SALA CIVIL

AUTO SUPREMO N° 211 Sucre, 2 de octubre de 2006

DISTRITO : La Paz PROCESO: Ordinario - Nulidad de Escritura

PARTES : Marcelina Arminda Cardozo Machicado c/ Estela Ralde Taborga y otros.

MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

 

VISTOS: Los recursos de casación deducidos por Estela Ralde Taborga y Pedro Ralde Taborga, a fs. 360-362 y Pedro Eduardo Ralde Tapia a fs. 364-366, contra el auto de vista N° 099/2004 de fs. 358 de 5 de marzo de 2004, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario que sobre nulidad de escritura, sigue Marcelina Arminda Cardozo Machicado contra los recurrentes, los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO: Que el auto de vista de fs. 351 confirma la sentencia recurrida cursante a fs. 330 a 332, pronunciada por el Juez Segundo de Partido en lo Civil-Comercial de la ciudad de La Paz, fallo de primera instancia que declara probada la demanda principal e improbada la reconvencional sobre daños y perjuicios.

Resolución de vista que es impugnada en casación en la forma y en el fondo, por los demandados Estela Ralde Taborga y Pedro Ralde Taborga, acusando que no se hubiere pronunciado sobre su apelación en el efecto diferido, interpuesta a consecuencia de haberse declarado improbada su excepción de impersonería en la demandante.

Acusan también que la demanda fue planteada por Arminda Cardozo Machicado contra Pedro Antonio Ralde Taborga, sin aclarar que esta persona sea el representante del co propietario Pedro Eduardo Ralde Tapia, quien era menor de edad al tiempo de la demanda. Sobre el punto, sostienen que el verdadero dueño se apersonó al juicio y fue rechazado de plano por el Juez a quo, con el argumento que no era parte del proceso, como consta a fs. 297 y su providencia de fs. 298. Por lo que acusan nulidad de obrados por falta de competencia del juzgador al haberse entablado una demanda contra el padre del dueño, sin aclarar que lo hacía en representación legal de su hijo Pedro Eduardo Ralde Tapia.

El recurso en el fondo sostiene que el auto de vista se funda en el art. 549-3) y 1286 del Código Civil relativa a la nulidad de un documento por ilicitud de causa y de motivo, que la norma aplicada debía ser el art. 550 del Código Civil que precautela la anulación parcial de un documento.

El referido Auto de Vista es también impugnado en casación por Pedro Eduardo Ralde Tapia, con los fundamentos expuestos en su memorial que cursa de fs. 364 a 366.

CONSIDERANDO: Que, el art. 15 de la Ley de Organización Judicial otorga al Tribunal Supremo la facultad de fiscalizar los procesos que llegan a su conocimiento a objeto de verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél.

En función a esta facultad fiscalizadora, y establecidos los principios en los que se basa toda nulidad procesal, corresponde analizar si los vicios acusados en el recurso dan lugar a una nulidad de obrados.

En ese orden, de la revisión del proceso se evidencia que a fs. 26-27, Marcelina Arminda Cardozo Machicado interpone demanda de nulidad de escritura, acción ordinaria que la dirige contra Estela Ralde Taborga y Pedro Antonio Ralde Taborga, así es admitida a fs. 29 vta. por el Juez 2° de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz. Sin embargo, la escritura pública N° 110/2000, cuya nulidad se demanda, da cuenta que Blanca, Arturo y Remi Ralde Contreras, transfieren un inmueble a favor de Estela Ralde Taborga y Pedro Antonio Ralde Taborga, más este último compra a favor de su hijo menor Pedro Eduardo Ralde Tapia.

Ahora bien, si la demanda de nulidad, ha sido dirigida únicamente contra los compradores, de los cuales uno actúa en representación de su hijo menor y en esa calidad no ha sido demandado, tampoco se ha demandado a Pedro Eduardo Ralde Tapia, menos se ha dirigido la demanda contra los vendedores o sus herederos, en el caso del fallecimiento de Arturo Ralde Contreras, es evidente que no se han integrado a la litis todos los concernidos en caso de una sentencia estimatoria.

En ese orden, el art. 194 del Código de Procedimiento Civil, a tiempo de establecer los "alcances de la sentencia", prevé que "Las disposiciones de la sentencia sólo comprenderán a las partes que intervinieren en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas".

Que, el litisconsorcio sea activo o pasivo, importa el interés de dos o más personas respecto a una pretensión común que obliga su participación en el proceso. Cuando existe una pluralidad de sujetos que consideran tener igual derecho para peticionar, nos encontramos frente a un litisconsorcio activo, si por el contrario son varios los concernidos con la acción que se intenta, se trata de un litisconsorcio pasivo y si estamos frente a una pluralidad de demandantes y demandados hablamos de un litisconsorcio mixto.

Que, la integración a la litis de los demandados se impone a los efectos del precitado art. 194 del Código de Procedimiento Civil, en aplicación de esta norma legal, y tal como se tiene relacionado, correspondía que el juez a quo mande integrar a la litis a los intervinientes en la escritura pública cuya nulidad se demanda, de la misma manera al destinatario de la compra efectuada por Pedro Antonio Ralde Taborga, vale decir, Pedro Eduardo Ralde Tapia, personalmente si fuera mayor o representado por sus padres.

Que, a fs. 297, se presenta Pedro Eduardo Ralde Tapia y pide la nulidad de obrados, alegando que la acción debía necesariamente comprenderlo por ser el propietario del 50% del inmueble en litigio, sin embargo, el juez a quo lejos de ejercer su papel de director del proceso e integrarlo a la litis, anulando obrados hasta la admisión de la demanda, pronuncia un irresponsable y lacónico proveído remisorio al art. 50 del adjetivo civil, olvidando que su obligación es velar porque el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, primer deber de todo juez y tribunal, que se halla establecido en el art. 3-1) del Código de Procedimiento Civil.

Actuar del juez a quo que ha dejado en absoluta indefensión a Pedro Eduardo Ralde Tapia, por lo que se impone la nulidad de obrados prevista por el art. 254-7), con relación al art. 247 de la L.O.J.

Que, por su parte el tribunal de apelación, a tiempo de conocer el recurso de apelación interpuesto por Pedro Eduardo Ralde Tapia, en el que peticionaba la nulidad de obrados, tampoco hizo uso de la facultad que reserva el precitado art. 15 de la Ley de Organización Judicial.

Asimismo, en cuanto a la falta de resolución del recurso en el efecto diferido, de fs. 192, reiterada a tiempo de formular el recurso de apelación contra la sentencia, por parte de los demandados Pedro Antonio y Estela Ralde Taborga, ha sido una omisión y negligencia del juez a quo, a tiempo de conceder los recursos de apelación, quien no tuvo el cuidado de revisar los obrados, tanto de su proveído de fs. 195 vta., de 4 de enero de 2002, así como del recurso de apelación de fs. 336 a 340, en cuyo otrosí se encuentra la fundamentación al recurso en el efecto diferido.

POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, ANULA obrados, hasta fs. 29, es decir, hasta el estado que se integren a la litis los demandados que correspondan.

No siendo excusable la omisión incurrida, se impone responsabilidad en multa al Sr. Juez 2° de Partido en lo Civil-Comercial de la ciudad de La Paz, Dr. Julián Sossa Serna, que se regula en Bs. 100, descontable de sus haberes a favor del tesoro Judicial.

MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Regístrese y devuélvase.

Firmado : Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Proveído : Sucre, 2 de octubre de 2006.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil.