SALA CIVIL

AUTO SUPREMO Nº 35 Sucre, 28 de enero de 2009

DISTRITO: Beni PROCESO: Ordinario- Acción

pauliana.

PARTES: Carlos Guardia Lelarge c/ Gerardo Guardia Villavicencio.

MINISTRA RELATORA: Dra. Rosario Canedo Justiniano.

VISTOS:El recurso de casación en el fondo de fs. 183-184, interpuesto por Gerardo Guardia Villavicencio, contra el Auto de Vista Nº 137/05 de 30 de agosto de 2005 cursante a fs. 179-181, pronunciado por la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, en el proceso sobre acción pauliana, seguido por Carlos Guardia Lelarge contra el recurrente, los antecedentes del proceso y;

CONSIDERANDO I: Que, el Juez de Partido Mixto de San Borja del Distrito Judicial de Beni, emitió la sentencia Nº 18/2005 de 27 de junio de 2005 de fs. 157-163, declarando probada la demanda de acción revocatoria o pauliana e improbada la demanda reconvencional de acción negatoria y reconocimiento de mejor derecho propietario, asimismo se declaran improbadas las excepciones de cosa juzgada y de falta de acción y derecho para reconvenir, con costas.

Apelada que fue la resolución de primera instancia, mediante auto de vista Nº 137/05 de 30 de agosto de 2005 cursante a fs. 179-181, se confirma la sentencia apelada cursante a fs. 157-163, sin costas por tratarse de un juicio doble.

Contra la referida resolución de vista, Gerardo Guardia Villavicencio, interpone recurso de casación en el fondo, relacionando los resultados de un otro proceso ejecutivo con los antecedentes de la presente acción, acusando la errónea interpretación del art. 1446 del Cód. Civ., expresando que la mencionada disposición legal se aplica cuando el deudor no paga y se deshace de sus bienes, situación diferente al caso presente, pues la codemandada Estela Ruíz Lelarge, ha estado pagando su deuda al demandante hasta mucho tiempo después de haber realizado la venta con pacto de rescate que se pretende anular, circunstancia en que dice, no puede hablarse de que la ejecutada estaba provocando su insolvencia, cuando su ánimo no era ese, además de que dicho dinero ha sido destinado a pagar parte de su deuda.

Concluye solicitando la concesión del recurso para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo declare improbada la demanda, con costas.

CONSIDERANDO II.- Que así expuestos los fundamentos del recurso corresponde resolver el mismo en base a las normas y a los hechos denunciados, llegándose a las siguientes conclusiones:

1.- Que, en principio la acción pauliana, llamada también revocatoria, es el instituto mediante el cual el acreedor tiene la facultad de hacer revocar los actos celebrados por su deudor, en fraude de sus derechos y que le causen perjuicio, es así que de modo general, la referida acción como medio para la conservación de la garantía patrimonial, tiene como primer efecto el de revocar los actos celebrados por el deudor en fraude de los derechos del acreedor. Puede afirmarse, además, que la acción revocatoria o pauliana lleva implícita una acción de nulidad del acto realizado en fraude del acreedor.

2.- Que, de conformidad al artículo 1446 del Código Civil, el acreedor puede demandar que se revoquen, declarándose ineficaces respecto a él, los actos de disposición del patrimonio pertenecientes a su deudor, a cuyo efecto deben concurrir necesariamente los siguientes requisitos: 1) Que el acto impugnado origine un perjuicio al acreedor provocando o agravando la insolvencia del deudor. 2) Que el deudor conozca el perjuicio ocasionado por su acto al acreedor. 3) Que, en los actos a título oneroso, el tercero conozca el perjuicio que el acto ocasiona al acreedor, no siendo necesario este requisito si el acto es a título gratuito. 4) Que el crédito sea anterior al acto fraudulento, excepto cuando el fraude haya sido dispuesto anticipadamente con miras a perjudicar al futuro acreedor; y 5) Que el crédito sea líquido y exigible. Sin embargo, se tendrá el término por vencido si el deudor resulta insolvente o si desaparecen o disminuyen las garantías con que contaba el acreedor.

3.- Que, en la especie el actor ha demostrado objetivamente la concurrencia de los requisitos previstos por el precitado art. 1446 del sustantivo civil, así lo corrobora el recurrente en la exposición cronológica de los antecedentes que realiza a fs. 183 vta. y 184 del memorial del recurso, de donde no puede negarse que efectivamente la deudora y codemandada Mary Estela Ruíz Lelarge, habiendo obtenido un crédito del actor en 1º de enero de 2000 (fs. 1), efectuó la transferencia del inmueble de su propiedad lote de 625 mts2 segunda manzana sud oeste de la plaza principal, sobre la calle Santa Cruz de la ciudad de San Borja en 15 de diciembre de 2000, que se inscribió en DD.RR. bajo la Partida Nº 8.03.2.0000893 de 7 de abril de 2004, en favor del recurrente Gerardo Guardia Villavicencio, mediando entre la fecha de la transacción y su consiguiente inscripción las incidencia y el resultado de un juicio ejecutivo, seguido por el actor persiguiendo la recuperación de su crédito ($us. 3.722 fs. 6-7), de ahí que no puede negarse que la deudora tenía pleno conocimiento y conciencia de que la transferencia del inmueble que efectuaba a favor del Gerardo Guardia Villavicencio, perjudicaba al acreedor, provocando con ello disminución de su patrimonio que era la garantía del acreedor, provocando su insolvencia, más aún si se considera, como afirma el actor y no enervaron los demandados, que dicho inmueble fue transferido en la suma de $us. 5.000, teniendo un precio mayor conforme acredita el testimonio de fs. 49-50, situación que configura la realización de un acto en perjuicio del acreedor, de conformidad a lo previsto en el artículo 1446 del Código Civil.

4.- Que, de igual modo, el tercero, en el caso de autos el recurrente, tenía conocimiento de la existencia de esa acreencia no otra cosa se infiere por el entorno familiar que los involucra por ser medio hermano del demandante y éste primo de la deudora, así lo corroboran las declaraciones testificales de fs. 87-88, a más de lo que la sana crítica permite deducir de las literales de fs. 97-98, 104 y 128, aspectos que fueron debidamente ponderados y apreciados por los juzgadores de instancia al momento de emitir sus respectivas resoluciones.

5.- Que, en el marco de tales antecedentes, siendo que la interpretación errónea de la ley que se acusa en el recurso, consiste en el error en el que incurre el tribunal que dicta la resolución recurrida, al aplicar la norma impugnada, evidenciándose en el presente caso que los jueces de grado no dieron otro sentido a la disposición contenida en el art. 1446 del Cód. Civ. que no sea la expresada en la ratio legis, tomando en cuenta los hechos y conforme a su finalidad de proteger la conservación de la garantía patrimonial, revocando el acto de disposición celebrado por la deudora Mary Estela Ruíz Lelarge, declarándolo ineficaz respecto al acreedor Carlos Guardia Lelarge, por la concurrencia de los requisitos previstos en la indicada norma, lo que nos sitúa ante una verdadera acción de nulidad prevista por el art. 549-3) de precitado sustantivo civil, es decir, la nulidad de un acto fundado en la existencia de ilicitud de la causa y motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato, por la nulidad que la acción revocatoria o pauliana conlleva implícita.

Por lo expuesto, se concluye que los de grado han obrado correctamente realizando una cabal interpretación de la citada norma, sin que se advierta la infracción acusada y en consecuencia este Tribunal Supremo no encuentra ninguna de las causas previstas en el art. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, que invoca el recurrente como para censurar la resolución recurrida, correspondiendo en consecuencia la aplicación de los arts. 271-2) y 273 del mismo adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, aplicando el Art. 273 del Código de Procedimiento Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el numeral 1) del art. 58 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Gerardo Guardia Villavicencio, con costas.

No se regula el honorario profesional de abogado por no haber sido respondido el recurso.

MINISTRA RELATORA Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado : Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Proveído : Sucre,28 de enero de 2009 .

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil