SALA CIVIL

AUTO SUPREMO Nº 33 Sucre, 10 de marzo de 2008.

DISTRITO: La Paz PROCESO: Ordinario. Evicción y

saneamiento.

PARTES: Aída Níla Miranda Mercado c/ Freddy Mencias Céspedes.

MINISTRA RELATORA: Dra. Beatriz Alcira Sandoval de Capobianco.

VISTOS: El recurso de casación o nulidad de fs. 82-83 interpuesto por Freddy Mencias Céspedes, contra el Auto de Vista Nº S-095/2005 de 25 de febrero de 2005 (fs. 76), pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro el proceso ordinario de evicción y saneamiento que sigue Aída Nila Miranda Mercado, contra el recurrente, la respuesta de fs. 88-89, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso ordinario de evicción y saneamiento, el Juez Segundo en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, emitió la sentencia Nº 468/03 de 11 de diciembre de 2003 (fs. 60-61), declarando probada en parte la demanda de fs. 4-5 y 7-8, disponiendo en consecuencia que el demandado Freddy Mencias Céspedes, haga entrega de los ambientes o habitaciones de las acciones y derechos del inmueble ubicado en la avenida Quintanilla Suazo Nº 362 de la ciudad de La Paz, a la actora Aída Nila Miranda Mercado, en el término de tercero día de ejecutoriada la sentencia, con costas.

En grado de apelación, deducida por el demandado, por Auto de Vista Nº S-095/2005 de 25 de febrero de 2005, se confirma en su integridad la sentencia apelada Nº 468/03 de 11 de diciembre de 2003, con la aclaración que se ha declarado improbada la demanda sobre daños y perjuicios demandados por la parte demandante, con costas de conformidad al art. 237-I-1) del Cód. Pdto. Civ.

Que, contra el Auto de Vista Nº S-095/2005 de 25 de febrero de 2005, el demandado Freddy Mencias Céspedes, interpone recurso de casación o nulidad invocando el amparo de los arts. 250, 253 inc.3), 257 y 258 del Cód. Pdto. Civ., en el Otrosí del memorial de fs. 82-83, acusando la violación del art. 1311 del Cód. Civ., expresando que los jueces de grado consideraron como prueba principal de sus fallos, las literales de fs. 43-44, consistentes en fotocopias simples de dos contratos de anticrético, presentadas por la demandante con juramento de reciente obtención, que no son idóneas por estar legalizadas por un notario de fe pública y no por el funcionario tenedor del original, de donde la prueba principal del proceso infringe los arts. 398 y 400 incs. 1) y 2) de un compilado legal que no precisa.

Agrega que el tribunal de alzada, a tiempo de dictar el auto de vista recurrido violó igualmente los preceptos contenidos en los arts. 90 y 252 el Cód. Pdto. Civ., porque no anuló de oficio el proceso que contiene infracciones que interesan al orden público por la inaplicabilidad de las indicadas normas procesales. Concluye solicitando que el tribunal supremo disponga la nulidad del proceso hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso y no obstante la confusión del recurrente en cuanto a las formas que reviste el recurso extraordinario de casación, por cuanto persigue la nulidad del proceso por una causal de fondo prevista en el art. 253 inc. 3) del Cód. Pdto. Civ., ingresando a su análisis en relación a los datos del proceso se concluye:

Que, la valoración y apreciación legal de la prueba que el art. 1286 del Código Civil, reconoce a los jueces de instancia; es incensurable en casación, a menos que quién recurre demuestre el error manifiesto en que hubiere incurrido el juzgador, ya sea de hecho o de derecho, siendo este último demostrable objetivamente con actos o documentos auténticos.

Que, en la especie, no es evidente que el tribunal ad quem hubiera violado las normas que se acusan en el recurso, por cuanto funda su resolución no sólo en base a las literales de fs. 43-44, válidamente admitidas conforme la disposición del art. 331 del Cód. Pdto. Civ., sino valorando en su integridad toda la prueba aportada en el proceso, entre la que se destaca la inspección judicial cuya acta cursa a fs. 41, practicada en el marco de la previsión del art. 379 del Cód. Pdto. Civ., en el inmueble de la calle Quintanilla Suazo Nº 362 de la ciudad de La Paz, en la que el juzgador constató en forma personal y directa, la presencia de dos anticresistas y sus familias ocupando el inmueble sobre cuya evicción y saneamiento -precisamente- radica el fondo de la litis.

Que, la ocupación por anticresistas del inmueble de la calle Quintanilla Suazo Nº 362, es un extremo confesado expresamente por el recurrente, a tiempo de contestar la demanda (fs.10 vta. interlineados 38-43) y, cuando en su memorial de conclusiones, refiere que los montos consignados en los contratos de anticrético de fs. 43-44 -que hoy impugna- no se ajusta a la realidad (fs. 54 vta.), confesión espontánea prevista en el art. 404-II del Cód. Pdto. Civ., que lejos está de eximirlo de la evicción y saneamiento, a que está legalmente obligado respecto del inmueble que transfirió en calidad de venta a la demandante.

Que, en suma, el tribunal ad quem conforme la previsión de los arts. 1296 del Cód. Civ. y 397 del Cód. Pdto. Civ., valorando debidamente la prueba aportada en el proceso dió correcta aplicación a las disposiciones legales en que se sustenta el fallo recurrido, las mismas que no han sido objeto de impugnación en el recurso que se examina.

Finalmente, es menester dejar establecido que, el recurso de casación que franquea el art. 250 del Cód. Pdto. Civ., sea que se plantee en la forma o en el fondo, es una nueva demanda de puro derecho y como tal, debe interponerse con los requisitos enumerados en el art. 258 de la misma norma procesal civil, en la parte principal del memorial y no como algo accesorio o un agregado más de la petición principal, como sucede en la especie.

Consiguientemente corresponde resolver el recurso en la forma prevista en los arts. 271 inc. 2) y 273) del Cód. Pdto. Civ.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contenida en el inc. 58 numeral 1) de la L.O.J. declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 82-83, con costas.

Se regula el honorario profesional de abogado, en la suma de Bs. 500 que mandará pagar el tribunal ad quem.

Interviene la Dra. Beatriz Alcira Sandoval de Capobianco, Ministra de la Sala Social y Administrativa Primera, convocada a conformar sala, mediante proveído de fojas 94.

RELATORA: Ministra Beatriz Alcira Sandoval Bascopé.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado : Dra. Beatriz Alcira Sandoval de Capobianco.

Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Proveído : Sucre, 10 de marzo de 2008.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil

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