S A L A C I V I L

Auto Supremo: Nº 130. Sucre: 11 de Abril de 2011.

Expediente: Nº 49 - 06 - S.

Partes: Esther Maturano c/ Rodolfo Maturano Cueto

Distrito: Chuquisaca.

Ministro Relator: Dr. Ángel Irusta Pérez.


VISTOS:El recurso de casación en el fondo de fs. 153 a 154, interpuesto Rodolfo Maturano Cueto, contra el Auto de Vista N° 372/2006 de 30 de octubre, de fs. 146 a 148 vuelta, pronunciado por Ia Sala Civil Segunda de Ia Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario que, sobre anulabilidad de contrato que sigue Esther Maturano y otros contra el recurrente; la respuesta de fs.176 a 178, el Auto concesorio del recurso de fs. 178 vlta., los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO: Que, el Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital Sucre pronunció la Sentencia de fs. 125 127 vlta., que: 1.- declaró probada la demanda de fs. 17 a 18 y la Terceria Coadyuvante de fs. 45 y en su merito anula el contrato de compraventa de una fraccion de 160 mts.2 de superficie ubicado en la zona las delicias de la ciudad de Sucre por la suma de Bs. 10.000 donde aparece como vendedor Francisco Maturano Cabezas y como comprador Rodolfo Maturano Cueto, que consta en la Minuta con fecha 18 de abril de 2005 y Testimonio de Escritura Pública N° 474/2005 de fecha 9 de agosto de 2005. 2. En merito a la anulacion dispuesta, se dispone la cancelacion de la inscripcion en el Registro de Derecho Reales, de la venta anulada que consta en el folio real N°. 1.01.1.99.0035294, asiento N°. 1 de titularidad sobre dominio, a tal fin, en ejecucion de Sentencia líbrese provicion ejecutoria, para ante el Registro de Derecho Relaes de Chuquisaca. 3. Remitase antecedentes ante el Ministerio Público, en cumplimiento a la obligación que impone el art. 286-1) del Codigo de Procedimiento Civil. 4. Se declara improbada la excepción de falta de acción y derecho en las demandantes, opuesta a fs. 26 a 27.

Apelada la Sentencia por Rodolfo Maturano Cueto, la Sala Civil Segunda de la R. Corte Superior de Chuquisaca, confirmó totalmente la Sentencia N° 418/2006 mediante el Auto de Vista N° 372/2006 de 30 de octubre, cursante de fs. 146 a 148 vlta. Esta resolución, dio lugar al recurso de casación en el fondo que nos ocupa, en el que el se acusa:

Error de derecho en la valoracion de la prueba testifical de cargo y descargo; sosteniendo que con relacion a la prueba testifical de descargo, los señores Betty Camacho, Evelio Tumiri y Ciprian Flores, habrian declarado que en abril de 2005 Francisco Maturano Cabezas, habria firmado la Minuta de transferencia de 160 metros cuadrados del bien inmueble de la zona de las delicias, aclarándo que ninguno de los testigos habrian afirmado que en el mes de agosto Francisco Maturano Cabezas, habria concurrido a la Notaria de fe Pública, sino que acudió en forma personal a la Notaria, que dichas pruebas no habrian sido valoradas correctamente, habiendo interpretando de manera errónea dichas declaraciones.

Finaliza el recurso solicitando se case el Auto de Vista de fs. 146 a 148 vlta. y, deliberando en el fondo, declare improbada la demanda de fs. 17 a 18.

CONSIDERANDO: Que, conviene precisar que en su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio con la finalidad de crear la convicción del juzgador, en el ejercicio de esta atribución, las pruebas producidas deben ser apreciadas por los jueces de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, esto es lo que en doctrina se denomina el sistema de apreciación legal de la prueba, puesto que el valor probatorio de un determinado elemento de juicio está consignado con anticipación en el texto de la ley; o, la apreciación de los medios probatorios deben efectuarse de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, entendiendo con Couture, que las reglas de la sana crítica son, ante todo las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. En consecuencia, el Juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecional o arbitrariamente.

Lo anteriormente expuesto encuentra su respaldo dentro de nuestra normativa en lo previsto por el art. 1286 del Código Civil, que a la letra dice: "Las pruebas producidas serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio". En coherencia con esta disposición sustantiva, el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, en su parágrafo I establece que: "I. Las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorgare la ley; pero si ésta no determinare otra cosa, podrá apreciarlas conforme a su prudente criterio o sana crítica".

Considerando que el error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, es decir que cuando los juzgadores de instancia, ignorando el valor que le atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto, situación que se extraña en el planteamiento de la presente acción extraordinaria, pues la denuncia de que la prueba testifical no fue valorada correctamente corresponde al error de hecho y no de derecho, asimismo el recurrente no citó en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, no bastando en el presente caso referir la existencia de "error de derecho en la prueba testifical", lo que devendría en la improcedencia del recurso, sin embargo de ello al haber el recurrente acusado la existencia de error de derecho conforme lo previsto en el art. 253 num. 3) otorga a este Tribunal, la facultad de abrir su competencia, para verificar si el error de derecho denunciado por el recurrente es evidente, a fin de casar el Auto de Vista recurrido, o declarar infundado el recurso si no se han producido tales errores.

Que, de la revisión de obrados se evidencia que los juzgadores de instancia han valorado la prueba dentro de los parámetros de la sana crítica y con prudente criterio, concluyendo en sus determinaciones que, en la minuta de venta se falsifico la firma de Francisco Maturano Cabezas, que se demuestra del informe pericial de fs. 87 a 92 que en el punto segundo concluye que "Las firmas estampadas en la minuta de compra venta de 18 de abril de 2006 y el protocolo respectivo de 8 de agosto de 2005 NO CORRESPONDE A FRANCISCO MATURANO CABEZAS"(sic), por lo que resultan impertinentes los términos del recurso en cuanto a la denuncia de errónea apreciación de la prueba, en virtud a que la prueba documental (informe pericial) cursante en obrados no ha sido enervada ni desvirtuada en su contenido por la parte demandada recurrente, menos la refutó en la etapa probatoria y que fue valorado por los de grado, conforme a la valoración que le otorga la ley con la facultad incensurable que les confiere los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento, normas legales que facultan a los Tribunales de grado a valorar la prueba de acuerdo a su prudente criterio o sana crítica, facultad privativa que es incensurable en casación; pues el fallo no puede basarse exclusivamente en la prueba testimonial, existiendo en este proceso otros elementos de juicio, como el peritaje señalado, por lo que no se advierte que se haya incurrido en error de derecho. Finalmente, en relación a la anulabilidad del contrato, el art. 554 del Código Civil, previene que: "El contrato será anulable: 1) Por falta de consentimiento para su formación; aspecto que en el caso sub lite fue probado por los demandantes a través del peritaje, pues la supuesta compra venta referida, carecía de uno de los elementos esenciales como es el consentimiento, no existiendo por lo tanto contrato, evidenciándose que los actores cumplieron con lo exigido por el art. 1283-I del Código Civil, con relación al art. 375 num. 1) de su Procedimiento, ya que han probado su demanda, de tal manera se concluye que los hechos denunciados por el recurrente son infundados.

En consecuencia, no siendo evidentes Ias infracciones acusadas en el recurso interpuesto, corresponde resolver en la forma establecida por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de Ia Corte Suprema de Justicia de Ia Nación, con la facultad contenida en el num. 1) del art. 58 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 153 a 154 de obrados. Con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado en la suma de Bs. 500.-, que mandará pagar el Tribunal A quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Ángel Irusta Pérez

Fdo. Teófilo Tarquino Mújica

Proveído.- Amelia J. Mújica Santalla. Secretaria de Cámara de la Sala Civil

Libro Tomas de Razón 1/2010