SALA CIVIL

AUTO SUPREMO Nº 257 Sucre, 29 de octubre de 2008

DISTRITO: Cochabamba PROCESO: Ordinario- Nulidad de

venta simulada.

PARTES: Felipe Martínez Nina c/ Enrique Cori Condori.

MINISTRA RELATORA: Dra. Rosario Canedo Justiniano.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 179 a 182 vlta., interpuesto por Enrique Cori Condori, contra el Auto de Vista N° 144/2005 de fecha 23 de julio de 2005 cursante a fs. 175 - 176, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso ordinario de nulidad de venta simulada, seguido por Felipe Martínez Nina contra el recurrente, los antecedentes procesales y,­

CONSIDERANDO I : Que, dentro del caso de autos el Juez de Partido en lo Civil y Comercial de Totora de la Provincia Carrasco del Departamento de Cochabamba, emitió la Sentencia de 31 de mayo de 2003 de fs. 142-146, declarando probada la demanda, de fs. 15 interpuesta por el demandante Felipe Martínez Nina, e improbadas las excepciones opuestas por el demandado Enrique Cori Condori a fs. 38, con costas y daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia, en consecuencia se declara nulo el documento de transferencia otorgado por el demandante en favor del demandado, registrado en Derechos Reales y partida N° 444 del libro primero de propiedad de la Provincia Carrasco en fecha 23 de junio de 2000, disponiéndose su cancelación en los registros correspondientes, manteniendo vigente el derecho propietario del demandante sobre la totalidad del inmueble registrado en Derechos Reales a fs. Ptda. N° 450 del libro primero de propiedad de la Provincia Carrasco en 21 de junio de 1994

Que, contra la indicada sentencia, Enrique Cori Condori interpone recurso ordinario de apelación mediante memorial de fs. 150 a 154, el que respondido que fue, se lo concede por auto interlocutorio de fecha 2 de julio de 2003 cursante a fojas 157.

La Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Cochabamba resolviendo la impugnación, mediante Auto de Vista N° 144/2005 de 23 de julio de 2005 cursante a fs. 175- 176, CONFIRMA la sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

Contra la referida resolución de segundo grado, Enrique Cori Condori, interpone recurso de casación o nulidad en la forma y/o en el fondo, amparado para el efecto en los arts. 250, 253, 254 y 255 del Código de Procedimiento Civil conforme a su memorial de fs. 179 a 182 y vta., acusando en la forma la vulneración de los arts. 90, 137-3), 62-11, 379 y190 del Código de Procedimiento Civil, Concluye solicitando que se resuelva el recurso anulando el proceso hasta el vicio más antiguo.

En el fondo acusa la violación del art. 1328 del Código Civil, interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, pidiendo que el alto tribunal, resuelva el recurso casando el auto recurrido, declarando en consecuencia improbada la demanda, conforme establece el art. 274 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO II.- Que de la revisión y análisis del recurso de casación, respuesta, auto de vista recurrido, y de los antecedentes del proceso, se llega a las siguientes conclusiones:

a). En cuanto al recurso en la forma, debemos empezar aclarando, que los actos procesales están encaminados a la consecución de una finalidad. No se trata de un fin subjetivo o empírico, sino teleológico, de una finalidad objetiva o función que a cada acto procesal le corresponde. La finalidad genérica de estos actos procesales es la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y sus derechos, a objeto de garantizar el debido proceso. Para cumplir esa finalidad y los actos sean jurídicamente eficaces deben concurrir requisitos subjetivos, objetivos y de actividad. Faltando estos requisitos o adoleciendo de deficiencia para cumplir esa finalidad, los actos se hallan afectados de nulidad. El vicio de nulidad o la irregularidad del acto puede provenir de la previsión de una norma legal expresa, de donde se desprende la inexistencia de nulidad, si no existe norma que así lo determine como lo dispone el primer parágrafo del art. 251 del Código de Procedimiento Civil que materializa el principio de "especificidad';- asimismo, de la falta de un requisito indispensable para la obtención de esa finalidad que se conoce como "instrumentalidad de las formas".

Sin embargo, si el acto pese al vicio o irregularidad, no ha ocasionado una real y efectiva violación del derecho de defensa en juicio no corresponde declarar la nulidad, y menos si en su oportunidad el presuntamente afectado no reclamó, interponiendo las acciones necesarias que le confiere la ley, reclamando el "perjuicio" que hubiese podido irrogarle, y evitar su convalidación posterior.

En la especie se acusa la citación irregular con la resolución que ordena la apertura del término de prueba, el mismo que no fue observado oportunamente, ni ha hecho uso de los incidentes ni recursos que la ley le franquea al ahora recurrente, consintiendo expresa o tácitamente el acto acusado como viciado, tal como se acredita al constatar su presentación al acto de confesión provocada al que fue diferido cursante a fs. 50-51, acto procesal en el que no observó ningún presunto vicio hoy alegado, como tampoco en posteriores, ni en el recurso ordinario de apelación cursante a fs. 150 a 154, por lo que el tribunal no encuentra que se haya violado el art. 137-2) del Procedimiento Civil, por lo que no procede declarar su nulidad.

Cabe aclarar que la relación procesal se establece con los actos procesales que el art. 353 del indicado Procedimiento señala. Una vez calificado el proceso y aplicado en su caso los arts. 370 y 371 del mismo, cualquier objeción a los puntos de hecho debe ser propuesta dentro de tercero día bajo sanción de preclusión. Aspecto que no fue observado por el recurrente, por lo que, precluyó su pretendido derecho, sin que sea posible retrotraer una fase ya consumada, y más aún si se toma en cuenta lo dispuesto en el inc 3) del art. 258 del Código de Procedimiento Civil, que preve " que en el recurso de nulidad no será permitido alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubiesen reclamado en los tribunales inferiores".

En cuanto a la observación del poder conferido por el demandante a favor de su mandatario, para ofrecer pruebas, éste Tribunal Supremo no encuentra que los de grado hubiesen violado el art. 62 Inc. II del C. P. C. ni mérito para la nulidad de obrados peticionada, por cuanto el poder especial faculta al mandatario a realizar actos en representación del mandante, y en el caso de autos el poder conferido por el actor a favor de los mandatarios Nancy Martínez Escalante y José Freddy Rodríguez Choque cursante a fs. 45, señala expresamente el juicio, la autoridad competente bajo cuya dirección se encuentra la tramitación del proceso, así como la facultad expresa de hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios, como todos los actos propios del proceso, entre los que se encuentra implícitamente la facultad para ofrecer pruebas, como lo determina el art. 804, 805-II, art. 809 y 811-I todos del Código Civil, última disposición que manda imperativamente que "el mandato no solo comprende los actos para los cuales ha sido conferido, sino también aquellos que son necesarios para su cumplimento" . Por lo que el reclamo del recurrente no tiene ningún tipo de acogida, haciendo notar que en el supuesto de que tendría algún asidero jurídico legal, la ley le facultaba a hacer uso de la interposición de la correspondiente excepción contenida en el inc. 2) del art. 326 del Código de Procedimiento Civil, y de ninguna manera esperar esta etapa procesal para impugnar la representación, cuando su pretensión ha precluido y caducado su derecho para reclamar.

Por último, en cuanto a la acusación de que la sentencia otorgó mas allá de lo pedido, tampoco este Tribunal encuentra que la sentencia o el auto de vista violente los principios de congruencia y exhaustividad previstos por los arts. 190 y 236 ambos del igual adjetivo civil, puesto que ésta tiene plena concordancia entre el petitum formulado por el actor a fs.15 a 17, lo dispuesto en el auto que declara la relación procesal inmodificable y fija los puntos de hecho a demostrar de fs. 42 vlta., las pruebas aportadas y lo resuelto en la sentencia, por lo que se concluye que no hay mérito para una casación formal, por todos los fundamentos expuestos.

b). En relación al recurso en el fondo, el recurrente debe fundamentar su petitorio en alguna de las causas previstas en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, con relación al derecho material aplicado en la decisión de la causa. En la especie, se establece que la demanda, tiene como pretensión la nulidad de un acto jurídico de venta, por falta de los requisitos de validez del contrato, con sujeción al art. 452 y 483 con referencia al art. 549 numeral 1°) todos del Código Civil, que establecen aue la falta de reauisitos señalados por ley en los contratos, da lugar a la nulidad o anulabilidad del contrato. El art. 452 del adjetivo civil antes mencionado, señala con precisión los requisitos para la formación de los contratos, el "consentimiento, el objeto, la causa y la forma"; el objeto que debe ser lícito, así como la causa lícita, es decir el motivo que hubiese impulsado a las partes a suscribir el contrato, aspecto que en el caso de autos se traduce en la causa petendi de la acción de fs. 15 a 17, en la que funda su pretensión el actor al solicitar la nulidad del contrato, por faltar uno de los requisitos para su formación y validez al tenor del art. 452 del Código Civil, alegando la existencia de error esencial porque ambos no habrían acordado sobre el objeto o sobre la naturaleza del contrato, no habiendo un acuerdo de voluntades para la enajenación del bien inmueble, realizándose la venta simulada con el único propósito de facilitar que Enrique Cori pudiera resolver el problema emergente de los cortes de servicio de luz, debido a que los ocupantes de los ambientes contaban con un solo medidor, aspecto que ha sido interpretado por los jueces de grado, al resolver la sentencia de fs. 142 a 146 y el Tribunal ad quem en el Auto de Vista de fs. 175 a 176 de obrados, sin que hubiese incurrido el juez a quo en error en la apreciación ni la valoración de la prueba, ni en la aplicación de los arts. 1327, 1330, 1286 del Código Civil, art. 397 y 476 del Código de Procedimiento Civil, como lo acusa el recurrente.

Sobre la presunta infracción del art. 1328 del Código Civil, en que hubiese incurrido el Tribunal ad quem, se debe precisar, por una parte, que esa infracción alegada no tiene relación con la apreciación de la prueba en su conjunto valorada por los jueces de instancia, por cuanto tal presupuesto se configura cuando la prohibición de este dispositivo persigue mesurar, templar cualquier criterio de las partes orientado a modificar los términos del contrato, lo que no ocurre en el caso de autos, por cuanto los términos del contrato no es motivo de discusión, sino contrariamente, el motivo de discusión en el caso de autos, son los fines del contrato y si éste cumple con los requisitos de validez para su formación, por lo que la aplicación del art. 1329 numeral 2) del Código sustantivo de la materia es aplicable al caso de autos, debido a que el acto fue impugnado de "falsedad".

En cuanto al error de derecho en la valoración de la prueba, se entiende a este cuando el juez le quita el valor que le reconoce la ley a una determinada prueba escrita, aspecto que no es tomado en cuenta por el recurrente en la medida que acusa esta vulneración manifestando que el juzgador ha incurrido en error de derecho al apreciar y valorar la confesión judicial provocada que cursa a fs. 50 y 51, acto procesal en la que el deferido a confesión provocada confiesa circunstancias fácticas o de hecho, por lo que el juez al valorar dicha confesión, no incurrió en error de derecho, por lo que resulta insustancial e irrelevante la impugnación del recurrente.

En el punto c) del recurso manifiesta la infracción por error de hecho en la apreciación de la prueba, a lo que debemos dejar sentado que el error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba emerge de la reconstrucción de los hechos, ( verdad histórica) y en la aplicación de las reglas de la lógica y la experiencia (sana crítica), cuando se hubiese otorgado a la misma un valor diferente al que la representa o se le haya restado el valor que la ley le otorga, de modo que tal error genere una evidente injusticia. En autos, se advierte que los de instancia han valorado la prueba en su conjunto, dentro de los parámetros de la sana crítica y con prudente criterio, tal como lo realiza el juez a quo en los considerandos tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia de fs. 142 a 146, y el tribunal de apelación en el considerando segundo del Auto de Vista de fs. 175 a 176, por lo que este tribunal no encuentra evidencia alguna que demuestre que el tribunal ad quem hubiere infringido los arts. 397 y 476 del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta que la demanda de nulidad de venta simulada a sido acogida por los de grado, en atención a la prueba aportada en obrados, apreciada conforme a la valoración que le otorga la ley, con la facultad incensurable en casación, tomando en cuenta que la apreciación de la prueba y su valoración corresponde a los jueces de instancia, dentro de las reglas de la sana crítica, las mismas que son las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica con las de la experiencia del juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas, correspondiendo apreciar las pruebas de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, como previenen los arts. 397-I-II y 476 del Código de Procedimiento Civil, a menos que se demuestre mediante el recurso de casación en el fondo, que el tribunal ha incurrido en error de derecho o de hecho en esa apreciación, error de derecho que solamente puede darse cuando la prueba está tasada por ley y error de hecho cuando se lo evidencia con documentos o actos auténticos que lleven a demostrar inequívocamente dicho error en el juzgador, situación que en la sub lite no se da, por las razones expuestas anteriormente.

Por lo expuesto y no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, corresponde a este Tribunal la aplicación de los arts. 271-2) y 273 del Código Adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, aplicando el Art. 273 del Código de Procedimiento Civil, en ejercicio de la facultad conferida por el numeral 1) del Art. 58 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso, con costas.

Se regula en Bs. 500 el honorario de abogado, que mandará hacer efectivo el tribunal ad quem.

MINISTRA RELATORA Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado : Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Proveído : Sucre,29 de octubre de 2008.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil.