S A L A C I V I L

Auto Supremo: Nº 73. Sucre: 23 de Febrero de 2011.

Expediente: Nº 138 - 08 - S.

Partes: Bernardino Siñani Cari c/ el Banco Unión S.A

Distrito: Santa Cruz.

Ministro Relator: Dr. Ángel Irusta Pérez.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo, de fojas 424 a 427, interpuesto por Bernardino Siñani Cari y Tomasa Mejillones de Siñani, contra el Auto de Vista Nº 392/2008, de fojas 420 a 421, pronunciado el 15 de agosto de 2008, por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre declaración de fraude procesal y otros, seguido por los recurrentes contra el Banco Unión S.A.; la respuesta de fojas 446 y vuelta; la concesión de fojas 447; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO: Que, el Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, el 1 de febrero de 2008, emitió la Sentencia de fojas 379 a 385, que declaró probada la demanda principal de fojas 212 a 214 vuelta, sobre fraude procesal , nulidad de escritura pública Nº 11 de 6 de enero de 2003, por ilicitud de causa y motivo, acción negatoria, reivindicación y consiguiente cancelación de su inscripción en Derechos Reales , más pago de daños y perjuicios a ser calificados en ejecución de Sentencia. Como emergencia de ello ordenó la reivindicación, desocupación y entrega del inmueble adjudicado por los demandados Banco Unión S.A., ubicado en la ciudad de El Alto, del Departamento de La Paz, en la avenida Carlos Vega 3056, Villa "16 de Julio", con superficie de 500 m2., otorgando a tal efecto el plazo de tres días para que la parte demandada entregue el inmueble completamente desocupado a favor de los actores, bajo alternativa de librarse mandamiento de desapoderamiento. Igualmente declaró nulo el Instrumento Público Nº 11/2003 de 6 de enero de 2003 y ordenó que por la Oficina de Derechos Reales del Distrito Judicial de La Paz, se proceda a la cancelación de Asiento A-2 de 23 de junio de 2003 y se restituya el gravamen inscrito bajo el Asiento B-1 de 4 de diciembre de 1998, ambos registrados bajo la Matrícula Computarizada 20140100025565. Por otra parte declaró improbada la excepción perentoria de falta de acción y derecho, opuesta por los demandantes contra la demanda reconvencional. Finalmente declaró improbada la excepción perentoria de improcedencia de juicio de fraude procesal de juicio coactivo e improbada la demanda reconvencional por caducidad de derecho.

En grado de apelación deducida por la parte demandada, la Sala Civil Segunda de la corte superior del distrito Judicial de Santa Cruz, el 15 de agosto de 2008, pronunció el Auto de Vista N 392/2008, de fojas 420 a 421, por el cual revocó parcialmente la Sentencia apelada y declaró improbada en su integridad la demanda de fojas 212 a 214 y probada la excepción perentoria de improcedencia de proceso de fraude procesal de juicio coactivo, confirmando en todo lo demás la Sentencia. Sin costas.

Resolución de alzada recurrida en casación por la parte actora, en base a los fundamentos expuestos en el memorial de fojas 424 a 427.

CONSIDERANDO: Que, el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, otorga al Tribunal Supremo la facultad de fiscalizar los procesos que llegan a su conocimiento a objeto de verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente, que las resoluciones que contenga sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél.

En el marco de esa facultad fiscalizadora, corresponde puntualizar que, como estableció este Tribunal a través de los Autos Supremos 428, de 6 de Diciembre de 2010; y 344, de 8 de Octubre de 2010, el artículo 333 del citado Código establece que, cuando la demanda no se ajuste a las reglas establecidas podrá el Juez ordenar de oficio se subsanen los defectos dentro del plazo prudencial que fije y bajo apercibimiento de que si no se subsanaren se la tendrá por no presentada.

Que, frente a la interposición de una demanda el Juez tiene el deber de efectuar un primer examen de admisibilidad, el cual, según la citada norma, parecería limitarse a la verificación del cumplimiento de las reglas referidas a la forma de la demanda como acto de postulación, establecidas en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante lo que se desprende de la literalidad de la norma transcrita, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido de manera concordante que la facultad del Juez puede ir más allá de ese análisis de cumplimiento de presupuestos de admisibilidad extrínsecos o formales y, extenderse a los requisitos de admisibilidad intrínsicos, e incluso a los de fundabilidad o procedencia de la pretensión.

Para lograr desentrañar adecuadamente el poder que ejerce el Juez frente a la interposición de una demanda, resulta relevante distinguir, entre el control formal de la demanda y, el control material o de fondo; o lo que el autor Carlo Carli denomina condiciones de procedibilidad y de fundabilidad.

En el primer caso, una vez deducida una determinada pretensión el Juez no queda automáticamente conminado a admitirla y promover en consecuencia el proceso, debe en principio analizar la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de las formas necesarias de las que debe estar revestido al acto de demanda. Constituye pues un juicio netamente formal que se realiza ex ante a cualquier análisis sobre el fondo de la pretensión y está relacionado con el poder reconocido al Juez de sanear el proceso lo más pronto posible, para librarlo de impedimentos y óbices formales y facilitar el rápido y ordenado pasaje a las etapas vinculadas al mérito. En consecuencia, en este examen de admisibilidad el Juez deberá tener en cuenta, por ejemplo, si el conocimiento de la demanda que se le presenta es de su competencia o no; si la demanda se ajusta a las reglas previstas por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, una vez comprobada por el Juez la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de los requisitos formales, le corresponde efectuar un control de la proponibilidad o fundamento intrínseco de la acción tal como ha sido propuesta. A diferencia del control formal, el juicio de fundabilidad opera con elementos que corresponden al derecho material, con los preceptos sustanciales llamados a zanjar la litis en la sentencia definitiva.

Respecto de las condiciones de fundabilidad, el autor argentino Peyrano señala que "Presentada la demanda ante el Juez, éste deberá analizar (entre otras cosas) la proponibilidad objetiva de la pretensión y para ello deberá consultar el ordenamiento y comprobar "en abstracto" si la ley le concede la facultad de juzgar el caso. El mencionado autor refiere el rechazo in límine por "improponibilidad objetiva de la demanda", es decir, no ya por carencia de condiciones de procedibilidad, sino por evidente infundabilidad.

El concepto de "improponibilidad", fue postulado por Morello y Berizonce, en un trabajo llamado "improponibilidad objetiva de la demanda", en el que se estableció que le está permitido al Juez, fuera de los supuestos de inhabilidad formal de la demanda, disponer su repulsa in limine juzgando sin sustanciación acerca de su fundabilidad o merito, cuando el objeto perseguido (por la pretensión) esta excluido de plano por la ley, en cuanto esta impida explícitamente cualquier decisión al respecto, o la improcedencia derive de la no idoneidad, juzgada en abstracto, de los propios hechos en que se funda la demanda (causa petendi), los que no son aptos para una Sentencia favorable.

El rechazo in limine o ab initiode la demanda por falta de fundabilidad o por carecer de un interés tutelado por el ordenamiento, tiene como fundamento evitar un inútil dispendio de la función jurisdiccional, puesto que de admitirse el trámite de una demanda improponible y que así será sancionada al culminar el proceso, no sólo se atenta contra los principios de economía procesal y celeridad, sino que se activa y recarga inútilmente la labor de los órganos jurisdiccionales.

Ahora bien, corresponde precisar en qué situaciones resulta legítimo rechazar in limine una pretensión; es decir en qué casos el Juez debe ejercer la facultad de repulsar una demanda por infundabilidad o improponibilidad objetiva.

Al respecto, son varios los criterios de clasificación que adopta la doctrina, empero, diremos que en principio esa facultad comprende aquellas pretensiones en las que falta un interés susceptible de ser protegido, o demanda imposible; de la multiplicidad de relaciones subjetivas que se suceden en el tráfico jurídico no todas encuentran un amparo por el derecho, existen relaciones jurídicas que se crean al margen de la legalidad y que el ordenamiento las priva de tutela jurídica por estar en pugna con el orden público o ser contrarias a la ley.

En esta hipótesis cabe encuadrar los casos donde el objeto o la causa que conforma una determinada pretensión son ilícitos, o pugnan con la ley o las buenas costumbres o bien una pretensión que se dirige a algo material o jurídicamente imposible. Ejemplo, la pretensión de cobro de una deuda que resulte de un juego prohibido, supuesto expresamente previsto por el artículo 910-I del Código Civil; el pago que se demanda en cumplimiento de una obligación cuya prestación resulta ilegal o inmoral, ese sería el caso de un sicario que demanda el pago por un asesinato llevado a cabo, o de aquel que demanda el pago por la venta de sustancias prohibidas; la demanda de reivindicación de un bien que se encuentra fuera del comercio humano -jurídicamente imposible-. En estos supuestos, no hay un interés legítimo jurídicamente protegido, por ello no se justifica la tramitación completa de un proceso que se sabe infecundo, en cuanto necesariamente terminará con una Sentencia desfavorable para el demandante.

Ingresa, igualmente en esta primera clasificación aquellos supuestos en los que la pretensión recae sobre relaciones subjetivas que no poseen relevancia jurídica en la medida en que no se encuentran reguladas por el derecho, por tratarse, precisamente de cuestiones que carecen de contenido jurídico. Ejemplo, la pretensión dirigida a exigir el cumplimiento de una obligación de trato social.

El segundo supuesto en que el Juez puede ejercer la facultad de rechazar in limine una demanda, lo constituye aquellos casos en los que la ley excluye la posibilidad de tutela jurídica, o demanda objetivamente improponible; Quedan incluidos, dentro de esta posibilidad todos los casos de obligaciones naturales; además aquellos en los que la ley sustantiva excluye determinadas pretensiones jurídicas, es decir cuando nos encontramos frente a una pretensión inviable de inicio. Por ejemplo, la imposibilidad de demandar la lesión o vicios ocultos, respecto de una venta judicial, supuesto expresamente prohibido por el artículo 1481 del Código Civil; la inadmisibilidad de la acción de desconocimiento de paternidad intentada por el padre en el supuesto de concepción por fecundación artificial con autorización escrita del marido, previsto por el artículo 187 del Código de Familia; la anulabilidad relativa del matrimonio demandada por quienes no son cónyuges legitimados en los casos previstos por los artículos 84, 86, 88 del Código de Familia; la anulabilidad del contrato por incapacidad de una de las partes contratantes, cuando quien demanda dicha anulabilidad es la persona capaz que reclama la incapacidad del prohibido con quien contrató; la usucapión de bienes de propiedad municipal o del Estado, posibilidad expresamente prohibida por el artículo 131 de la Ley de Municipalidades; debiendo aclararse que en este caso, la improponibilidad se da cuando la pretensión de quien demanda la usucapión está expresamente orientada a usucapir un bien que sabe y reconoce que es de propiedad del Estado.

Finalmente, el Juez podrá ejercer la facultad de repulsar in limine una demanda cuando advierta objetivamente la falta de presupuestos de la pretensión; es decir, si los hechos expuestos por el actor no coinciden con el presupuesto de hecho contenido en la norma jurídica que fundamenta la pretensión; ese sería el caso, por ejemplo, de quien demanda usucapión extraordinaria alegando posesión por un tiempo menor el exigido por Ley. O cunado el actor deduce en su demanda pluralidad de pretensiones que resulten contrarias entre sí, salvo el caso de subsidiariedad; nos referimos por ejemplo al supuesto en el que el actor demande la nulidad y anulabilidad de un contrato, supuestos en los que en forma reiterada y uniforme la Corte Suprema se pronunció por la nulidad de la admisión de la demanda; en igual situación nos encontraríamos cuando el actor demande la resolución y al mismo tiempo el cumplimiento de un contrato, aspecto prohibido por el artículo 569-II del Código Civil.

Que, el reconocer al Juez la facultad -deber- de rechazar ad initio la demanda no pugna con el derecho a la tutela judicial efectiva, o derecho de acción; en efecto, si aceptamos que el derecho de acción o de tutela judicial efectiva, tiene como contenido esencial que la pretensión del justiciable sea atendida por un Tribunal y, que amerite un pronunciamiento debidamente motivado respecto a la pretensión deducida; el derecho a la tutela judicial se agotaría, en el acceso a la jurisdicción y en la dictación de una resolución motivada en derecho, es decir que, el poder del Juez de rechazar ab initio una demanda, no entra en pugna con el contenido del derecho de acción o de tutela judicial efectiva, puesto que el Juez atenderá y se pronunciará efectivamente y en forma motivada respecto a la pretensión del actor; en otras palabras, el actor promueve su pretensión, activando la función jurisdiccional del Estado, la que desemboca en una determinada, precisa y fundada decisión judicial, en consecuencia, se satisface íntegramente su derecho a la acción o tutela judicial.

CONSIDERANDO: Que, en el marco de lo expuesto precedentemente, de la revisión de obrados, se evidencia que el "thema decidendum" en la presente causa, constituye la declaración de fraude procesal en juicio coactivo que el Banco Unión S.A. siguió en contra de los actores Bernardo Siñani Cari y Tomasa Mejillones de Siñani y como consecuencia de ello: la nulidad de la Escritura Pública Nº 111 de 6 de enero de 2003, relativa a la adjudicación judicial de un bien inmueble urbano ubicado en la avenida Carlos Vega Nº 3056, zona "16 de julio" de la ciudad de El alto, que el Juez Segundo de Partido de la ciudad de Santa Cruz otorgó a favor del Banco Unión S.A., como consecuencia del referido proceso coactivo; la cancelación de su inscripción en Derechos Reales; la acción negatoria y la reivindicación del inmueble, más daños y perjuicios.

Que, como se evidencia de lo expuesto la pretensión de la parte actora radica en esencia, en la declaratoria de fraude procesal del juicio coactivo; siendo esa la pretensión principal, corresponde en principio efectuar las siguientes consideraciones de orden legal:

Toda Sentencia debe revestir un carácter irrevocable, por una parte, y por otra, la necesidad de mantener sus efectos, bajo el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada. Sin embargo, cuando la misma es el resultado de una colusión o fraude, la doctrina sostiene que no se puede cerrar el camino de su revisión.

Se entiende por fraude procesal, todo artificio, maquinación, ardid o engaño que la malicia humana puede introducir en el proceso, haciendo víctima del engaño al juzgador, con la finalidad de obtener dolosamente de éste, una Sentencia. Significa entonces, que ha lugar a la revisión del fallo cuando el juzgador ha pronunciado una Sentencia merced de artificios o engaños introducidos en el proceso y que de no haber mediado estas maquinaciones, el pronunciamiento haya sido diferente. Como anota Francisco Ramos Méndez en su tratado sobre Derecho Procesal Civil, tomo II, pág. 759, "la revisión afecta en definitiva a todo el proceso por el que se obtuvo una Sentencia firme, debido a motivos taxativos señalados por la ley que determinan la fraudulencia o novedad del proceso objeto de revisión".

En la legislación boliviana, el recurso de revisión extraordinaria de Sentencia previsto por el artículo 297 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, señala de manera taxativa los casos en los que procede, que no son otros que los enumerados en referido artículo. Así, el caso tercero prevé, que habrá lugar al recurso extraordinario de revisión de una Sentencia ejecutoriada en proceso ordinario, cuando se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o fraude procesal declarado en Sentencia ejecutoriada.

En otras palabras, la acción de declaración de "fraude procesal", prevista en el artículo 297-3) del Código de Procedimiento Civil, consiste en poner, mediante proceso ordinario, en evidencia una "conducta fraudulenta", "un engaño o mala fe" con que se ha actuado en un determinado proceso ordinario para conseguir una Sentencia favorable, con la finalidad de lograr se revise ésta mediante un expreso recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo competente.

En ese marco, se concluye que, el objeto del proceso de fraude procesal se circunscribe a determinar el fraude en virtud al cual el proceso ordinario cuestionado ha sido resuelto, siendo ajeno al fin que persigue esta acción, la consideración y pronunciamiento sobre la legalidad, ilegalidad, corrección o incorrección de las resoluciones dictadas en el proceso de conocimiento, como también ajeno resulta a ese fin la pretensión de anular, por esta vía, el proceso de conocimiento a que se refiera; toda vez que en nuestra economía jurídica no existe la figura de nulidad del proceso por fraude procesal, puesto que tal posibilidad de juicio está legislada bajo el denominativo de revisión extraordinaria de Sentencia que sólo procede para juicios ordinarios ejecutoriados en los cuales se hubieran logrado los fallos en mérito a fraude procesal, circunstancia que no es posible ni aplicable para los juicios ejecutivos, cuya modificación sólo procede a través de demanda en juicio ordinario, en el marco de lo previsto por el artículo 490 del código de Procedimiento Civil.

Que, atendiendo la naturaleza y la teleología de un proceso sobre "fraude procesal", queda claro entonces que a través de ese proceso lo que se pretende es obtener una Sentencia declarativa que viabilice la posterior revisión extraordinaria de la Sentencia ejecutoriada que hubo sido dictada en proceso ordinario; razón por la cual no es posible aplicar dicha previsión a la revisión de un proceso ejecutivo o coactivo, como se pretende en el caso sub lite, toda vez que el único medio a través del cual se puede revisar lo resuelto en esos procesos es por la vía ordinaria en el marco previsto por el artículo 490 del Código Adjetivo de la materia.

De lo expuesto se establece que la pretensión deducida por la parte actora -declaración de fraude procesal en juicio coactivo-, constituye una pretensión o demanda improponible, toda vez que la normativa legal no reconoce esa posibilidad para los juicios coactivos o ejecutivos y reserva esa declaración a fin de viabilizar una posterior revisión de Sentencia ejecutoriada únicamente para los procesos ordinarios. En otras palabra, la pretensión deducida por la parte actora resultaba ser inviable de inicio, por tratarse de una demanda improponible, aspecto que el Juez A quo, como director del proceso, en el marco del artículo 87 del Código de Procedimiento Civil, debió advertir ab initio, pues, estaba en la obligación de analizar la proponibilidad objetiva de la pretensión y para ello debió consultar el ordenamiento y comprobar "en abstracto" si la ley le concede la facultad de juzgar el caso.

Sin embargo, en el caso sub lite, el Tribunal Ad quem fundamentó su resolución de alzada en las consideraciones expuestas precedentemente, empero, en base a esas consideraciones revocó la Sentencia, cuando lo que le correspondía era declarar la nulidad de obrados, precisamente por haberse tramitado un proceso sobre la base de una pretensión improponible.

Por las razones expuestas se advierte que en el sub lite, en perjuicio de las partes y de la propia administración de justicia, se tramitó un proceso sobre la base de una demanda improponible, cuya pretensión es contraria al orden público y se encuentra fuera de la Ley; aspecto que no fue advertido por el Juez A quo ni por el Tribunal Ad quem; correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por los artículos 271- 3) y 275, con relación al artículo 252, todos del Adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ejerciendo la facultad conferida por el artículo 58 -1) de la Ley de Organización Judicial y aplicando lo dispuesto por los artículos 252 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fojas 216, inclusive, y dispone que el Juez A quo, emita nueva resolución, en estricta observancia de lo previsto por los artículos 3-1), 87 del Código de Procedimiento Civil y a los fundamentos expuestos en el presente Auto Supremo.

Sin responsabilidad por ser excusable el error.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Ángel Irusta Pérez

Fdo. Teófilo Tarquino Mújica

Proveído.- Amelia J. Mújica Santalla. Secretaria de Cámara de la Sala Civil

Libro Tomas de Razón 1/2010