S A L A C I V I L

Auto Supremo: Nº 163. Sucre: 27 de Abril de 2011.

Expediente: Nº 230 - 06 - S.

Partes: María Teresa Moscoso viuda de Bedregal c/ Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda "La Paz

Distrito: La Paz.

Ministro Relator: Dr. Ángel Irusta Pérez.


 VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo fojas 612 a 615 vuelta, interpuesto por María Teresa Moscoso viuda de Bedregal, por sí y en representación de sus hijas Paola Andréa Bedregal Moscoso y Natalia Bedregal Moscoso, contra el Auto de Vista Nº 349/2006, de fojas 606 a 607, pronunciado el 1 de septiembre de 2006 por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso ordinario sobre cumplimiento de contrato, pago de seguro de desgravamen hipotecario, rescisión, nulidad y pago de daños y perjuicios, seguido por la parte recurrente, contra Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda "La Paz"; la respuesta de fojas 618 a 620; la concesión de fojas 621;los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO: Que, el Juez de Partido Quinto en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, el 18 de septiembre de 2004, emitió la Sentencia Nº 427/2004, de fojas 538 a 543, por la cual declaró improbada la demanda de fojas 133 a 137, ampliada a fojas 189 a 191. con costas.

En grado de apelación, interpuesta por la parte actora, el 1 de septiembre de 2006, la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 349/2006, de fojas 606 a 607, confirmando la Sentencia impugnada, con costas.

Contra esa Resolución de alzada, la parte demandante interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, en base a los fundamentos expuestos en el memorial de fojas 612 a 615 vuelta.

CONSIDERANDO: Que, el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, otorga al Tribunal Supremo la facultad de fiscalizar los procesos que llegan a su conocimiento a objeto de verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente, que las resoluciones que contenga sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél.

Que, en función a esa facultada fiscalizadora, corresponde precisar que de acuerdo a lo establecido por el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, las disposiciones de la Sentencia sólo comprenderán a las partes que intervinieren en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas. En ese mismo sentido el artículo 1451 del Código Civil, prevé que lo dispuesto por la Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada causa estado a todos los efectos entra las partes, sus herederos y causahabientes. Que, las citadas disposiciones legales, establecen el marco subjetivo de la cosa juzgada.

Que, el litisconsorcio sea activo o pasivo, importa el interés de dos o más personas respecto a una pretensión común que obliga su participación en el proceso. Cuando existe una pluralidad de sujetos que consideran tener igual derecho para peticionar, nos encontramos frente a un litisconsorcio activo, si por el contrario son varios los concernidos con la acción que se intenta, se trata de litisconsorcio pasivo y si estamos frente a una pluralidad de demandantes y demandados hablamos de un litisconsorcio mixto.

Que, los Jueces y Tribunales de alzada deben tener presente que la integración a la litis de todos quienes sean demandantes o demandados o deban ser sometidos al proceso, debe ser tarea no sólo de las partes, sino del A quo, quien en su calidad de director del proceso, debe cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad. Sólo así, las decisiones que adopte, serán útiles en derecho a las partes y los efectos de la cosa juzgada alcanzarán a todos y a quienes deriven sus derechos de aquélla, tal como lo imponen el artículo 194 del Código Civil.

Que, en ese marco, de la revisión del proceso se evidencia que a través de la demanda de fojas 133 a 137, ampliada a fojas 189 a 191, la actora María Teresa Moscoso viuda de Bedregal, en lo sobresaliente, argumentó que la Mutual La Paz, otorgó a favor suyo y de su esposo Luís Fernando Bedregal Soria, una línea de crédito, cuyo desembolso habría operado mediante tres contratos de préstamos de dineros debidamente protocolizados, cubiertos, todos ellos, con el seguro de desgravamen hipotecario, empero, al fallecimiento de su esposo, la Mutual La Paz, únicamente hizo efectivo el seguro de desgravamen en relación al primer préstamo y no así en relación a los otros dos préstamos, respecto a los cuales, por negligencia, la entidad demandada no habría contratado tal seguro, como era su obligación, razón por la cual, la Mutual habría procedido a ejecutar ambas deudas, sin siquiera respetar las condiciones pactadas y sin considerar que las herederas del de cujus se encontraban protegidas por el seguro de desgravamen que debió ser contrato por la entidad financiera, quien, con la intención de subsanar su omisión y negligencia, con mala fe, dolo y violencia, cobró el 100% de la deuda, sin respetar los plazos y términos de la deuda, despojando de todos sus bienes a las herederas, financiando a terceros la compra de los inmuebles de propiedad de la sucesión Bedregal - Moscoso, que se encontraban hipotecados a favor de la entidad demandada, concluyendo por ello, que esos contratos de transferencia, habrían sido suscritos en estado de peligro y con graves vicios del consentimiento. En base a esas consideraciones demandó entre otras cosas, el pago del seguro de desgravamen hipotecario; el cumplimiento del contrato de préstamo original; pago de daños y perjuicios; la rescisión y la nulidad de los contratos de compra venta a favor de terceros respecto de todos los bienes inmuebles mencionados en las Escrituras Públicas aparejadas a la demanda, habiendo dirigido su pretensión únicamente en contra de la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda "La Paz" y así fue admitida la demanda por el Juez A quo, sin considerar que la demanda de nulidad de las trasferencias de bienes inmuebles efectuadas por la parte actora a favor de terceras personas debió estar dirigida precisamente contra los terceros adquirientes, toda vez que la Sentencia que recaiga en relación a esa pretensión, podría afectar indudablemente los derechos de los compradores, de ahí que correspondía al Juez A quo integrar a la litis a todos los compradores que suscribieron las transferencias cuya nulidad se demanda, a los efectos del artículo 194 del Código Adjetivo Civil, al no haberlo hecho el Juez A quo incumplió el deber que le impone el artículo 3-1) del Código de Procedimiento Civil, por permitir que el proceso se desarrolle con vicios de nulidad, aspecto que le correspondía advertir al Tribunal Ad quem en uso de la facultad fiscalizadora que le reconoce el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, a fin de anular obrados y disponer la integración a la litis de todos aquellas personas cuyo derecho de propiedad se viera afectado por la nulidad demandada por la parte actora.

Que, de lo expuesto precedentemente se puede colegir que, al margen de la entidad demandada, existen otras personas con indudable interés en el litigio, a quienes es posible que los efectos de la nulidad que demanda la parte actora los afecte, tal el caso de: Geraldine Irene López Rosse Aramayo, quien según se evidencia del Testimonio de la Escritura Pública Nº 118/2000, de fojas 65 a 69 vuelta, adquirió de la demandantes el local Nº 1 del Edificio "Escalibur"; José Carlos Riveros Novillo y Lucrecia Leticia Aramayo de Riveros, quienes, según la documental cursante a fojas 113 a 114 vuelta, habrían adquirido en propiedad horizontal el departamento Nº 11, parqueo y baulera, más áreas de servicios y comunes de propiedad de las actoras; Hércules de Souza Costa e Yveth Cecilia Jahel Villarroel de Souza, quienes, según la documental de fojas 116 a 118 vuelta, habrían adquirido el departamento Nº 13, más parqueo, baulera y áreas de servicio y comunes, de propiedad de las actoras; Alfredo Eusebio Rodríguez Fuentes y Silvia Fuentes de Rodríguez, quienes según la documental de fojas 121 a 122 vuelta, igualmente adquirieron de las actoras el departamento Nº 6 , más parqueo, baulera y áreas comunes y de servicio; Marvin Daniel Villarroel Claure, quien, según la documental de fojas 124 a 126 vuelta, adquirió de las demandantes el departamento Nº 15, baulera y área de servicio. Todos ellos, como es lógico, se verían perjudicados con la nulidad de las transferencias, demandada por la parte actora.

De lo expuesto, se tiene que, como emergencia de la demanda interpuesta por la parte actota, el Juez A quo debió disponer la integración a la litis de todas aquellas personas que pudieran verse afectadas con la Sentencia a ser emitida, ello a los efectos del artículo 194 del Código Adjetivo Civil, pues es indudable el interés que les asiste, toda vez que es posible que de la resolución que se emita deriven perjuicios y obligaciones para ellas.

Este Tribunal advierte que el Juez A quo, igualmente debió ordenar que la parte actora precise con absoluta claridad los términos de su demanda en lo que respecta a la nulidad de las transferencias efectuadas, ordenando se precise los motivos de la nulidad demandada y se identifique los contratos cuya invalidez se demanda, si como la identificación de las personas contra las que se acciona, aspecto que el Juez A quo soslayó injustificadamente.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejerciendo la facultad conferida por el artículo 58 -1) de la Ley de Organización Judicial y aplicando lo dispuesto por los artículos 252 y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fojas 137 vuelta, inclusive, y dispone que el juez A quo con carácter previo a la admisión de la demanda ordene se subsane los defectos anotados y disponga la integración a la litis de todas aquellas personas cuyos derechos de propiedad se originan en los títulos traslativos de dominio cuya nulidad se demanda.

Con responsabilidad, por no ser excusable la omisión de los Tribunales de instancia, que se gradúa en Bs. 200, descontable de sus haberes por habilitación, a favor del Tesoro Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Ángel Irusta Pérez

Fdo. Teófilo Tarquino Mújica

Proveído.- Amelia J. Mújica Santalla. Secretaria de Cámara de la Sala Civil

Libro Tomas de Razón 1/2010