SALA CIVIL

AUTO SUPREMO N° 62 Sucre, 18 de Mayo de 2006

DISTRITO : Cochabamba PROCESO: Ordinario sobre declaración judicial de paternidad

PARTES : Modesta Caero Obando c/ Mario Torrico Torrico

MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez

 

VISTOS: El recurso de casación de fs. 139 a 140 interpuesto por Mario Torrico Torrico contra el auto de vista Nº 113 de fs. 136 a 137 pronunciado el 17 de abril de 2004 por la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el ordinario sobre declaración judicial de paternidad seguido por Modesta Caero Obando contra el recurrente, los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO: La demanda de declaración judicial de paternidad formulada por Modesta Caero Obando en contra de Mario Torrico Torrico fue acogida por el Juez de Partido de Punata, Cochabamba, quien mediante la sentencia de fs. 97 a 98, la declaró probada, en consecuencia cierta la paternidad de Mario Torrico Torrico respecto a la menor Lorena Caero, así como todas las incidencias respecto al nombre, asistencia familiar y gastos de la progenitora.

La decisión del juez a quo es impugnada en apelación por el demandado, motivando la resolución de vista de fs. 136 a 137 que confirma la sentencia apelada.

El auto de vista es impugnado mediante recurso de casación en el fondo interpuesto por el demandado perdidoso, quien realiza un análisis de la resolución de vista para concluir señalando que el mismo no se pronunció sobre el "punto neurálgico del recurso de apelación respecto a la no participación del Ministerio Público en el proceso como manda el art. 367 del Código de Familia, por lo que acusa violación del art. 90 del Procedimiento Civil, arts. 5 y 367 del Código de Familia y Ley Orgánica del Ministerio Público, pidiendo en definitiva se case el auto de vista o alternativamente se anule obrados hasta el vicio mas antiguo.

CONSIDERANDO: Que, de la revisión de los obrados en función al recurso interpuesto, este Tribunal Supremo evidencia que la acción que nos ocupa fue iniciada el 4 de febrero de 2002, vale decir, cuando se hallaba en plena vigencia la Ley del Ministerio Público Nº 2175 del 13 de febrero de 2001, cuya disposición final quinta establece que los fiscales continuarán interviniendo en aquellos asuntos no penales en los que a la fecha de vigencia de la Ley estuvieren actuando en representación del Ministerio Público. Ello significa, que los fiscales seguirán participando solo en la causas no penales iniciadas con anterioridad a febrero de 2001, y se reitera que la demanda familiar fue iniciada en el año 2002.

En otros términos, desde la promulgación de la Ley Nº 2175, el Ministerio Público no participa en los asuntos familiares, civiles, comerciales y de menores, salvo en este último caso lo dispuesto por la disposición final quinta II de la Ley Orgánica del Ministerio Público que modifica el art. 9 y 272 del Código Niño, Niña y Adolescente, que no es de aplicación en el caso de autos, así se ha dispuesto también por Circular Nº 25/04 de 21 de junio de 2004 por la Corte Suprema de Justicia, de ahí que no corresponde ninguna nulidad de obrados como peticiona el recurrente por falta de intervención del Ministerio Público en el sub lite.

Por todo lo expuesto y al no ser evidentes las infracciones acusadas en el recurso, corresponde aplicar la norma prevista por el art. 271-2) y 273 del adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, declara INFUNDADO el recurso, con costas. No se regula el honorario de abogado por no haber sido contestado el recurso.

MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Regístrese y devuélvase.

Firmado : Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Proveído : Sucre, 18 de Mayo de 2006.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil.