SALA CIVIL

AUTO SUPREMO N° 77 Sucre, 9 de Junio de 2006

DISTRITO : Cochabamba PROCESO: Ordinario sobre divorcio absoluto

PARTES : Susy Yovanna Ramos Tirado c/ José Luis Montecinos Vargas

MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez

 

VISTOS: El recurso de casación de fs. 639 a 641 interpuesto por José Luis Montecinos Vargas, contra el auto de vista de fs. 630-632 vlta., pronunciado el 16 de mayo de 2005 por la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el ordinario sobre divorcio absoluto seguido por Susy Yovanna Ramos Tirado contra el recurrente, los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO: Que dentro del proceso ordinario familiar sobre divorcio absoluto seguido por Susy Yovanna Ramos Tirado contra José Luis Montecinos Vargas, la Juez de Partido Tercero de Familia de la ciudad de Cochabamba, pronunció la sentencia corriente en fs. 448-452 que declara probada la demanda de fs. 10 a 11, por la causal del art. 131 del Código de Familia, en consecuencia disuelto el vínculo conyugal, y entre otras medidas complementarias se define la cuestión referida a los bienes gananciales, motivando que sobre este punto, los contendientes recurran de apelación, pronunciándose la resolución de vista de fs. 630-632 vlta., que confirma en todas sus partes la sentencia apelada.

Contra la resolución de vista, el demandado recurre de casación en el fondo, acusando que el auto de vista ha realizado una incorrecta apreciación de la prueba cursante a fs. 103 de obrados referida a las mejoras introducidas en el inmueble de propiedad de sus padres, al afirmar que el demandado habría firmado un compromiso de venta en fecha 13 de febrero de 1999, de un vehículo marca Ford a favor de Néstor Rojas, en la que éste se compromete a pagar el precio con la entrega de marcos, puertas y otros, dando a entender que estos trabajos de carpintería iban a colocarse en las mejoras que estaban implementando en el inmueble de sus padres, afirmación que carece de sustentación legal y prueba por cuanto la actora no ha demostrado que este compromiso se haya cumplido, al no existir documento alguno que acredite su cumplimiento, por lo que se ha violado lo preceptuado por el art. 1297, concordante con los arts. 494, 495, 497 y 499 del Código Civil.

Sostiene que el informe pericial de fs. 248-258 demuestra que las mejoras introducidas en el inmueble datan de 10 años de antigüedad, es decir de 1993, dos años antes al matrimonio, hecho corroborado con las literales de 492 a 500 y de 516 a 529, refrendados por la misma actora en la confesión provocada de fs. 92-93, por lo que el tribunal ad quem ha violado los arts. 399, 400, 430, 431, 441 y 442 del Código de Procedimiento Civil y arts. 1331 y 1333 del Código Civil, que las testificales aportadas por la actora son irrelevantes, por cuanto estas no enervan ni destruyen documentos o literales en las que incluso han intervenido autoridades jurisdiccionales que prueban que dichas mejoras no son gananciales, de ahí que la valoración que le otorga el tribunal ad quem constituye violación a los arts. 1287, 1289 y 1311 del Código Civil.

Señala que los tribunales de instancia han aplicado disposiciones de manera ilegal como los arts. 491 y 1430 del Código Civil con respecto al contrato de anticrético de fs. 104, normativa que instituye que el contrato de anticresis debe celebrarse mediante documento público, en consecuencia éste es nulo, además que en su momento se negó este hecho por tratarse de otro inmueble ajeno al de la litis.

Acusa que el tribunal ad quem ha valorado y aplicado erróneamente el art. 142 del Código de Familia al considerar como ganancial la línea telefónica No. 4501173, cuyo certificado de aportación No. 1410041645 cursante a fs. 358, acredita que este bien fue adquirido el 28 de junio de 2002, es decir, cuando ya existía la separación de los esposos, la que data del 24 de septiembre de 2001, al margen que no existe documento que acredite a que línea corresponde el certificado de fs. 111.

Argumenta que los fallos de instancia son ultrapetita, por no existir documental alguna que declare la ganancialidad de las computadoras y solo se atienen al inventario practicado por la Notaria, además que la actora demandó la ganancialidad de dos computadoras que no fueron identificadas por prueba alguna conforme dispone el art. 1297 del Código Civil, sin embargo en los fallos de instancia hacen figurar la existencia de tres.

Con referencia a la movilidad marca Nissan y préstamos de dinero, manifiesta que el señor Rómulo López se hará cargo de hacer valer sus derechos. Finalmente concluye pidiendo casar el auto de vista y se declare la exclusión de estos bienes de la comunidad de gananciales.

CONSIDERANDO: Que, al haberse acusado que el fallo fuera ultrapetita, nos coloca frente a un recurso de casación en la forma, aunque no lo dice así el recurrente, como era su obligación, sin embargo, habiendo acusado un vicio de nulidad, corresponde al Tribunal Supremo pronunciarse al respecto, a fin que no quede asomo de duda de la existencia de vicios procedimentales.

En este orden, de la revisión de los obrados se evidencia no ser cierta la acusación del recurrente, por cuanto la decisión de segunda instancia responde al principio de congruencia y exhaustividad que impone al juzgador los arts. 236 con relación al 227, ambos del Código de Procedimiento Civil, vale decir, guarda estrecha relación entre lo apelado y resuelto por el inferior.

En cuanto al recurso en el fondo, en primer lugar debemos anotar que los de alzada han apreciado correctamente la prueba documental de fs. 103, que da cuenta que el demandado José Luis Montecinos Vargas se declara propietario de un vehículo marca Ford tipo Jeep con placa CJD-038, el que transfiere a favor de Néstor Rojas Días por el precio de $us. 2.500 que el comprador carpintero de profesión tenía que cancelar con el producto de su trabajo de carpintería.

El hecho que este compromiso se hubiere cumplido o no es indiferente para el caso que nos ocupa, lo que interesa de este documento es que el mismo informa que en el año 1999 -fecha de suscripción de este documento- se contrataban materiales necesarios para la construcción de las mejoras introducidas en el inmueble, lo que sin lugar a dudas, lleva al convencimiento del órgano jurisdiccional que las mismas se realizaron durante la vigencia del matrimonio cuya disolución se persigue con el caso de la litis, y así lo han reconocido los de instancia.

En cuanto a que la prueba pericial de fs. 248 a 258 de cuenta que las construcciones se hubieren realizado hace 10 años, es decir, en 1993, antes de la vigencia del matrimonio, es importante hacer notar que la aseveración del recurrente no se ajusta exactamente al informe pericial.

En efecto, éste si bien refiere que las mejoras tuvieren una "edad de 10 años", sin embargo, también aclara que "....la construcción presenta en la actualidad obra gruesa concluida, obra semi fina en un 50% de avance y por algunos detalles de construcción se ha estado procediendo a terminaciones en obra fina...para continuar diciendo "la construcción de la vivienda actualmente tiene acabados de reciente conclusión, como también acabado especialmente en yeso de varios años atrás, esto consta que la construcción ha tenido procesos discontinuos de ejecución de obra". Informe que también relata que la construcción posee dos plantas.

Ahora bien la prueba presentada por el demandado de fs. 493 a 496, así como las fotografías de fs. 157, dan cuenta de la existencia del inicio de las mejoras, mas de ninguna manera en la forma en que actualmente se encuentran, según el informe pericial y las fotografías cursantes en obrados.

En cuanto al contrato de anticresis, el mismo evidentemente debería haberse celebrado mediante documento público y registrarse en Derechos Reales para surtir efectos respecto a terceros, sin embargo, en el caso que nos ocupa el requisito de validez que prevé el art. 491 no es obstáculo para referirnos que el demandado José Luis Montecinos entregó a Monje Mamani Blanco y Dominga Mamani Guarachi dos piezas en anticrético, como lo reconocen los de instancia.

Finalmente en cuanto a la ganancialidad declarada de la línea telefónica No. 4501173, es indudable que el certificado de aportación No. 1410041645 que cursa a fs. 358, acredita que la línea telefónica signada con el Nº 4501173, evidentemente ha sido adquirida por el esposo demandado el 28 de junio de 2002, cuando ambos cónyuges se encontraban separados, de ahí que los de grado al incluirla entre los bienes gananciales han infringido la norma prevista por el art. 101 del Código de Familia, único punto por el que el Tribunal de Casación encuentra viable el recurso interpuesto por el demandado, por lo que es del caso aplicar las normas previstas por los arts. 271-4) y 274 del adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, CASA PARCIALMENTE la resolución de vista, únicamente en cuanto a la declarada ganancialidad de la línea telefónica signada con el Nº 4501173, la misma que se excluye de la división y partición por considerarla propia del demandado José Luis Montecinos Vargas. Sin responsabilidad por ser excusable.

Para resolución interviene el Ministro Dr. Eddy Wálter Fernández Gutiérrez, de la Sala Social y Administrativa Segunda, convocado a fs. 656.

MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Regístrese y devuélvase.

Firmado : Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Dr. Eddy Wálter Fernández Gutiérrez.

Proveído : Sucre, 9 de Junio de 2006.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil.