SALA CIVIL

AUTO SUPREMO Nº 41 Sucre, 29 de enero de 2009

DISTRITO: La Paz PROCESO: Ordinario- División y

partición de herencia

PARTES: Felix Romano Ramirez c/ Celia Ramos Lozano y otro.

MINISTRA RELATORA: Dra. Rosario Canedo Justiniano

VISTOS:El recurso de casación de fs. 341 a 343, interpuesto por Félix Romano Ramírez, contra el Auto de Vista Nº 355/2005 de fecha 17 de agosto de 2005 cursante a fs. 336 - 337, pronunciado por la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso ordinario sobre división y partición de herencia seguido por el recurrente contra Celia y Adolfo Ramos Lozano, los antecedentes del proceso y,

CONSIDERANDO I: Que, el Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial de La Paz, emitió la sentencia Nº 23/2004 de 19 de enero de 2004 de fs. 282 - 295, declarando probada en parte la demanda de fs. 20 a 21, únicamente la división y partición de bienes que enumera precedentemente e improbada en cuanto a la restitución de rentas y usufructos, mejoras acabados, enseres, más pago de daños y perjuicios. Improbada la excepción de prescripción de fs. 106 e improbada la reconvención y la excepción de impersonería de fs. 34 a 35, debiendo en ejecución de sentencia procederse a la división y partición de los bienes individualizados y señalados.

Resolviendo el recurso de apelación planteado por la demandada Celia Ramos Lozano, la Sala Civil Primera de la Corte Superior mediante auto de vista Nº 355/2005 de 17 de agosto de 2005 cursante a fs. 336- 337, anula obrados hasta fs. 102, inclusive, al considerar que el presente trámite se ha llevado a cabo con una serie de irregularidades.

Contra la referida resolución de segundo grado, Félix Romano Ramírez, interpone recurso de casación en la forma, acusando la vulneración del debido proceso, denegación del derecho de defensa, omisión indebida en el auto de vista, que no guarda conexitud jurídico procesal con el derecho a la defensa y la seguridad jurídica, al anular obrados con el argumento de que en procesos dobles no funciona la perención de instancia, por lo que la solicita la nulidad del auto de vista de fs. 336, con todas las consecuencias jurídicas.

CONSIDERANDO II.- Que la perención de instancia es un medio extraordinario de conclusión de un proceso, debido al abandono en que incurren las partes, particularmente la actora que se traduce en inactividad procesal por más de seis meses, conclusión que debe decretarse aún de oficio por el orden público que entrañan las normas procesales de cumplimiento imperativo, por tanto de obligatorio cumplimiento.

El proceso es singular cuando la calidad de actor reúne uno de los sujetos y la de demandado el otro. Es doble cuando ambas calidades reúne cada sujeto procesal. Obviamente hay dos demandas: la principal y la reconvención, los actores de cada una de ellas asume la responsabilidad de impulsar el proceso que por esa circunstancia es uno solo ( unidad procesal), que ordinariamente debe concluir con sentencia, la que debe comprender ambas pretensiones.

Enfocado así el proceso doble, no hay ninguna circunstancia que lo torne indemne a la sanción de perención, cuando son ambas partes las que incurren en negligencia procesal por abandono del proceso, pues, es suficiente que cualquiera de los sujetos - demandante-demandado- accione y procure los actos procesales que correspondan para que marche el proceso normalmente. Si ambos, por esa doble condición o papel que desempeñan, resultan ociosos frente a la responsabilidad asumida, junto inclusive al Juez, que también es sujeto principal con rol específico, es natural y legal que proceda la sanción dispuesta por ley, más aún si se considera que los procesos dobles no se encuentra dentro de las causas de improcedencia de la perención que señala taxativamente el art. 113 del Código de Procedimiento Civil.

Así ha orientado la jurisprudencia uniforme el Tribunal Supremo, con cabal criterio y preservando por la celeridad procesal, desterrando el hacinamiento de procesos que multiplican las causas de retardación, por lo que, al haber aplicado de este modo el art. 309 del Adjetivo mencionado, el tribunal ad quem no ha incurrido en violación de su texto, por lo que corresponde resolver con lo dispuesto en el art. 273 del mismo.

No sin antes aclarar, que el auto de fecha 6 de febrero de 1995, cursante a fs. 82 vta. por el que la autoridad jurisdiccional declara expresamente la perención de instancia, al constatar la inactividad procesal por mas de seis meses; al no haber sido recurrido por ninguna de las partes adquirió ejecutoria, habiendo por tanto perdido competencia el Juez a quo para conocer y tramitar nuevamente la causa, agravada la situación a momento en que luego de haberse extinguido la instancia y concluido el proceso a raíz de la conclusión extraordinaria del proceso, procede a anular su propia resolución a través de la Nº 625/ 2001 de fecha 12 de octubre de 2001, incurriendo en flagrante vulneración a las reglas del debido proceso, la seguridad jurídica, así como el valor supremo de justicia e igualdad proclamados en el art. 1 de la Constitución Política del Estado, sin tomar en cuenta que la carga procesal que garantiza el impulso procesal en primera instancia, corresponde a las partes y otras al tribunal; en el primer caso cuando el demandante o demandado reconvencionista, no activan el proceso, dejando transcurrir seis meses de inactividad procesal, plazo que se computa desde la última actuación, se hacen pasibles a la declaratoria de perención, modo de extinción extraordinaria del proceso, cuando incurren las partes en inactividad procesal, debiendo el juez declararla aún de oficio como lo manda el art. 309 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto y no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, corresponde a este Tribunal la aplicación de los arts. 271-2) y 273 del Código Adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejerciendo la atribución que le confiere el art. 58-1) de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADOel recurso, con costas, las que se cuantifican para el abogado en Quinientos bolivianos, que mandará se haga efectivo el tribunal inferior.

MINISTRA RELATORA Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado : Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Proveído : Sucre, 29 de enero de 2009.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil