SALA CIVIL

AUTO SUPREMO Nº 165 Sucre, 3 de abril de 2007

DISTRITO : La Paz PROCESO: Ordinario - Nulidad y anulabilidad de escritura pública

PARTES : Paula Choque Vda.. de Pari c/Benjamín Pari Choque.

MINISTRO RELATOR: Abog. Julio Ortiz Linares.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 232-233 vta., interpuesto por Paula Choque Vda. de Pari contra el Auto de Vista No. S-403 de 9 de agosto de 2004, cursante a fs. 229-230, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario sobre nulidad y anulabilidad de escritura pública instaurada por la recurrente contra Benjamín Pari Choque, los antecedentes procesales, y:

CONSIDERANDO: Que tramitado el proceso de referencia, el 28 de abril de 2003, el Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, pronunció la sentencia No. 194 cursante a fs. 170-171 vta. de obrados, declarando improbada la demanda de fs.4-5 e improbada la reconvención de fs. 10-12 vta., sin costas.

Deducida la apelación por ambos litigantes, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante auto de vista No. S-403 de 9 de agosto de 2004, anuló obrados hasta el decreto de fs. 5 vta. inclusive, por considerar que no se puede demandar la nulidad y anulabilidad de una escritura al mismo tiempo, por ser excluyentes entre sí.

En virtud a este fallo la demandante interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, conforme sale a fs. 232-233 vta. del in folio. En el primero, acusó la violación del artículo 1 del Código de Procedimiento Civil porque el tribunal ad quem no resolvió la causa, vulnerando también lo previsto por el artículo 236 del procedimiento citado. En el segundo, alega que se demostró que la escritura pública es nula de pleno derecho, razón por la que se demandó su anulabilidad.

Con estos argumentos, solicitó se case el auto de vista recurrido y se deje sin efecto la multa impuesta a la a quo.

CONSIDERANDO: Que la abundante jurisprudencia sentada por este Tribunal, estableció que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos, de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

En ese orden, la finalidad del recurso de casación en el fondo, es la de unificar la interpretación de las normas jurídicas de nuestro país creando la jurisprudencia correspondiente. En tanto que la finalidad del recurso de casación en la forma, es la de anular la resolución recurrida o un proceso cuando al ser dictado en su sustanciación, se violan formas esenciales sancionadas con nulidad por la Ley, por ello, la interpretación de las leyes que regulan las nulidades debe ser uniforme. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento los requisitos establecidos en la norma del artículo 258 del procedimiento civil, es decir, se debe citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, proponiendo la posible solución jurídica al caso planteado.

Asimismo, corresponde señalar que cuando se plantea el recurso de casación en el fondo se deben circunscribir los hechos denunciados a las causales de procedencia establecidas por el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, destacando que si se pretende una nueva valoración y apreciación de la prueba, el, o los recurrentes tienen la obligación de acreditar la existencia de error de hecho o de derecho en su apreciación, toda vez que ésta es una atribución privativa de los juzgadores de instancia incensurable en casación. En tanto que si se plantea en la forma, debe adecuarse la acción extraordinaria a las causales de procedencia establecidas por el artículo 254 del adjetivo civil citado.

En virtud a esta diferenciación de la acción extraordinaria en análisis, la resolución que se pronuncie también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el Auto de Vista se case, conforme establecen los artículos 271.4) y 254 del Código de Procedimiento Civil, y cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, conforme establecen los artículos 271.3) y 275 del mismo cuerpo legal, siendo comunes a ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado.

CONSIDERANDO: En la especie, la recurrente no cumplió con la carga procesal anteriormente descrita, pues si bien es cierto que interpuso tanto recurso de casación en la forma, como recurso de casación en el fondo, no es menos evidente que el memorial que presentó contiene simplemente una relación del proceso a manera de alegatos, sin especificar de manera clara, concreta y precisa qué normas han sido violadas, vulneradas, indebidamente aplicadas o erróneamente interpretadas, la forma en que los juzgadores de instancia habrían incurrido en errores in judicando o en errores in procedendo, obviando también, precisar si los de instancia incurrieron en errores de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba a efectos de que se abra la competencia de este Tribunal para realizar una nueva valoración de la misma, dado que, como se tiene dicho, ésta es una atribución privativa de los juzgadores de instancia incensurable en casación.

Por otro lado, el recurso de casación en la forma resulta incompleto en su formulación, toda vez que la actora olvidó formular su petición final respecto del mismo, habiendo solicitado únicamente se case el auto de vista recurrido y se declare probada la demanda, soslayando el hecho de que en virtud a la naturaleza jurídica de este recurso, corresponde solicitar la nulidad de obrados por la vulneración del derecho de forma en la tramitación de la causa.

En cuanto al precedente jurisprudencial invocado por la recurrente, conviene señalar que las situaciones fácticas y jurídicas ahí analizadas no tienen relación alguna con los fundamentos por los que el tribunal de apelación dispuso la anulación de obrados, destacando, por el contrario, que el criterio asumido por dicho tribunal está acorde con la abundante jurisprudencia de la Corte Suprema que a lo largo de varias resoluciones, entre ellas el AS No. 176 de 30 de mayo de 2005, determinó que: "No obstante, analizando los antecedentes que informan el proceso, en función de los hechos denunciados, se evidencia que el recurrente interpuso demanda de nulidad y anulabilidad de la escritura pública No. 282 de 10 de noviembre de 2000, pretendiendo que en el trámite del proceso se determine la nulidad de la referida escritura pública y al mismo tiempo su anulabilidad, o a la inversa, situación jurídica de imposible cumplimiento dada la naturaleza jurídica de las acciones planteadas, que las hacen contradictorias y excluyentes entre sí".

En efecto, mientras que lo nulo carece de vida jurídica, es inconfirmable e insubsanable, lo anulable surte efectos mientras no se demuestre la existencia del vicio que lo invalide; de ahí que las causas para establecer la nulidad y anulabilidad, no son las mismas y son taxativas, de modo tal, que deben ser verificadas judicialmente para su declaración, ya que ninguna de estas acciones opera "ipso jure" u "ope legis", sino, ambas requieren de declaración judicial conforme establece el artículo 546 del Código Civil, siendo imprescriptible la primera y prescriptible la segunda.

En coherencia con este razonamiento, la norma del artículo 328 del código adjetivo de la materia expresamente dispone que en una demanda pueden plantearse todas las acciones que no fueren contrarias entre sí y pertenecieren a la competencia del mismo juez. En el presente caso, el tribunal ad quem estableció que la recurrente interpuso tanto demanda de nulidad como de anulabilidad de una misma escritura pública, sin considerar que tales institutos son antitéticos, contrarios y se excluyen entre sí, no pudiendo aplicarse tampoco la alternabilidad de las acciones por expresa prohibición de la norma citada.

En consecuencia, sometido al examen la resolución impugnada, se llega a la conclusión de que el Tribunal ad quem no infringió ninguna de las disposiciones mencionadas en el recurso, razonamiento que, como se tiene dicho, es corroborado por la jurisprudencia de este Tribunal a través de los Autos Supremos 281 de 20 de diciembre de 2000, de la Sala Civil Primera; y 13, de 14 de febrero de 2005, de la Sala Civil Segunda, entre otros.

Así las cosas, siendo evidente la inobservancia de la adecuada técnica en la interposición del recurso que se resuelve, es pertinente aplicar la determinación de los artículos 271.2 y 273 del adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el artículo 58.1) de la Ley de Organización Judicial declara INFUNDADO el recurso de fs. 232-233, con costas.

Se regula el honorario de abogado en la suma de Bs. 300, que hará efectivo el Tribunal de alzada.

MINISTRO RELATOR: Abog. Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado : Abog. Julio Ortiz Linares.

Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Dra. Rosario Canedo Justiniano

Proveído : Sucre, 3 de abril de 2007.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil.