SALA CIVIL PRIMERA

AUTO SUPREMO N° 83 Sucre, 16 de Abril de 2005

DISTRITO : Chuquisaca PROCESO: Ordinario sobre nulidad de declaratoria de herederos

PARTES : José Pelagio Nava Mercado c/ Javier Francisco Loma Rocha

RELATORA : Ministra Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez

 

VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto de fs. 1127 a 1136 por Lino Jorge Laredo en representación de Javier Francisco Loma Rocha, contra el auto de vista de fs. 1110-1114 pronunciado el 19 de mayo de 2.003 por la Sala Civil Segunda de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del ordinario sobre nulidad de declaratoria de herederos seguido por José Pelagio Nava Mercado contra el recurrente y reconvención de éste contra aquél por nulidad de documento de venta, los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO: La sentencia de fs. 1072 a 1076, pronunciada por la Juez 3° de Partido de Familia, declara probada la acción principal, en consecuencia nulas las Declaratorias de Herederos tramitadas por Javier Francisco Loma Rocha ante el Juez 4° de Instrucción en lo Civil y ante el Juez Instructor de Yotala y ordena se proceda a su cancelación del registro en Derechos Reales; probada la acción reconvencional de nulidad de documento de transferencia, por tanto nulos los documentos de compraventa suscritos entre el actor y María Gregoria Loma Rocha, y dispone su cancelación del registro en Derechos Reales, así como remisión de las sentencias al Ministerio Público; improbadas las excepciones de falta de acción y derecho formuladas por ambas partes, así como la acción negatoria y reconocimiento de mejor derecho formulada por el actor.

Contra el fallo de primera instancia, tanto el demandante como el demandado recurren de apelación, motivando que el tribunal ad quem pronuncie el auto de vista, de fs. 1110 a 1114, que revoca parcialmente la sentencia de 24 de enero de 2003 de fs. 1072 a 1076 y deliberando en el fondo declara improbada la acción de nulidad de la declaratoria de herederos; probada la acción de declaración de prioridad de inscripción de derecho propietario en Derechos Reales a favor de José Pelagio Nava Mercado e improbada la acción reconvencional de nulidad del documento de transferencia.

Impuestas las partes de la resolución de vista, el demandado reconvencionista Javier Francisco Loma Rocha por intermedio de su apoderado legal, interpone recurso de casación en el fondo, con los fundamentos expuestos en su memorial de fs. 1127 a 1136.

CONSIDERANDO: Que, el principio de congruencia, previsto por el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, impone al juez la obligación de pronunciar sentencia que contenga decisiones precisas, concretas y positivas, recayendo sobre las cosas litigadas en la medida en que hubieren sido demandadas y probadas por las partes. Si el juzgador se apartara de este marco jurídico, nos encontraríamos frente a sentencias ultra, extra o citra petita.

En cuanto al Tribunal Ad quem, esta delimitación jurisdiccional se halla prevista dentro del marco que componen los arts. 227 con relación al art. 236 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, entre los puntos resueltos por el a quo, y que hayan sido impugnados en la expresión de agravios, y que a su vez, fijan las limitaciones exigidas por el principio de congruencia: tantum devolutum, quantun appellatum.

CONSIDERANDO: El art. 15 de la L.O.J. otorga al Tribunal Supremo la facultad de fiscalización a tiempo de conocer de los recursos interpuestos, a objeto de verificar si en ellos se guardaron las formas esenciales que hacen eficaz un proceso de conocimiento y fundamentalmente, que las resoluciones que contengan sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

En función de esta facultad fiscalizadora y sometidos los obrados a revisión, este Tribunal Supremo encuentra defectos procesales que obligan a su reparación, teniendo en cuenta que las reglas que rigen los procesos son de orden público.

En efecto, contrastando el fallo de primera instancia dictado por la juez a quo, con el auto de vista, encontramos que la sentencia en el punto 2° de la parte resolutiva declara "probada la acción reconvencional de nulidad de documento de transferencia por tanto nulos los documentos de compraventa suscritos entre el actor y la que en vida María Gregoria Loma Rocha, etc." (sic); mientras que la resolución de vista en el punto 3° de la parte resolutiva final declara "improbada la acción reconvencional de nulidad del documento de transferencia de 20 de abril de 1.972 suscrita entre María Gregoria Loma Rocha y José Pelagio Nava Mercado, dejando expresa constancia que este Tribunal no ha ingresado a considerar la validez de dicho documento por no haberse invocado de manera específica las causales de nulidad en que se funda la acción reconvencional" (sic)

Que, nuestra normativa jurídica, cuando de los requisitos que debe contener la demanda se trata, exige en el art. 327-7) del Código de Procedimiento Civil, " el derecho expuesto sucintamente".

Al respecto, el tratadista Carlos Morales Guillén en su obra "Código de Procedimiento Civil, anotado y concordado" señala que "este requisito (7), sin embargo, no supone obligación inexcusable de indicar con la denominación técnica la acción que se interpone, o de citar las disposiciones legales pertinentes, porque lo primero resultará de la exposición de los hechos y lo segundo lo hará el juez independientemente de la calificación que haga el actor, según doctrina generalizada que la compilación abrogada recogió como regla en su art. 125: los jueces deben suplir las omisiones de los demandantes que pertenecen al derecho".

Como también cita el tratadista Argentino Lino Enrique Palacio "...no son la norma o normas jurídicas invocadas las que individualizan la pretensión procesal, sino los hechos afirmados en la medida de su idoneidad para producir un determinado efecto jurídico. Por lo tanto, el órgano judicial debe limitarse a decidir si se ha operado o no la consecuencia jurídica afirmada por el actor, con prescindencia de la designación técnica que éste haya acordado a la situación fáctica descripta como fundamento de la pretensión (editio actionis) o de la norma o normas invocadas, ya que por aplicación de principio iura notiv curia el juez cuenta con absoluta libertad en lo que atañe a la elección de la norma o normas que conceptualizan el caso" y finalmente sostiene "...aunque la exposición del derecho viene en cierta medida a complementar la causa de la pretensión, no se trata de un requisito imprescindible de la demanda y susceptible como tal, de autorizar su rechazo".

En el caso particular que nos ocupa, la acción reconvencional interpuesta a fs. 223-226 por el demandado Javier Francisco Loma Rocha peticiona la nulidad del documento de transferencia que hace María Gregoria Loma Rocha a favor de José Pelagio Nava Mercado y funda su contrademanda en los arts. 452, 453, 549, 584 y 636-I del Código Civil.

Lo que significa que le demandado reconvencionista si bien no especificó la causal de nulidad, no es menos evidente que hizo la cita de la norma prevista, del art. 549 del sustantivo civil, cumpliendo el mandato del art. 327-7), amén que la demanda se refiere muy claramente a la acción que está interponiendo, de otro lado, los hechos referidos dan cuenta de la petición del reconventor, de ahí que extraña el actuar del Tribunal Ad quem, que no obstante tener los elementos necesarios para ingresar al conocimiento de la acción reconvencional, sostiene no haber ingresado a considerar la validez del documento por no haberse invocado de manera específica las causales de nulidad en que se funda la acción reconvencional y sin embargo, concluye revocando la sentencia y declarando improbada la acción reconvencional.

Si el tribunal ad quem supuestamente no pudo considerar la validez del documento, cuya nulidad se peticionaba, cómo es que termina desestimando la acción reconcencional y declarándola improbada lo que importaba, en otros términos, mantener la validez del documento extrañado?

A todo ello se agrega que la resolución de vista en la parte resolutiva sostiene que "revoca parcialmente" la sentencia apelada, sin embargo, no mantiene absolutamente ninguno de los puntos resueltos por la inferior, por lo que en todo caso correspondía que revoque totalmente, error del ad quem que se evidencia contrastando ambas resoluciones de grado. En efecto, la a quo declaró probada la acción principal declarando nulas las declaratorias de herederos, mientras que el auto de vista declaró improbada la acción de nulidad de declaratoria de herederos. La sentencia declaró probada la acción reconvencional de nulidad de documento de transferencia, sin embargo, el auto de vista declaró improbada la acción reconvencional. La sentencia declaró improbadas la acción negatoria y reconocimiento de mejor derecho, formulada por José Pelagio Nava, mientras que el auto de vista declaró probada la acción de declaración de prioridad de inscripción de derecho propietario a favor de José Pelagio Nava.

Finalmente, al no existir en el auto de vista, los fundamentos necesarios para desestimar la acción reconvencional, esta omisión, impide que el Tribual Supremo cuente con una resolución sobre la que pueda emitir un pronunciamiento en casación, por lo que corresponde dar aplicación a lo dispuesto por el art. 254-4) del adjetivo civil, concordante con los arts. 271-3) y 275 del igual cuerpo legal.

POR TANTO: La Sala Civil Primera de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, ANULA obrados hasta fs. 1109 vlta. hasta el estado que el Tribunal Ad quem sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nuevo auto de vista.

No siendo excusable la omisión en la que han incurrido los Sres. Vocales signatarios del auto de vista, se les impone responsabilidad en multa de Bs. 100, a cada uno, que se harán efectivos de sus haberes por habilitación.

RELATORA: Ministra Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Regístrese y devuélvase.

Firmado : Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Dr. Armando Villafuerte Claros.

Proveído : Sucre, 16 de Abril de 2005.

Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Primera.