S A L A C I V I L

Auto Supremo: Nº 44. Sucre: 9 de Febrero de 2011.

Expediente: Nº 122 - 06 - A.

Partes: Adela Salvatierra viuda de Vargas c/ Banco Nacional de Bolivia S.A

Distrito: Santa Cruz.

Ministro Relator: Dr. Ángel Irusta Pérez.


VISTOS:El recurso de casación en el fondo de fojas 336 a 337, Interpuesto por Adela Salvatierra viuda de Vargas, contra el Auto de Vista Nº 278/2006, de fojas 332 y vuelta, pronunciado el 9 de junio de 2006, por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre anulabilidad de Escrituras Públicas, seguido por la recurrente, contra el Banco Nacional de Bolivia S.A.; la respuesta de fojas 339 a 342 vuelta; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO: Que, el Juez Tercero de Partido en lo Civil de la ciudad de Santa Cruz, pronunció el Auto de 23 de septiembre de 2005 de fojas 297 y vuelta, en atención a lo dispuesto por el artículo 380 del Código de Familia, y tomando en cuenta que la anulabilidad que se pretende depende esencialmente de la definición del carácter ganancialicio de los bienes que habrían sido dados en garantía por el que en vida fue el esposo de la actora, anuló obrados hasta fojas 48 inclusive y dispuso el archivo de obrados, salvando a las partes a la vía legal competente.

Contra esa resolución, la parte actora interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, el 9 de junio de 2006, pronunció el Auto de Vista Nº 278/2006 de fojas 332 y vuelta, confirmando la resolución impugnada. Con costas.

Resolución de alzada recurrida en casación el fondo por la demandante.

CONSIDERANDO: Que, la recurrente, Adela Salvatierra viuda de Vargas, señaló que el Juez de primera instancia era competente para conocer la presente causa sobre anulabilidad, que no tiene "nada que ver" con el Código de Familia, por no tratarse de una situación familiar. Manifestó que en el presente caso se presentó el Cerificado de Matrimonio celebrado entre la actora y Enrique Vargas Padilla, se probó la fecha de la adquisición de los bienes y, la fecha de transferencia de los mismos, sin que hubiere mediado su consentimiento, razón por la cual no habría nada que dependa de la jurisdicción familiar, como erróneamente sostuvieron los Tribunales de instancia. Por las razones expuestas acusó que el Auto de Vista recurrido violó lo dispuesto por los artículos 134-2) de la Ley de Organización Judicial y 90 del Código de Procedimiento Civil; por lo que solicitó se case la Resolución recurrida y se disponga que el Juez de primera instancia continúe conociendo el presente caso.

CONSIDERANDO: Que, por determinación del artículo 25 de la Ley de Organización Judicial, la jurisdicción es de orden público, indelegable y sólo emana de la ley y en concordancia con ello, el artículo 30 de la citada norma sanciona con nulidad los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley.

La jurisdicción familiar, especial por su naturaleza, contenido y alcances de las relaciones de familia y todos los asuntos concernientes con ella, se regula en forma especial por el Código de Familia, así se establece de lo previsto por los artículos 1 al 6, 366, 380 y siguientes del precitado Código.

De igual manera, al ser la competencia de orden público, sus reglas de aplicación, deben observarse y cumplirse obligatoriamente y deben ser revisadas aún de oficio.

En ese marco, en el caso sub lite, de la revisión de los obrados, en función al recurso interpuesto, se evidencia que la presente causa se inició por parte de la actora Adela Salvatierra viuda de Vargas, quien, en su memorial de demanda de fojas 36 a 40, aclarada a fojas 47 y vuelta, señaló que dentro de su relación matrimonial con Enrique Vargas Padilla, adquirieron varios bienes inmuebles que se encontrarían sujetos al régimen de la comunidad de gananciales, los mismos que los detalla en los puntos 1 a 4 y, que al tener la calidad de bienes ganancialicios, conforme dispone el artículo 116 del Código de Familia, no pudieron ser gravados en forma unilateral por su cónyuge, como en los hechos aconteció con la suscripción de los contratos de préstamo de dinero con garantía hipotecaria que su esposo hubo suscrito con el Banco Nacional de Bolivia S.A., constituyendo sobre dichos bienes garantía hipotecaria sin el consentimiento de la actora.

Con estos antecedentes demanda la anulabilidad de dichos contratos y el levantamiento de las hipotecas sobre el 50% de los derechos y acciones que le corresponden sobre los bienes descritos en la demanda.

Que, por lo expuesto, es evidente que la anulabilidad demandada, depende esencialmente de la definición del carácter ganancialicio de los bienes gravados que alega la actora, consiguientemente, es de aplicación lo previsto por el artículo 380 del Código de Familia, que de manera categórica señala que en caso de plantearse una cuestión civil que dependa de otra familiar, será competente para conocer de ella el Juez de Familia; norma legal concordante con el artículo 369 del citado Código de Familia, que señala que son nulos los actos de los jueces y autoridades que usurpan funciones que competen privativamente a la jurisdicción familiar. Ello independientemente de si la relación matrimonial aducida por la actora, así como la adquisición de bienes dentro de esa relación estén o no suficientemente demostrados, como sugiere la recurrente, pues esos aspectos deberán ser analizados y valorados oportunamente por el Juez competente a tiempo de emitir Sentencia.

En consecuencia al haber reparado, el Juez A quo, de oficio, en su propia incompetencia y el Tribunal Ad quem, confirmado esa determinación, han aplicado correctamente las normas que regulan la competencia y que se encuentran previstas por los artículos 25, 26, 27, 29 y 30 de la Ley de Organización Judicial y 90-I del Código de Procedimiento Civil, así como del artículo 380 del Código de Familia, sin infringir ninguna norma de orden público, resguardando, por el contrario, el debido proceso.

Por las razones expuestas, corresponde fallar en la forma prevista por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo corresponde aclarar que, si el Juez A quo reparó en su incompetencia, como consecuencia de ello, no debió ordenar el archivo de obrados, sino la remisión de obrados ante el Juez que considere competente. Aclaración que debe ser observada por el Juez A quo.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejerciendo la facultad conferida por el artículo 58.1) de la Ley de Organización Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fojas 336 a 337, interpuesto por Adela Salvatierra viuda de Vargas. Con costas.

Se regula honorario de abogado en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el Juez A quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Ángel Irusta Pérez

Fdo. Teófilo Tarquino Mújica

Proveído.- Amelia J. Mújica Santalla. Secretaria de Cámara de la Sala Civil

Libro Tomas de Razón 1/2010