SALA CIVIL

AUTO SUPREMO N ° 86 Sucre, 28 de febrero de 2009.

DISTRITO: La Paz PROCESO: Ordinario- Declaración

judicial de paternidad.

PARTES: Elsa Sánchez Choque c/ Carlos Lino Yanapa Quispe

MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 134 a 137, interpuesto por Carlos Lino Yanapa Quispe, contra el Auto de Vista Nº 178/06 de fs. 130, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso ordinario familiar sobre declaración judicial de paternidad seguido por EIsa Sánchez Choque contra el recurrente, los antecedentes procesales y,

CONSIDERANDO: Que, el Juez Octavo de Partido de Familia de la ciudad de La Paz, emitió la sentencia que cursa a fs. 88 a 90 complementada mediante auto de fs. 95, declarando probada la demanda de fs. 8 a 9, disponiendo el pago de gastos de gestación y parto, una asistencia familiar a favor de la madre y del hijo, la reparación del daño moral y material que serán averiguados en ejecución de sentencia y que el demandado restituya la suma de $us. 250 a favor de la demandante por concepto del examen de ADN, dentro de tercero día a partir de la ejecutoria de la resolución, bajo conminatoria de ley.

Fallo de primera instancia que apelado por la parte demandada fue confirmado por Auto de Vista Nº 178/06 de fs. 130.

Contra el auto de vista referido precedentemente, el demandado Carlos Lino Yanapa Quispe, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, mediante memorial de fs. 134 a 137.

El recurso en la forma acusa que el auto de vista impugnado soslaya considerar y pronunciarse sobre los agravios reclamados en el recurso de apelación, toda vez que no consideró que la sentencia de primera instancia y auto complementario que motivó la alzada, son totalmente nulos, al haberse dictado fuera del plazo legal que prevé el art. 204 inc.1) del Código de Procedimiento Civil, habiendo el a quo perdido competencia por haber inobservado lo establecido por el art. 395 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que era obligación del juez decretar "autos para sentencia" con o sin las conclusiones de las partes.

Señala que el tribunal ad quem ha omitido referirse a los agravios que expresó en cuanto a la falta e insuficiencia de prueba para declarar probada la demanda y a los agravios causados por el auto complementario, el mismo que es ultrapetita y que el juez ha fallado fuera de la competencia fijada en el auto de calificación del proceso.

En el fondo acusa violación, interpretación errónea y aplicación indebida de ley expresa, con relación a la apreciación de la prueba. Alega que el tribunal ad quem únicamente basa su resolución en la prueba pericial de parte, consistente en el examen genético que cursa a fs. 70 a 76, la misma que no merece fe probatoria porque no fue introducida legalmente en el proceso, habiéndose violado el principio de contradicción y de la comunidad de la prueba o de adquisición procesal, toda vez que nunca se dio publicidad al informe pericial, nunca se le notificó con la misma, ni existió audiencia para la publicidad respectiva, violándose los mencionados principios y por consiguiente los arts. 390 y 440-II del Código de Procedimiento Civil.

Sostiene que en ninguno de los puntos de hecho a probar por la demandante se fijó lo referente al pago de gastos de gestación y parto, asistencia familiar, así como daños materiales o morales, de ahí que el auto complementario pronunciado por el juez a quo sobre dichos aspectos es ultrapetita, por haberse salido del marco de los puntos de hecho a probar, agravios que no fueron considerados en el auto de vista recurrido violándose el art. 371 del Código de Procedimiento Civil, así como los arts. 7 inc. a) y 16 de la Constitución Política del Estado.

Señala que la asistencia familiar prevista en el art. 61 y siguientes de la Ley 1760 -fuera del caso de divorcio-, corresponde a la competencia exclusiva de los jueces de instrucción de familia, sin embargo se ha determinado una asistencia familiar en un proceso de declaración judicial de paternidad, decisión que es nula por mandato del art. 31 de la Constitución Política del Estado.

Acusa que se lo condena a la reparación del daño moral y material sin haber sido punto de hecho a probar y sin que se haya demostrado que hubiese causado daño alguno, además que se lo condena para que restituya la suma de $us.250.- por concepto del examen de ADN, prueba que fue solicitada por la parte actora y por lo tanto es ella quien debe correr con los gastos respectivos, tal cual prevé el art. 443-I del Código de Procedimiento Civil, por lo que acusa de violada dicha disposición legal, mucho más si se encuentra eximido de las costas del presente proceso por mandato del art. 198 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO: Que, de la revisión de los obrados en función al recurso de casación en la forma, este Tribunal Supremo encuentra que el auto de vista responde al principio de congruencia y exhaustividad que prevén los arts. 236, con relación al 227, ambos del adjetivo civil, por lo que no existe mérito alguno para una nulidad de obrados, máxime si el recurrente una vez notificado con la sentencia tampoco peticionó complementación y enmienda si consideraba que el fallo de segunda instancia no había sido exhaustivo respecto a sus agravios planteados en su recurso ordinario de apelación.

Tampoco resulta evidente que el a quo hubiere incurrido en pérdida de competencia, conforme prevé el art. 204-1) del adjetivo Civil, por cuanto, el decreto de "autos para sentencia" que cursa a fs. 87, data del 21 de junio de 2005 y la sentencia se ha dictado el 20 de agosto del mismo año, cursando a fs. 87 el sello de vacación judicial del Distrito Judicial de La Paz desde el 27 de junio al 16 de julio, consiguientemente el fallo de primera instancia ha sido dictado a los 40 días, vale decir, dentro del plazo previsto por el precitado art. 204 y que establece que la sentencia se dictará dentro del plazo de 40 días de pronunciado el decreto de autos.

En cuanto al recurso de casación en el fondo, tampoco este Tribunal Supremo encuentra que la prueba pericial se hubiere introducido en forma ilegal, por cuanto la misma fue ofrecida dentro del término previsto por el art. 379 del adjetivo civil, a tiempo del ofrecimiento de prueba por parte de la actora, así se evidencia en el otrosí 3° de su memorial de fs. 53.

En cuanto al pago de gastos de gestación y parto, asistencia familiar, así como daños materiales o morales, establecidos en el auto complementario pronunciado por el juez a quo, los mismos responden a la clara determinación de los arts. 14, 15-2), 174-2), 210 y 211 del Código de Familia, por lo que la determinación del a quo no resulta ultrapetita, máxime si fueron peticionados por la actora, así se infiere del tenor de la demanda de fs. 8 a 9.

POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, declara INFUNDADO el recurso, con costas. Se regula el honorario de abogado en la suma de bolivianos quinientos que mandará hacer efectivo el tribunal ad quem.

MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Regístrese y devuélvase.

Firmado : Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Proveído : Sucre, 28 de febrero de 2009

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil.