S A L A C I V I L

Auto Supremo: Nº 23 Sucre: 24 de Enero de 2011.

Expediente: Nº 239 - 06 - S.

Partes: Martha Ocampo Lema de Calderón c/ Banco Económico S.A

Distrito: La Paz.

Ministro Relator: Dr. Teófilo Tarquino Mújica.


VISTOS:El recurso de casación de fojas 541 a 543 vuelta, planteado por Rogelio Delfín Valdez, en representación legal del Banco Económico S.A., contra el Auto de Vista Nº S - 196/2006 de 12 de mayo, cursante de fojas 536 a 537, dictado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario de nulidad de poder y escritura pública, interpuesto por Martha Ocampo Lema de Calderón, contra la entidad recurrente, Empresa Salvador Servicios Internacionales, Mario Molina Herrera y Sonia Salas de Augusten; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO: Que, tramitada la causa, el Juez Décimo Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, declaró improbada la demanda de fojas 1 - 4, 133 y 167 y probada la demanda reconvencional deducida por el Banco Económico SA de fojas 171, 183, calificándose los daños y perjuicios ocasionados por la actora a la entidad financiera en la suma de $us. 3.500 (Tres mil quinientos cincuenta dólares norteamericanos) debiendo cancelar Martha Ocampo Lema de Calderón, dicho monto en el tercer día de ejecutoriada la presente Sentencia, sin costas.

En grado de apelación, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, anuló obrados hasta fojas 259, con responsabilidad para el Juez A quo, considerando haberse incurrido en errores de procedimiento.

Que, contra el fallo de segunda instancia, la entidad demandada Banco Económico S.A., a través de su representante legal, por memorial de fojas 541 a 543 vuelta, interpone recurso de casación en el fondo y en la forma: En su recurso de casación en el fondo, acusa haberse aplicado incorrectamente el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, debido a que no se puede ingresar a una nulidad que no esta prevista expresamente en la norma; por otra parte señala que el Auto de Vista inobservó la previsión establecida en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, al haberse emitido una resolución ultra petita e incongruente en relación al recurso de apelación planteado; Señala también que el Auto de Vista viola lo dispuesto por el artículo 251 del Código Adjetivo Civil, al anular obrados sin que exista una norma que respalde dicha decisión; Manifiesta que, se ha vulnerado los principios del debido proceso, seguridad jurídica, economía procesal y de legalidad, al anularse obrados por aspectos procesales que nunca fueron observados por las partes y por lo tanto si hubiere algún error de procedimiento este ha sido convalidado por el consentimiento. En el recurso de casación en la forma, acusa al Auto de Vista de haber violado el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, al no haberse circunscrito a los puntos resueltos por el inferior y que fueron motivo de apelación y fundamentación de la parte que sufrió el agravio; Señala que, no se puede anular obrados extrañando actuados procesales que cursan en obrados como es la resolución que resuelve la excepción de impersonería planteada por la demandada Sonia Salas de Augusten, finalmente solicita se case el Auto de Vista recurrido con costas en todas las instancias y deliberando en el fondo mantenga subsistente la Sentencia dictada por el Juez A quo.

CONSIDERANDO:Que, así expuestos los fundamentos del recurso, se advierte la falta de una adecuada técnica jurídica para la interposición del mismo, por los siguientes aspectos:

En cuanto al recurso de casación en el fondo: La uniforme jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo a establecido que cuando se plantea un recurso de casación en el fondo, lo que se pretende, es dejar sin efecto un Auto de Vista o Sentencia dictada con infracción de la ley sustantiva o haberse incurrido en errores de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, es decir se analiza la existencia de errores in judicando en la tramitación del proceso y de ser así, da lugar a que el Tribunal Supremo resuelva el litigio en lo principal, aplicando las leyes conculcadas. En el caso sub lite, las acusaciones vertidas son irrevisables a través de este medio extraordinario de impugnación, toda vez que, el Auto de Vista impugnado es de carácter anulatorio por la existencia de errores in procedendo en la tramitación del proceso, lo que implica la inexistencia de materia decidendum, que permita en esencia, el conocimiento y resolución de la acción extraordinaria en el fondo planteada, es decir, que no se pueden analizar aspectos relativos a los errores esenciales en la tramitación del proceso a través del recurso de casación en el fondo, por cuanto este aspecto constituye materia del recurso de casación en la forma.

En cuanto al recurso de casación en la forma, si bien en el mismo se denuncia violación a las formas esenciales del proceso que hacen a la nulidad de obrados, sin embargo la entidad recurrente de manera contradictoria en su petitorio final solicita se case el Auto de Vista recurrido.

No obstante, haciendo abstracción del incorrecto planteamiento de la presente acción extraordinaria, éste Tribunal Supremo, con la facultad conferida por la norma del artículo 15 de la Ley de Organización Judicial de 18 de febrero de 1993, considera pertinente analizar la resolución de segunda instancia a efectos de determinar si la anulación de obrados, ahí dispuesta, se encuadra o no a derecho.

El Tribunal Ad quem, anuló obrados argumentando que en la Sentencia de primera instancia, se incurrieron en errores de procedimiento a saber: No se notificó a todas las partes con la ampliatoria de demanda; No se hubiere resuelto la excepción previa de impersonería planteada por la demandada Sonia Salas, de fojas 166; los demandados Mario Molina Herrera y la Empresa Salvador Servicios Internacionales, al no haber contestado la demanda en el termino establecido no fueron declarados rebeldes; al respecto se tiene:

De la revisión de antecedentes, en cuanto a la falta de notificación con la ampliatoria de demanda a los demandados Banco Económico S.A., Sonia Salas de Augusten y Mario Molina Herrera, si bien esta omisión resulta evidente, la misma no ha generado ningún perjuicio a los demandados aludidos, debido a que la ampliatoria de la demanda no contempla una pretensión distinta a la demanda original, sino que simplemente se refiere a incluir dentro de la demanda a la empresa Salvador Servicios Internacionales, la cual fue debidamente notificada.

Por otro lado, en cuanto al argumento de que el Juez A quo no se hubiere pronunciado sobre la excepción de impersonería interpuesta por la codemandada Sonia Salas de Augusten de fojas 166, esto no resulta evidente tomando en cuenta que la resolución extrañada que resuelve la excepción planteada cursa de fojas 389 de obrados.

Finalmente, en cuanto a la falta de declaratoria de rebeldía de los demandados Mario Molina Herrera y Empresa Salvador Servicios Internacionales; el artículo 68 del Código de Procedimiento Civil, establece." La parte con domicilio conocido que siendo debidamente citada no compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el juicio después de haber comparecido, será declarada rebelde a pedido de la otra o de oficio...sic". Bajo este contexto legal, en el caso de Autos, si bien es cierto que tanto el codemandado Mario Molina Herrera y la Empresa Salvador Servicios Internacionales representada por la codemandada Sonia Salas de Augusten, pese a su legal citación no responden a la demanda en el tiempo establecido por ley, sino que lo hacen de forma posterior, este aspecto no puede servir como causal de nulidad, porque los mismos por memoriales de fojas 203 y 369 han comparecido al proceso sin que hasta ese momento hayan sido declarados rebeldes, lo que impedía su declaratoria de rebeldía, en consideración de que el espíritu de esta figura jurídica no es tanto la falta de una respuesta a la demanda planteada, sino la falta de comparencia del demandado citado legalmente en su domicilio conocido; mas aún, si la parte contraria a quien debiera afectar esta omisión no ha efectuado observación alguna al respecto y tal situación no está prevista como causal de nulidad, como determinó el Tribunal de alzada.

En ese contexto, considerando que la línea jurisprudencial establecida por este Tribunal sobre las nulidades procesales, estableció que entre otros principios, rigen los de especificidad, en virtud del cuál ningún trámite será declarado nulo, si la nulidad no estuviere determinada previamente en la ley. Asimismo, debe considerarse el principio de trascendencia, que determina que no hay nulidad sin perjuicio, lo que significa que para dar lugar a la nulidad es preciso que la infracción haya ocasionado algún daño; y, finalmente, en lo que nos interesa debemos hacer alusión al principio de convalidación, por el cual, toda violación de forma, que no sea reclamada oportunamente por quien se sienta perjudicado, se considera convalidada con el consentimiento tácito, entendiéndose en consecuencia, que la falta de alguna diligencia o trámite declarado esencial, debe reclamarse por la parte perjudicada dentro la tramitación del proceso en la instancia respectiva. En este contexto, el Ad quem no consideró que el órgano de apelación sólo debe resolver conforme a la expresión de agravios o perjuicios que la Sentencia o resolución ha causado al apelante y no puede conocer aspectos fuera de los puntos recurridos u omitir pronunciamiento sobre alguno de ellos, tomando en cuenta que, la competencia de los tribunales de alzada se encuentra limitada por la extensión de los recursos concedidos y la trasgresión de tales límites, comporta agravio de las garantías constitucionales de la defensa en juicio, por eso, el órgano de apelación tiene una doble limitación: la que resulta de la relación procesal y la que el apelante le haya querido imponer en el recurso, conforme determina el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil. Dicho de otro modo, los principios de pertinencia y congruencia previstos en la norma citada con relación al artículo 227 del Código Adjetivo de la materia, fijan el marco jurisdiccional dentro del cual debe recaer la resolución del Juez o Tribunal de segunda instancia, es decir, circunscribirla a lo resuelto por el Juez en la resolución respectiva y a los puntos objeto de la expresión de agravios, sin que pueda sustraerse del pronunciamiento de alguno de los puntos apelados, o, referirse y basar su resolución de vista en aspectos no incoados en el recurso de apelación.

En consecuencia, por los argumentos expuestos, concluimos que el Tribunal Ad quem, al haberse indebidamente sustraído de la obligación de pronunciarse en el fondo sobre los aspectos formulados en la apelación, ha desconocido su propia competencia, de ahí que es necesario que el Tribunal de Casación, con la facultad conferida por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, ejercite su potestad fiscalizadora y recause el procedimiento, resolviendo el recurso en la forma dispuesta por los artículos 254 - 4) 252, 271 - 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en uso de la atribución que le asigna el articulo 58 - 1) de la Ley de Organización Judicial de 18 de febrero de 1993, ANULA el Auto de Vista recurrido y dispone que el Tribunal ad quem pronuncie otro dentro de los marcos de competencia previsto por el artículo 236 del Código Adjetivo Civil. Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Teófilo Tarquino Mújica

Fdo. Ángel Irusta Pérez

Proveído.- Amelia J. Mújica Santalla. Secretaria de Cámara de la Sala Civil

Libro Tomas de Razón 1/2010