SALA CIVIL

AUTO SUPREMO N ° 241 Sucre, 27 de octubre de 2008

DISTRITO: La Paz PROCESO: Ordinario- Mejor derecho de propiedad y otro

PARTES: Patricia Morro Solaligue c/ Betto Peñaloza Ruiz.

MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

VISTOS: El recurso de casación interpuesto de fs. 246 a 253, por Patricia Morro Solaligue, contra el auto de vista N° 463/07 de fs. 235-237, pronunciado el 7 de diciembre de 2007, por la Sala Civil Tercera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario sobre mejor derecho de propiedad y pago de daños y perjuicios, seguido por la recurrente contra Betto Peñaloza Ruiz, los antecedentes procesales y,

CONSIDERANDO: Que, el Juez 5° de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia de fs. 185 a 189 de 25 de mayo de 2007, declarando improbada la demanda de fs. 5 a 6 y probada en parte la demanda reconvencional de fs. 114 a 116 en cuanto se refiere al mejor derecho de propiedad del Sr. Betto Peñaloza Ruiz.

Sentencia que fue recurrida en apelación por la demandante, recurso que fue resuelto por Auto de Vista N° 463/07 de 7 de diciembre de 2007, cursante a fs. 235-237, resolución que confirma el auto de fs. 49 y 1a sentencia de fs. 185-189.

Contra la referida resolución de vista, la demandante Patricia Morro Solaligue recurre de casación en el fondo, alegando que los Vocales recurridos omiten considerar que en la cláusula tercera de la Escritura Pública N° 1778/95 se afirma que la ubicación se halla especificada en el plano correspondiente, pero que la parte demandada nunca acreditó ese documento y no existe prueba de ello en obrados. Agrega que el auto de vista omite también considerar que producto de esa falta de ubicación y colindancias, la parte demandada realizó pagos de impuestos de fs. 68 a 82 completamente desorientados y de total contradicción con la ubicación del terreno objeto de la litis.

Agrega que el auto de vista, en el punto 3 de su cuarto "Considerando" señala que según la Escritura Pública N° 798/98 de 20 de julio de 1998 en su cláusula segunda, se verifica la venta del lote N° 30, cuyos límites son al norte con una calle innominada que coincide con la realidad, al sur con los lotes 32 y 33, al este con el lote N° 29 de propiedad de Helan Paulo Ferreira Zenteno, y al oeste con área de forestación, que también coincide con la realidad, por lo que al comprobarse la correspondencia entre la ubicación y colindancias dentro del ex Fundo Irpavi, su mejor derecho propietario quedó en total evidencia.

Acusa que el tribunal ad quem en una interpretación subjetiva y parcializada al margen de lo resuelto por el inferior, en el punto 4 del cuarto "Considerando", cuestiona el comportamiento de una persona ajena al proceso cuando sostiene que René Aguilar Mamani ...no acreditó ni consta que hubiese fraccionado su terreno....tampoco en el presente proceso se adjunta plano que justifique ventas en lotes fraccionados, con numeración y colindancias" en clara infracción del art. 193 in fine del Código de Procedimiento Civil.

Agrega que en el numeral 5 del cuarto "Considerando" en forma parcial y sesgada solo hacen referencia que las partes acudieron por ante la H. Alcaldía Municipal y que esta Institución no pudo establecer la correcta ubicación de los lotes pretendidos, dando lugar al informe de fs. 108 a 109 emitido por la Asesora Jurídica, cuando todos los informes del Gobierno Municipal están relacionados con los trámites iniciados por las partes en contienda y el Sr. Helan Ferreira, haciendo un análisis de los referidos informes.

Señala que en el quinto "Considerando" la resolución de vista sostiene que las partes ofrecieron las mismas pruebas consistentes en sus títulos de propiedad y que fueron de conocimiento del Gobierno Municipal de La Paz y sus dependencias técnicas, omitiendo considerar que el título de propiedad de la parte demandada no tiene límites ni colindancias, por lo que no puede ser objeto de individualización y que las dependencias técnicas del Gobierno Municipal de manera dolosa y mal intencionada configuraron sobreposiciones inexistentes.

Finalmente acusa que en el sexto y último "Considerando" se sostiene que la demandante no ha demostrado que tiene su lote de terreno diferente y distante del terreno del demandado Betto Peñaloza Ruiz, con planimetría, cuando ese punto no fue parte de la calificación del proceso y punto de hecho a demostrar, por lo que pide casar la resolución de vista y se revoque la sentencia.

CONSIDERANDO: Que, el art. 15 de la Ley de Organización Judicial otorga al Tribunal Supremo la facultada de fiscalizar los procesos que llegan a su conocimiento a objeto de verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél.

En función a esta facultada fiscalizadora, y de la revisión de los obrados, se evidencia que la controversia radica en el mejor derecho de propiedad sobre un lote de terreno urbano sito en el el ex fundo Irpavi, que demanda Patricia Morro Solaligue contra Betto Peñaloza Ruiz, quien a su vez reconvino también por mejor derecho de propiedad sobre el referido lote.

Ambos contendientes adquirieron sus respectivos lotes de terreno de un mismo vendedor y propietario, René Aguilar Mamani, la demandante mediante la Escritura Pública N° 798/98 de 20 de julio de 1998 y registrada en Derechos Reales en la misma fecha, cursante de fs. 1 a 2 y el demandado y reconvencionista mediante la Escritura Pública N° 1778/95 de 12 de abril de 1995, registrada en Derechos Reales en fecha 13 de abril de 1995, según consta a fs. 64 a 65.

Para establecer el mejor derecho de propiedad, es preciso identificar de manera inequívoca la ubicación precisa de cada uno de los lotes de terreno cuya propiedad se cuestiona, máxime si según se refiere en la demanda y la contestación las partes han acudido al órgano jurisdiccional a fin de dilucidar el derecho de propiedad del lote en litigio por existir una sobreposición de terrenos.

Ahora bien, de la cláusula cuarta de la Escritura Pública N° 798/98 de 20 de julio de 1998, se evidencian los límites y colindancias del lote de terreno adquirido por la demandante Patricia Morro S. y que se especifican en: al Norte con una calle innominada, al Sur con los lotes Nros. 32 y 33, al Este con el lote 29 y al oeste con el área de forestación. Mientras que la Escritura Pública N° 1778/95 de 12 de abril de 1995, mediante la cual el demandado Betto Peñaloza Ruiz adquiere el lote de terreno de 600 mt2., no especifica sus límites ni colindancias, limitándose a señalar en la cláusula tercera "Los límites y colindancias del terreno, materia de la presente operación, se hallan especificados en el plano correspondiente".

Plano que no obstante no ser el documento idóneo para establecer el derecho propietario, sin embargo, ante la evidente omisión de las colindancias y límites del terreno en el documento público de transferencia a favor del demandado, resulta ser vital para que el órgano jurisdiccional forme convicción sobre la real ubicación del terreno adquirido por el demandado, mismo que no fue aportado a obrados.

Por lo que en definitiva, este Tribunal Supremo extraña que el demandado no hubiere acompañado a su título de propiedad de fs. 64 a 65, el plano original a que se refiere la mencionada cláusula tercera que podría demostrar la ubicación exacta del lote de terreno del Sr. Betto Peñaloza Ruiz y que debía ser exigido tanto por las dependencias técnicas del Gobierno Municipal, como por el Juez a quo, sin que pueda suplir esta omisión el plano que cursa a fs. 113 como prueba 10 que acompaña el demandado a obrados, que resulta ser de fecha posterior a la compra y no estar avalado por ningún instrumento de transferencia en el que se consigne sus límites y colindancias.

Que, el hecho que el demandado hubiere adquirido y registrado en Derechos Reales con anterioridad su lote de terreno frente al adquirido con posterioridad por la demandante, no confiere a aquél el mejor derecho propietario como lo han declarado los de grado, en aplicación a lo dispuesto por el art. 1545 del Código Civil, habida cuenta que dicha norma legal bajo el nomen juris "Preferencia entre adquirentes de un mismo inmueble", establece: "Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquirente que haya inscrito primero su título". En el caso de autos como se tiene expresado no se ha demostrado que se hubieren transmitido "los mismos bienes" a diferentes personas, precisamente ese es el punto que no ha sido demostrado en obrados, de ahí que el Juez a quo en uso de la atribución conferida por el art. 378 del adjetivo civil estaba obligado a exigir al demandado la presentación del plano extrañado.

POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, ANULA obrados, hasta fs. 184, es decir, hasta que el Juez a quo haga uso de la facultad que le confiere el art. 378 del Código de Procedimiento Civil ­y disponga que el demandado Betto Peñaloza Ruiz presente el plano al que se refiere la cláusula tercera de la Escritura Pública N° 1778/95. Sin responsabilidad por ser excusable. MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Regístrese y devuélvase.

Firmado : Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Proveído : Sucre, 27 de octubre de 2008.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil.