S A L A C I V I L

Auto Supremo: Nº 135. Sucre: 13 de Abril de 2011.

Expediente: Nº 50 - 06 - S.

Partes: Cila Terán Luna c/ Medardo Paz Plata

Distrito: Oruro.

Ministro Relator: Dr. Ángel Irusta Pérez.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo, de fojas 264 a 265, interpuesto por Medardo Paz Plata, contra el Auto de Vista Nº 171/2006, de fojas 260 a 261, pronunciado el 4 de noviembre de 2006 por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, en el proceso ordinario de retiro de obras y consiguiente pago de daños y perjuicios seguido por Cila Terán Luna, contra el recurrente; la respuesta de fojas 267 y vuelta; la concesión de fojas 268; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO: Que, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y comercial de la ciudad de Oruro, el 19 de junio de 2006, pronunció la Sentencia Nº 697/06, de fojas 238 a 241, por la cual declaró probada la demanda principal, e improbada la demanda reconvencional; igualmente declaró probadas la excepción perentoria de falta de acción y derecho opuesta contra la demanda reconvencional, en cuyo mérito dispuso que el demandado Medardo Paz Plata, retire los trabajos y construcciones realizadas dentro los lotes Nº 3, 4, y 5 del manzano "F", de propiedad de Cila Terán Luna, dentro de tercero día de ejecutoriada la Sentencia, asimismo condenó al pago de daños y perjuicios a favor de la actora en la suma de $us. 5.800.-, a ser cancelados dentro del mismo plazo, bajo alternativa de ley. Sin costas por el carácter doble de la acción.

Contra esa resolución, la parte demandada y reconventora interpuso recurso de apelación (fojas 244 a 245), en cuyo mérito, el 4 de noviembre de 2006, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, emitió el Auto de Vista Nº 171/2006, de fojas 260 a 261, por el cual confirmó la Sentencia impugnada, con la modificación de haber dejado sin efecto el pago de $us. 5.800.-, por concepto de daños y perjuicios, sin perjuicio de que ello pueda averiguarse en ejecución de Sentencia.

Contra esa Resolución de alzada la parte demandada y reconventora interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma.

CONSIDERANDO: Que, Medardo Paz Plata, a través de su recurso de casación en el fondo señaló que el Auto de Vista recurrido es contradictorio en varios aspectos, en ese sentido adujo que la resolución de alzada señaló que el demandado fuera Mercado Paz Plata, que más adelante se repitió ese error, al referir que el demandado fuera Mercado Días Plata, y más adelante lo señala como Mercado Paz Plata, siendo que el demandado es Medardo Paz Plata. Por otro lado señaló que el Auto de Vista recurrido se fundó en el artículo 241 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil, al pretender consentir que la Sentencia de primera instancia hubiere sido pronunciada dentro el término de ley, lo que no fuera real, toda vez que la citada norma no tiene incisos y se refiere a las clases de recursos, de manera que se hubiere aplicado indebidamente la ley, pues, en todo caso lo que correspondía era hacer mención del artículo 204-1) del citado Código de Procedimiento Civil. Por lo expuesto concluye que es procedente el recurso de casación en el fondo planteado al amparo del artículo 253-1) del Adjetivo Civil.

En la forma, al amparo de lo previsto por el artículo 254-1) del Código de Procedimiento Civil, señaló que por providencia de 28 de julio de 2005, decretando al memorial presentado el 25 de julio de 2005 por la parte demandante por el que solicitó se dicte "Autos para Sentencia", el Juez A quo, dispuso: " a despacho para resolución previas las formalidades de ley", proveído que tendría el mismo carácter que el decreto de Autos para Sentencia, proveído que fue notificado a las partes, con lo que se habría cumplido las formalidades a que alude dicha determinación, habiendo la parte demandante provisto el material para resolución el 19 de agosto del año 2005, en consecuencia, según sostiene el recurrente, el plazo para dictar la Sentencia corrió desde el 25 de julio de 2005 y no como dispuso el Auto de Vista, que fuera recién desde el decreto de Autos dictado el 17 de mayo de 2006. Por los fundamentos expuestos, adujo que el Tribunal de alzada en aplicación del artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, debió revisar los antecedentes del proceso y disponer la nulidad de la Sentencia y disponer se remitan obrados a conocimiento de un Juez competente. Finalmente señaló que en la última parte del memorial que cursa de fojas 230 a 231, se hizo el reclamo oportuno para el saneamiento procesal, pues, al haberse declarado probada la excepción de citación previa al garante de evicción, correspondía cumplir con dicho acto, aspecto que no se cumplió, lo que habría ocasionado su indefensión.

Por lo expuesto, solicitó se case el Auto de Vista recurrido en su defecto se anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta que se cite a los garantes de evicción.

CONSIDERANDO: Que, habiendo sido interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, en principio corresponde analizar las impugnaciones planteadas en la forma. En ese sentido, corresponde precisar que los principios de especificidad, trascendencia, convalidación y de protección que inspiran la teoría de las nulidades procesales, establecen que toda nulidad debe estar expresamente determinada en la ley, que no existe nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio y, finalmente que toda nulidad se convalida por el consentimiento sino se observa en tiempo oportuno, operándose la ejecutoriedad del acto.

Así establecidos los principios en los que se basa toda nulidad procesal, corresponde analizar si el Tribunal de segunda instancia debía hacer uso de la facultad fiscalizadora que prevé el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial y anular obrados, como sugiere el recurrente.

Si bien el Tribunal Ad quem tiene la facultad de revisar de oficio el proceso y anular obrados si encontrare algún vicio de nulidad, no es menos evidente que en actuados no existía mérito para ello, pues, si la parte recurrente consideró que el decreto de 28 de julio de 2005, cursante de fojas 234 vuelta, por el cual, el Juez A quo dispuso "a despacho para resolución previas las formalidades de ley", revestía el carácter de Autos para Sentencia, una vez notificado con el decreto de "Autos para Sentencia" de 17 de mayo de 2006, cursante de fojas 236, debió observar ese aspecto y no aguardar el pronunciamiento de la Sentencia y al ver que esta le es adversa, observar recién la supuesta incompetencia del Juez A quo; al no haber obrado de esa manera, la parte demandada consintió en que los efectos previstos por el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, en concreto el plazo para dictar Sentencia, corría recién desde el decreto de Autos de 17 de mayo de 2006, razón por la cual, al haberse pronunciado en ese sentido el Tribunal de alzada obró correctamente.

Por otra parte, si bien es evidente que de fojas 80 cursa Auto de 4 de junio de 2003, por el cual se declaró probada la excepción de citación previa al garante de evicción opuesta por la parte demandada, en cuyo mérito se dispuso la citación con la demanda y demás actuados a Lorenza viuda de Adrián, Gualberto Choque, Andrés Ayza y Gabriel Adrián Lima, a fin de que garanticen y salgan a la evicción del inmueble adquirido por Medardo Paz Plata, no es menos evidente que fue la propia parte demandada, ahora recurrente, quien no instó el cumplimiento de esa determinación y permitió que el proceso se desarrolle sin que se haya cumplido con la citación dispuesta, no habiendo observado esa omisión oportunamente, por lo que convalidó la tramitación del proceso sin la real intervención de los llamados a la evicción, consiguientemente, si la citación a los garantes de evicción es un aspecto que se dispuso a favor del demandado es a el a quien le correspondía instar su cumplimiento, de lo contrario se entiende que renunció a esa posibilidad y consintió en que el proceso se desarrolle sin la intervención de sus garantes. Corresponde precisar que la intervención de los garantes de evicción no es esencial en el proceso, por el contrario es una intervención potestativa que se activa a solicitud de la parte que pretende beneficiarse de la garantía de saneamiento y evicción.

Por otra parte, cabe señalar que la omisión de la citación a los garantes de evicción, no fue reclamado, como agravio, en la apelación deducida por el demandado, razón por la cual, la parte demandada no puede a tiempo de interponer su recurso de casación, acusar nulidades que no fueron oportunamente reclamadas antes los tribunales inferiores, como establece el artículo 258-3) del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones expuestas se evidencia que no son ciertas las infracciones de forma acusadas por el recurrente.

CONSIDERANDO: Que, en cuanto al recurso de casación en el fondo, se debe precisar que los simples errores de transcripción no dan mérito a la casación del Auto de Vista. En ese sentido si bien es indiscutible la trascendencia que tiene la identificación de las personas dentro de un proceso judicial, por las consecuencias y efectos jurídicos tanto en el transcurso del procedimiento como en la ejecución de la Sentencia, en el caso sub lite no existe duda sobre la identidad del demandado, de tal forma que el error de transcripción cometido por el Tribunal de alzada no tiene ninguna incidencia en su identificación.

De igual manera, la errónea cita del artículo 214-1) del Código de Procedimiento Civil, no constituye causal de casación, en virtud a que, como el propio recurrente lo reconoce, de la fundamentación expuesta en la resolución impugnada, sin lugar a duda se entiende que la cita legal correcta que corresponde al razonamiento expuesto por el Tribunal de alzada se refiere al artículo 204-1) del citado Código Adjetivo de la materia.

Por las razones expuestas, siendo infundados los agravios expuestos por la parte recurrente, correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por los artículos 271 - 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad contenida el artículo 58-1) de la Ley de Organización Judicial y en aplicación de lo previsto por el artículo 271-2) del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fojas 264 a 265, interpuesto por Medardo Paz Plata. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 500.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Ángel Irusta Pérez

Fdo. Teófilo Tarquino Mújica

Proveído.- Amelia J. Mújica Santalla. Secretaria de Cámara de la Sala Civil

Libro Tomas de Razón 1/2010