S A L A C I V I L

Auto Supremo: Nº 9. Sucre: 15 de Enero de 2011.

Expediente: Nº 15 - 08 - S.

Partes: Marco Antonio Goitia Brun c/ Lorna Sofia Cartagena Lagrava

Distrito: Oruro.

Ministro Relator: Dr. Ángel Irusta Pérez.


VISTOS: El recurso de casación de fojas 138 a 139 vuelta, interpuesto por Lorna Sofia Cartagena Lagrava, contra el Auto de Vista Nº 028/2008 de 29 de febrero, cursante de fojas 134 a 135 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso ordinario de divorcio, seguido por Marco Antonio Goitia Brun, contra la recurrente; el Auto de concesión del recurso de fojas 146, los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO: Que, tramitada la causa, el Juez Tercero de Partido de Familia de la ciudad de Oruro emitió la Sentencia Nº 79/2007 de 4 de octubre del 2007, cursante de fojas 112 a 113, por la que declaró: 1. Con lugar y probada la demanda principal de divorcio de fojas 5 a 5 vuelta, 2. Disuelto el vínculo matrimonial que une a los esposos Marco Antonio Goitia Brun y Lorna Sofía Cartagena Lagrava por culpa de ambos esposos, 3. Dispuso que la hija menor de edad Nicole Brenda Goitia Cartagena, permanezca bajo el cuidado del padre Sr. Marco Antonio Goitia Brun, en relación a las visitas debe mantenerse conforme a lo dispuesto de fojas 108 a 108 vuelta. 4. En ejecución de Sentencia procédase a la cancelación de la Partida de Matrimonio Nº 23, en la O.R.C. Nº 266, Libro Nº 1-94, Folio Nº 23, celebrado en la ciudad de Oruro, con fecha de Partida 19 de agosto de 1994, en relación a los bienes gananciales, deberán las partes cumplir conforme lo acordado en la Capitulación Matrimonial de fojas 9 a 10 y homologado por Auto de fojas 15 vuelta.

Apelada la Sentencia por María Loza Aliaga en representación de Lorna Sofía Cartagena Lagrava, la Sala Civil Segunda de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, mediante Auto de Vista Nº 028/2008 de 29 de febrero del 2008, cursante de fojas 134 a 135 vuelta, confirma la Sentencia de fojas 112 a 113 de obrados, con costas.

Esta resolución dio lugar al recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesta por parte demandada Lorna Sofía Cartagena Lagrava, que se analiza. En la forma acusa: la violación del artículo 192 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, porque no existiría la evaluación fundamentada de la prueba, asimismo acusa la vulneración del artículo 192 num. 3) por no exponer los hechos, ni realizar la fundamentación y citar las normas que sustentan la parte dispositiva. En el fondo, denuncia la vulneración del artículo 1330 del Código Civil, puesto que si bien se admitió la prueba testifical, no existiría la apreciación de sus declaraciones para la eficacia probatoria. Alega también la violación del artículo 476 del Código de Procedimiento Civil, por no haber apreciado las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones de los testigos. Como fundamento adicional, afirma que existe equivocación manifiesta del juzgador, por mencionar que su persona habría adjuntado el documento de división y partición de bienes, siendo que el documento que se presentó fue el de Capitulación Matrimonial, por lo que existiría equivocación manifiesta del juzgador.

Concluye el recurso solicitando, que se conceda el recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que se case el Auto de Vista y se declaré improbada la demanda, ante la inexistencia de pruebas y en su caso se anulen obrados hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO:Que, en función a los fundamentos expuestos, corresponde analizar la impugnación, al respecto se tiene:

Con relación al recurso de casación en la forma: De acuerdo a nuestra economía jurídica, la finalidad del recurso de casación en la forma se dirige a invalidar una resolución o el proceso dentro del que se ha dictado aquella, cuando hubiere sido pronunciada o sustanciado con violación de las formas esenciales establecidas por ley. En ese marco, es preciso señalar que un acto jurídico es nulo cuando la ley le priva de los efectos que regularmente debía producir y, de acuerdo con la doctrina, la nulidad consiste en apartarse de ese conjunto de formas necesarias establecidas por ley, además de tener en cuenta los principios esenciales de especificidad o legalidad (no hay nulidad sin ley específica que la establezca), el principio de la finalidad del acto, en razón del cual el acto es legítimo si ha sido actuado de un modo apto para el logro de la finalidad a que estaba destinado, y el principio de trascendencia, plasmado en la máxima "pas de nullite sans grief" (no hay nulidad sin perjuicio), en cuya virtud no es dable admitir la declaración de la nulidad por la nulidad misma, por ello el litigante que invoca el vicio formal debe probar que el mismo le acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad; de igual modo, para la viabilidad de declaración de nulidad, es menester que la omisión o el acto defectuoso no haya sido convalidado expresa o tácitamente, puesto que los actos viciados o supuestamente viciados se consolidan si no se los ataca en tiempo hábil, precluyendo el derecho a solicitar la nulidad del procedimiento por no haber activado oportunamente ese derecho, principio que halla su respaldo legal en la norma del artículo 258 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, que determina que en el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores, salvo los casos que interesaren al orden público para los efectos del artículo 252 del Adjetivo Civil.

En la especie, luego de la revisión integral de los antecedentes de la causa, se concluye que no existen vicios procesales que den lugar a la anulación de la causa como solicita la recurrente, habida cuenta que la evaluación fundamentada de la prueba, supuestamente por no exponer los hechos, ni realizar la fundamentación y no citar las normas que sustentan la parte dispositiva, que extraña la recurrente, respecto a los artículos. 192 num. 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, resultan no ser evidentes, pues el Tribunal de instancia realizó una consideración armónica del contenido de toda la sentencia, que consta en el segundo y tercer considerando de dicha resolución, lo que sustenta en definitiva la decisión asumida por el A quo, sin que haya lugar a dudas sobre los derechos establecidos en función de la acción. Si bien es cierto que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que constituye una garantía de legalidad procesal, en la especie -de la lectura de la Sentencia de primera instancia- se aprecia la exposición de los hechos, la cita de normas y la asunción de decisiones positivas, claras y concretas, emergentes de la compulsa del elenco probatorio, sobre los aspectos demandados en los Tribunales de grado, constituyendo una decisión de derecho y no de hecho cuyos alcances y efectos son claramente comprensibles y motivados, al contener las formas establecidas por ley en cuanto a la estructura de las resoluciones judiciales, no evidenciándose vulneración de los num. 2) y 3) del art. 192 del Código de Procedimiento Civil, alegados por la recurrente, por lo que el recurso deviene en infundado.

Con relación al recurso de casación en el fondo: Es oportuno destacar que, el recurso de casación en cualquiera de sus formas previstas (de fondo o de forma), para su procedencia y atención por el Tribunal competente, exige el cumplimiento de requisitos extrínsecos e intrínsecos, sin cuya concurrencia el recurso no es susceptible de análisis, consideración y decisión. Entre los intrínsecos, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa y están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador, por expresa determinación del artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, cuando indica que, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la Sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación a los recurrentes de especificar en que consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente ó cual la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres ordinales.

En el caso de Autos, la recurrente con total desconocimiento de la técnica recursiva que hace a este recurso extraordinario, acusa la violación del artículo 476 del Código de Procedimiento Civil, norma adjetiva, sin tomar en cuenta, que de acuerdo a la uniforme jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha establecido que, la existencia de errores "in procedendo" no pueden ser analizadas ni resueltas a través del recurso de casación en el fondo, cuya materia de estudio constituyen los errores "in judicando", o viceversa, obviando la naturaleza jurídica y el fin por el que han sido instituidas ambas demandas de puro derecho.

Tampoco es evidente la infracción del artículo 1330 del Código Civil, que determina que la prueba testifical se la debe apreciar considerando la credibilidad personal de los testigos, la circunstancias y la ética probatoria suficiente que de sus declaraciones sobre los hechos pueda resultar, pues la recurrente no demostró cuáles son los elementos de convicción que desacreditan la credibilidad de los testigos, respecto de los cuales, pudo interponer la tacha respectiva, ni tampoco demostró que el Tribunal de apelación incurrió en errores de hecho o, en su caso, en errores de derecho en la valoración de la prueba, entre ellas la testifical, concluyéndose que no existe mérito para modificar la resolución de vista impugnada por lo inconsistente de las denuncias formuladas en el recurso de casación que se resuelve; sin embargo, sólo para dejar claros algunos de los aspectos legales mencionados por la recurrente en el recurso de casación en el fondo, cabe hacer las siguiente puntualización:si bien es cierto que el juzgador menciona que la demandada adjunta un documento de división y partición, cuando en realidad es una Capitulación Matrimonial, que la recurrente de manera reiterada expresa en su recurso, cabe señalar que este hecho no es "thema decidendum substancial", que sin embargo de la revisión del mismo, la división y partición se hace evidente en el documento de Capitulación en su cláusula segunda inc. c) que cursa de fojas 9 a 10, como claramente admite la propia demandada en su recurso. En ese orden, este Tribunal concluye que las decisiones asumidas por los Tribunales de instancia están acordes a los datos del proceso, existiendo correspondencia con la prueba aportada sin que sea evidente la vulneración del artículo 1330 del Código Civil.

Consiguientemente, en base a los fundamentos expuestos y no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en la forma y en el fondo que se resuelve, corresponde resolver el recurso en la forma establecida por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad contenida en el num. 1) del art. 58 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Lorna Sofía Cartagena Lagrava, de fojas 138 a 139 vuelta de obrados, con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado, en la suma de Bs. 500.- que mandará pagar el Tribunal A quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Ángel Irusta Pérez

Fdo. Teófilo Tarquino Mújica

Proveído.- Amelia J. Mújica Santalla. Secretaria de Cámara de la Sala Civil

Libro Tomas de Razón 1/2010