SALA CIVIL

AUTO SUPREMO Nº 84 Sucre, 10 de mayo de 2008.

DISTRITO: Santa Cruz PROCESO: Ordinario- Pago de servicios

prestados y otros.

PARTES: René Ramiro Camacho Cuellar c/ Empresa Agropecuaria Nuevo

Horizonte

MINISTRA RELATORA: Dra. Rosario Canedo Justiniano

VISTOS: Los recursos de nulidad y casación de fs. 166-168, interpuesto por Jesús Grecco, en representación de la Empresa Agropecuaria Nuevo Horizonte, y de casación en el fondo de fs. 172-173 por René Ramiro Camacho Cuellar, contra el auto de vista Nº 425 de 20 de agosto de 2004 (fs. 161), complementado el 4 de septiembre de 2004 (fs.163 vlta.), pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz de la Sierra, en el proceso ordinario del exordio seguido por René Ramiro Camacho Cuellar, contra la empresa Agropecuaria Nuevo Horizonte, la respuesta de fs. 175, los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO I: Que, en la tramitación del proceso ordinario, el Juez 11vo. de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 36/03 de 22 de agosto de 2003 (fs. 87-88), complementada en 5 de septiembre de 2003 (fs. 91), declarando I.- Probada en parte la demanda de fs. 8-9 en lo que se refiere al reconocimiento del servicio prestado el mismo que será regulado en ejecución de sentencia e improbada en lo que se refiere al pago de daños y perjuicios en la suma de $us. 10.000.- y el pago de lucro cesante. II.- Se regulará el monto a cancelarse por el demandado en ejecución de sentencia.

En grado de apelación deducida por ambas partes del proceso, por Auto de Vista Nº 425 de 20 de agosto de 2004 (fs. 161), complementado en 4 de septiembre de 2004 (fs.163 vlta.), se confirma la sentencia apelada. Con costas. Motivando esta resolución de vista los recursos de fs. 166-168 y 172-173, en los que se expresa, por su orden, lo siguiente:

I.- Jesús Grecco, por la Empresa Agropecuaria Nuevo Horizonte, interpone el recurso de nulidad y casación a fs. 166-168, amparado en los arts. 250, 252 y 254-6) del Cód. Pdto. Civ., en la forma, acusa, que el auto de vista recurrido está viciado de nulidad porque confirma la sentencia de primera instancia dictada fuera de término, por cuanto el decreto de "AUTOS" data de 8 de mayo de 2003 (fs. 57 vta.); ordenándose en 23 de junio, con fecha antedatada de 12 de junio de 2003, la reposición de dos piezas (fs. 4-5 extractos de control de pagos), que siempre estuvieron en el expediente pero mal foliadas, suspendiendo el plazo para dictar sentencia, permitiendo al demandante incorporar dos fotocopias de "los recibos extraviados", que no guardan relación con los extractos de fs. 4-5, recibos de fs. 78-79 que tienen signos de evidente falsificación, por ser fotocopias del recibo Nº 000684 del talonario que adjunta a fs. 93-140. Razones por las que pide la nulidad del proceso hasta el estado en que el Juez a quo, remita el expediente al siguiente en número para que dicte nueva sentencia conforme dispone el art. 208 del Cód. Pdto. Civ., por haberse vulnerado normas procesales de orden público.

Como casación en el fondo, denuncia la violación y/o aplicación indebida de la ley, por contener disposiciones contradictorias y apreciación errónea de las pruebas que nunca fueron presentadas, expresando que el Auto de Vista recurrido al confirmar la sentencia apelada, le impone el cumplimiento de una obligación que jamás asumió, contrató o aceptó, resultando híbrida su resolución que en afán conciliador entre las partes, establece el pago de $us. 11 por transporte de Tonelada de granos, vulnerando las garantías que le otorga el art. 32 de la C.P.E., en clara infracción de los arts. 190, 371-I 397-II del Cód. Pdto. Civ., porque contrariamente a tales disposiciones, ambos tribunales no obstante determinar de manera clara y positiva "que no existen pruebas sobre ninguna de las tres pretensiones del demandante" por estar prohibida la prueba testifical para acreditar la existencia o la extinción de obligaciones que superen el monto de las acciones de mínima cuantía, por mandato del art. 1328 del Cód. Civ., establecen un precio intermedio de $us. 11 por transporte de Tonelada de granos, que nunca fue convenido, por lo que correspondía y era obligación del juzgador declarar improbada la demanda, ya que el actor no cumplió con la carga de la prueba ni se valoraron las pruebas esenciales producidas.

Razones por las que solicita la casación del auto de vista de fs. 161 y su complementación de fs. 162 vta., con costas en todas las instancias.

II.- Por otra parte, René Ramiro Camacho Cuellar, en el recurso de casación en el fondo de fs. 172-173, que plantea al amparo de los arts. 250 y 253 del Cód. Pdto. Civ., acusa error de hecho en la apreciación y valoración de las pruebas de cargo y consiguiente violación de los arts. 476 del Cód. Pdto. Civ. y 1286 del Cód. Civ., e interpretación errónea del art.1328 del mismo compilado, reclamando que no se tomó en cuenta la prueba testifical de fs. 27 a 29 con la que afirma acreditar el precio del transporte que demanda, ni la carta notariada de fs. 1, las proformas de fs. 47-49, los recibos de fs. 78-79 consistentes en pagos de la gestión 2001 de $us. 11.50 por tonelada de transporte de Nuevo Horizonte a Santa cruz-Fino, y de $us. 11 de San Diego a Santa Cruz; pruebas con las que alega haber demostrado que el demandado debe cancelar la suma de $us. 12 x Ton. por transporte hasta la empresa Fino y $us. 4 x Ton. por transporte hasta 4 Cañadas.

Alega igualmente que el auto de vista recurrido contraviene el art. 236 del Cód. Pdto. Civ., porque no se pronuncia respecto al pago de lucro cesante y daños y perjuicios que demanda al amparo del art. 984 y 894 del Cód. Civ., por lo que solicita a la Corte Suprema de Justicia, case el auto de vista recurrido y, deliberando en el fondo, declare probada en todas sus partes la demanda de fs. 8-9.

CONSIDERANDO II: Que, el art. 15 de la L.O.J., otorga al Tribunal Supremo la de fiscalizar los procesos que llegan a su conocimiento a objeto de verificar de oficio, si los jueces y funcionarios observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

Que en función a esa facultad fiscalizadora corresponde a éste Tribunal Supremo analizar si en la tramitación de la presente causa se cumplieron los plazos y leyes que norman la correcta tramitación y conclusión del proceso, para aplicar, en su caso, las sanciones pertinentes o determinar, de oficio, la nulidad de obrados, en aplicación del art. 252 del Cód. Pdto. Civ.; se establece:

Que, el art. 204-I-1) del Cód. Pdto. Civ., dispone expresamente que las sentencias en procesos ordinarios se dictarán en el plazo de cuarenta días, computables desde la providencia de autos, al tenor del parágrafo II de la precitada norma procesal civil.

Que, en la especie, tal como se acredita a fs. 57 vta., el decreto de autos fue dictado en 8 de mayo de 2003, empezando al día siguiente de su dictación a correr para el Juez de la causa el plazo previsto en el art. 204-I-1) y II) del Cód. Pdto. Civ. para dictar sentencia de primera instancia, sin embargo, la referida resolución cursante a fs. 87-88, lleva fecha de 22 de agosto de 2003, como efecto -según sostienen los jueces de grado- de la suspensión del plazo decretada por auto de 12 de junio de 2003 de fs. 70 conforme la permisión de los arts. 378 y 396 del Cód. Pdto. Civ. plazo que fue reanudado por auto de 21 de agosto de 2003 de fs. 86, luego de que el actor presentara los recibos de pago que cursan a fs. 78-79.

Que, el art. 396 del Cód. Pdto. Civ., bajo el nomen juris de "Efectos del Decreto de autos", prevé textualmente "Dictada la providencia de autos quedará cerrada toda discusión y no podrán presentarse escritos ni producirse pruebas, excepto si el juez usare de la facultad conferida en el art. 378. En este caso el plazo para dictar sentencia quedará suspendido por los días que requiere la producción de la prueba".

Que, por su parte el art. 378 del citado adjetivo al que nos remite la precitada norma legal, referido a la facultad discrecional del juzgador para "ordenar de oficio declaraciones de testigos, dictámenes de peritos, inspecciones oculares y toda la prueba que juzgare necesaria y pertinente".

Que, de la revisión de los datos del proceso, se evidencia que el juzgador a fs. 70, suspendió los efectos del decreto de autos ordenando la reposición de las literales de fs. 4-5, que consideró necesarias de valorar por estar aludidas en el memorial de conclusiones de fs. 53-55, sin tomar en cuenta que dichas pruebas de fs. 4-5, extrañadas por el juzgador, no faltaron ni se extraviaron del expediente, puesto que estas se encuentran inmersas a fs 4-5 del expediente, y que refieren a los extractos a los que hace referencia el actor en su demanda.

Es de hacer notar que el demandante a tiempo de ofrecer su prueba preconstituida acompañada a la demanda, en ningún momento se refirió a recibos de pago sino a "extractos" tal como se acredita en el memorial de demanda de fs. 8-9 en la que en el otrosí 1 pto. 3 refiere a que presenta en calidad de prueba pre constituida "extractos de control de pagos" los que figuran a fs. 4 y 5, de ahí que de ninguna manera el a quo podía sostener que dicha prueba no existía en obrados y que había que reponerla, menos admitir a título de "extractos" "recibos de pago", como son los de fs. 78 a 79 porque estos no constituían la prueba extrañada y no ameritaban ninguna suspensión del término para dictar sentencia como lo hizo el aquo en el auto de 12 de junio de 2003, cursante a fs. 70, pretextando imperiosa necesidad del uso de las facultades previstas en el art. 378 del Código de Procedimiento Civil.

Consiguientemente, si nunca faltó la prueba documental extrañada en obrados, no correspondía su reposición en el expediente y tampoco había razón legal alguna para que el Juez, en uso de la facultad que le reserva el art. 378 del adjetivo civil, hubiese dispuesto la suspensión del término para pronunciar resolución final, sin tomar en cuenta que a partir del día siguiente de la declaratoria del decreto de autos de fs. 57 vlta. le corría el plazo para dictar la sentencia (40) días de conformidad a lo dispuesto en el art. 204-I-1) del Cod de Procedimiento Civil, conllevando asimismo el cierre de toda discusión del proceso con la consiguiente preclusión del debate, salvo que el juez considere oportuno para "mejor resolver " utilizando la facultad del art. 378 del Código de Procedimiento Civil, la misma que de conformidad al Dr. Gonzalo Castellanos Trigo en su libro Análisis Doctrinal y Jurisprudencial del Código de Procedimiento Civil Boliviano, Tomo II pag. 502, "no puede tener por objeto subsanar omisiones, errores procesales o negligencias de las partes, y no deben destruir la igualdad de las partes", de donde se concluye que la sentencia de 22 de agosto de 2003 cursante a fs. 87-88, ha sido dictada fuera del término previsto por el art. 204-I-1) del Cód. Pdto. Civ., después de que el juez a quo perdió competencia, de conformidad a lo dispuesto en el art. 8-5) concordante con el art. 208 del Código adjetivo civil, viciando el acto de la sentencia con la nulidad prevista en la última parte de la disposición procesal citada y art. 9 del pre citado cuerpo procedimental civil, lo que no fue corregido por el Tribunal de alzada, correspondiendo anular obrados hasta el vicio más antiguo, en aplicación de los arts. 251, 252, 254-1) y 275 del Cód. Pdto. Civ.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ANULA obrados con reposición hasta fs. 87 inclusive, disponiendo se dicte nueva sentencia, por el suplente llamado por ley, debiendo darle celeridad al presente trámite para evitar mayor retardación de justicia que la ocasionada por el titular. Con responsabilidad del Juez a quo de Bs. 200 que serán descontados por planilla a favor del Tesoro Judicial, debiendo remitirse copia legalizada del presente Auto Supremo al Consejo de la Judicatura a efectos pertinentes de ley.

MINISTRA RELATORA Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado : Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Proveído : Sucre, 10 de mayo de 2008.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil