SALA CIVIL

AUTO SUPREMO N° 220 Sucre, 12 de Diciembre de 2005

DISTRITO : Beni PROCESO: Ordinario sobre maltrato físico y psicológico

PARTES : Defensoría de la Niñez y Adolescencia c/ Jorge Condori Poma

RELATORA : Ministra Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez

 

VISTOS: El recurso de casación interpuesto a fs. 71 a 73 por Jorge Condori Poma, contra el auto de vista de fs. 68, pronunciado el 1º de Octubre de 2005, por la Sala Civil de la R. Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, en el ordinario sobre maltrato físico y psicológico, seguido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra el recurrente, los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO: El auto de vista de fs. 68, confirma la sentencia de fs. 53 a 54, la que a su vez declara probada la demanda imponiendo al demandado Jorge Condori Poma, la medida de suspensión de la autoridad paternal por el lapso de un año, disponiendo que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Localidad de Guarayos haga un seguimiento del entorno familiar de la niña Janneth Condori Yapobenda.

Contra la resolución de vista, el demandado recurre de casación en el fondo y acusa la violación y aplicación errónea del art. 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil, señala que la juez de primera instancia no ha considerado las declaraciones de los testigos de descargo, que es completamente falso que las declaraciones de los testigos de cargo sean uniformes y contesten en tiempo y lugares, habiéndose violado los preceptos legales de la convicción y de la sana crítica.

Sostiene que el auto de vista no ha considerado el aspecto de la impersonería del demandado, ya que la acción debió dirigirse contra la responsable y madre de la menor. Que en la apelación de fs. 58 a 60 presentó prueba en segunda instancia que evidencia que ella es la autora del maltrato físico y psicológico, prueba que no ha sido considerada, habiéndose violado el art. 284 última parte del Código Niño, Niña y Adolescente.

Señala que el juez no dictó la sentencia en la misma audiencia, sino al día siguiente, conforme se desprende del acta de audiencia de fs. 49 a 52, por lo que acusa la infracción del art. 282 del precitado Código.

Finalmente refiere que el informe del Equipo Interdisciplinario de fs. 46 carece de credibilidad, no lleva la firma de la declarante y podría

haber sido manipulado.

Por todo lo expuesto, pide casar el auto de vista e inclusive la sentencia del respectivo proceso.

CONSIDERANDO: Que, de la revisión de obrados, en función al recurso interpuesto, no obstante que el mismo dice ser interpuesto en el fondo, el demandado trae como uno de los fundamentos de aquél la infracción del art. 236 con relación al art. 227 del Código de Procedimiento Civil, normas legales que hacen al principio de congruencia y pertinencia de la resolución de vista, y que en caso de ser violentados, dan lugar a la casación en la forma.

Respecto, a que el tribunal ad quem no hubiere valorado su prueba presentada en segunda instancia, a tiempo de formular su recurso de apelación de fs. 58 a 60 y por ende se hubiere violado el art. 284 última parte del Código Niño, Niña y Adolescente, debemos anotar que evidentemente a tiempo de interponer su recurso de apelación, en el otrosí primero, ofreció en calidad de prueba en "segunda instancia" un video casette y una cinta magnetofónica, conforme al art. 284 última parte del C.N.N.A. Norma legal que establece que "Si se ha ofrecido prueba en segunda instancia el recurso no podrá resolverse sin escuchar a las partes en audiencia".

Que, la resolución de vista fue pronunciada después de radicada la causa, decretado autos y sorteado el expediente, actuar del tribunal ad quem en atención que luego de radicado el proceso en segunda instancia y notificado el recurrente, éste no se apersonó ante el tribunal de apelación, menos hizo uso de la facultad que le reserva el art. 232 del Código de Procedimiento Civil, norma legal que prevé: "Sólo dentro del plazo perentorio de cinco días, computables desde la fecha de la providencia de radicatoria, podrán las partes presentar nuevos documentos o pedir apertura de plazo probatorio".

En autos, si bien el demandado ofreció prueba a tiempo de interponer su recurso de apelación, no es menos cierto que tenía éste el plazo previsto por el art. 232 del Código de Procedimiento Civil, para ofrecer su prueba o pedir la apertura de término, a fin que el tribunal de apelación haya señalado audiencia conforme previene el último párrafo del art. 284 del C.N.N.A., lo que no aconteció en autos, puesto que el demandado ni siquiera se apersonó en segunda instancia, menos pidió apertura de término de prueba, por lo que mal el tribunal ad quem podía someter a valoración, prueba que no había sido propuesta conforme a ley.

El recurrente debe tener en cuenta que en materia procesal existen etapas procesales que deben ser observadas por las partes a fin de accionar en defensa de sus derechos, como cuando se pretende producir prueba en segunda instancia, en cuyo caso se debe ajustar la actuación de las partes a la norma prevista por el art. 232 del adjetivo civil.

CONSIDERANDO: Que, en cuanto a la acusación contenida en el recurso respecto a que la juez de primera instancia no hubiere considerado las declaraciones de los testigos de descargo y que los de cargo no fueren uniformes y contestes en tiempo y lugares, violando los preceptos legales de la convicción y de la sana crítica, este Tribunal Supremo advierte la falta de conocimiento de la técnica jurídica del recurrente, cuando olvida que el recurso de casación impugna la resolución de vista, mas de ninguna manera cuestiona directamente el fallo de primera instancia. No obstante lo anotado, conforme las previsiones contenidas en los arts. 1286 del Código Civil, 397 y 476 de su Procedimiento, los tribunales de grado se hallan facultados para valorar la prueba de acuerdo a su prudente criterio o sana crítica, facultad privativa que le confiere la ley y que es incensurable en casación, a menos que hubieran incurrido en error de derecho o de hecho.

En el caso específico de la valoración de la prueba testifical, debemos inexcusablemente remitirnos al art. 1330 del Código Civil que al fijar la eficacia probatoria, señala, que este medio de prueba en lo que hace a su apreciación y valoración, no le es aplicable el régimen legal de la prueba tasada, quedando la apreciación de su eficacia dentro de los marcos y reglas de la sana crítica, entendiéndose por ésta como una categoría intermedia que no tiene la rigidez de la prueba legal ni la excesiva liberalidad de la conciencia.

En el sub lite, se llega al convencimiento que el recurrente no ha demostrado que el a quo, menos el tribunal de apelación, hubieren incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación y valoración de la prueba testifical, al contrario, los de grado a tiempo de pronunciar sus fallos de instancia, han considerado correctamente toda la prueba aportada a obrados.

CONSIDERANDO: El recurso acusa también que el a quo no hubiere dictado sentencia en audiencia, sino al día siguiente, al respecto es de señalar que, en virtud del principio de especificidad no hay nulidad sin ley expresa que así lo declare y la norma prevista por el art. 282 del C.N.N.A., si bien prevé que el juez dictará sentencia en la misma audiencia, y la postergación para el día siguiente está referida únicamente a su fundamentación, sin embargo, no castiga con nulidad de obrados el hecho que la sentencia no fuere dictada en la audiencia sino al día siguiente, como aconteció en obrados y solo corresponde una recomendación al a quo. Ello se explica que una negligencia u omisión del órgano jurisdiccional no puede de ninguna manera afectar a los intereses de las partes menos se dijo, a los intereses de los menores.

Por lo expuesto, se concluye que la prueba aportada a obrados ha sido valorada en su conjunto, sin que el tribunal ad quem hubiera infringido o vulnerado ninguna norma legal, por lo que no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, corresponde a este Tribunal la aplicación los arts. 271-2) y 273 del mismo adjetivo.

POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, declara INFUNDADO el recurso, con costas. Se regula el honorario de abogado en la suma de Bolivianos Quinientos que mandará hacer efectivo el Tribunal de Alzada.

Se recomienda al Juez de Partido del Niño, Niña y Adolescente observar la norma prevista por el art. 282 del C.N.N.A., debiendo pronunciar sentencia en la misma audiencia.

Se impone multa al recurrente que se gradúa en la suma de Bolivianos Cien a favor del Tesoro Judicial, de acuerdo al Reglamento de Multas Procesales del Poder Judicial, cuyo pago mandará hacer efectivo el Tribunal Ad quem

RELATORA: Ministra Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Regístrese y devuélvase.

Firmado : Dr. Armando Villafuerte Claros.

Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Proveído : Sucre, 12 de Diciembre de 2005.

Dra. Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil.