S A L A C I V I L

Auto Supremo: Nº 182 Sucre: 13 de Mayo de 2011.

Expediente: Nº 4 - 08 - A.

Partes: David Gonzáles Antezana c/ Raimundo Rosas Montaño

Distrito: Santa Cruz.

Ministro Relator: Dr. Ángel Irusta Pérez.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 172 y vlta., interpuesto por Osman Edgar Osinaga Villarroel en representación de David Gonzáles Antezana, contra el Auto de Vista Nº 375/2007 de fs. 169 a 170, pronunciado por la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz de 10 de septiembre de 2007, dentro del proceso ordinario sobre pago de mejoras y otros, seguido por el recurrente, contra Raimundo Rosas Montaño, el Auto de concesión del recurso de fs. 175 vlta., sus antecedentes; y:

CONSIDERANDO: Que, el Auto Interlocutorio definitivo de 19 de enero de 2007 de fs. 134 a 135 de obrados, que declaró improbada la excepción de cosa juzgada, planteada por Raimundo Rosas Montaño, debiendo proseguirse con la tramitación del proceso. Contra el mencionado Auto Interlocutorio, el demandado Raimundo Rosas Montaño, interpone el recurso de apelación que mereció el Auto de Vista Nº 375/2007 de 10 de septiembre de 2007 de fs. 169 a 170, que revocó el Auto de fs. 134 a 135 dictado en fecha 19 de enero de 2007 y declaró probada la excepción de cosa juzgada interpuesta por escrito de fs. 126 por Raimundo Rosas Montaño, por lo que no ha lugar la prosecución de la causa. Sin costas.

Contra la resolución de segunda instancia, el demandante recurre de casación o nulidad, en el recurso de casación en la forma acusa que el proceso ordinario llevado a cabo en el Juzgado Octavo de Partido en lo Civil y Comercial no resolvería ningún derecho y pretensión ahora demandados en el presente proceso, por lo que se debe estar a lo dispuesto por la Sentencia dictada en el proceso de referencia. Asimismo acusa que el Tribunal que dicto el Auto de Vista ahora recurrido habría tenido conocimiento del presente litigio y al haber vertido opinión anteladamente correspondía excusarse de oficio para que otro Tribunal llamado por ley resuelva con equidad y justicia. Finalmente señala que la demanda estaba dirigida a la calificación del daño y no a las pretensiones hoy señaladas.

En el recurso de casación en el fondo, acusa la interpretación errónea de las pruebas aportadas, pues las pruebas del otro proceso sólo probarían los daños y perjuicios y no así las mejoras introducidas al inmueble del ahora demandado Raimundo Rosas Montaño, por lo tanto las pretensiones exigidas en éste proceso son para que sean tomadas en cuenta como corresponden en proceso justo y no así donde no se le dio la valoración correspondiente.

Con estos argumentos, pide que se resuelva casando o anulando hasta el vicio más antiguo (sic).

CONSIDERANDO: Que, no obstante la imprecisión en la exposición, sin una fundamentación adecuada sobre cuáles fueron las leyes violadas, o aplicadas falsa o erróneamente, sin aclarar la forma en que fueron violadas, interpretadas erróneamente o aplicadas indebidamente, llegando al extremo de solicitar que éste Tribunal Supremo resuelva "casando o anulando", olvidando el recurrente que el recurso reviste carácter formal, un recurso con las deficiencias señaladas como en el caso sub lite, serian suficientes para declarar la improcedencia, sin embargo rescatando su contenido y en el marco del derecho que tienen los justiciables a ser oídos y que sus reclamos, aun deficientes merezcan una respuesta que absuelva su convicción de justicia, éste Tribunal pasa a considerar el recurso, conforme a los siguientes aspectos de orden legal:

Sobre la excepción planteada, corresponde señalar que la cosa juzgada, entendida como lo resuelto en juicio contradictorio, ante un Juez o Tribunal, por Sentencia firme, contra la cual no existe recurso alguno, ha sido recogida en nuestra normativa jurídica en el art. 1319 del Código Civil, estableciéndose la existencia de ciertos requisitos que necesariamente deben cumplirse, a saber: que la cosa demandada sea la misma (ut si eadem res); que la demanda se funde en la misma causa (ut si eadem causa petendi), y que las partes sean las mismas y que se entable por ellas y contra ellas (ubi si eadem conditio personarum). En consecuencia, ante una excepción de cosa juzgada, se hace necesario que el juzgador conozca que en un litigio anterior fue resuelto, mediante Sentencia firme, el asunto que se le pone de manifiesto, demostrando plenamente la existencia de identidad de sujetos, del objeto litigado y la causa de la pretensión, triada a las que precisamente se refiere el art. 1319 del Código Civil.

Al respecto, José Decker Morales señala que: "La cosa juzgada es el resuelto en juicio contradictorio, ante Juez o Tribunal por Sentencia firme, contra la cual no se admite recurso. La cosa juzgada tiene por verdad averiguada y no cabe contradecirla ya judicialmente, para poner fin a la polémica jurídica y dar estabilidad a las resoluciones judiciales. El intento de remover la causa en tales condiciones encuentra el insalvable obstáculo de la excepción de cosa juzgada".

CONSIDERANDO: Que, de la revisión de los antecedentes que informan al proceso, se conoce que efectivamente existe un otro proceso iniciado con anterioridad al sub-lite, persiguiendo la nulidad de escrituras, reivindicación, pago de daños, desocupación y entrega de inmueble, al que hace referencia el testimonio de fs. 1 a 62 que siguió Raimundo Rosas Montaño, contra David Gonzáles Antezana y otros, donde se evidencia que la Sentencia declaró probada la demanda de fs. 29 a 31 y la ampliación de fs. 58 en todas su partes y declara valido y firme el instrumento Público Nº 1120/97 de 19 de julio de 1997 sobre transferencia de inmueble ubicado en la manzana 85, de la U. V. 52 ordenándose su Inscripción y Registro en oficinas de Derechos Reales. Determinándose que en ejecución de Sentencia, se proceda a la cancelación de las Partidas Computarizadas que los demandados tienen inscritos en DD.RR. siendo los siguientes: 1.- Nº 010276279 de fecha 29 de enero de 1997, 2.- 040175781 de fecha 27 de octubre de 1998. El pago de daños y perjuicios se calificaran en ejecución de Sentencia, previo avaluó pericial.

Ahora bien, contrastando los hechos expuestos con los antecedentes del presente proceso, se advierte que la demanda fue interpuesta por David Gonzáles Antezana, contra Raimundo Rosas Montaño, promoviendo la acción de pago de mejoras, indemnización de gastos de reparación y retención sobre el mismo inmueble cuya nulidad de escrituras, reivindicación, pago de daños, desocupación y entrega de inmueble se dilucidó y definió en la acción ordinaria consignada en la Sentencia, que cuenta con autoridad de cosa juzgada, infiriéndose que en la presente demanda se pretende un nuevo pronunciamiento sobre una cuestión definida en un proceso anterior, que cuenta con Sentencia firme, ejecutoriada y en el que, el ahora recurrente, intervino como demandado, siendo evidente en consecuencia, la concurrencia de las exigencias previstas por la norma del art. 1319 del Código Civil, a efectos de declarar la existencia de cosa juzgada, puesto que la cosa demandada en aquel y este proceso resulta ser la misma, es decir, el inmueble signado con el Nº 5 del Manzano Nº 85 de la U. V. Nº 52 de la ciudad de Santa Cruz; la demanda planteada se funda en la misma causa que es el inmueble; finalmente se advierte la existencia de la identidad entre las partes, toda vez que en el primer proceso ordinario, Raimundo Rosas Montaño, intervino como demandante, mientras que David Gonzáles Antezana, intervino como demandado; entretanto, en la presente demanda ordinaria, David Gonzáles Antezana se constituye en el demandante y Raimundo Rosas Montaño en el demandado, lo que demuestra que los requisitos del art. 1319 del Código Civil, han sido cumplidos para la procedencia de la excepción de cosa juzgada.

En consecuencia, se llega al convencimiento que el Tribunal Ad quem, al revocar el Auto interlocutorio definitivo que acoge la excepción previa de cosa juzgada, no ha violado ninguna disposición legal, menos las acusadas en el recurso, no siendo evidentes los agravios que aduce la parte apelante en su memorial de fs. 172 y vlta., por lo que es el caso de aplicar lo previsto por los arts. 271 num. 2) y 273 del Adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejerciendo la atribución que le confiere el art. 58 num. 1) de la Ley de Organización Judicial y aplicando los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 172 y vlta., con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 500.- que mandará hacer efectivo el Tribunal inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Ángel Irusta Pérez

Fdo. Teófilo Tarquino Mújica

Proveído.- Amelia J. Mújica Santalla. Secretaria de Cámara de la Sala Civil

Libro Tomas de Razón 2/2011