SALA CIVIL

AUTO SUPREMO N° 171 Sucre, 07 de Septiembre de 2006

DISTRITO : La Paz PROCESO: Ordinario sobre mejor derecho propietario

PARTES : Junta de Vecinos de la zona de Ovejuyo c/ Francisco Aguilar Mamani y otro

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares

 

VISTOS: El recurso de casación de fs. 348-350 vta., deducido por Vladimir Gutiérrez Ramírez en representación de Juan del Granado Cosío, H. Alcalde Municipal de La Paz, contra el Auto de Vista No. 033/2005 de 9 de febrero, cursante a fs. 339-340 vta., y su complementario de 3 de marzo de 2005 cursante a fs. 345 de obrados, pronunciados por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso ordinario sobre mejor derecho propietario, seguido por la Junta de Vecinos de la zona de Ovejuyo, representados por su Presidente Isaac Gonzáles, contra Francisco Aguilar Mamani y la entidad recurrente, los antecedentes procesales, y:

CONSIDERANDO: Que dentro del referido proceso, el 1 de abril de 2004, la Jueza Octava de Partido en lo Civil y Comercial pronunció la Resolución de fs. 309 vta. y declaró la perención de instancia, que en apelación deducida por el representante del Gobierno Municipal de La Paz, fue confirmada por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de ese Distrito, mediante Auto de Vista No. 033/2005.

En tal virtud, la entidad edilicia demandada interpuso recurso de casación en el fondo, acusando la violación del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto en el Auto de Vista no se precisó hasta cuándo se computaron los seis meses de inactividad procesal y el memorial de fs. 308, mediante el cual se solicitó la perención de instancia, fue presentado el 11 de marzo de 2004, es decir, antes de que se cumplieran los seis meses anteriormente indicados, incumpliendo un requisito esencial para la declaración de perención de instancia. Asimismo, alegó la violación de los artículos 141 del Código de Procedimiento Civil y 260 de la Ley de Organización Judicial, referidos al transcurso de los plazos procesales, puesto que, en la resolución impugnada, no se consideró la interrupción de 15 días dispuestos en las circulares No. 19/03 P., C.S.J. No. 29/03-P; C.S.J. y No. 33/03-P.C.S.J., emitidas por la Corte Superior de La Paz, y en cuyo mérito se evidencia que no transcurrieron seis meses de inactividad procesal para que opere la perención de instancia. Por otro lado, denunció la infracción del artículo 2 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que los jueces y tribunales tienen a su cargo y responsabilidad el necesario impulso procesal para que las causas no se paralicen y concluyan dentro de los plazos legales, en ese marco, acusó que el de 10 de septiembre de 2003, el a quo clausuró el periodo de prueba y se ingresó a la etapa de resolución de la causa, correspondiéndole el impulso procesal al juzgador, razón por la que debió observarse lo dispuesto por el artículo 395 del adjetivo civil.

Concluyó solicitando se case el auto de vista recurrido disponiendo la prosecución de la causa.

CONSIDERANDO: Que, una de las formas extraordinarias de conclusión del proceso es la perención de instancia, basada en la inactividad de las partes por el tiempo de seis meses, que se computa desde la última actuación, que no es precisamente del demandante, sino de cualquiera de los sujetos principales del proceso incluido el Juez como director del proceso, por lo que le corresponde evitar su paralización e incurrir en sanción de perención, conforme previene la norma del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil. En ese orden de ideas, para que proceda una declaratoria de perención debe haber una instancia, una inactividad procesal, transcurso de un plazo y finalmente una resolución judicial que declare operada la perención.

CONSIDERANDO: Que, establecida la naturaleza jurídica del instituto de la perención de instancia, corresponde referirse a la problemática planteada en el recurso de casación a efectos de su resolución.

En ese cometido, habiéndose producido la instancia con la presentación de la demanda, conviene referirse a la inactividad procesal y el cumplimiento del plazo estipulado por el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, haciendo las siguientes anotaciones:

Mediante Auto de 10 de septiembre de 2003, fs. 307 vta., el a quo clausuró el periodo de prueba aplicando lo dispuesto por el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, haciendo constar que las partes deben formular sus conclusiones en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 394 del citado código adjetivo. Ésta, constituye la última actuación procesal hasta antes de la presentación del memorial de 11 de marzo de 2004, fs. 308, en el que el demandado Francisco Aguilar Mamani solicitó la perención de instancia, que fue concedida mediante resolución de 1 de abril de 2004, fs. 309 vta., en aplicación de lo dispuesto por el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil.

Si bien es cierto que desde el 10 de septiembre de 2003, hasta el pronunciamiento del auto que declaró la perención de instancia, 1 de abril de 2004, transcurrieron más de seis meses de inactividad procesal, no es menos cierto que de acuerdo al estado del proceso, se había dispuesto la clausura del periodo de prueba, correspondiendo, en consecuencia, la aplicación del artículo 394 del Código de Procedimiento Civil a efectos de que las partes presenten sus conclusiones dentro del plazo previsto por Ley, para posteriormente cumplir con la disposición del artículo 395 del mismo cuerpo legal, en cuya virtud, el a quo tenía la obligación de decretar autos, aún no se hayan presentado los alegatos en conclusiones, de lo que se infiere, que el impulso procesal -entendido como el fenómeno en virtud del cual se asegura la continuidad de los actos procesales y su dirección hacia el fallo definitivo-, le correspondía al Juez de la causa en virtud a lo dispuesto por el artículo 2 del Código de Procedimiento Civil, velando porque el trámite del proceso concluya dentro de un plazo prudencial con la finalidad de tener una justicia pronta y cumplida.

En consecuencia, no existe causa legal que amerite el pronunciamiento de la perención de instancia fundado en la inactividad procesal de los contendientes, pues, como se tiene dicho, de acuerdo al estado del proceso, le correspondía al Juez de la causa -sin espera de la intervención de las partes- tramitar el proceso de acuerdo al procedimiento.

Por otro lado, debe entenderse que las causales de improcedencia de la perención de instancia, catalogadas por el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, no son concluyentes. Como se podrá advertir, de la interpretación armónica y sistematizada de los artículos 2, 309, 394 y 395 del citado código, se concluye que no puede operar la perención de instancia, una vez que el Juez de primer grado clausuró el periodo de prueba, en el entendido de que los actos procesales que deben desarrollarse a continuación importan el impulso procesal del administrador de justicia y no de las partes.

Consiguientemente, se establece que el Ad quem, al pronunciar la resolución impugnada a través de este recurso extraordinario, aplicó incorrectamente el contenido y la ratio legis de la norma establecida en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en error de derecho, que corresponde ser corregido aplicando lo instituido por el artículo 253.1) del procedimiento citado.

POR TANTO: La Sala Civil de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por los artículos 58.1 de la Ley de Organización Judicial y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASA el auto de vista y deliberando en el fondo declara no ha lugar a la perención de instancia solicitada a fs. 308, disponiendo que el Juez de la causa prosiga con el trámite del proceso hasta su conclusión. Sin responsabilidad por ser excusable.

En la vía disciplinaria, se llama la atención al a quo por no cumplir adecuadamente con las funciones de dirección del proceso y por no controlar el desempeño de funciones de su personal subalterno.

Para resolución, según convocatoria cursante a fs. 361 interviene el Ministro Dr. Juan José González Osio, de la Sala Social y Administrativa Segunda.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Firmado : Dr. Julio Ortiz Linares.

Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Dr. Juan José González Osio.

Proveído : Sucre, 07 de Septiembre de 2006.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil.