SALA CIVIL

AUTO SUPREMO N° 54 Sucre, 08 de Mayo 2006

DISTRITO : Santa Cruz PROCESO: Ordinario sobre divorcio absoluto

PARTES : Luis Guillermo Ríos Moreno c/ Ana Carola Justiniano Ortiz

MINISTRA RELATORA: Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez

 

VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por Luis Guillermo Ríos Moreno y Ana Carola Justiniano Ortiz, de fs. 292 a 294 y 306 a 310 respectivamente, contra el auto de vista de fs. 286 a 288, pronunciado en fecha 15 de abril de 2005 por la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre divorcio absoluto sustentado por el recurrente contra Ana Carola Justiniano Ortiz, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO: La sentencia de fs. 194 a 197 pronunciada por el Juez Cuarto de Partido de Familia de la ciudad de Santa Cruz, es revocada parcialmente mediante auto de vista de fs. 286 a 288, únicamente en cuanto a la parte que declara probada la causal de adulterio, confirmando la desvinculación matrimonial por la causal de malos tratos, disponiendo a su vez una serie de medidas accesorias. Resolución de segunda instancia que fue recurrida en casación tanto por el demandante como por la demandada.

El primero, Luis Guillermo Ríos Moreno, a fs. 292-294 recurre en la forma y en el fondo, en la forma, denuncia que el tribunal ad quem quebrantó las formalidades esenciales que hacen al debido proceso legal, alegando que no consideró la prueba de cargo y que se admitió prueba que carece de eficacia jurídica como la de fs. 165, por lo que pide se anule el auto de vista.

En el fondo, sostiene que se incurrió en error in iudicando por no haber considerado la prueba documental de fs. 21 presentada por el actor y que da cuenta del estado de cuenta individual de la A.F.P. Previsión, donde se demuestra el salario percibido por su persona y que no fue considerado a tiempo de aumentar la asistencia familiar. Lo propio respecto a la certificación de fs. 165 que contiene la declaración de Ana María Zunino Mayer, por lo que pide se case el auto de vista y se disminuya la asistencia familiar a la suma de Bs. 1.000.-

Denuncia también que el tribunal ad quem no consideró los contratos de alquiler de fecha 30 de junio de 2001 y 1º de agosto de 2002, que prueban la causal invocada del art. 131 del Código de Familia; igual observación realiza respecto a sus declaraciones testificales de cargo.

Sostiene también que en igual error incurrieron respecto a las declaraciones de descargo, las que acusa de ambiguas, falsas y contradictorias con las que se dio por probada la reconvención por malos tratos. Que se incurrió en error in iudicando por no haberse homologado el convenio transaccional que es un acuerdo entre partes y reconocido ante el notario de fe pública, en igual error por no haberse pronunciado sobre la tenencia de los menores estipulado en el acuerdo transaccional.

El recurso de casación de la demandada Ana Carola Justiniano acusa en el fondo error in iudicando respecto a la falta de consideración de las pruebas testificales respecto a la causal prevista por el art. 130-1) del Código de Familia. En igual error acusa que incurrió el tribunal ad quem respecto a la valoración de pruebas aportadas sobre el falso testimonio incurrido por los testigos de cargo, a quienes acusa formar parte del consorcio del abogado Ives Ortiz Zúñiga, Abogado del demandante, por lo que finalmente pide se case parcialmente el auto de vista únicamente en cuanto a la causal de adulterio y falso testimonio de los testigos de cargo.

CONSIDERANDO: Que, habiéndose acusado la existencia de vicios que invalidan el proceso, debemos anotar que en materia de nulidades procesales, rigen ciertos principios que deben ser observados para declarar aquélla, nos referimos a los principios de especificidad, transcendencia y convalidación. Principios que establecen que no hay nulidad sin la existencia de una ley específica que así la determina, tampoco hay nulidad sin perjuicio y finalmente si la violación de forma no es reclamada oportunamente se considera convalidada con el consentimiento.

En el caso de autos, el demandante acusa como un vicio de nulidad la consideración o no de prueba aportada al proceso, cuando a decir del art. 253-3) del adjetivo civil, de ser cierta dicha afirmación, se constituiría en una causal para abrir el recurso de casación en el fondo, mas de ninguna manera casación en la forma, por lo que el recurso en la forma deviene en improcedente.

CONSIDERANDO: Que, en cuanto al recurso en el fondo interpuesto por el demandante Luis Guillermo Ríos, sobre la omisión de consideración de documentos relativos a su ingreso económico a tiempo de fijación de alimentos, debe tenerse en cuenta que las resoluciones sobre asistencia familiar por su naturaleza, no causan estado y son revisables en cualquier tiempo de acuerdo a las circunstancias que ameriten su procedencia y cuantificación, como mandan los arts. 21, 28, 145 y 148 del Código de Familia, de ahí que el recurrente puede acudir ante el órgano jurisdiccional y exigir, si considera pertinente, la rebaja de la asistencia a la que tienen derecho los hijos menores, de igual manera la demandada podrá peticionar su incremento, según las necesidades de los alimentandos.

Respecto a los errores in iudicando que acusan ambos recursos en el fondo, es de señalar que el recurso de casación en el fondo, abre la competencia del Tribunal Supremo para censurar sentencias de segundo grado en cuyo pronunciamiento se haya violado, interpretado erróneamente o aplicado indebidamente disposiciones legales al decidir una causa. De igual modo, cuando en la apreciación de la prueba se hubiera incurrido en error de derecho o de hecho, este último puesto de manifiesto al juzgador con actos auténticos o documentos que lo demuestren objetivamente, así se infiere de los ordinales 1 y 3) del art. 253 del adjetivo civil, los que se constituyen en una carga procesal para todo recurrente que acuse este actuar por parte del Tribunal Ad quem.

Que, conforme las previsiones contenidas en los arts. 1286 del Código Civil, 397 y 476 de su Procedimiento, los tribunales de grado se hallan facultados para valorar la prueba de acuerdo a su prudente criterio o sana crítica, facultad privativa que le confiere la ley y que es incensurable en casación, a menos que, como se tiene expresado en líneas arriba, hubieran incurrido en error de derecho o de hecho. En el caso específico de la valoración de la prueba testifical, debemos inexcusablemente remitirnos al art. 1330 del Código Civil que al fijar la eficacia probatoria de esta clase de prueba, señala que este medio de prueba en lo que hace a su apreciación y valoración, no le es aplicable el régimen legal de la prueba tasada, quedando la apreciación de su eficacia dentro de los marcos y reglas de la sana crítica, entendiéndose por ésta como una categoría intermedia que no tiene rigidez de la prueba legal ni la excesiva liberalidad de la conciencia.

De la revisión de obrados, en función al recurso interpuesto, se llega al convencimiento que tanto el demandante recurrente, cuanto la demandada también recurrente, no han demostrado que el tribunal de apelación hubiere incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación y valoración tanto de la prueba testifical como la documental a que hace referencia.

Al contrario, el tribunal ad quem a tiempo de revocar la sentencia del inferior, ha considerado correctamente que la prueba testifical de descargo no ha sido suficiente para demostrar la causal prevista en el inciso 1) del art. 130 del Código de Familia, de ahí que revoca parcialmente en la parte que declara probada la causal de adulterio que acusaba la demandada en su acción reconvencional. Lo propio ocurre con la causal alegada por el demandante respecto a la separación de hecho prevista en el art. 131 del igual cuerpo legal, al encontrar por un lado insuficiente la prueba testifical de los testigos de cargo y por otro enervada dicha causal con la testifical de descargo, apreciación del tribunal de alzada con facultad incensurable en casación. Igual situación se presenta respecto a la falta de valoración de pruebas aportadas sobre el falso testimonio incurrido por los testigos de cargo, a quienes la demandada acusa de formar parte del consorcio del abogado Ives Ortiz Zúñiga, abogado del demandante, sobre el particular, si la Corte ad quem consideró que no corresponde hacer la denuncia al Ministerio Público, no hay duda que la demandada puede accionar en forma directa ante dicho órgano, tal como lo establece el tribunal ad quem.

Respecto al acuerdo transaccional de fs. 137 a 138, que el demandante acusa de no haberse homologado y tampoco pronunciado sobre la tenencia de los menores estipulado en el acuerdo transaccional, es pertinente la determinación del tribunal de alzada cuando ante la oposición de la demandada respecto al mismo, determina no haber lugar a su homologación, habida cuenta que las normas de familia están revestidas del carácter de orden público que prevé el art. 5º y por consiguiente no pueden renunciarse por voluntad de los particulares bajo pena de nulidad. De ahí que el razonamiento jurídico expuesto por el tribunal ad quem en el auto de vista, responde a criterios de legalidad, equidad y justicia que debe revestir toda resolución judicial.

Por todo lo expuesto, se concluye que la prueba aportada a obrados ha sido valorada en su conjunto, sin que el tribunal ad quem hubiera infringido o vulnerado ninguna norma legal, por lo que no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, corresponde a este Tribunal la aplicación de los arts. 271-2) y 273 del Código adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, declara IMPROCEDENTE en la forma el recurso de fs. 292 a 294 e INFUNDADOS en el fondo los recursos de fs. 292-294 y 306 a 310, con costas. No se regula honorarios de abogados por ser ambas partes recurrentes.

Se impone a cada uno de los recurrentes la multa de Bs. 100 a favor del Tesoro Judicial, de acuerdo al Reglamento de Multas Procesales del Poder Judicial, que el Tribunal de Alzada hará cumplir.

MINISTRA RELATORA: Dr. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Regístrese y devuélvase.

Firmado : Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Dr. Julio Ortiz Linares.

Proveído : Sucre, 08 de Mayo de 2006.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil.