SALA CIVIL PRIMERA

AUTO SUPREMO N ° 133 Sucre, 5 de mayo de 2009

DISTRITO: La Paz PROCESO: Ordinario-Divorcio

PARTES: Julio Paco Gómez c/ Clementina Gonzáles Flores.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo promovido por Clementina Gonzáles Flores a fs. 233-238, contra el Auto de Vista No. S-326 de 11 de septiembre de 2006, complementado a fs. 229, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario de divorcio seguido por Julio Paco Gómez contra la recurrente, los antecedentes procesales y

CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso de referencia, el 18 de mayo de 2006 el Juez Tercero de Partido de Familia de La Paz pronunció la Sentencia No. 212/06 cursante a fs. 194-195, declarando improbada la demanda principal, por lo tanto subsistente el vínculo matrimonial que une a los esposos Julio Paco Gómez y Clementina Gonzáles Flores, dejando sin efecto el auto de medidas provisionales de fs. 37.

Deducida la apelación por el demandante (fs. 200-201 vta.), la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz revocó la sentencia apelada y declaró probada la demanda de fs. 6-7, en consecuencia disolvió el vínculo matrimonial de Julio Paco Gómez y Clementina Gonzáles Flores por la causal prevista en el art. 130-4) del Código de Familia (CF), disponiendo que en ejecución de sentencia se proceda a la cancelación de la partida matrimonial respectiva, homologando finalmente la Resolución No. 529/05 de fs. 37 y vta., sin costas por la revocatoria.

Ante esta decisión, la demandada dedujo recurso de casación en el fondo (fs. 233-238), denunciando la violación del art. 130-4) del Código de Familia y que en la apreciación de las pruebas el tribunal de apelación incurrió en errores de hecho y de derecho, transgrediendo los arts. 1286 del Código Civil (CC), 190, 353 y 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), por cuanto la revocatoria determinada por el tribunal de apelación se funda en prueba producida y obtenida después de la interposición de la demanda, citando a ese fin las pruebas de fs. 23, 27, certificados médicos de fs. 39, 42 y 82 de 8, 9, 10 y 13 de octubre y 17 de noviembre de 2005 respectivamente, asimismo citaron los certificados de fs. 45, 75 y 96, todos ellos obtenidos con posterioridad a la interposición de la demanda, circunstancia que se reitera en relación a las actas de fs. 97 a 99, 106 y la resolución de fs. 111.

Aduce finalmente que el actor no probó la causal invocada en su demanda, resultando el auto de vista incongruente, por lo que se debe disponer la casación de dicha resolución.

CONSIDERANDO II: Que revisados los antecedentes procesales en función de las denuncias formuladas en el recurso de casación, tenemos que el art. 1286 del Código Civil en concordancia con el art. 397 de su procedimiento, establece que las pruebas producidas en el trámite de la causa serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si ésta no determina otra cosa, podrá hacerlo conforme a su prudente criterio. A este efecto, el Juez tiene la obligación de valorar en la sentencia las pruebas esenciales y decisivas.

En este marco normativo, conviene precisar que en su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio con la finalidad de crear la convicción del juzgador, en el ejercicio de esta atribución las pruebas producidas deben ser apreciadas por los jueces de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, esto es lo que en doctrina se denomina el sistema de apreciación legal de la prueba, puesto que el valor probatorio de un determinado elemento de juicio está consignado con anticipación en el texto de la ley; o, la apreciación de los medios probatorios debe efectuársela de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, entendiendo con Couture, que las reglas de la sana crítica son ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. En consecuencia, el juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecional o arbitrariamente.

La finalidad de la actividad probatoria es demostrar la existencia real del hecho o hechos afirmados por las partes y alcanzar la verdad real o material y convencer psicológicamente al órgano jurisdiccional sobre la conformidad entre los hechos afirmados y la prueba ofrecida y producida durante la sustanciación del proceso.

Consiguientemente, de acuerdo a la uniforme jurisprudencia de este tribunal, y lo previsto en el art. 253-3) del CPC, cuando se denuncia la errónea apreciación de la prueba es deber de los recurrentes demostrar de manera contundente la existencia de errores de hecho o de derecho en el ejercicio de esa atribución por parte de los juzgadores de instancia, única situación en la que se abre la competencia del Tribunal Supremo a efectos e realizar una nueva compulsa de la misma.

CONSIDERANDO III: En la especie, la recurrente denunció específicamente que el tribunal de apelación no realizó una correcta valoración de la prueba presentada por el demandante en la tramitación del proceso, toda vez que éstas fueron obtenidas y presentadas con posterioridad a la presentación de la demanda y que en su criterio, la prueba pertinente es aquella obtenida con anterioridad a la misma.

Sin embargo, considerando que la acción de divorcio se funda en el art. 130-4) del Código de Familia, sevicias, injurias graves o malos tratos de palabra o de obra que hacen intolerable la vida en común, de acuerdo al acervo probatorio del proceso, se verifica que los fines esenciales y secundarios por los que se constituyó el matrimonio que son la procreación de hijos, su educación, amor mutuo, entre otros, han sido sobrepasados y han dejado de tener sentido en esta unión conyugal, toda vez que la existencia de los elementos constitutivos de la causal desvinculatoria contenida en el art. 130-4) del CF, ha sido abundantemente demostrada en la tramitación de la causa, habiéndose demostrado incluso la existencia de agresiones físicas entre los cónyuges en litigio, en las que se vieron involucrados los hijos, implicando un deterioro irreversible de la relación matrimonial y familiar.

Así se infiere de los certificados médico forenses que alude la recurrente, a los que se suman los informes -psicológico y social- del Servicio Departamental de Gestión Social de fs. 143-145 y 148-151 respectivamente, siendo evidente que la vida en común es intolerable, lo que se corrobora con el incidente de violencia intrafamiliar tramitada a fs. 97-99 y 106-111 de obrados.

En consecuencia, las decisiones asumidas por el tribunal de apelación al revocar la sentencia de primera grado y declarar probada la demanda de divorcio por la causal prevista en el art. 130-4) del Código de Familia, responde a la valoración integral del elenco probatorio en el marco del principio de la comunidad de la prueba, en cuya virtud, todos los elementos probatorios presentados por las partes benefician o perjudican a ambas partes involucradas en el mismo, por lo tanto, no deben ser consideradas como de uso exclusivo de quien la promueve, puesto que, una vez anexadas e incorporadas al proceso, las pruebas pertenecen a éste como un todo, lo que nos lleva a la conclusión que no son evidentes las denuncias relacionadas con la vulneración de los arts. 130-4) del Código de Familia, 1286 del Código Civil (CC), 190, 353 y 397 del Código de Procedimiento Civil (CPC), y que en la apreciación de las pruebas el tribunal de apelación no incurrió en errores de hecho y de derecho como alega la recurrente, siendo menester aclarar que de acuerdo al art. 373 del Código de Procedimiento Civil, todos los medios legales serán hábiles para probar la verdad de los hechos, debiendo producir las pruebas dentro del periodo fijado por el juez, puesto que las presentadas fuera de este periodo deberán ser rechazadas de oficio, con excepción de las preconstituidas y las obtenidas con posterioridad a la demanda en el marco de lo previsto en el art. 331 del adjetivo civil tantas veces citado, como aconteció en la especie y que a la sazón demostraron la existencia de la causal desvinculatoria por la que se interpuso la presente acción, concluyéndose en definitiva que las denuncias formuladas en el recurso devienen en infundadas.

En consecuencia, al no haberse demostrado la existencia de errores in judicando en la tramitación de la causa, corresponde aplicar la determinación de los artículos 271.2) y 273) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de la atribución prevista en el art. 58-1. de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación presentado por Clementina Gonzáles Flores a fs. 233-238. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500 que mandará hacer efectivo el tribunal de alzada.

Para sorteo y resolución, interviene el Ministro Julio Ortiz Linares, Presidente de la Sala Civil Segunda, conforme convocatoria de fs. 253-254.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares.

Regístrese notifíquese y devuélvase.

Firmado : Dr. Julio Ortiz Linares.

Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Proveído : Sucre, 5 de mayo de 2009

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Primera.