SALA CIVIL

AUTO SUPREMO Nº 274 Sucre, 25 de noviembre de 2008

DISTRITO: Cochabamba PROCESO: Ordinario- Rectificación

de nombre y otros.

PARTES: Adrián Castillo Camacho c/ Héctor Castillo Camacho y otros.

MINISTRA RELATORA: Dra. Rosario Canedo Justiniano

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 442-448, interpuesto por Adrián del Castillo Camacho, contra el auto de vista Nº 139 de 26 de julio de 2005 cursante a fs. 437-438, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso ordinario de rectificación de nombre y otros seguido por el recurrente contra Héctor y Orlando Castillo Camacho y los herederos de Yolanda Castillo Camacho, la respuesta de fs. 453-454, los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO I: Que, el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, emitió la sentencia Nº 105 de 7 de octubre de 2002 cursante a fs. 362-365, declarando probada en parte la demanda de fs. 16-17 y probada la acción reconvencional planteada por los demandados e improbada la excepción perentoria de prescripción, sin costas por tratarse de juicio doble. En consecuencia se dispone a) Que la complementación y rectificación del nombre de su madre se tramite por cuerda separada. b) Con relación a la rectificación del apellido del actor, no es procedente toda vez que está probado que no es hijo de Luís Castillo. c) Se declara la nulidad de la minuta de transferencia de acciones y derechos de 17 de febrero de 1993. d) Igualmente queda sin valor legal alguno la Escritura Pública Nº 2778/96 de 22 de mayo de 1996. e) A mayor abundamiento se lo declara al actor heredero únicamente a la sucesión de las acciones y derechos de su madre, a la que también concurrirán Luís Héctor, Julio Orlando y los herederos de Yolanda Castillo Camacho, por el derecho de representación de la premuerta.

f) Finalmente, a la sucesión del otro 50% de los bienes de Luís Camacho Martínez, ingresará, Luís Héctor, Julio Orlando y los herederos de Yolanda Castillo Camacho y g) La división y partición del inmueble en ejecución de sentencia a objeto de que los coherederos puedan disponer de la cuota parte que les corresponde.

Que, en grado de apelación deducida por el demandante, mediante auto de vista Nº 139 de 26 de julio de 2005 cursante a fs. 437-438, se confirma la sentencia de primera instancia.

Contra la referida resolución de vista Adrián del Castillo Camacho, invocando el amparo de los arts. 253-1) -2) -3) y 254-4) y 7) del Cód. Pdto. Civ., interpone a fs. 442-448 recurso de casación en la forma y en el fondo, acusando en la forma, la conculcación de los arts. 31 de la C.P.E., 27 y siguientes de la L.O.J., y 380 última parte del Código de Familia, por lo que solicita al Tribunal de Casación, se digne casar en la forma disponiendo la nulidad de obrados hasta fs. 20, hasta que el juez a quo declarándose incompetente remita obrados al llamado por ley; como casación en el fondo, acusa la infracción de los arts. 524, 1000 y siguientes, 1286, 1296, 1289, 1297, 1311, 1331, 1332, 1312, 1334 y 1538 del Cód. Civ., 90, 191, 380 del Código de Familia y error de hecho y de derecho en la interpretación de las leyes como en la valoración de las pruebas, por lo que solicita casar en el fondo el auto de vista recurrido declarando probada la demanda y las excepciones opuestas a la reconvención, disponiéndose las rectificaciones solicitadas, la condición de heredero de su persona sobre los bienes, acciones y derechos de su padre, en la proporción legal a cada heredero, más el pago de daños y perjuicios por el uso unilateral del inmueble por parte de los demandados Luís Héctor y Julio Orlando Castillo Camacho, en un monto a calificarse en ejecución de sentencia.

CONSIDERANDO II.-Que, en ejercicio de la facultad conferida por el art. 15 de la L.O.J., cual es el de revisar de oficio, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la correcta tramitación y conclusión de los procesos, para aplicar, en su caso, las sanciones pertinentes o determinar, de oficio, la nulidad de obrados, en aplicación del art. 252 del Cód. Pdto. Civ.; se establece:

Que, en el presente proceso por auto de 27 de marzo de 1998 cursante a fs. 72 vta., se anularon obrados hasta el estado en que el actor amplíe la demanda contra la Dirección Departamental del Registro Civil y presuntos interesados, lo que dio lugar a la ampliación de fs. 76 memorial en el que el demandante solicitó la citación a los presuntos interesados con la demanda y consiguiente ampliación mediante edictos, formalidad que se tiene cumplida con las publicaciones de fs. 84-86.

Que, mediante decreto de 25 de mayo de 1998 se designó como defensor de oficio de los presuntos interesados al Dr. Antonio Antezana Terán, quién aceptó el cargo a fs. 89 previo juramento de ley, habiendo proseguido el trámite del proceso hasta la dictación del auto de 3 de julio de 2000 cursante a fs. 266, en el que saneando el proceso se dispone nuevamente la nulidad de obrados hasta fs. 134 vta. inclusive, es decir, hasta que se notifique con el auto de relación procesal al defensor de oficio designado y se complemente la relación procesal disponiendo Francisco Wilfredo Zaconeta Raimomdeau, curador ad liten de los herederos de Yolanda Castillo Camacho, pruebe lo que en derecho les corresponde a sus representados; que el Director Departamental del Registro Civil, una vez que asuma defensa purgando la rebeldía demuestre lo que en derecho corresponda, de igual manera tanto el Ministerio Público como la Unidad de Servicio Social, justifiquen lo que sea pertinente con arreglo a la ley, convalidando en lo demás íntegramente el auto de 19 de marzo de 1999 de fs. 133 vta, disponiendo finalmente la notificación expresa de todos los sujetos procesales en el domicilio señalado a efectos del proceso.

Que, a fs .362-365 del expediente cursa la sentencia de 7 de octubre de 2002, con la que se notificó únicamente al actor y a los demandados Héctor y Julio Orlando Castillo Camacho, omitiendo hacer conocer la sentencia a los demás sujetos procesales, a quienes no se los notificó con dicha acto procesal decisorio, como se verifica a fs. 366, habiendo subsistido tal omisión no obstante el auto de vista de 24 de abril de 2003 de fs. 386, respecto de los supuestos interesados a quienes corresponde notificar con la sentencia en la misma forma como se les citó con la demanda, es decir, mediante edicto, en resguardo del debido proceso, lo que no aconteció en la especie, descuidando el juez de la causa el cumplimiento de los deberes que le corresponden como director del proceso al tenor del art. 3-1) del Cód. Pdto. Civ., vulnerando la previsión del art. 90 del Cód. Pdto. Civ., lo que no fue advertido ni corregido por el Tribunal ad quem, en ejercicio de la facultad fiscalizadora que confiere el art. 15 de la L.O.J., de donde se hace imperativo dar cumplimiento a las precitadas disposiciones, cuya omisión conlleva la nulidad del proceso haciendo aplicable la previsión del art. 252 del Cód. Pdto. Civ.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad contenida en los arts. 15 y 58 numeral 1 de la L.O.J, ANULA obrados hasta fs. 366 inclusive, para que se notifique con la sentencia a todos los sujetos procesales y entre estos, por edicto, a los supuestos interesados.

MINISTRA RELATORA Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado : Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Proveído : Sucre, 25 de noviembre de 2008.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil.