SALA CIVIL

AUTO SUPREMO N °84 Sucre, 28 de febrero de 2009

DISTRITO: Cochabamba PROCESO: Infracional.

PARTES: Ministerio Público c/ Jose Luis Vargas Calderón y otra.

MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 129-130 interpuesto por José Luís Vargas Calderón y Zunilda Zotez de Trujillo contra el auto de vista de fs. 124 a 125 de 3 de septiembre de 2007, pronunciado por la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso infraccional seguido por el Ministerio Público contra José Luís Vargas Calderón, el dictamen del Sr. Fiscal General de la República, los antecedentes procesales, y,

CONSIDERANDO: Que, la Jueza 2° de Partido de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Cochabamba, pronunció la sentencia Nº 04/2006 de 8 de Mayo de 2006, declarando a José Luís Vargas Calderón, autor del delito de violación de niña, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal, por lo que dispone aplicarse en su contra la medida socio- educativa de privación de libertad por el tiempo de dos años a ser cumplida en el Centro de Adolescentes infractores a la Ley, de la ciudad de Cochabamba, donde deberá recibir la terapia psicológica recomendada.

Sentencia que apelada por José Luís Vargas Calderón y Zunilda Zotez, de Trujillo, es confirmada por el tribunal ad quem mediante el auto de vista de 3 de septiembre de 2007.

Contra la resolución de vista, nuevamente José Luís Vargas Calderón y Zunilda Zotez de Trujillo interponen recurso de casación alegando defectos del auto de vista por inobservancia de las reglas relativas al debido proceso y por insuficiencia de fundamentación. Sostienen que no existe una denuncia formal, específica y concreta, simplemente una exigencia de solicitud de investigación.

Agregan que la acusación se basa exclusivamente en el certificado médico forense de fs 3 y 15, sin especificar en qué consiste la existencia de suficientes elementos de convicción contra José Luís Vargas Calderón, vulnerando el art. 61 de la Ley del Ministerio Público, que establece que los Fiscales deben formular sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada .

Acusan que el Ministerio Público ante el rotundo silencio del adolescente se vio obligado a retirar la acusación, actitud que indudablemente eliminó la base del juicio y emergente de esa decisión del fiscal, debió aplicarse el art. 363 inc.1) del Código de Procedimiento Penal y dictarse sentencia de absolución y de ninguna manera una sentencia condenatoria.

Finalmente alegan que en el otrosí 1º de su recurso de apelación, se dejó constancia que se ampliará la fundamentación del recurso y se propuso como prueba las literales cursantes de fs. 98 a fs. 105, sin embargo esa petición no fue considerada conforme a derecho, constituyendo un acto negatorio a la legitimidad del derecho de defensa, infringiendo el art. 284 del Código Niño, Niña y Adolescente.

CONSIDERANDO: Que, de la revisión de los obrados en función del recurso que nos ocupa, en cuanto a la acusación relativa a la infracción del art. 284 del Código Niño, Niña y Adolescente, de la revisión del otrosí 1º del recurso de apelación de fs. 107 a 109, se tiene que la prueba ofrecida para segunda instancia es el acta de 3 de abril y 8 de mayo del 2008, así como la sentencia, lo que significa que se trata de prueba que ya constaba en obrados y no de nueva prueba que tenga que ser producida, consiguientemente no precisa de señalamiento de audiencia, como dispone el precitado art. 284, consiguientemente no ha lugar a la nulidad de obrados, como dictamina el Sr. Fiscal General de la República a fs. 135 y 136.

Al respecto, se deja constancia que este Tribunal Supremo ha adoptado una línea jurisprudencial en sentido que cuando se ofrece prueba en segunda instancia, el tribunal ad quem debe señalar audiencia para escuchar a las partes, sin embargo, como se tiene expresado líneas arriba, en el caso presente, la prueba ofrecida constaba en obrados, de ahí por qué no correspondía el señalamiento extrañado.

Respecto a los defectos en que hubiere incurrido el auto de vista, tampoco encuentra que se hubiere vulnerado el derecho al debido proceso del menor José Luís Vargas Calderón, al contrario el mismo ha tenido derecho a la defensa y se ha defendido en el proceso, no es evidente que solo exista como prueba el examen forense de fs. 3 y 15, por cuanto consta la denuncia de fs. 8 de Marisabel Trujillo Sotez, así como la declaración de Zunilda Zotez de Trujillo de fs. 16.

Que, la imputación formal que cursa a fs. 20-21, cumple con la fundamentación que extrañan los recurrentes por lo que tampoco se ha incurrido en infracción del art. 61 de la Ley 2175.

Finalmente en cuanto al retiro de la acusación por parte del Ministerio Público, es evidente que inexplicablemente la Sra. Fiscal asignada al caso de autos sostuvo en la audiencia del día 8 de mayo del año 2006 "que en el presente caso el Ministerio Público ha demostrado la autoría del adolescente José Luís Vargas Calderón de violación perpetrada en la niña, conforme la abundante prueba que ha aportado y ante el rotundo silencio del nombrado adolescente se ve obligada a retirar la acusación", sin embargo, la Jueza a quo velando por el interés superior de la víctima una niña de escasos 6 años de edad al momento del hecho que motiva la infracción que se juzga, prosiguió correctamente con el proceso, atendiendo además la solicitud de la abogada de la Defensoría.

Por lo expuesto, es del caso dar aplicación a lo previsto por los arts. 271-2) y 273 del adjetivo civil

POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en desacuerdo con el dictamen del Sr. Fiscal General de la República, declara INFUNDADO el recurso, con costas. No se regula el honorario de abogado por no haber sido contestado el recurso.

MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Regístrese y devuélvase.

Firmado : Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Proveído : Sucre, 28 de febrero de 2009.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil.