S A L A C I V I L

Auto Supremo: Nº 383. Sucre: 8 de Noviembre de 2010.

Expediente: Nº 50 - 10 - S.

Partes: Comunidad Yunguyo c/ Prefectura de La Paz

Distrito:La Paz.

Ministro Relator: Dr. Ángel Irusta Pérez.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 184 a 186, presentado por Carlos Gómez Mendoza y Alberto Gómez Tapia, impugnando el Auto de Vista Nº 483/03 de 20 de Noviembre de 2003 cursante de fs. 181 y vlta., emitido por Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario de Mejor Derecho Propietario y negación de transferencia, seguido por la "Comunidad Yunguyo", contra la Prefectura de La Paz, el Auto de concesión del recurso, los antecedentes de la materia; y:

CONSIDERANDO: Que, en tramitación del referido proceso ordinario, el Juez de Partido Segundo en lo Civil Comercial de la ciudad de La Paz, emitió Sentencia No. 134/03 de 5 de mayo de 2003, cursante de fs. 141 a 142 vlta., declarando improbada la demanda de fs. 46 a 47, con costas, remitiéndose obrados en consulta ante el superior en grado, sin perjuicio de la apelación que pudieran interponer las partes.

Promovida la apelación por los actores, la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior del Distrito de La Paz, mediante el Auto de Vista 483/03 emitido el 20 de noviembre de 2003, confirma la Sentencia Nº 134/03 de 5 de mayo de 2003, cursante de fs. 141 a 142 vlta., con costas.

Esta decisión motivó la interposición del recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 184 a 186, impugnando el Auto de Vista mencionado supra, con los argumentos allí expuestos.

CONSIDERANDO: Que, en ejercicio de la facultad conferida por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, cual es el de revisar de oficio, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la correcta tramitación y conclusión de los procesos, ello con el propósito que las resoluciones que contengan, sean útiles en derecho y garanticen la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel, para en su defecto anular de oficio todo proceso en el que se encuentren infracciones que interesen al orden público, en aplicación de los arts. 252 y 90 del Código de Procedimiento Civil; se establece:

Que, el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, recogiendo los principios de motivación, exhaustividad y congruencia, impone a los juzgadores el deber de motivar y fundamentar las sentencias, precisando los hechos en que se funde su decisión, con base a las pruebas practicadas en el proceso, las que deben ser examinadas en su totalidad, a fin de determinar, con el resultado de ese análisis, si se probaron o no y en qué medida, los hechos fundatorios del derecho exigido o de las excepciones o defensas opuestas, subsumiendo los hechos con el derecho sustantivo o material empleado en la decisión, resolviendo todo lo pedido por las partes, es decir, todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate y que integren el Auto de relación procesal y Auto de prueba, revistiendo su decisorio con los elementos esenciales de certeza y firmeza que exige la cosa juzgada, que se obtiene al final de una contienda judicial otorgando la seguridad jurídica que buscan las partes y a la que tienen derecho, en resguardo de la paz social. En concordancia, con dicha disposición legal, el art. 194 del Código de Procedimiento Civil, al establecer los alcances de la Sentencia, señala: "Las disposiciones de la Sentencia sólo comprenderán a las partes que intervienen en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas". En otros términos, la Sentencia que se dicte en un proceso determinado sólo comprende a las partes intervinientes en el proceso.

En este contexto, corresponde aclarar que en el caso sub lite, el "thema decidendum" engloba tres aspectos puntuales que demandan los actores, como son: el reconocimiento de mejor derecho, acción negatoria y la nulidad de cualquier transferencia que la H. Alcaldía de El Alto, habría realizado a favor de la Prefectura, por lo que las resoluciones pronunciadas por los jueces de instancia, debieron estar enmarcadas en ese sentido.

Ahora bien, honrando el principio de congruencia se tiene que la Sentencia, debería tener decisiones claras y precisas en aplicación del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, respecto de las tres cosas demandadas; empero en el caso sub lite, de una revisión minuciosa de la Sentencia Nº 134/03, de fecha 5 de mayo de 2003, se advierte que el Juez A quo con la fundamentación del cuarto considerando, falla declarando improbada la demanda, pronunciándose sólo respecto a la acción negatoria argumentando que los actores no habrían demostrado su posesión en el lote de terreno materia de litis, asimismo que no contarían con los códigos catastrales, sin tomar en cuenta que ambos aspectos son inapropiados, porque estos hechos no tienen ninguna relación con los puntos de la demanda, vale decir, sobre el mejor derecho propietario y la nulidad solicitada. Aspectos que no merecieron pronunciamiento, por lo que la Sentencia resultaría siendo incongruente con lo demandado.

Por su parte, el Auto de Vista incurre en el mismo error al pronunciarse confirmando la Sentencia, sin advertir la falta de pronunciamiento sobre estos dos aspectos demandados (mejor derecho propietario y la nulidad solicitada), refiriendo incongruentemente que el derecho propietario para su perfeccionamiento dependería de los códigos catastrales, además que los demandantes al no contar con esos Códigos no habrían demostrado tener saneado su derecho de propiedad. Por lo que la Sentencia resultaría siendo incongruente por citra petita "Ne eat judex citra petita partium", por haber omitido decisión sobre el mejor derecho propietario y la nulidad, pretensiones pedidas en la demanda.

Sin embargo tomando en cuenta que en la demanda los actores deducen la nulidad de la transferencia, o compensación de terrenos que la H. Alcaldía Municipal, habría otorgado a favor de la Prefectura y que los mismos no fueran de su propiedad; esos actos jurídicos realizados por la institución municipal y que es motivo de controversia, afectarían o beneficiarían a un tercero (H. Alcaldía Municipal de El Alto), que no ha participado efectivamente en el proceso como demandante o demandado y que al ser una situación conexa a lo litigado, sobre la cual, necesariamente la Sentencia debe recaer, hace necesaria la integración a la litis de la Alcaldía Municipal de El Alto, que se impone en aplicación del precitado art. 194 del Código de Procedimiento Civil, contra quien en definitiva debe también demandarse, es decir, tanto el Juez A quo, como el Tribunal Ad quem, no advirtieron esta circunstancia, de ahí que el fallo de ambas instancias es incorrecto.

Que, el actuar del Juez A quo y del Tribunal Ad quem, al no observar las reglas del debido proceso, han perjudicado a las partes al desarrollar una secuencia procesal viciada desde sus inicios con nulidad, correspondiendo corregir de oficio dichas omisiones y dar aplicación a las previsiones de los arts. 252, 271 num. 3) y 275 del mencionado Código Adjetivo Civil.

POR TANTO:La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por los arts. 15 y 58. num. 1) de la Ley de Organización Judicial, ANULA obrados hasta fs. 48 inclusive, es decir, hasta el estado que el Juez A quo, ordene que con carácter previo, se integre a la litis a la H. Alcaldía Municipal de El Alto.

No siendo excusable la omisión en la que incurrieron los de grado, se les impone responsabilidad en multa que se regula en Bs. 200 al Sr. Juez A quo y a cada uno de los Sres. Vocales firmantes del Auto de Vista, descontable de sus haberes, a favor del Poder Judicial.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Ángel Irusta Pérez

Fdo. Teófilo Tarquino Mújica

Proveído.- Amelia J. Mújica Santalla. Secretaria de Cámara de la Sala Civil

ibro Tomas de Razón 2/2010