SALA CIVIL

AUTO SUPREMO Nº 179 Sucre, 14 de agosto de 2008.

DISTRITO: La Paz PROCESO: Ordinario- Nulidad de

resolución municipal y otros.

PARTES: Dionicia Sullcata de Torrez c/ Gobierno Municipal de La Paz.

MINISTRA RELATORA: Dra. Rosario Canedo Justiniano.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 182-184, interpuesto por Dionicia Sullcata de Tórrez, contra el auto de vista Nº 459/2005 de 7 de octubre de 2005 cursante a fs. 179, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso de nulidad de resolución municipal, cancelación de partida en DD.RR., acción negatoria y declaratoria de mejor derecho, seguido por la recurrente contra el Gobierno Municipal de La Paz, la respuesta de fs. 188-191, los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO I: Que, el Juez de Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de la Paz, emitió el auto interlocutorio Nº 36/2005 de 14 de enero de 2005 de fs. 105, declarando probada la excepción previa de incompetencia planteada a fs 83-84 por el Gobierno Municipal de La Paz y en tal virtud anula obrados hasta fs. 11 vta., inclusive. Debiendo la parte actora acudir a la vía que corresponde. Con costas.

En grado de apelación deducida por la demandante, por auto de vista Nº 459/2005 de 7 de octubre de 2005 cursante a fs. 179, se confirma la resolución apelada Nº 36/2005 de 14 de enero de 2005.

Que, contra la mencionada resolución de vista, Dionicia Sullcata de Tórrez, interpone recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 183-184, expresando en el fondo, que el auto de vista recurrido carece de congruencia según lo previsto en el art. 190 inc. 2) y 3) del Cód. Pdto. Civ.; contiene lesión del principio constitucional de irretroactividad de la ley porque pretenden la aplicación de la ley de Municipalidades Nº 2028 de 28 de octubre de 1999, para la impugnación de un resolución municipal de de 8 de julio de 1992, vulnerando la norma prevista en el art. 33 de la C.P.E; lesiona el principio de especificidad porque el Juez podía declarar probada la excepción pero no podía anular obrados por mandato de la ley procesal, lo que el Tribunal ad quem no repara ni da cumplimiento al art. 15 de la L.O.J., concordante con el art. 252 del Cód. Pdto. Civ., continúa señalando que se ha transgredido la pertinencia de la resolución transcribiendo al efecto la disposición del art. 236 del precitado adjetivo civil, afirmando que, no hace mención de los fundamentos expresados en su memorial de apelación, cita asimismo casos de jurisprudencia para sustentar sus afirmaciones.

Como casación en la forma, mencionando el art. 25 de la L.O.J., expresa que el Tribunal ad quem, vuelve a negar su competencia al emitir el auto de vista 459/2005.

Concluye señalando que con tales fundamentos formaliza recurso de casación en el fondo como en la forma, pidiendo al máximo Tribunal de Justicia de la Nación, emita Auto Supremo anulatorio o en su caso de casación y fallando en lo principal del litigio revoque las decisiones impugnadas y declare competente al Juez 10º de Partido en lo Civil de La Paz, sea con los recaudos de rigor.

CONSIDERANDO II:Que, en ejercicio de la facultad conferida por el art. 15 de la L.O.J., cual es el de revisar de oficio, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la correcta tramitación y conclusión de los procesos, para aplicar, en su caso, las sanciones pertinentes o determinar, de oficio, la nulidad de obrados, en aplicación del art. 252 del Cód. Pdto. Civ.; se establece:

Que, el Juez de Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de la Paz, emitió el auto interlocutorio Nº 36/2005 de 14 de enero de 2005 de fs. 105, declarando probada la excepción previa de incompetencia planteada a fs 83-84 por el Gobierno Municipal de La Paz, con el argumento que conforme los arts. 137, 140, 141 y 142 de la Ley de Municipalidades Nº 2028 de 28 de octubre de 1999, las resoluciones emitidas por una autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal, podrán ser impugnadas mediante los recursos administrativos previstos en esa ley, pretendiéndose en la especie anular una resolución municipal sin haber intentado los recursos que otorga la vía administrativa, considerando en tal sentido que la actora equivocó la vía de su impugnación, resolución de grado que el Tribunal de alzada confirma a través del auto de vista recurrido.

Que, en las mencionadas resoluciones los jueces de grado, viendo el conflicto desde la óptica administrativa, determinaron la aplicación preferente de la Ley Nº 2028 denominada de Municipalidades, declarando la incompetencia de la justicia ordinaria para conocer la demanda de fs. 9-11.

Que, la aplicación de la ley se determina en función del tiempo y del espacio, es así que por prescripción de los arts. 33 y 81 de la C.P.E., la ley rige para lo venidero siendo de obligatorio cumplimiento a partir de su publicación, sin tener efecto alguno en el pasado, como también reconoce expresamente el art. 3º bajo el nomen juris de "Trámites Municipales" de las Disposiciones Finales y Transitorias, de la indicada Ley Nº 2028, ello significa que todos los trámites administrativos municipales iniciados y concluidos así como los pendientes, en el período de vigencia de la Ley Orgánica de Municipalidades de 10 de enero de 1985, se rigen por dicha ley, por lo que deben someterse a las determinaciones de esta, así como cualquier conflicto que se suscite sobre ellos. Tales actos administrativos no pueden ser cuestionados menos resueltos bajo una nueva normativa, sino de aquella en que fueron dados, honrando precisamente el principio de irretroactividad de la ley previsto en el art.33 de la norma fundamental.

Que, en la presente causa se pretende tanto la nulidad de una resolución municipal, junto a otras pretensiones como la cancelación de la partida computarizada Nº 01248962 en DD.RR., acción negatoria y declaratoria de mejor derecho, sobre el lote de terreno de 1.123 Mts2, área de equipamiento "6" Av. Troncal, Zona Inca Llojeta, Sector "C" el Rosal, de propiedad de la recurrente, quien afirma haber sido arbitrariamente incorporado al patrimonio Municipal, mediante la Res. Nº 240 que data del 8 de julio de 1992, es decir, cuando estuvo vigente la Ley Orgánica de Municipalidades de 10 de enero de 1985, por lo que el conflicto que dicha resolución municipal pudo o no generar, no cae dentro del campo de aplicación de la nueva ley de Municipalidades Nº 2028 de 28 de octubre de 1999, por elemental principio de irretroactividad, so pena de incurrir en violación de los arts. 33 y 81 de la C.P.E., en razón de que la ley dispone para lo venidero y no tiene efecto en el pasado.

Que, independientemente de la eficacia o ineficacia de una resolución municipal cuya impugnación no puede sujetarse a procedimientos administrativos recientemente incorporados con posterioridad al acto administrativo (8/7/92), aplicando el principio Jura Novit Curia, es preciso señalar, por otra parte, que en la presente causa la actora ha demandado tanto la nulidad de una resolución municipal como también la cancelación de la inscripción de la partida computarizada Nº 01248962, acción negatoria y la declaración judicial de mejor derecho propietario, respecto de un lote de terreno de 1.123 Mts2, área de equipamiento "6" Av. Troncal , Zona Inca LLojeta, Sector "C", parte de su propiedad, y no así única y exclusivamente la anulación de la Resolución Municipal Nº 0240 de 8 de junio de 1992, como consideraron "principalmente" los jueces de grado en la resolución de la excepción de incompetencia planteada por la entidad demandada, aplicando disposiciones de la Ley de Municipalidades Nº 2028 de 28 de octubre de 1999, posterior a la Resolución cuestionada.

Que, relacionado siempre a la demanda interpuesta a fs. 9-11, el principio antes citado se infiere que el objeto de la presente litis, versa en sí dilucidar si existe o no el mejor derecho propietario de la actora respecto al mismo terreno que el Municipio de la Paz ha incorporado a su patrimonio con la Resolución Municipal Nº 0240 de 8 de junio de 1992, es decir se trata de una controversia patrimonial, que independientemente de la validez o invalidez de la Resolución Municipal en cuestión, debe ser resuelta respetando los principios de jerarquía normativa y primacía de la constitución, por mandato imperativo de los arts. 228 de la C.P.E. y 5 de la L.O.J., en sede jurisdiccional.

Que, en la especie los jueces de grado no advirtieron a cabalidad que en el fondo de la litis subyace incuestionablemente una controversia patrimonial, guiándose únicamente por la consideración parcial de que se demanda "principalmente la nulidad de la Resolución Municipal 0240 de 8 de junio de 1992", descuidando la consideración y pronunciamiento sobre las otras cuestiones válidamente demandadas al tenor del art. 328 del Cód. Pdto. Civ., tales como el mejor derecho propietario, acción negatoria y cancelación de la inscripción de partida en DD. RR., respecto del terreno cuyo derecho propietario se cuestiona entre la actora y el Gobierno Municipal.

Que, por lo expuesto se infiere que los jueces de grado no han obrado correctamente, por cuanto, si bien es cierto que es deber del juez revisar su competencia como primera medida para admitir una demanda, también es evidente que pueden exigir la aclaración de la misma si esta es contradictoria u obscura, conforme la previsión del art. 333 del Cód. Pdto. Civ., para que las partes puedan salvar oportunamente aparentes contradicciones que induzcan a error al juzgador, como en la especie, respecto de qué es lo que en concreto se quiere demandar en vía judicial conforme a la competencia reconocida por el art. 134-1 de la L.O.J., con relación a la controversia patrimonial suscitada, ligada a la titularidad del derecho propietario y de su defensa, de tal manera que no se deje en indefensión a la actora ni se niegue la tutela judicial de los derechos que efectivamente demanda.

Que, la omisión en que incurrieron los jueces de grado al no aplicar la previsión del art. 333 del Cód. Pdto. Civ., antes de negar su competencia para el conocimiento de la presente causa, conlleva la vulneración del art. 90 del Cód. Pdto. Civ., por el orden público que revisten las normas procesales, haciendo aplicable la previsión del art. 252 del Cód. Pdto. Civ.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad contenida en los arts. 15 y 58 numeral 1 de la L.O.J, ANULA obrados hasta fs. 11 vta., es decir hasta que el Juez de la causa con la facultad que le confiere el art. 333 del Cód. Pdto. Civ., pida la aclaración de la demanda interpuesta por la actora.

MINISTRA RELATORA Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado : Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Proveído : Sucre, 14 de agosto de 2008.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil