SALA CIVIL

AUTO SUPREMO Nº 279 Sucre, 14 de diciembre de 2006

DISTRITO : La Paz PROCESO: Penal - Falsedad Material y otros.

PARTES : Ministerio Público y otros c/ Luís Fernando Roberto Landívar Roca.

MINISTRO RELATOR: Abog. Julio Ortiz Linares.

VISTOS: Los recursos de casación, de fs. 1501-1526 interpuesto por Hugo Adolfo Lang Konig, en representación del Banco Internacional de Desarrollo S. A. en liquidación (BIDESA) y, de fs. 1558-1561, planteado por el representante del Ministerio Público René O. Arzabe Soruco, Fiscal de Materia, contra el auto de vista No. 218/2005 de fs. 1464-1465 vta., pronunciado el 2 de septiembre de 2005 por la Sala Penal Tercera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por los recurrentes contra Luís Fernando Roberto Landívar Roca, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y falsificación de documento privado, previstos en los artículos 198, 199, 203 y 200, respectivamente, del Código Penal, los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO: Que, el 7 de enero de 2005, el Tribunal Quinto de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la sentencia de fs. 940-971, declarando a Luís Fernando Roberto Landívar Roca, absuelto de pena y culpa de la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y falsificación de documento privado, sancionados por los artículos 198, 199, 203 y 200, respectivamente, del Código Penal, con el argumento de que la prueba aportada en el proceso no fue suficiente para generar en el tribunal, convicción sobre la responsabilidad penal del imputado y por el principio universal in dubio pro reo. En consecuencia, aplicando la norma del artículo 364 del Código de Procedimiento Penal, dejó sin efecto las medidas cautelares aplicadas en su contra.

En apelación restringida deducida tanto por el representante del Ministerio Público como por el representante del BIDESA, la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante auto de vista No. 218 de 2 de septiembre de 2005, cursante a fs. 1464-1468 vta., declaró inadmisibles los recursos de apelación restringida aludidos y confirmó la sentencia de fs. 940 a 971.

En virtud a este fallo, Hugo Adolfo Lang Konig, en representación del Banco Internacional de Desarrollo S.A. en liquidación, a fs. 1501-1526, recurrió de casación, acusando al tribunal ad quem de haber vulnerado los principios esenciales que hacen a la tramitación del proceso, como el debido proceso, el principio de igualdad jurídica entre las partes, la imparcialidad e independencia inherente a la actividad de los juzgadores. Asimismo, denunció que existen defectos absolutos en el trámite del recurso de apelación restringida, especialmente en lo que se refiere a la negativa del tribunal de alzada para considerar y resolver la exclusión probatoria conforme a lo estipulado por el artículo 412 del Código de Procedimiento Penal, pues no se les permitió judicializar la prueba que ofrecieron en la audiencia de fundamentación del recurso. Por otro lado, acusó que los recursos de apelación formulados contra la sentencia fueron declarados inadmisibles, empero no se cumplió con las exigencias previstas por los artículos 398 y 399 del adjetivo penal suscitando una contradicción entre los fundamentos de la resolución y su decisorio. En tal mérito, solicita se deje sin efecto el auto de vista impugnado disponiendo que se pronuncie otro nuevo anulando la sentencia de primera instancia y declarando al imputado autor de los delitos por los que se le siguió el presente proceso, condenándolo a la pena de nueve años de reclusión.

Por otra parte, en el recurso de casación presentado por el representante del Ministerio Público adhiriéndose al planteado por el Banco BIDESA, acusó que el tribunal de alzada incurrió en inobservancia y errónea interpretación de la ley sustantiva y de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la sentencia, inexistencia de fundamentación en la sentencia y valoración defectuosa de la prueba. Consiguientemente solicitó se deje sin efecto el auto de vista a efectos de que se emita otro en base a la doctrina legal aplicable y a las normas procesales en vigencia.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia, cuando el recurso de casación acusa el quebrantamiento de los artículos 398 y 399 del Código de Procedimiento Penal por el Tribunal de alzada, tal actividad jurisdiccional se halla dentro de la previsión del inciso 3) del artículo 169 del mencionada Adjetivo Penal catalogado como un defecto absoluto.

En ese marco, de la revisión de obrados, así como de la verificación de las denuncias formuladas, se tiene que de acuerdo a la doctrina legal emitida por este Tribunal, el propósito de los requisitos de forma exigidos por los artículos 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal, radica en facilitar a la autoridad jurisdiccional el conocimiento cabal, preciso y objetivo de la pretensión impugnatoria, por lo que, para lograr ese propósito, el artículo 399 del procedimiento de la materia, obliga al Tribunal de alzada a conminar al recurrente para que -en los casos en que el recurso sea inadmisible- subsane los defectos u omisiones de forma que contiene su recurso, bajo apercibimiento de rechazo.

En este contexto, ningún tribunal está facultado para rechazar el recurso así formulado in límine, es decir sin haberle dado previamente, la oportunidad de subsanar las formalidades extrañadas, pues de hacerlo estaría vulnerando los principios esenciales del debido proceso, en sus componentes del derecho a la defensa -si se trata del imputado- y de la tutela judicial efectiva -si se trata del acusador-.

Sin embargo, en observancia del procedimiento y del principio de preclusión, si transcurridos los tres días el recurrente no subsana el recurso conforme a las observaciones realizadas por el tribunal de alzada, precluye su derecho para hacerlo por el transcurso del plazo determinado por Ley, debiendo el ad quem aplicar la sanción prevista por el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal rechazando el recurso.

CONSIDERANDO: Por otro lado, se debe tener en cuenta que el recurso de apelación o de alzada, constituye el más importante y usual de los recursos ordinarios, es el remedio procesal a través del cual se pretende que un tribunal jerárquicamente superior, generalmente colegiado, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea.

En este contexto, es innegable que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que constituye una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas. El Diccionario de la Lengua Española define la palabra motivación, como la "acción y efecto de motivar"; a su vez, define "motivar" como "dar o explicar la razón o motivo que ha tenido para hacer una cosa".

Esto implica, que todo administrador de justicia que deba resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma porque, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino, que en la práctica, toma una decisión de hecho y no de derecho que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo. Por ello, las resoluciones judiciales deben ser lógicas, claras y congruentes, no solo para establecer la credibilidad de la sociedad civil en la jurisdicción, sino, además, para que los justiciables puedan fundamentar sus recursos. La motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto. Esas inferencias podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la inferencia jurídica definitoria en el caso singular.

Consiguientemente, la parte dispositiva de la resolución que se pronuncie, debe ser el fiel reflejo de los razonamientos y fundamentaciones expresados en el obiter dictum y la ratio decidendi del fallo impugnado, por un principio básico del derecho procesal, cual es el principio de congruencia. La inobservancia de estos preceptos, acarrea, lógicamente, la nulidad de la resolución.

CONSIDERANDO: En la especie, interpuestos los recursos de apelación restringida, no merecieron observación alguna del tribunal de apelación, que radicó la causa mediante providencia de 6 de mayo de 2005 y posteriormente -mediante decreto de 16 de junio del mismo año- señaló audiencia para fundamentación oral complementaria, que se llevó a cabo el 21 de julio de 2005 conforme consta en el acta de fs. 1449-1462, situación que importa la admisión de los recursos aludidos, en el entendido que cumplieron con los requisitos de forma exigidos; sin embargo, de manera inexplicable y contradictoria, al resolver dichas impugnaciones, el tribunal de apelación las declaró inadmisibles y a continuación confirmó la sentencia de primera instancia. Como se tiene expuesto, si los recursos de apelación restringida resultaban inadmisibles, era deber del tribunal de alzada imprimir el trámite previsto por el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, a efectos de que los recurrentes subsanen las omisiones o el incumplimiento de los requisitos de forma que, precisamente, hacían inadmisibles dichos recursos. En definitiva el ad quem obvió una etapa procesal, habiendo dado curso a la siguiente cuando señaló audiencia para la fundamentación oral complementaria, aplicando un procedimiento no previsto por nuestro ordenamiento jurídico y vulnerando la garantía constitucional del debido proceso.

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

Así como el derecho a la defensa constituye una prerrogativa constitucionalmente protegida, el derecho a la tutela judicial efectiva también los es, por ello, el sistema de recursos en el nuevo Código de Procedimiento Penal, ha sido instituido para precautelar los intereses y pretensiones no sólo de quienes son condenados luego de la tramitación de un proceso penal, sino, también para aquellos que se constituyen en acusadores en el rol correspondiente, es decir, como acusadores particulares o como representantes del Ministerio Público.

Que dentro de esta lógica han sido pronunciadas las Sentencias Constitucionales Nos. 1075/2003-R y 1044/2003, por citar solamente algunas, cuyo argumento principal radica en "otorgar a toda persona la posibilidad de acceso a un sistema de recursos y medios impugnativos, más allá de formalismos que puedan impedir el ejercicio efectivo del genérico y doctrinalmente denominado "Derecho a Segunda Opinión".

De ahí que, si el Tribunal de alzada advierte que el recurso de apelación restringida no cumple con los requisitos exigidos en los artículos 407 y 408 del Código de Procedimiento Penal, debe otorgar un plazo para subsanar el recurso conforme a la previsión del artículo 399 del citado cuerpo adjetivo de la materia, precisando de manera clara y expresa, en el decreto respectivo, la observación que realiza y los requisitos que extraña, toda vez que las resoluciones judiciales deben ser expresas y no tácitas.

Cuando el Tribunal no realiza la observación al recurso de manera clara y expresa, involuntariamente estaría restringiendo el derecho al recurso judicial efectivo, para ello debe dar aplicación a la previsión del artículo 168 del Código de Procedimiento Penal y subsanar el acto, renovándolo, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido, garantizando así el ejercicio del referido derecho. Ello deviene en considerar, que los requisitos formales, son a la vez que un instrumento, un filtro que evita que un instituto procesal, concebido para proveer justicia se desnaturalice.

Si a pesar de eso la parte recurrente no subsana su recurso conforme las observaciones extrañadas dentro del plazo determinado por Ley, se debe aplicar la norma y RECHAZARLO por inadmisible, sin que ello importe denegación de justicia, restricción al derecho a la defensa o al recurso judicial efectivo, toda vez que se habrían otorgado los mecanismos legales razonables a efecto de que las impugnaciones observen las formalidades que proveen al operador de justicia el instrumento para su trámite, sólo así, en caso de haberse subsanado suficientemente el recurso, se señalará la audiencia de fundamentación oral y posteriormente se dictará la correspondiente resolución, declarando improcedente o procedente la impugnación formulada según corresponda.

Finalmente cabe destacar, que lo expuesto en la ratio decidendi del fallo, debe guardar coherencia con la decisión plasmada en el decisorio, por un principio elemental, el de congruencia.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la nación, en suplencia legal de la Sala Penal Primera y Segunda respectivamente, por excusa de los Ministros que las integran, con la concurrencia del Dr. Jaime Ampuero García, Ministro Presidente de la Sala Social y Administrativa Primera, convocado al efecto, con la facultad conferida por el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, DEJA SIN EFECTO el Auto de de Vista No. 218/2005, de 2 de septiembre, cursante a fojas 1464-1468 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de La Paz, disponiendo que previa aplicación de la doctrina legal correspondiente, dicte un nuevo fallo.

Para fines del artículo 420 de la Ley Procesal Penal, remítase copias del presente Auto Supremo a todas las Cortes Superiores de Justicia del país para que por intermedio de sus presidentes, pongan en conocimiento de las Salas Penales, Tribunales de sentencia, jueces de sentencia y jueces cautelares la jurisprudencia vinculante que por disciplina corresponde su observancia "erga omnes".

No interviene la Ministra Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez, por excusa declarada legal.

MINISTRO RELATOR: Abog. Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado : Abog. Julio Ortiz Linares.

Dr. Jaime Ampuero García.

Proveído : Sucre, 14 de diciembre de 2006.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil.