SALA CIVIL PRIMERA

AUTO SUPREMO N °143 Sucre, 7 de mayo de 2009

DISTRITO: Chuquisaca PROCESO: Ordinario-Declaración

judicial de paternidad.

PARTES: Cristina Choque LLampa c/ Hugo Velásquez Cruz

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares.

VISTOS: El recurso de casación promovido por Hugo Velásquez Cruz a fs. 101-103 vta., contra el Auto de Vista No. SCII-369/2006 de 30 de octubre de 2006, cursante a fs. 96-98 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, en el proceso ordinario sobre declaración judicial de paternidad seguido por Cristina Choque Llampa contra el recurrente, los antecedentes procesales y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso de referencia, el Juez de Partido Primero de Familia de la Capital pronunció la sentencia No. 53/2006 de 12 de septiembre, declarando probada la demanda de declaración judicial de paternidad de fs. 3-3 vta., subsanada a fs. 6, sin costas, ordenando que se adicione en la partida de nacimiento de Fabiola Choque la filiación paterna de Hugo Velásquez Cruz a través de la provisión ejecutorial respectiva. Asimismo, conforme con el art. 210 del Código de Familia (CF), fijó la suma de Bs. 1.000 por gastos de gestación, parto y una pensión a la madre durante seis semanas antes y seis semanas después del nacimiento de la hija con cargo al demandado.

En apelación deducida por el demandado perdidoso, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, mediante Auto de Vista No. 369/2006 de 30 de octubre confirmó la sentencia apelada con costas en ambas instancias, motivando con ello la interposición del recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 101-103 vta. que se compendia a continuación.

Al amparo de lo previsto en el art. 254-7) del Código de Procedimiento Civil (CPC), en el recurso de casación en la forma denunció que la sentencia o auto de vista recurrido fue dictado faltando alguna diligencia o trámite declarado esencial, como el hecho de que no se efectuó el examen de ADN, prueba esencial para llegar al resultado del proceso.

Por otro lado, denunció la vulneración del art. 192-2) del Código de Procedimiento Civil porque no se pronunció sobre sus impugnaciones de fs. 9,10 vta. y 25 respecto de la identidad de la actora, quien fue conminada por el juez a presentar el certificado de nacimiento de la menor en el que esté rectificado el apellido materno, conforme consta en el decreto de fs. 16.

En el recurso de casación en el fondo denunció que el ad quem incurrió en error de derecho y en error de hecho en la apreciación de la prueba, así como violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, citando los arts. 16 de la Constitución Política, porque se le negó el derecho a la defensa en el proceso, 397 del Código de Procedimiento Civil y 1283 del Código Civil (CC), porque la demandante no demostró sus pretensiones por no aportar prueba idónea.

Concluyó solicitando se anule obrados hasta el vicio más antiguo o se case el auto de vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda.

CONSIDERANDO II: Que así expuestos los fundamentos del recurso que se resuelve, corresponde resolver el mismo conforme las siguientes conclusiones:

Sobre el recurso de casación en la forma: De acuerdo a nuestra economía jurídica, la finalidad del recurso de casación en la forma es la de anular la resolución recurrida o el trámite de la causa por la violación de las formas esenciales del proceso, situación que debe estar sancionada con nulidad por la ley a cuyo fin es menester tener presente la aplicación de principios doctrinales como el de legalidad o especificidad, trascendencia, convalidación y preclusión -entre otros- en el marco de lo dispuesto por los arts. 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil y 247 de la Ley de Organización Judicial.

Por estas razones, a través del recurso de casación en la forma no se pueden analizar ni resolver cuestiones relacionadas con el fondo del proceso, puesto que dichos aspectos constituyen materia del recurso de casación en el fondo.

En este contexto, de la revisión de las denuncias formuladas en el recurso de casación en la forma, se advierte que las mismas están directamente relacionadas con la presentación y producción de elementos de prueba, así, la prueba de ADN cuya producción extraña el recurrente y que en su criterio constituye un trámite o diligencia esencial en la sustanciación de la causa, criterio que no halla correspondencia con lo previsto en el art. 254-7) del adjetivo civil, en el que el recurrente ampara su acción extraordinaria, toda vez que no está relacionado con el derecho de forma que se debe observar en la tramitación misma del proceso, sino, está ligada a la acumulación de elementos de juicio que a la postre podrán o no constituir sustento de los fallos de instancia. En ese orden, la denuncia que se analiza carece de sustento legal y fáctico.

Por otro lado, tampoco es evidente la vulneración del art. 192-2) del Código de Procedimiento Civil, que exige que la sentencia contenga una parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, analizando y evaluando fundamentadamente la prueba y citando las leyes en que se funda, toda vez que, de la lectura de los fallos de instancia, se puede verificar con meridiana claridad cuáles son aquellos aspectos que han generado convicción en los juzgadores para declarar, primero, probada la demanda y segundo, confirmar dicho fallo en apelación, siendo menester destacar que el recurrente no es preciso al identificar que aspecto del precepto invocado no ha sido adecuadamente considerado y cumplido por los de instancia, máxime si consideramos que respecto de la identidad de la actora en relación a la hija, existen las fundamentaciones respectivas que justifican el error en el segundo apellido de la demandante, criterios que son compartidos por este tribunal y que no constituyen causales para disponer la anulación de obrados en el marco de los principios y normas anteriormente citados, concluyéndose en definitiva que no existe mérito para disponer la anulación del proceso por violación de las formas esenciales en su tramitación.

Sobre el recurso de casación en el fondo: Es menester señalar, en el marco de lo previsto por el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, que la finalidad del recurso de casación en el fondo, es la de unificar la interpretación de las normas jurídicas de nuestro país creando la jurisprudencia correspondiente, debiendo cumplir en su interposición los requisitos establecidos en la norma del art. 258 del procedimiento civil; es decir, citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error. Asimismo, corresponde precisar que si se alega la errónea e incorrecta valoración de la prueba por parte de los juzgadores de instancia, por mandato del art. 253.3) del Código de Procedimiento Civil, el recurrente tiene la obligación de precisar y acreditar si el error que denuncia es de hecho o de derecho, única situación procesal en la que se abre la competencia de este tribunal para realizar una nueva compulsa de la misma, toda vez que constituye una atribución de los juzgadores de instancia.

Así las cosas, de la lectura del recurso de casación en el fondo que se resuelve, se concluye que si bien el recurrente denunció la existencia de errores de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, empero, no identificó con precisión cuáles son aquellos elementos del acervo probatorio cuya compulsa está cuestionando, tampoco señaló cuáles son los medios probatorios que demuestran la existencia del error en el ejercicio de la valoración probatoria desarrollado por los de instancia, por lo que, luego de la revisión integral del proceso, en función de los fallos de instancia y el recurso de casación que se resuelve, se concluye que los jueces de instancia desplegaron su facultad valorativa conforme el art. 1286 del Código Civil en concordancia con el art. 397 de su procedimiento, habida cuenta que las pruebas producidas en el trámite de la causa deben ser apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley o conforme a su prudente criterio, a cuyo fin el Juez tiene la obligación de valorar en la sentencia las pruebas esenciales y decisivas.

En este marco normativo, conviene precisar que en su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio con la finalidad de crear la convicción del juzgador, en el ejercicio de esta atribución las pruebas producidas deben ser apreciadas por los jueces de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, esto es lo que en doctrina se denomina el sistema de apreciación legal de la prueba, puesto que el valor probatorio de un determinado elemento de juicio está consignado con anticipación en el texto de la ley; o, la apreciación de los medios probatorios debe efectuársela de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, entendiendo con Couture, que las reglas de la sana crítica son ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. En consecuencia, el juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecional o arbitrariamente.

Consiguientemente, al no ser evidentes las denuncias formuladas en el recurso que se resuelve, corresponde fallar conforme los arts. 271.2) y 273 del adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil Primera de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, declara INFUNDADO el recurso de fs. 101-103 vta. con costas.

Se regula el honorario de abogado en la suma de Bs. 500.- que mandará hacer efectivo el Tribunal de alzada.

Para sorteo y resolución, conforme convocatoria de fs. 111-112, interviene el Ministro Julio Ortiz Linares, Presidente de la Sala Civil Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares.

Regístrese notifíquese y devuélvase.

Firmado : Dr. Julio Ortiz Linares.

Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Proveído : Sucre, 7 de mayo de 2009

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Primera.