SALA CIVIL

AUTO SUPREMO N ° 307 Sucre, 18 de diciembre de 2008

DISTRITO: Santa Cruz PROCESO: Ordinario- Cumplimiento

de contrato.

PARTES: Jorge David Gabriel Vargas Angulo c/ Carlos Nina Sacari.

MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 105-106, interpuesto por Carlos Nina Sacari, contra el auto de vista Nº 398 de 11 de julio de 2005 cursante a fs. 297, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre cumplimiento de contrato, seguido por Jorge David Gabriel Vargas Angulo, contra el recurrente, la respuesta de fs. 107-108, los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO: Que, el Juez 11vo de Partido en Materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, emitió la sentencia Nº 85/04 de 1º de noviembre de 2004 cursante a fs. 72-73, declarando probada en parte la demanda de fs. 7-8, en lo concerniente a la desocupación y entrega de inmueble e improbada en lo referente al pago de daños y perjuicios; ordenando al demandado Carlos Nina Sacari, proceder a la entrega del inmueble ubicado en la Zona Norte de la ciudad de Santa Cruz, Mzo. 05, U.V. 66, lote Nº 12 con una extensión superficial de 606,24 mts2, totalmente deshabitado dentro de tercero día a su propietario Jorge David Gabriel Vargas Angulo. Con costas.

Sentencia que apelada por la parte demandada, fue confirmada mediante auto de vista Nº 398 de 11 de julio de 2005, por la Sala Civil Primera del Distrito Judicial de Santa Cruz.

Que, contra la mencionada resolución de vista, Carlos Nina Sacari, invocando el amparo de los arts. 90, 250, 252, 254-1) del Código de Procedimiento Civil, a fs. 105-106 de obrados, interpone el recurso de casación en la forma, acusando la violación de los arts. 16-II, 31, 228 y 229 de la Constitución Política del Estado, 90 y 317 del Código de Procedimiento Civil, 134-1), 177-1) de la Ley de Organización Judicial, solicitando que la Corte Suprema de Justicia, una vez haya hecho un minucioso análisis del proceso, en estricta aplicación del art. 252 del Código de Procedimiento Civil y sin considerar otros aspectos anule obrados hasta la admisión de la demanda y se ordene la remisión del proceso al Juez competente llamado por ley.

CONSIDERANDO: Que, de la revisión de los obrados, en función al recurso de casación en la forma interpuesto por el demandado Carlos Nina Sacari, este Tribunal Supremo, con la facultad que le reserva el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, encuentra evidentes los vicios de nulidad acusados por el demandado.

En efecto, de obrados, se evidencia que a fs. 11, el demandado Carlos Nina Sacari, citado que fue con la demanda de fs. 7 a 8, opuso excepción previa de incompetencia en razón de la cuantía, alegando que entre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, previstas en el art. 55- inc. 33) de la Ley de Organización Judicial está la de "Señalar la competencia en razón de la cuantía revisando la misma, aumentando o disminuyéndolas cuando fuere necesario". Sostuvo que mediante Resolución de Sala Plena de fecha 1° de noviembre del 2001, el Tribunal Supremo ha establecido la cuantía de Bs. 60.000.-, para los Jueces de Instrucción en lo Civil y de Bs. 60.001 para los Jueces de Partido en lo Civil y que la demanda establece la suma de $us. 7.000.- que al cambio actual asciende a la suma de Bs. 54.000.- de manera que se encuentra por debajo del monto asignado para los Juzgados de Partido en lo Civil, por lo que pidió que se remita el proceso al juez llamado por ley en razón de la cuantía.

Excepción que se declaró improbada por el Juez a quo, mediante el auto interlocutorio de fs. 15 y contra el cual, evidentemente, no fue recurrido en apelación por parte del demandado excepcionista, empero, tampoco éste consintió en la prórroga de competencia del juez.

Ahora bien, no obstante haberse dejado ejecutoriar dicho auto, sin embargo, este Tribunal Supremo no puede desconocer el principio universal de derecho que sostiene que "la competencia nace de la ley", principio que es recogido por nuestra normativa jurídica en el art. 31 Constitucional y arts. 25 y siguientes, de la Ley de Organización Judicial.

En ese orden, el art. 27 sostiene "La competencia de un tribunal o juez para conocer un asunto, se determina por razón del territorio, de la naturaleza, materia o cuantía de aquel y de la calidad de las personas que litigan".

En el caso que nos ocupa, queda claro que el contrato cuyo cumplimiento se demanda establece una cuantía, que por su monto, pertenece a la competencia del juez de instrucción en lo civil y no al juez de partido en lo civil. De ahí que el presente proceso se ha desarrollado ante un juez incompetente para conocer la causa, cayendo en la nulidad prevista por el art. 254-1) del adjetivo civil, independientemente que se hubiere ejecutoriado o no el fallo incorrecto del juez a quo cuando rechazó la excepción de incompetencia opuesta por el demandado.

Por lo expuesto, al resultar evidente que las resoluciones de instancia caen dentro de la nulidad dispuesta por el art. 254-1) del Código de Procedimiento Civil, es el caso de dar aplicación a lo previsto por el art. 271-3) y 275 del igual adjetivo.

POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, ANULA todo lo obrado, hasta el estado que se remita el proceso ante el juez llamado por ley, que resulta ser el Juez de Instrucción de Turno en lo Civil de la ciudad de Santa Cruz. Sin responsabilidad ni multa por ser excusable.

Para resolución interviene el Dr. Jaime Ampuero García, Ministro de la Sala Social y Administrativa Primera, convocado a conformar sala mediante proveído de fs. 111.

La Primera Relatora: Ministra Dra. Rosario Canedo Justiniano fue de voto disidente, manteniéndose en su proyecto de resolución por declarar Infundado el recurso.

SEGUNDA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Regístrese y devuélvase.

Firmado : Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Dr. Jaime Ampuero García

Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Proveído : Sucre,18 de diciembre de 2008

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil.