SALA CIVIL

AUTO SUPREMO N ° 65 Sucre, 2 de mayo de 2008

DISTRITO: Beni PROCESO: Ordinario- Anulabilidad de escritúra pública

PARTES: Alberto Hurtado Saravia c/ Carmen Tucha Kimura y otros.

MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

VISTOS: El recurso de casación interpuesto de fs. 225 a 228 por Victorio Guzmán Guzmán en representación de Carmen Tucha Kimura, Erika, Edwin y Guido Hurtado Tucha, contra el auto de vista No. 055/05 de fs. 218-219, pronunciado en fecha 14 de abril de 2005 por la Sala Civil de la R. Corte Superior de Distrito Judicial del Beni, en el ordinario sobre anulabilidad de escritura pública, que sigue Alberto Hurtado Saravia contra los recurrentes, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO: La Sentencia de fs. 200 a 202, pronunciada por el Juez de Trabajo y Seguridad Social de Riberalta, declara probada la demanda de anulabilidad de escritura pública No. 211 de 21 de octubre de 1999.

En apelación, interpuesta por los demandados la Sala Civil del Distrito Judicial del Beni, confirma la sentencia apelada.

Contra la resolución de vista, Victorio Guzmán Guzmán en representación de Carmen Tucha Kimura, Erika, Edwin y Guido Hurtado Tucha, recurre de casación sin especificar si lo hace en el fondo, en la forma o en ambos.

Acusa que el auto de vista no ha considerado que en la otorgación de la Escritura Pública No. 211 de fecha 21 de octubre de 1999 ha intervenido y participado el Notario de Fe Pública No. 1 de Riberalta Don Alberto Alpire Nakano, quien ha dado fe de las circunstancias existentes en la otorgación de la misma, como se certifica a fs. 113 de obrados.

Agrega que tampoco se ha considerado o tenido en cuenta que si el actor hubiere estado ciego a tiempo de otorgar la Escritura Pública referida, el Sr. Notario hubiere advertido dicha situación y cumplido con las condiciones exigidas por el art. 1295 del Código Civil, respecto de la intervención de firmante a ruego y testigos.

Acusa que las certificaciones de fs. 3 y 135, que presenta innumerables defectos y carecen de eficacia, pretenden desvirtuar la fe probatoria de la escritura cuya anulabilidad se demanda, que ha sido otorgada con todas las solemnidades de ley.

Sostiene que el auto de vista señala que los demandados no han demostrado que su padre no era ciego en el momento en que se suscribió la minuta de transferencia y la firma del libro matriz donde de protocolizó dicha minuta, aseveración que demuestra el error evidente en la valoración de las circunstancias y pruebas producidas en el proceso, cuando conforme al auto de relación procesal No. 225/04 de 30 de septiembre de 2004, correspondía al demandante probar la imposibilidad física, ceguera y otros y no a los demandados probar que aquél no era ciego al momento de la celebración de dichos actos, pero que pese a ello demostró ese hecho con las declaraciones testificales tanto de cargo como de descargo.

Argumenta que tampoco se ha tomado en cuenta que las afirmaciones efectuadas por el actor han sido destruidas y desvirtuadas tanto por la Certificación Notarial de fs. 113, como por el Informe Pericial Grafotécnico de fs. 161-168 y como corolario finaliza sosteniendo que el mayor error de los tribunales inferiores es no haber observado la minuta y protocolo notarial de la Escritura No. 211 y advertido que las firmas de Alberto Hurtado no corresponden a una persona ciega al momento de estamparse.

CONSIDERANDO: Que, en cuanto al recurso en el fondo, este Tribunal Supremo encuentra que el tribunal de apelación, al confirmar la sentencia pronunciada por el Juez de Trabajo y Seguridad Social ha obrado correctamente.

Que, tanto el Juez a quo, así como el tribunal ad quem a tiempo de pronunciar sus resoluciones de instancia, han valorado correctamente la prueba aportada en obrados, conforme lo dispuesto por el art. 1286 del Código Civil y art. 397 de su Procedimiento.

En efecto, no es evidente la aseveración de los recurrentes, cuando sostienen que correspondía al demandante y no a los demandados probar que el actor no era ciego a tiempo de suscribir la escritura pública No. 211, como señalan en su recurso, por cuanto era una carga compartida para ambas partes. Así se señala en el auto de relación procesal de fs. 95 vlta., de 30 de septiembre de 2004, tanto en el punto 3 para el demandante, cuando en el punto 6 para los demandados, que claramente señala: "Fecha de impedimento físico (ceguera) parcial o total". Consiguientemente correspondía también a los demandados probar si a la suscripción de la referida escritura el demandante no estaba ciego, como sostiene tanto el juez a quo como el tribunal ad quem.

En actuados, el actor ha demostrado que ya en fecha 13 de agosto de 1999, estaba registrado en el Instituto Boliviano de la Ceguera "Regional Riberalta", Provincia Vaca Diez, con número de credencial 003421, mientras que la minuta de transferencia protocolizada por Escritura Pública No. 211, data de 28 de septiembre de 1999, vale decir, cuando el actor ya estaba afiliado a la entidad que aglutina a los ciegos en la ciudad de Riberalta.

Por otro lado el hecho que quien certifica el extremo referido a fs. 3, hubiere expedido una certificación que enervaría este primer certificado, no invalida el mismo por haber expedido una aclaración a fs. 135 que explica el motivo del segundo certificado. A mayor abundamiento debe tenerse en cuenta que la certificación de fs. 3, encuentra su respaldo en las fotocopias legalizadas del Libro de Registro de no videntes y que salen a fs. 138 a 139 de obrados, las mismas que dan cuenta que la fecha de registro en la Institución de no videntes data del 13 de agosto de 1999, tal como aparece en la certificación de fs. 3. Pruebas que no pueden ser enervadas por los testigos de cargo o descargo, quienes no son contestes en tiempo cuando de aseverar si el actor era ciego o no en el año 1999, de ahí que los órganos jurisdiccionales con facultad incensurable en casación, valoraron la prueba constante en las certificaciones referidas, que no adolecen de defectos como afirman los recurrentes y les dieron más valor que a la certificación de fs. 115 y al informe grafotécnico.

Por lo expuesto y no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, corresponde a este Tribunal la aplicación de los arts. 271-2) y 273 del Código adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, declara INFUNDADO el recurso, con costas. Se regula el honorario de abogado en la suma de bolivianos quinientos que mandará hacer efectivo el tribunal de alzada.

MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Regístrese y devuélvase.

Firmado : Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Proveído : Sucre, 2 de mayo de 2008.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil.