S A L A C I V I L

Auto Supremo: Nº 165. Sucre: 29 de Abril de 2011.

Expediente: Nº 138 - 06 - S.

Partes: Emilia Pardo Lujan c/ la H. Alcaldía Municipal de Santa Cruz

Distrito: Santa Cruz.

Ministro Relator: Dr. Ángel Irusta Pérez.


VISTOS: El recurso de casación de fojas 307 a 316, interpuesto por José Antonio Calvo Pardo, en representación de Emilia Pardo Lujan y Aydee Pardo de Espada, contra el Auto de Vista Nº 324 de fojas 302 a 303, emitido el 29 de junio de 2006, por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre nulidad de expropiación, reivindicación y pago de daños y perjuicios, seguido por la parte recurrente contra la H. Alcaldía Municipal de Santa Cruz; la respuesta de fojas 333 a 343 vuelta; la concesión de fojas 348; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO: Que, el Juez Octavo de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, el 3 de agosto de 2005, emitió la Sentencia de fojas 246 a 250 vuelta, por la cual declaró probada la demanda en cuanto a la nulidad y a la reivindicación e improbada respecto a los daños y perjuicios; igualmente declaró improbadas las excepciones de falta de jurisdicción y competencia y de prescripción, opuestas por la parte demandada. Como emergencia de ello, declaró nula, por falta de pago indemnizatorio, la expropiación realizada por la parte demandada mediante Ordenanza Municipal Nº 011/74 de 14 de mayo de 1974, en lo que se refiere a los 10.000m.² de terreno de propiedad de las actoras, en cuyo mérito ordenó a la H. Alcaldía Municipal, para que en el plazo de treinta días de ejecutoriada la Sentencia, reivindique, desocupe y entregue el referido lote de terreno a sus propietarias, separándolo adecuadamente de los terrenos que forman parte del Zoológico Municipal, y sea bajo prevención de desapoderamiento. Sin embargo de ello, dispuso que si la parte demandada opta por mantener dichos terrenos, cancele el valor de su justiprecio a ser establecido pericialmente.

En grado de apelación deducida por la parte demandada, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 324/2006, de 29 de junio de 2006, de fojas 302 a 303, revocó la Sentencia apelada y declaró improbada la demanda y probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia, igualmente declaró improbada la excepción de prescripción, en cuyo mérito dispuso que la parte actora acuda a la vía administrativa. Sin costas.

Contra esa Resolución de alzada la parte actora interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, en base a los fundamentos expuestos en memorial de fojas 307 a 316.

CONSIDERANDO: Que, el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, otorga al Tribunal Supremo la facultad de fiscalizar los procesos que llegan a su conocimiento a objeto de verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente, que las resoluciones que contenga sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél.

Que, ejerciendo esa facultad fiscalizadora corresponde precisar que la uniforme jurisprudencia de este Tribunal orienta que, la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que constituye una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas. Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española asigna a la palabra motivación la "acción y efecto de motivar"; a su vez, define "motivar" como "dar o explicar la razón o motivo que ha tenido para hacer una cosa".

Esto implica que todo administrador de justicia que deba resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un Juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo. Por ello, las resoluciones judiciales deben ser lógicas y claras, no sólo para establecer la credibilidad de la sociedad civil en la jurisdicción, sino además, para que los justiciables puedan fundamentar sus recursos y los Tribunales superiores puedan verificar la legalidad o ilegalidad de los motivos y fundamentos en que se la resolución impugnada. La motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible, mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto. Esas inferencias podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la inferencia jurídica definitoria en el caso singular.

Los preceptos legales que sustentan las afirmaciones anteriores, están consignados en los artículos 190, 192 y 236 -entre otros- del Código de Procedimiento Civil.

En el caso sub lite, el Tribunal Ad quem incurrió en la infracción de no motivar su resolución conforme a los parámetros anteriormente expuestos, toda vez que no expuso las razones en que basa su decisión de revocar la Sentencia y en consecuencia declarar improbada la demanda principal y probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia, circunstancia que conlleva una grave infracción del debido proceso, en su elemento de la adecuada fundamentación y motivación de las resoluciones.

En efecto, a raíz de la apelación interpuesta por la parte demandada, de manera escueta y sin la respectiva motivación, el Tribunal Ad quem, se limitó a señalar que: "al no haberse demandado la nulidad de la Ordenanza Municipal Nº 011/74 de 14 de mayo de 1974, saliente a fojas 170, sin firma del Alcalde Municipal de aquel tiempo, se ha incumplido el inciso 5) del artículo 327 del Código de Procedimiento Civil, además que la parte interesada debió acudir ante las autoridades municipales correspondientes para el cumplimiento, la modificación o extinción de los efectos de dicha ordenanza municipal"

Consiguientemente, se advierte que no existe una adecuada fundamentación que dé una explicación razonada del porqué el Tribunal de segunda instancia revocó el fallo del inferior. Toda vez que, si la pretensión de la parte actora, expuesta en la demanda de fojas 40 a 41 vuelta, esta dirigida a la nulidad, por falta de pago del justo precio, de la expropiación dispuesta por la H. Alcaldía Municipal de la ciudad de Santa Cruz, mediante Ordenanza Municipal Nº 11/74, de 14 de mayo de 1974 y como emergencia de ello, pretende la reivindicación y el pago de daños y perjuicios; el Tribunal de alzada debió fundamentar las razones por las cuales considera que el pronunciamiento del A quo, que declaró probada la demanda, era indebido, exponiendo al respecto las disposiciones legales que sustentan su determinación. De igual manera debió fundamentar porqué razones considera que él Juez A quo obró sin jurisdicción ni competencia en el conocimiento de la causa, al respecto debió tener en cuenta que si la expropiación, cuya nulidad por falta de pago se demanda, fue adoptada en el encuadre legal del Decreto de 4 de abril de 1879, elevado a rango de Ley el 30 de diciembre de 1884, es precisamente, en ese marco legal y en el de las disposiciones legales vigentes en el tiempo en que se dispuso la expropiación, que el Tribunal Ad quem debió justificar su determinación, a fin de que las partes puedan impugnar la legalidad o ilegalidad de ese pronunciamiento, posibilitando así que este Tribunal pueda considerar la correcta aplicación de la ley; al no haber obrado de esa manera, emitió una resolución inmotivada que vulnera la garantía del debido proceso. Dicho en otras palabras el Tribunal Ad quem debió justificar su determinación en el encuadre legal del Decreto de 4 de abril de 1879, elevado a rango de Ley el 30 de diciembre de 1884 y demás disposiciones legales vigentes al momento en que se dictó la ordenanza municipal Nº 11/74, de 14 de mayo de 1974 y en ese sentido debió exponer porqué razones, en ese marco legal, considera que la jurisdicción ordinaria es incompetente para conocer la pretensión de la actora.

Finalmente, este Tribunal no puede pasar por alto la incongruencia de la resolución de alzada, toda vez que si consideró que el tratamiento de la causa no correspondía a la jurisdicción ordinaria, no resulta lógico ni coherente que se pronuncie en el fondo, declarando improbada una demanda cuyo conocimiento considera no corresponde a la jurisdicción que el propio Tribunal ejerce.

En consecuencia, corresponde aplicar lo previsto por los artículos 271.3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el artículo 58 -1) de la Ley de Organización Judicial y aplicando lo dispuesto por los artículos 15 de esa ley y 252 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fojas 302, inclusive y dispone que, previo sorteo y sin espera de turno, el Tribunal de alzada emita nueva resolución, conforme a lo dispuesto en el presente Auto Supremo.

No siendo excusable el error, se impone multa a los señores Vocales suscriptores de la resolución recurrida, en la suma de Bs. 200.-, que será descontado de su haber mensual por habilitación, a favor del Tesoro Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Ángel Irusta Pérez

Fdo. Teófilo Tarquino Mújica

Proveído.- Amelia J. Mújica Santalla. Secretaria de Cámara de la Sala Civil

Libro Tomas de Razón 1/2010