SALA CIVIL

AUTO SUPREMO Nº 49 Sucre, 2 de febrero de 2009.

DISTRITO: Cochabamba PROCESO: Ordinario- Pago de daños

y perjuicios por imposición de

servidumbre.

PARTES: Napoleón Pascual Araujo Dofigny c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos.

MINISTRA RELATORA: Dra. Rosario Canedo Justiniano

VISTOS:El recurso de casación de fs. 349 a 352, interpuesto por Orlando José Zurita Vilte y Liliana Rubí Amas, en representación de Y.P.F.B., contra el Auto de Vista de fecha 17 de octubre de 2005 cursante a fs. 346 - 347, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso ordinario de pago de daños y perjuicios por imposición de servidumbre seguido por Napoleón Pascual Araujo Dofigny contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el dictamen fiscal de fs.358 a 359, los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO I: Que, el Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de Cochabamba, emitió la sentencia de 8 de marzo de 2002 de fs. 300 - 304, declarando probada la demanda de fs. 20 y la excepción de improcedencia opuesta a la reconvención, improbada la reconvención de ilegalidad, falta de acción y derecho sin costas por ser juicio doble.

Resolución de primera instancia que fue apelada por José Hugo Marañon Menduiña, en representación de Y.P.F.B., mediante memorial de fs. 308-310, resolviendo la impugnación, la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Cochabamba, mediante auto de vista de 17 de octubre de 2005 cursante a fs. 346-347 confirma la sentencia de 8 de marzo de 2002, cursante a fs. 300 a 304 vuelta. Sin costas.

Contra la referida resolución de segundo grado, Orlando José Zurita Vilte y Liliana Rubí Amas, en representación de Y.P.F.B., interponen recurso de casación en el fondo contra el Auto de Vista de fecha 17 de octubre de 2005 cursante a fs. 346 - 347, haciendo una relación del expediente con varios subtítulos donde hacen un análisis del proceso y concluyen solicitando que case el auto de vista y declare probada la reconvención así como las excepciones opuestas a la demanda.

CONSIDERANDO II.- Que la facultad contenida en los arts. 15 de la Ley de Organización Judicial y 252 del Código de Procedimiento Civil, tiene su fundamento en el resguardo del orden público, para evitar su franca vulneración en desmedro del debido proceso.

En función de esta facultad fiscalizadora, le corresponde a este Tribunal Supremo revisar si en el caso sub lite los de grado han honrado las reglas del debido proceso, observando los plazos y las formas esenciales en la tramitación y conclusión de la causa.

Que en virtud del principio de irretroactividad de la ley, esta solo dispone para lo venidero sin causar efecto en el pasado, conforme determina el art. 33 de la Constitución Política del Estado, salvo las excepciones dispuestas en la norma para su aplicación en el pasado.

Que, por disposición del art. 1-1) del Código de Procedimiento Civil, los jueces y tribunales a tiempo de conocer un proceso, están obligados a sustanciarlo y resolverlo conforme a las leyes de la República, aplicando correctamente las leyes que corresponden en cada caso concreto, buscando la concreción de la justicia.

Que, el Código Civil en vigencia a partir del 2 de abril de 1976, en su art. 1567, cumpliendo el precitado principio constitucional de irretroactividad de la ley, dispone que los contratos y actos jurídicos en general, celebrados de acuerdo a las disposiciones del Código Civil y demás leyes anteriores a la vigencia de este Código se regirán por ellas.

CONSIDERANDO: Que, de la revisión de obrados se evidencia que en la presente causa la demanda principal versa sobre pago de daños y perjuicios por imposición de servidumbre y daños y perjuicios, servidumbre constituida el 16 de septiembre de 1964, fecha en la cual el demandante, la Empresa Golf Oil Com. no habría cancelado el monto indemnizatorio al actor Napoleón Araujo Dofigny. Por otra parte, la entidad demandada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, contesta a la demanda y plantea acción reconvencional por usucapión por la posesión por más de diez años, ambas pretensiones fundan el nacimiento de sus pretendidos derechos, fecha anterior a la vigencia el Código Civil de 1976.

Que, los de grado, al conocer, tramitar y resolver el petitum de ambos sujetos procesales, omitieron observar y aplicar lo dispuesto imperativamente por el art. 1567 del Código Civil vigente, que manda: "Los contratos y los actos jurídicos en general celebrados de acuerdo a las disposiciones del Código Civil, y demás leyes anteriores a la vigencia de este código, se regirán por ellas".

Inaplicando así mismo la clara previsión del art. 1568 del actual Sustantivo Civil, que establece: "Los términos de la usucapión y de la prescripción que hubieren empezado a correr de acuerdo a las disposiciones del Código Civil, y demás leyes anteriores a la vigencia de este código, se regirán por ellas".

Por lo expuesto, se evidencia que tanto el Juez A quo como el tribunal ad quem, al equivocar la preceptiva legal aplicable que correspondía al presente caso, han viciado de nulidad todo lo obrado, por lo que corresponde que el Tribunal Supremo haciendo uso de la facultad que le confiere el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, aplique el art. 252, con relación al art 271-3 y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, ANULA obrados hasta la admisión de la demanda de fs. 21, inclusive, para que el juez a quo previa adecuación al mandato legal, tramite la litis dando cumplimiento a lo previsto en el art. 1567 del Código Civil. Sin responsabilidad por ser excusable.

MINISTRA RELATORA Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado : Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Proveído : Sucre, 2 de febrero de 2009.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil