SALA CIVIL

AUTO SUPREMO N° 212 Sucre, 05 de Diciembre de 2005

DISTRITO : Santa Cruz PROCESO: Ordinario sobre mejor derecho

PARTES : Tomás Olivera y otra c/ Víctor López Gamboa

MINISTRO RELATOR: Ministro Dr. Armando Villafuerte Claros.

 

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 129-130 vta. presentado por Tomás Olivera y Altagracia Ortuño de Olivera contra el auto de vista de fs. 122-123, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Santa Cruz en fecha 6 de septiembre de 2003, en el proceso ordinario seguido por los recurrentes contra Victor López Gamboa; lo actuado en el proceso, y

CONSIDERANDO: El Juez 6° de Partido en lo Civil-Comercial de Santa Cruz, pronuncia la sentencia de primera instancia cursante a fs. 88-90 de fecha 26 de febrero de 2003, declarando probada la demanda principal presentada por Tomás Olivera y Altagracia Ortuño de Olivera e improbada la reconvención opuesta por Victor "Hugo" López Gamboa, (el segundo nombre, "Hugo", es una adición del auto de vista) ordenando la desocupación y entrega del inmueble al "ejecutante", dentro de tercero día de ejecutoriada. Los demandantes apelan contra este fallo y, una vez concedido el recurso, la Sala Civil Primera de la Corte Superior dicta el auto de vista de fs. 122-123 de 6 de septiembre del mismo año, que lo revoca declarando improbada la demanda principal y probada la demanda reconvencional, sin costas; resolución contra la cual los actores, previa solicitud de explicación, complementación y enmienda presentada de fs. 125 a 126 vta. que les es rechazada, presentan el recurso de casación en el fondo que motiva el presente Auto Supremo.

CONSIDERANDO: Alegan los recurrentes que el tribunal de apelación no ha valorado las pruebas presentadas por ellos juntamente con la demanda ni la producida dentro del período de prueba. Recuerdan que el auto de vista de 6 de septiembre de 2003 reconoce que los demandantes han demostrado plenamente su derecho propietario con documentos originales de fs. 1 a 8, tales como la escritura pública inscrita en el Registro de Derechos Reales que corresponde al año 1968, planos de ubicación y pagos de impuestos sobre inmuebles, instrumentos que reúnen las exigencias de los arts. 1286, 1289 y 1538 del Código civil. No es entendible -sostienen- que el ad quem no le dé valor a dicha prueba, ni a las declaraciones testificales de cargo que cursan a fs. 53 y 53 vta., ni al informe técnico del Gobierno Municipal en el que consta "el registro de visación de plano de uso de suelo N° 3731 a nombre de Tomás Olivera y Altagracia Ortuño de Olivera". Señalan que las fotocopias presentadas por el demandado de fs. 17 a 27 están legalizadas sin orden judicial y menos por el juez que conoce la causa. Asimismo, restan valor probatorio al "recibo de venta" firmado por Benigna Ureña -a quien dicen no conocer- que sin derecho propietario incurre en estelionato en complicidad con el demandado Victor López Gamboa, que a su vez comete delito de uso de instrumento falsificado.

Reiterando que el Tribunal de apelación no ha valorado la prueba de cargo, que incumple las exigencias de los arts. 1286, 1289 y 1538 del Código civil, concluyen solicitando se case el auto de vista recurrido, de fecha 6 de septiembre de 2003, conforme a los arts. 271-4) y 274 del Código de procedimiento civil.

CONSIDERANDO: La referida resolución de vista analiza en sus últimos cuatro considerandos la prueba presentada en el curso del proceso, sobre cuya base revoca la sentencia del a quo y declara probada la reconvención. Examinado lo actuado, la Sala Civil de la Corte Suprema ha llegado a establecer lo siguiente:

1) El tribunal de alzada manifiesta que la parte demandante ha demostrado su derecho de propiedad con los documentos por ella presentados, empero sostiene que "el reconvencionista también acreditó su ingreso al terreno en forma pacífica con el recibo de fs. 33, que posteriormente fue reconocida la firma en el juzgado de instrucción ocasión en la que Benigna Ureña reconoce su firma estampada en el referido documento". (transcripción textual).

En efecto, Tomás Olivera y Altagracia Ortuño de Olivera demostraron su derecho de propiedad con los instrumentos públicos que cursan de fs. 2 a 8, inclusive, que tienen el valor y fuerza probatoria señalada por los arts. 1287, 1289 con relación al art. 1538 del Código civil, 398, 399 y 400 del Adjetivo procesal de la materia. De tales documentos se desprende que su derecho se origina en la transferencia a título de venta otorgada por Jorge Muñoz Reyes, representado por Israel Caballero Delgadillo, a favor de los nombrados recurrentes, esposos Olivera, mediante escritura pública cursante de fs. 5 a 8, celebrada ante el notario Danilo Pavisich Ribera, de fecha 7 de junio de 1968, posteriormente inscrita en el Registro de Derechos Reales bajo la partida computarizada 7.01.1.06.0004201, según consta en el certificado de fs. 3 del año 2.000; también adjunta a la demanda, a fs. 4, el plano de ubicación y uso de suelo, fechado el 18 - 06 - 2001, franqueado por la Dirección General de Desarrollo Territorial del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en el que figura el lote de terreno objeto del litigio situado en la Zona Sur, U.V. 127, Manzana 12, con la extensión de 600 ms2. registrado a nombre de Tomás Olivera Olivera y Altagracia Ortuño de Olivera.

En cuanto al recibo de fs. 33, firmando por Benigna Ureña, en el que declara haber recibido de Victor López Gamboa la suma de $b. 35.000 como pago por la venta de un terreno de 504 ms2., ubicado en el Km. 6 a Cbba., de fecha 21 de julio de 1980, por una parte, no refiere con exactitud la ubicación del inmueble, tampoco menciona el nombre de la persona de quien deriva su derecho de propiedad, y menos acredita si lo ha adquirido a título oneroso o gratuito o si está o no inscrito en el Registro de Derechos Reales.

Si el objeto del contrato de venta que dice haber formado con Benigna Ureña es la transferencia de un lote de terreno, el recibo de fs. 33 no llega a cumplir la exigencia de los arts. 486 y 488 del Código civil respecto al objeto del contrato, según los cuales el objeto debe ser determinado o determinable, y cuando el objeto del contrato se refiere a cosas, las partes deben determinarlas por lo menos en cuanto a su especie. Sin embargo, en el caso presente, pese a haber transcurrido más de veinte años desde la fecha del recibo de fs. 33, no consta en obrados que se lo hubiera determinado, es decir, particularizado o singularizado hasta la fecha con todas sus características. Ese recibo sólo podría producir efectos entre las partes pero de ninguna manera contra terceros, menos contra Tomás Olivera y Altagracia de Olivera, por faltarle, además de todos los elementos anotados, la publicidad y algún dato que demuestre siquiera un mínimo que haga imaginable su titularidad propietaria, lo que resulta imposible porque la nombrada Benigna Ureña carece, fundamentalmente, del derecho de dominio que le permita transferirlo a favor de persona alguna, porque nadie puede transferir derechos que no los tiene; consiguientemente, por tales razones, esos efectos entre partes tampoco serían reales sino simplemente personales.

Por otro lado, si bien es cierto que a tiempo de contestar a la demanda y reconvenir el demandado afirma haber comprado el terreno de la Sra. Ureña, no acompaña el recibo referido, ni lo individualiza indicando su contenido, lugar, archivo y oficina pública o persona en poder de quien se encontrare, conforme ordena el art. 330 del Código de procedimiento civil; lo presenta recién con el memorial de fs. 41, después de cuarenta días de su respuesta a la demanda. Lo mismo corresponde decir de los documentos cursantes de fs. 17 a 27.

Por lo demás, el demandado reconvencionista tampoco cumplió lo previsto en el art. 331 del mismo Adjetivo civil, según el cual "después de interpuesta la demanda, sólo se admitirán documentos de fecha posterior o, siendo anteriores, bajo juramento de no haber tenido antes conocimiento de ellos..." exigencias procesales que no han sido cumplidas, lo que significa que por tales defectos, esos instrumentos no son admisibles en nuestro derecho procesal como elementos probatorios. La norma tiene relación con el numeral 3) del art. 3 de dicho cuerpo legal que, entre los deberes de los jueces y tribunales, dispone: "tomar medidas necesarias para asegurar la igualdad efectiva de las partes en todas las actuaciones del proceso".

Respecto al citado art. 331 del Código de procedimiento civil, es preciso anotar que tiene como modelo y ratio legis el art. 333 de su similar argentino, cuyo fundamento encierra "el deber de lealtad y buena fe que desde el comienzo del pleito tienen que guardar los litigantes y debe presidir el proceso (...), además, según la misma fuente, "la exigencia de incorporación de toda la prueba documental tiende a evitarles a las partes sorpresas procesales, o sea la desventaja de ignorar la existencia de algún documento que pueda ser esencial para su defensa en juicio" (José Cuadrao, Código procesal civil y comercial de la Nación, Ed. Depalma, Bs. As. pags. 471-472).

Afirma el auto de vista en el segundo párrafo del cuarto Considerando, que las declaraciones testificales de fs. 73, de "Marcelino" Justiniano Ayala, Néstor Esteban Torrico Aguilera y Mauricia Paz Patiño, fs. 74, expresan uniformemente que el reconvencionista ingresó al terreno en los años 1976 (...) y nunca fue molestado por persona alguna... Al respecto, cabe señalar que, bien examinadas dichas declaraciones, no muestran uniformidad; todo lo contrario, Marciano (no Marcelino, como erróneamente lo llama el auto de vista) Justiniano Ayala, declara conocer al demandado desde el año 76 o 1977; y respondiendo a la segunda pregunta, manifiesta: "el Sr. López entró en posesión del terreno porque yo quería comprar ese terreno en el año 1975 y se lo compró de una cholita que no sé su nombre" (literal).

Esta declaración deja dudas sobre el año que el demandado pudo haber ingresado al terreno, pues el testigo señala los años 1976, 1977 y, finalmente, el año 1975. ¿Cuándo realmente ingresó al inmueble? Si es el año 1976, en este proceso, el reconvencionista que demanda usucapión debería regirse por las normas del Código civil de 1831 pero no por el vigente, con mayor razón si se menciona el año 1975. Esta declaración, por lo demás, muestra inseguridad cuando responde a la cuarta pregunta y el testigo declara "no creo", para luego referirse a aspectos ajenos a la pregunta misma.

La segunda testigo, apartándose de la declaración del primero, manifiesta conocer a Victor López y que, respecto al terreno, ha visto que éste "lo mantenía siempre desde hace unos quince años", o lo que es lo mismo, tomando en cuenta la fecha de la declaración testifical, desde el año 1987, contradiciendo de este modo al primer testigo en cuanto a la época en que el demandado sostiene haber ingresado al terreno.

Otra versión resulta de la declaración de la testigo Mauricia Paz Patiño, a fs. 74, que afirma por su parte que el demandado está en el terreno desde el 79 - 80.

Finalmente, cabe anotar que las declaraciones de los tres testigos de descargo -cuyas atestaciones, por lo anotado, no son uniformes- han sido contradichas por el propio demandado Victor López Gamboa, quien sostiene en diversos memoriales que "siempre" o "permanentemente" ha estado pidiendo al propietario Tomás Olivera le transfiera el terreno motivo del litigio (ver contestación y reconvención de fs. 15), lo que quiere decir que el demandado sabía y reconocía el derecho de propiedad que le asiste a Tomás Olivera y, por lo tanto, no pudo ni puede adquirirlo de Benigna Ureña, de modo que racionalmente es inadmisible sostener que ejercía el poder de hecho consistente en poseer la cosa animus domini, o sea, con la intención de actuar como propietario del terreno.

3) En los dos últimos considerandos del auto de vista, el tribunal de alzada, luego de transcribir el art. 138 del Código civil, sostiene que el actor principal, al no ejercitar su derecho real sobre el lote reclamado por más de diez años, ha operado la usucapión decenal o extraordinaria ya que "la posesión del reconvencionista ha sido pacífica e ininterrumpida hasta que en fecha 4 de mayo de 2002 fue perturbado por el actor principal", agregando luego que "el único requisito para la procedencia de la usucapión es la posesión pacífica y continuada, lo que ha sido probado con la prueba aportada al proceso".

Respecto de este último punto, corresponde aclarar que el art. 138 del Sustantivo civil evidentemente señala que la propiedad de un bien se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años, pero esta norma no puede ser adoptada sin tomar en cuenta la definición o noción de la posesión. La ligereza en el uso de los conceptos o palabras puede ocasionar resultados injustos. ¿Qué es la posesión? La respuesta está en el art. 87 del mismo cuerpo legal que al establecer la noción legal de la posesión sobre una cosa como un poder de hecho, exige la concurrencia de la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real. Y esto es lo que no sucede en el presente caso, puesto que el demandado ha reconocido y reconoce el derecho propietario de Tomás Olivera, a quien le ha pedido le transfiera el terreno, con lo que expresamente admite el derecho de éste sobre el inmueble objeto de la litis; lo cual significa una confesión espontánea, conforme a los arts. 403, 404-II, 408 y 409 del Código de procedimiento civil.

El demandado ha pretendido acreditar su animus domini cumpliendo la obligación de cancelar los impuestos cuyos comprobantes aparecen de fs. 56 a 60 (deficiente foliatura del expediente) y de fs. 79 a 83, que demuestran haber pagado tales impuestos por sólo cinco gestiones, correspondientes a los años 1996,1997, 1998, 1999 y 2000, pero todos el mismo día 07 de junio de 2002; es decir, cuando surgieron sus problemas con los propietarios. No ha presentado, sin embargo, ningún otro comprobante de pago por las gestiones de los anteriores quince o veinte años que dice haber poseído el terreno, evidenciando con ello la inexistencia de la posesión a que se refieren los arts. 87 y 138 del Código civil; ha faltado el animus, que constituye el elemento esencial para alegar la posesión, pues sin él no se puede probar haber actuado como dueño, a lo sumo haber ejercitado una tenencia. Todos esos datos que surgen del proceso no han sido examinados debidamente por el tribunal de apelación.

Es necesario también dejar establecido que en materia de usucapión, los jueces y tribunales deben actuar con la mayor diligencia y cuidado en la exigencia de la prueba que dé lugar a una sentencia que se apoye en este modo de adquirir la propiedad de las cosas, aplicando para ello rigurosamente las reglas del Código civil. La usucapión tiene su fundamento en la presunción de abandono de la cosa por parte del propietario, aspecto que tampoco sucede en el presente caso, si se recuerda que el demandado solicitaba al propietario le transfiera la propiedad hasta que, finalmente, éste no le transfirió el inmueble y surgieron las acciones judiciales que el proceso evidencia.

Conforme al art. 1286 del citado Sustantivo civil, las pruebas deben ser apreciadas por el juzgador de acuerdo a la valoración que le otorga la ley, mas si ésta no determina otra cosa, podrá hacerlo conforme a su prudente criterio. Sobre la base de tales antecedentes, cabe preguntarse si la resolución de segunda instancia ha tomado en cuenta exactamente lo prevenido en dicha norma procesal. La respuesta es negativa, de ahí que el auto de vista recurrido deriva en la casación, conforme al art. 274 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, con la facultad que le otorgan los arts. 271-4) y 274 del Código de procedimiento civil, CASA EN PARTE el auto de vista de fs. 122 - 123 de fecha 6 de septiembre de 2003, pronunciado por la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior de Santa Cruz en el proceso ordinario seguido por Tomás Olivera y Altagracia Ortuño de Olivera contra Victor López Gamboa, y deliberando en el fondo, mantiene la sentencia de primera instancia cursante de fs. 88 a 90, agregando y modificándola en cuanto a los daños y perjuicios demandados que serán calificados en ejecución de sentencia conforme al art. 195 del mismo cuerpo legal, tomando en cuenta, empero, la regla del art. 129 del Sustantivo civil, que prevé reglas para los casos de obras hechas por un tercero con materiales propios. Se impone la responsabilidad de Bs. 200 a cada uno de los vocales que intervienen en el auto de vista recurrido. Hágase conocer el presente Auto Supremo al Consejo de la Judicatura.

Para formar resolución interviene el Dr. Jaime Ampuero García, Ministro de la Sala Penal Primera, según convocatoria de fs. 156.

MINISTRO RELATOR: Dr. Armando Villafuerte Claros.

Regístrese y devuélvase.

Firmado : Dr. Armando Villafuerte Claros.

Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Dr. Jaime Ampuero García.

Proveído : Sucre, 05 de Diciembre de 2005.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil.