resolución en la que se guarde la pertinencia impuesta por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, en virtud a que el Tribunal de alzada no se pronunció, entre otros aspectos, sobre la existencia de un documento privado que fue ofrecido como prueba junto al memorial de apelación y ratificado en el apersonamiento ante dicho Tribunal; siendo ese el motivo por el cual el Tribunal Supremo, en una anterior oportunidad, anuló obrados, llama la atención que el Tribunal de alzada de manera injustificada hubiera optado por no valorar esa prueba y remitir su consideración a la vía correspondiente, afectando de esa manera la seguridad jurídica que las partes buscan a través del proceso y desconociendo que el objeto del proceso es la efectividad de los derechos reconocidos en la Ley sustantiva, es decir que se constituye en el medio a través del cual las personas, como miembros de una sociedad, acceden a la tutela judicial efectiva para que el órgano jurisdiccional, a través de una resolución fundada en derecho, resuelva sus controversias de manera definitiva y no las prolifere.

Que, la prueba presentada legalmente dentro de un proceso debe ser debidamente considerada, siendo deber de todo juzgador razonar y valorar los medios de prueba introducidos legal y oportunamente por las partes a fin de extraer de ellos los elementos probatorios pertinentes y sobre esa base tomar la decisión que corresponda.

En el caso sub lite el Tribunal de alzada incumplió ese deber y de manera injustificada soslayó valorara la prueba que fue adjuntada por la parte apelante en segunda instancia, habiendo cumplido sólo parcialmente lo dispuesto por el Auto Supremo Nº 30, de 5 de marzo de 2008, de fojas 439 a 440, motivo por el cual corresponde fallar en la forma prevista por los artículos 252, 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejerciendo la atribución conferida por el artículo 58-1) de la Ley de Organización Judicial, ANULA obrados hasta fojas 482, inclusive, es decir hasta el Auto de Vista Nº 153/2008, de fojas 482 a 486, emitido el 5 de mayo de 2008 por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca y dispone que el Tribunal Ad quem, sin espera de turno y previo sorteo, resuelva la alzada observando lo dispuesto en el presente Auto Supremo.

No siendo excusable el error, que demora la administración de justicia y la resolución definitiva de la controversia de las partes, se impone multa a los señores Vocales que suscribieron el Auto de Vista anulado, que se gradúa en la suma de Bs. 200.- que les serán descontados de su haber mensual a favor del Tesoro Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Ángel Irusta Pérez

Fdo. Teófilo Tarquino Mújica

Proveído.- Amelia J. Mújica Santalla. Secretaria de Cámara de la Sala Civil

Libro Tomas de Razón 2/2011