S A L A C I V I L

Auto Supremo: Nº 111 Sucre: 31 de Marzo de 2011.

Expediente: Nº 235 - 06 - S.

Partes: Mirna Jordán Gallardo c/ Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)

Distrito: La Paz.

Ministro Relator: Dr. Teófilo Tarquino Mújica.


VISTOS:El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 412 a 415, interpuesto por Mirna Jordán Gallardo, contra el Auto de Vista Nº 430 de 7 de octubre de 2006, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso sobre reconocimiento de daños y perjuicios, seguido por la recurrente, contra la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), la respuesta de fs. 418 a 420 vlta., los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO: Que, el Juez Décimo Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 287 de 10 de octubre de 2005 (fs. 316 a 318), declarando probada en parte la demanda e improbada la excepción de cosa juzgada, en consecuencia dispone que COMIBOL resarza a la actora por concepto de daños y perjuicios ocasionados, el monto de Bs. 84.339, equivalente a salarios por 1 año, 11 meses y 9 días; más aguinaldo. Sin costas. Finalmente, en cumplimiento del art. 197 del Código de Procedimiento Civil, dispuso se eleven obrados en consulta.

Deducida la apelación por las partes, la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 430 de 7 de octubre de 2006 (fs. 406 a 408 vlta.), revoca en parte la Sentencia apelada declarando improbada la demanda y la confirma en relación a la cosa juzgada; sin costas. Asimismo, confirma en parte el Auto de fs. 192, dejando sin efecto lo dispuesto en el otrosí del mismo.

Esta resolución superior dio lugar al recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Mirna Jordán Gallardo, en los términos expresados en su memorial de 24 de octubre de 2006 (fs. 412 a 415).

CONSIDERANDO:Que, el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, otorga al Tribunal Supremo la facultad de fiscalizar los procesos que llegan a su conocimiento, a objeto de verificar si en ellos se guardaron las formas esenciales que hacen eficaz un proceso de conocimiento y fundamentalmente, que las resoluciones que contengan sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél.

La seguridad jurídica que los fallos de instancia otorga a los litigantes, requiere a los efectos de alcanzar la cosa juzgada, que las decisiones de los tribunales sean claras, concretas, precisas y acordes a las pretensiones de las partes y no admitan ninguna duda.

El art. 197 del Código de Procedimiento Civil, establece que todas las sentencias dictadas contra el Estado o entidades públicas en general, serán consultadas de oficio ante el superior en grado, sin perjuicio de la apelación que pudiere interponerse.

Es obligación del Tribunal de Alzada, analizar los hechos y valorar las pruebas resolviendo con la motivación correspondiente, todos y cada uno de los agravios supuestamente sufridos por los recurrentes con la Sentencia. Así las resoluciones que emita, serán el resultado tanto del análisis exegético de las normas jurídicas en que se ampara el litigante, como de los hechos que hubiere demostrado y consten en actuados, sea favorable o desfavorable el fallo que al respecto se emita. La irresolución de los planteamientos de las partes, conforme al derecho positivo, causa el descrédito de los ciudadanos en su sistema judicial, e impiden que el Tribunal Supremo pueda resolver en su conjunto la controversia.

En definitiva, el Tribunal de Alzada a tiempo de conocer de un recurso, debe ajustar su resolución a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad previstos por los arts. 236 con relación al art. 227, ambos del Código de Procedimiento Civil. Ello significa resolver la alzada dentro del marco jurisdiccional que le impone la Sentencia y expresión de agravios, a fin de determinar los efectos de la cosa juzgada y evitar que una irresolución pueda generar otros procesos eternizando los litigios.

Finalmente, cuando ese Tribunal conoce una Sentencia consultada, ejerce su competencia a plenitud.

En el sub lite, el Auto de Vista recurrido adolece de defectos que obligan al Tribunal Supremo a corregirlos en ejercicio de la facultad que para el efecto le confiere el art. 15 de la Ley de Organización Judicial. En efecto, el Auto de Vista impugnado muestra notoria incongruencia entre la parte considerativa y la resolutiva, ya que en la primera afirma que "toda sentencia condenatoria debe necesariamente referirse a la fuente obligacional y determinarla claramente, lo que no ha sucedido en el presente caso de Autos", sin embargo, en la parte resolutiva "REVOCA en parte la Sentencia de fs. 316-318,... Deliberando en el fondo, se declara IMPROBADA la demanda". Violando de este modo el principio de congruencia, pues: el Auto de Vista es revocatorio, cuando invalida o deja sin efecto la Sentencia, debiendo, en su lugar, emitirse el correspondiente pronunciamiento, cuando la revocación es total o, en la parte pertinente, cuando ella es parcial, es decir, en ella se absolverá o condenará al demandado; no, cuando importa la anulación de actuaciones viciadas y que como consecuencia trae su reposición, esto es, la acción de reponer las actuaciones para que sean realizadas nuevamente, subsanando los vicios acusados en la apelación, que corresponde al Auto de Vista anulatorio o repositorio; o, viceversa. A esto, se debe agregar que sí el juzgador, acaso no pudiera aplicar la norma de derecho citada por las partes, puede acudir al principio iura novit curia, conforme al cual tiene la facultad de fundarse en la norma jurídica que él considere aplicable al caso y si no la hallare, pronunciarse conforme al parágrafo II del art. 1 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo se extraña el pronunciamiento respecto a la apelación de la entidad demandada de fs. 321 a 322 vlta., limitando su resolución a errores en la apreciación de la prueba. Es más, en ella no se observa que el Tribunal superior haga mención a la locución "consulta" prevista por el art. 197 del Código de Procedimiento Civil y dispuesta en Sentencia; sobre el particular, cabe precisar que la consulta"impone el deber jurisdiccional de revisar con mayor atención y cuidado el fallo consultado y la totalidad del proceso", es decir, "la competencia del Ad quem no solamente se circunscribía al mandato del art. 236 del indicado adjetivo, sino que ampliaba su accionar por la naturaleza misma de la consulta que implica, "revisión" de todos los actuados procesales" (Auto Supremo Nº 105 de 12 de marzo de 2009).

En consecuencia, el Tribunal de alzada no ha honrado el principio de congruencia al no haber adecuado su resolución de instancia al marco jurisdiccional que le imponen los arts. 236 con relación al art. 227 y 197, todos del precitado Adjetivo Civil.

El incumplimiento de los principios de pertinencia y congruencia, como ha sucedido en el sub lite, torna al fallo de segunda instancia en intra petita, cayendo en la previsión del art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, correspondiendo por consiguiente la aplicación de los arts. 271 num. 3) y 275 del citado adjetivo.

Nulidad que se impone por expreso mandato de la precitada disposición contenida en el art. 254 num. 4), con relación al art. 252 del Adjetivo Civil y que este Tribunal Supremo no puede dejar de aplicar por haberse incurrido en violación de normas de orden público y de cumplimiento obligatorio.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contendida en el inc. 1) del art. 58 de la Ley de Organización Judicial, ANULA obrados hasta fs. 406 inclusive, hasta el estado que el Tribunal Ad quem sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución, con arreglo a lo previsto en los arts. 197, 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil.

Siendo inexcusable el error en que han incurrido los Vocales signatarios del Auto Vista impugnado, se les impone multa de 200 Bolivianos a cada uno de ellos, a favor del Tesoro Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Teófilo Tarquino Mújica

Fdo. Ángel Irusta Pérez

Proveído.- Amelia J. Mújica Santalla. Secretaria de Cámara de la Sala Civil

Libro Tomas de Razón 1/2010