SALA CIVIL

AUTO SUPREMO N ° 26 Sucre, 28 de enero de 2009

DISTRITO: Beni PROCESO: Ordinario-. Concurso

voluntario.

PARTES: Donato Vargas Bejarano y otra c/ Banco Nacional de Bolivia y

otros.

MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto a fs. 416 a 417, por Donato Vargas Bejarano y Virgina López Yujra, contra el Auto de Vista Nº 161/2005 de fecha 29 de septiembre de 2005, de fs. 413-414, pronunciado por la Sala Civil de la R. Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, en el Concurso Voluntario seguido por los recurrentes contra el Banco Nacional de Bolivia, Caja Los Andes, Fondo Financiero "Prodem" y Nelson Villar Novoa, los antecedentes procesales y,

CONSIDERANDO: Que, el Juez de Partido 1º en lo Civil y Comercial de la ciudad de Trinidad, pronunció la Sentencia Nº 156 de 1 de junio de 2005, declarando probada la demanda de Concurso Voluntario, disponiendo la orden de pago en privilegio de los acreedores hipotecarios frente a los quirografarios conforme al orden cronológico de sus inscripciones.

Sentencia que en apelación es confirmada en forma total por auto de vista Nº 161/05 de 29 de septiembre de 2005.

Contra la resolución de vista, los demandantes Donato Vargas Bejarano y Virginia López Yujra recurren de casación en la forma y en el fondo. Alegan que la jueza de primera instancia, conforme dispone el art. 2 del Código de Procedimiento Civil, tenía la obligación ineludible de dictar sentencia de grados y preferidos dentro del plazo legal establecido por el art. 574 en relación al art. 589 ambos del igual cuerpo legal citado, sin embargo, la sentencia fue pronunciada después de dos años, cuando la Jueza había perdido competencia, por lo que la resolución emitida es nula por mandato del art. 208 del adjetivo civil.

Acusan que las consideraciones expuestas en el auto de vista constituyen falsas apreciaciones, pues en el recurso de apelación conforme a lo determinado en el art. 219 con relación al art. 227 del Código de Procedimiento Civil, se demostró y fundamentó los agravios sufridos por la resolución del juez a quo, de ahí que el tribunal ad quem tenía la obligación de resolver la alzada conforme lo determina el art. 237 inc. 3 y 4) del adjetivo civil, extremos que no sucedieron y por el contrario en violación a la disposición prevista en el art. 236, confirman la sentencia bajo argumentos ilegales de que no se ha cumplido con los requisitos exigidos por los arts. 219 y 227 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual acusan de falsas las aseveraciones contenidas en el Auto de Vista Nº 161/2005.

Finalmente solicitan que la Corte Suprema de Justicia case el auto de vista y o anule obrados hasta el vicio más antiguo -sentencia-.

CONSIDERANDO: Que, no obstante la deficiente estructuración del recurso al no establecer con claridad cual la acusación de su recurso en la forma y cual en el fondo, este Tribunal Supremo ingresa a la consideración del mismo al haberse acusado pérdida de competencia por parte de la jueza a quo. Al respecto, evidentemente la norma prevista por el art. 589 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso de autos por tratarse de un proceso de concurso voluntario, prevé que en esta clase de procesos la sentencia deberá pronunciarse "vencidos los quince días señalados en el art. 568", sin embargo, no es menos evidente que la misma norma prevé que "el juez, a solicitud de parte, pronunciará sentencia de grados y preferidos".

En autos, la demanda de fs. 4 a 5, inicialmente interpuesta solo por la Lic. Virginia López Yujra, dentro del Concurso Voluntario de acreedores, fue presentada el 9 de noviembre de 2002, siendo observada por el Juez a quo a fs. 6, y cumplidas las observaciones a fs. 20 con la adhesión al Concurso del esposo de la demandante, el Sr. Donato Vargas Bejarano, es admitida el 28 de enero de 2003, disponiéndose por la jueza a quo la citación de todos los acreedores, extremo que se cumple según diligencia de fs. 22, citándose al Banco Nacional de Bolivia, Fondo Financiero "PRODEM" y Caja Los Andes, a todos ellos, en fecha 31 de marzo de 2003. En cuanto al codemandado Nelson Villar Novoa, cursa a fs. 62, un memorial de éste, haciendo constar que los esposos Donato Vargas Bejarano y Virginia López de Vargas, le han cancelado en su totalidad su deuda quedando liberados en toda obligación.

Posteriormente, se procede a la acumulación de los procesos ejecutivos y coactivos en contra de los deudores demandantes. El proceso coactivo seguido por Banco Nacional de Bolivia, se acumula a fs. 209 en fecha 11 de noviembre de 2003 y el proceso ejecutivo del Fondo Financiero "PRODEM" a fs. 281 vlta., en fecha 22 de diciembre de 2003. Desde esa fecha hasta agosto de 2004, no existe solicitud de los demandantes para que la Jueza a quo pronuncie sentencia, cursando una solicitud a fs. 305 del acreedor Banco Nacional de Bolivia de fecha 12 de agosto de 2004, para la citación por edictos de los copropietarios del inmueble cedido por los deudores y que responden a los nombre de Jaime Luís, Elva y Franklin López Yujra, mediante edictos, deferido por la a quo, éstos se notifican por edictos que cursan a fs. 320. A fs. 341 es el representante del Banco Nacional de Bolivia que insta a la Jueza a pronunciar sentencia, quien fija audiencia de conciliación a fs. 341 vlta., para el 27 de enero de 2005, que fue postergada a fs. 348, para el 14 de marzo de 2005.

Es a fs. 351, que recién Hugo Vargas Palenque, en representación de los demandantes, peticiona en fecha 22 de febrero de 2005, más de dos años después de iniciada la acción, que se pronuncie sentencia de grados y preferidos, solicitud que no fue atendida por la jueza de la causa por no haberse acompañado el pase profesional de abogado. Notificados los demandantes en fecha 4 de marzo de 2005, no subsanan la observación de la a quo y por el contrario acreditan otra apoderada a fs. 355, la que acusa pérdida de competencia, sin fundamentar la misma.

A fs. 376, en fecha 13 de mayo de 2005, los demandantes reiteran su solicitud de pronunciar sentencia, cuando la jueza a quo había dispuesto por auto de 27 de abril de 2005, que vuelva el proceso a despacho para dictar resolución una vez se encuentre corriente el expediente, constando la última notificación a fs. 374 en fecha 17 de mayo de 2005, tal como lo establece el tribunal ad quem en la resolución de vista impugnada, pronunciándose sentencia el 1º de junio de 2005.

De lo expuesto, se infiere que los demandantes no han instado oportunamente para que se pronuncie sentencia de grados y preferidos, por una parte y por la otra, una vez decretado autos para sentencia, la misma se ha pronunciado dentro del plazo previsto por el art. 574 del adjetivo civil, por lo que mal se puede alegar pérdida de competencia por parte de la a quo.

Finalmente, tampoco es evidente que el tribunal ad quem, hubiere incurrido en violación del art. 236 del adjetivo civil, habida cuenta que el recurso de apelación de fs. 384, se centra en la alegada pérdida de competencia de la jueza a quo y al referirse a la disposición de la a quo para que se cancele la obligación contraída por Franklin López Yujra, no expone de manera clara el agravio sufrido, en la forma que obliga al recurrente el art. 227 del adjetivo de la materia, de ahí que el tribunal ad quem no se pronunció al respecto, tal como se establece en la resolución impugnada.

En consecuencia, es de aplicación lo dispuesto por el art. 271-2) y 273 del adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la concurrencia del Dr. Jaime Ampuero García, Ministro de la Sala Social y Administrativa Primera, convocado al efecto, por excusa de la señora Ministra Rosario Canedo Justiniano, declara INFUNDADO el recurso, con costas. Se regula el honorario de abogado en la suma de bolivianos quinientos que mandará hacer efectivo el tribunal ad quem.

MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Regístrese y devuélvase.

Firmado : Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Dr. Jaime Ampuero García.

Proveído : Sucre, 28 de enero de 2009.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil.