S A L A C I V I L

Auto Supremo: Nº 433 Sucre: 9 de Diciembre de 2010.

Expediente: Nº 29 - 06 - S.

Partes: Rosendo Escalante Salgado c/ Gregorio Cruz Suárez

Distrito: Tarija.

Ministro Relator: Dr. Teófilo Tarquino Mújica.


VISTOS: Los recursos de casación de fojas 811 a 813, 817 a 819 vuelta, 827 a 830 vuelta, 839 a 842 vuelta, interpuestos por Rubén Mario Pantoja Méndez, Hans Peter Byren Johansson, Berit Evelyn Rose Marie Swattn, Ermeregildo Segovia Fernández, Sonia Aguilar de Ruiz, Renán Justiniano V. en representación de Martha Chávez y Roberto Cruz, Berta Valdez de Muñoz en representación de Bernardo Muñoz Vargas y Marina Baldiviezo de Narváez en representación de Miguel Narváez, contra el Auto de Vista Nº 51/2006 de 14 de junio, cursante de fojas 805 a 808 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Respetable Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, en el ordinario sobre nulidad de documentos, seguido por Luís Portillo Martínez, en representación de Rosendo Escalante Salgado, en contra de Gregorio Cruz Suárez y los recurrentes, las respuestas de fojas 839 a 842 vuelta, 859 a 865 vuelta, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO: Que, tramitada la causa, el Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Tarija, dictó la Sentencia de 3 de noviembre del 2005, cursante de fojas 642 a 649, declarando probada en parte la demanda de fojas 272 a 278 y nulo el documento de reconocimiento de derechos de fojas 50 a 53, y sin lugar a la nulidad en cuanto al documento privado de fojas 72 a 73.

En apelación deducida por ambas partes, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, pronunció el Auto de Vista Nº 51/2006 de 14 de junio, cursante de fojas 805 a 808 vuelta, confirmando totalmente la resolución apelada, sin costas por ser ambas partes apelantes.

Esta resolución dio lugar al planteamiento de los recursos de casación en los términos contenidos en los memoriales de fojas 811 a 813, 817 a 819 vueltas, 827 a 830 vuelta, 839 a 842 vuelta.

CONSIDERANDO: Que, el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, otorga al Tribunal Supremo la facultad de fiscalizar los procesos que llegan a su conocimiento, a objeto de verificar si en ellos se guardaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél, disposición legal que guarda relación con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, que impone el carácter de orden público a las normas procesales, de ahí su obligatorio cumplimiento, y en caso de infracción, se sancione con nulidad en función a lo previsto por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO: Que, una de las reglas del debido proceso descansa precisamente, en el hecho de que el órgano jurisdiccional observe el tramite legal correspondiente para dar respuesta a toda petición o pretensión formulada en el proceso, dándole la oportunidad al peticionante de conocer los resultados de su pretensión y formular los recursos que la misma ley le reserva si acaso considera conveniente; obrar en sentido contrario significaría vulnerar el derecho a la defensa en juicio y la seguridad jurídica. Dentro del marco de lo referido, en el caso de Autos, el demandado Rubén Mario Pantoja Méndez, en segunda instancia y con la adhesión posterior de los codemandados, mediante memorial cursante de fojas 752 a 753 vuelta, plantea nulidad de obrados con reposición hasta la demanda inclusive, al considerar que el demandante no es el titular beneficiario con la dotación del terreno objeto del proceso, petitorio que conjuntamente la prueba presentada, mediante decreto de fojas 754 es corrido en traslado a la parte contraria, es decir que, el Tribunal de alzada pese haber dictado el decreto de "Autos" cursante a fojas 131 a través del cual cerraba toda discusión en lo principal o accesorio, así como la presentación de medios probatorios, ha aceptado dar respuesta mediante el tramite correspondiente a la nulidad plateada, sin embargo de ello, el Tribunal de alzada soslayando la potestad judicial que le otorga el artículo 1 - I y II del Código de Procedimiento Civil, no ha emitido pronunciamiento sobre el fondo del incidente planteado y menos ha observado el tramite previsto por el artículo 149 y siguientes del Código Adjetivo Civil, al no haber dictado resolución una vez transcurrido el plazo para la contestación o transcurrido el plazo probatorio si existían cuestiones de hecho a probar en observancia de los artículos 152 y 154 del Código Adjetivo referido. Nada de esto hizo el Tribunal Ad quem como era su obligación legal, por el contrario de forma irregular y pese a estar admitido el incidente planteado, en el considerando V del Auto de Vista recurrido, estableció que la solicitud de nulidad no podía ser atendida debido a que no se la planteo a tiempo de contestar a la demanda oponiendo el medio de defensa idóneo, por lo que considero precluido su derecho, aclarando además de ser ciertos los hechos denunciados, a los demandados les queda la vía de la revisión extraordinaria de sentencia en base a la causal establecida en el artículo 297 - 3) del Código de Procedimiento Civil. Este pronunciamiento, al margen de ser confuso, no contener una respuesta sobre el fondo del asunto planteado y apartarse del tramite establecido para resolver los incidentes planteados, resulta ser un atentado a la seguridad jurídica al que tienen derecho los litigantes, al no tomar en cuenta que, si bien por disposición del artículo 336 del Código de Procedimiento Civil, la parte demandada dentro del plazo señalado por ley tiene la posibilidad de oponer como medios de defensa las excepciones señaladas en dicha normativa entre las cuales se encuentra aquella que ataca la personería del demandante, no es menos cierto, que ante la posibilidad de la existencia de nulidades intrínsecas provenientes de un supuesto fraude procesal, u otro defecto procesal oculto o sobreviviente en segunda instancia, la parte afectada puede incoar una pretensión nulificante en el escrito inmediatamente próximo en que se toma conocimiento de la nulidad; al no haber un plazo prefijado o determinado, o en la primera oportunidad que tuviera el interesado para hacerlo, "debiendo el Tribunal de alzada resolverlas de plano u oyendo a la otra parte". Ello significa que, el Tribunal Ad quem ante la presentación del incidente planteado podía en observancia del artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 151 del mismo cuerpo de leyes, correr o no traslado de la nulidad, o rechazarlo ab initio. En el caso presente, al haber el Tribunal de apelación optado por el traslado ha dejado implícitamente sin efecto el decreto de "Autos", por lo tanto se obligó a pronunciar resolución sobre el incidente planteado una vez cumplidos los tramites correspondientes y con carácter previo a la resolución de vista que resuelva la apelación planteada, no haberlo hecho de esta forma, a dado lugar a los recursos de casación en la forma planteados, en los cuales el argumento principal esta relacionado al incidente de nulidad de obrados, cuando procedimentalmente no es admisible la impugnación extraordinaria para las resoluciones que resuelven incidentes, al no encontrarse entre los casos señalados por el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil. Por lo referido, este Tribunal Supremo encuentra que el Auto de Vista impugnado, no ha dado respuesta efectiva a la pretensión incidental de nulidad planteada de fojas 752 a 753 vuelta, mediante el tramite legal contenido en el artículo 149 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, vulnerando las normas de orden público y cumplimiento obligatorio establecidas en los artículos 90 y 252 del mismo Código adjetivo de leyes, por lo que corresponde resolver aplicando los artículos 271 inc. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, siendo para ello, innecesario analizar los fundamentos de los recursos de casación formulados.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad que le confieren los art. 15 y 58 numeral 1) de la Ley de Organización Judicial de 18 de febrero de 1993, ANULA obrados con reposición hasta el vicio mas antiguo que se ubica en el decreto de fojas 772 vuelta inclusive, para que el Tribunal Ad quem regularice el procedimiento, conforme a ley. Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Ángel Irusta Pérez

Fdo. Teófilo Tarquino Mújica

Proveído.- Amelia J. Mújica Santalla. Secretaria de Cámara de la Sala Civil

Libro Tomas de Razón 2/2010