SALA CIVIL

AUTO SUPREMO N° 209 Sucre, 2 de octubre de 2006

DISTRITO : La Paz PROCESO: Ordinario - Nulidad de documento.

PARTES : Cipriano Catacora Tambo c/ Roberto Machicado Zapana y otros.

MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

 

VISTOS: El recurso de casación interpuesto a fs. 409-411 por Roberto Machicado Zapana contra el auto de vista N° 219/03 de fs. 401, pronunciado en fecha 15 de diciembre de 2003, por la Sala Civil Segunda de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el ordinario sobre nulidad de documento que sigue Cipriano Catacora Tambo contra Carmen Beatriz Vargas de Lorente, Roberto Machicado Zapana y Julio Apolinar Vera de la Barra, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO: La Sentencia de fs. 351 a 355, pronunciada por el Sr. Juez 9° de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, declara probada en parte la demanda de fs. 154 a 156, e improbadas tanto la demanda de daños y perjuicios, así como la demanda reconvencional y las excepciones perentorias interpuestas por Roberto Machicado Zapana.

Fallo de primera instancia que es confirmado en apelación por la Sala Civil Segunda de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, al igual que la resolución de fs. 185.

Contra la resolución de vista, el demandado Roberto Machicado Zapana, recurre de casación en la forma y en el fondo.

En la forma, acusa que el auto de vista no se ha circunscrito a los puntos resueltos por el inferior y que han sido objeto de su apelación, como es el caso de su solicitud de nulidad de obrados, hasta el vicio más antiguo, por incumplimiento total del auto de vista N° 197/97 de 18 de abril de 1997, que anuló todo lo actuado y repuso obrados al estado de deducirse nueva demanda. Sostiene que debía formalizarse nueva demanda y ser conocida por el siguiente en número llamado por ley -el Juzgado 10° de Partido en lo Civil-. Acusa que se conculcaron los arts. 3.1), 9, 90, 251 del Código de Procedimiento Civil, y los arts. 1-9)-12), 26, 30 de la Ley de Organización Judicial.

Indica que no se ha cumplido con lo preceptuado por el art. 3-9) de la Ley N° 1760, así como el incumplimiento de la obligación de excusa prevista en el art. 4°, que los actos jurisdiccionales de la Dra. Nelly de la Cruz de Palomeque, a partir del decreto de admisión de la demanda de fs. 159, por ser juez incompetente, son nulos de pleno derecho.

El recurso en el fondo sostiene que se ha incurrido en violación concreta de ley expresa y en error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas. Que no han apreciado ni valorado correctamente el fundamento intrínseco de la demanda denominada nulidad de documento público.

Sostiene que el ad quem y el a quo concluyen que el informe grafológico arrimado a obrados constituye plena prueba sin observar lo determinado por el art. 1310; por lo que acusa la conculcación de los arts. 1287 y 1289 del Código Civil.

Acusa también que el informe grafológico no constituye prueba documental, sino prueba pericial, que por si solo no acredita nada y que no se ha propuesto al perito dentro de los primeros cinco días de vigencia del plazo, designándolo por su nombre, recibiendo juramento de ley y produciendo la prueba para poner en conocimiento de las partes, a los efectos de pedir las aclaraciones necesarias.

CONSIDRANDO: Que, de la revisión de los obrados en función al recurso de casación interpuesto, este Tribunal Supremo no encuentra mérito para la nulidad de obrados peticionada, habida cuenta que en primer lugar la resolución de segunda instancia responde al principio de congruencia y exhaustividad previstos por el art. 236 con relación al art. 227 ambos del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, el recurso acusa de insuficiente el auto de vista al no pronunciarse sobre su solicitud de nulidad de obrados, hasta el vicio más antiguo, por incumplimiento total del auto de vista N° 197/97 de 18 de abril de 1997, y que lo sitúa en la admisión de la nueva demanda, sosteniendo que no le correspondía conocer nuevamente a la misma juzgadora, entendiendo que ya había emitido opinión.

Al respecto, en primer lugar, la Corte Ad quem se pronunció expresamente sobre el punto en cuestión, así se desprende del parágrafo II- a), b) y c) del único Considerando de la resolución de vista.

En segundo lugar, si bien es cierto que a fs. 161 a 162, el demandado Roberto Machicado Zapana incidentó nulidad de obrados, observando la falta de sorteo de la causa y que se hubiere presentado directamente al Juzgado 9° de Partido en lo Civil, no es menos evidente que el incidente fue rechazado a fs. 185, contra el cual el demandado interpuso recurso de apelación, que fue concedido a fs. 192, en el efecto diferido y resuelto negativamente en el auto de vista impugnado que nos ocupa. Si el demandado y ahora recurrente Roberto Machicado encontraba que la Sra. Juez Nelly de la Cruz de Palomeque estaba comprendida dentro de la causal 9) del art. 3° de la Ley N° 1760, estaba en su derecho de recusarla, en la forma y plazo previsto por el art. 8 de la precitada disposición legal. No lo hizo, lo que significa, sin lugar a dudas, que reconoció tácitamente su competencia, a ello se suma el hecho que tampoco el demandado recurrente excepcionó de incompetencia.

Independientemente de lo anotado, vale hacer notar, que el hecho que se hubieren anulado obrados mediante el auto de vista N° 197/97 de 18 de abril de 1997, a fin de completar la legitimación pasiva e integrar a la litis a otros co demandados, no era motivo alguno para que la Juez a quo se hubiere excusado y apartado del asunto. Tampoco es evidente que el tribunal de alzada hubiere dispuesto que la causa sea pasada al siguiente en número como sostiene el recurrente, por cuanto la nulidad de obrados no se operó por pérdida de competencia de la a quo, en cuyo caso recién se dispone que pasen actuados a la siguiente en número, lo que no sucede en el caso de autos.

CONSIDERANDO: Respecto al fondo del recurso, no es evidente que el tribunal ad quem hubiere infringido las normas acusadas de violadas en el recurso, habida cuenta que la demanda de nulidad de documento incoada también contra el recurrente ha sido acogida y estimada por los de grado, en atención a la prueba aportada a obrados y que ha sido apreciada conforme a la valoración que le otorga la ley, con la facultad incensurable en casación.

Olvida el recurrente que cuando se quiere impugnar en casación la valoración de la prueba realizada por los jueces de instancia, acusando error de derecho o de hecho, en la apreciación de la prueba, está obligado a demostrar la manifiesta equivocación del juzgador, con documentos auténticos que demuestren el errado proceder del órgano jurisdiccional, si de error de hecho se trata, lo que no ha sucedido en el recurso interpuesto.

Que, en cuanto al informe grafotécnico de fs. 4 a 11, el mismo no fue ofrecido y producido dentro del término de prueba, lo fue como prueba preconstituida a tiempo de presentar la demanda, consiguientemente, estuvo en conocimiento del demandado desde su citación con la demanda, de ahí que a tiempo de ofrecer sus pruebas conforme prevé el art. 379 del adjetivo civil, estaba en la obligación de refutarlo y enervarlo con pericia que sostenga lo contrario. En obrados, simplemente el demandado se limitó a objetarlo sin hacer protesta de probar conjuntamente con la causa principal los óbices legales denunciados, menos señaló en forma precisa y explícita esos óbices legales si su objeción se encuadraba en el art. 382-I-2), como establece su parágrafo III de la precitada norma legal.

Por lo expuesto y no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, corresponde a este Tribunal la aplicación de los arts. 271-1) y 2) y 272 y 273 del Código adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, declara IMPROCEDENTE el recurso en la forma e INFUNDADO en el fondo, con costas. Se regula el honorario de abogado en la suma de Bs. 300.-, pago que mandará hacer efectivo el tribunal de alzada.

MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Regístrese y devuélvase.

Firmado : Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Proveído : Sucre, 2 de octubre de 2006.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil.