SALA CIVIL PRIMERA

AUTO SUPREMO N° 30 Sucre, 28 de Febrero de 2005

DISTRITO : Santa Cruz PROCESO: Ordinario sobre resolución de contrato

PARTES : Evelia Eva Ramírez de Cabrera y otro c/ Carmen Ruth Madariaga de Beltrán

MINISTRO RELATOR: Dr. Armando Villafuerte Claros

 

VISTOS: El recurso de casación de fs. 237-239, presentado por Evelia Eva Ramírez de Cabrera y Juan Cabrera Rosales, contra el auto de vista de fs. 234-236, pronunciado por la Sala Civil Primera del Distrito de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre resolución de contrato seguido por los recurrentes contra Carmen Ruth Madariaga de Beltrán, los datos del proceso, y

CONSIDERANDO: Dictada la sentencia de primera instancia por el Juez 2º de Partido Civil - Comercial de Santa Cruz, declarando improbada la demanda principal de fs. 68 a 71 y probada en parte la demanda reconvencional de fs. 142-145, la demandada Fátima Carmen Ruth Madariaga de Beltrán solicita la complementación y aclaración de fs. 206 que el juez las desestima mediante providencia de fs. 207. Contra la resolución de primera instancia apelan los demandantes a fs. 213-214, a la que la demandada se adhiere mediante memorial de fs. 216-219. La Sala Civil pronuncia el auto de vista de fs. 234-236 que "confirma en parte la sentencia en lo que se refiere a declarar improbada la demanda principal y revoca en parte la misma, en lo referente a la demanda reconvencional sobre los montos a restituirse a favor de los demandantes, resolviendo en el fondo que Carmen Ruth Madariaga de Beltrán, restituye a las demandantes principales sólo el 25% del capital adeudado al Fondo Nacional de Vivienda en liquidación, a la fecha del 27 de enero de 2.000 en que fue efectuado el ilegal pago, debiendo el saldo, vale decir, el 75%, intereses y otros ser imputados como resarcimiento de daños y perjuicios causados a la reconvencionista, a quien se le privó el derecho reconocido por el Estado a los deudores del ex FONVI. Sin costas por la modificación y ser ambas partes apelantes". Esta resolución de apelación es recurrida de casación en la forma y en el fondo por los demandantes, recurso que les es concedido mediante auto de fs. 244 de 29 de octubre de 2002.

CONSIDERANDO: En síntesis, citando la doctrina de algunos autores respecto al cumplimiento del contrato como ley entre las partes y otros casos de jurisprudencia, los vendedores y demandantes recurren de casación en el fondo y en la forma exponiendo como fundamentos lo siguiente:

Recurso de casación en la forma.- Respecto a este recurso, acusan la violación del art. 258 del Código de procedimiento civil, y en síntesis, señalan:

1) En confusa redacción, manifiestan que el 75%que se imputa al pago de daños y perjuicios, corresponden, sin embargo,a la devoluciónde lo que los recurrentes han pagado; los daños y perjuicios son una pena que se aplica a la parte que ha incumplido, no a la devolución, "pues si es así, tendremos entonces que todo acreedor que reclama el pago o devolución de su crédito, esa devolución sería por daños y perjuicios, lo que no es así" (lo entrecomillado es la redacción literal del recurso a fs. 238 vta.). Con ello se ha violado los arts. 344, 345, 346 y 347 del Código civil; violación que -dicen- se encuentra a fs. 236.

2) No se han pronunciado sobre la resolución del contrato, reivindicación del inmueble, desocupación del inmueble, ni sobre la aberración contenida en la reconvención sobre el cumplimiento del contrato de fs. 142 a 145 (fs. 236 del auto de vista), violando el art. 236 del Código de procedimiento civil.

3) El auto recurrido es ultra petita, porque da a las partes algo que no pidieron, ya que se pidió el pago de daños y perjuicios y la resolución del contrato, no la devolución del dinero pagado que es la causa principal para pedir la resolución del contrato; violación que se halla -señala- a fs. 236.

A. Recurso de casación en el fondo.-

No admiten y rechazan la reconvención por incumplimiento del contrato, porque es el reconvencionista quien lo ha incumplido contrariando los arts. 454-II, 519 y 568 del Código civil, señalando, de acuerdo a este último.

Quien no ha cumplido los términos del contrato no puede pedir a la otra parte su cumplimiento. Se preguntan: ¿Qué debemos cumplir? ¿La firma del contrato y entrega de la cosa? ¿Qué contrato? Y se responden: Eso ya lo hicimos e inclusive pagamos por cuenta de la compradora.

Remarcan, por otra parte, que ese pago no ha sido voluntario, pues lo hicieron obligados con una acción ejecutiva iniciada y proseguida por la Cooperativa (La Merced Ltda.), de modo que debido a la falta de pago por la compradora, es justo que les pague los daños ocasionados por ella y se disuelva el contrato por incumplimiento de la compradora, de acuerdo a las normas citadas y el art. 569.

Conforme al art. 510 del citado cuerpo legal, se debe ver cuál ha sido la intención de las partes en el contrato, y esa intención, clara, inequívoca, concreta, sin lugar a dudas -expresan- consiste en que la compradora debía pagar las cómodas cuotas al acreedor, no a sus personas.

Es cierto que han otorgado un mandato que la apoderada debió respetar y ejecutar, pero tampoco lo cumplió. Ese mandato fue para pagar el precio; por ello, sin revocar el poder, los recurrentes cumplieron la prestación que correspondía a la demandada. En este sentido, acusan a la demandada de incumplir el mandato, conforme al art. 829 del ya citado Código sustantivo civil.

Con base a tales argumentos, en cuanto al recurso de casación en el fondo, piden se case el auto recurrido y deliberando en el fondo se disponga la resolución del contrato, reivindicación del inmueble y desocupación del mismo. En la forma, solicitan la nulidad de obrados hasta fs. 234 a 236 por ser ultra petita, y se ordene dictar nuevo auto de vista que comprenda lo pedido.

CONSIDERANDO: Examinado el proceso la Sala Civil Primera de la Corte Suprema de Justicia, establece:

Por el contrato de venta de inmueble cuya copia cursa a fs. 2, Eva Ramírez de Cabrera y Juan Cabrera Rosales, vendieron a Carmen Ruth Madariaga de Beltrán, por la suma de $US. 2.000 (DOS MIL DOLARES AMERICANOS), el inmueble ubicado en el barrio Los Flamingos de Santa Cruz, signado como casa Nº 6, manzana Nº 23 de la Unidad Vecinal 119, adjudicado por la Cooperativa Multiactiva La Merced Ltda., aclarando que la documentación aún no les ha sido entregada y que la vivienda fue obtenida a crédito con un plazo de pago de veinte años.

Que la venta se refiere a su derecho de adjudicatarios, cuota inicial de pago y todo el derecho propietario que les asiste, dejando anotado en la cláusula TERCERA: que para consolidar su derecho propietario, la compradora pagará en forma directa a la referida Cooperativa, a nombre de los vendedores, el saldo del precio pendiente de pago, dentro de los plazos y montos establecidos por tal Cooperativa.

Que los contratantes han estipulado en la cláusula CUARTA que los vendedores tramitarán ante la Cooperativa La Merced la escritura de transferencia y conferirán a la compradora un poder suficiente para coadyuvar en el trámite. Una vez obtenida la escritura mencionada, los vendedores suscribirán a favor de la compradora la correspondiente escritura de transferencia.

Existen, en consecuencia, dos contratos: el de venta mencionado precedentemente, y el de mandato, cuyo testimonio aparece a fs. 25-26, en el cual las partes, -mandantes y mandatario- acuerdan, entre otras facultades, las de apersonarse ante la Cooperativa Multiactiva La Merced Ltda. "transija, negocie, pida refinanciamiento nuevo plan de pagos y todo lo que requiera con la adjudicación del inmueble en favor de los conferentes. Por tal mandato, la apoderada tenía las facultades de convenir nuevas formas y modalidades de pago, agilitar y recibir toda la documentación, títulos, inscripciones, formular reclamaciones, etc.

Si bien el contrato de venta es consensual, por acuerdo entre las partes, quedó establecido que para consolidarla debía la compradora pagar directamente a la referida Cooperativa, a nombre de los vendedores, el saldo del precio. Lo que de acuerdo a los datos del proceso no ha sucedido exactamente, y ha dado lugar a que los vendedores inicien el proceso de resolución del contrato que ha derivado a este Tribunal en casación; resolución que no siempre es fácil disponerla, en particular cuando las obligaciones pactadas en el contrato han sido parcialmente ejecutadas, como sucede en el presente caso, en que la compradora ha pagado sólo una parte de las cuotas pero ha dejado otra parte incumplidas, de modo que los vendedores se vieron obligados a pagarlas, presionados por una acción ejecutiva seguida por la mencionada Cooperativa. Se trata pues del cumplimiento parcial de las obligaciones nacidas del contrato de venta. De todos modos, estando pendiente la consolidación del contrato, como se estipula en la cláusula TERCERA, existe una condición pendiente, que no se expresa con este vocablo técnico, pero que resulta de la estipulación de las cláusulas del contrato.

Al contrato de venta cuya resolución se ha demandado, a la par que su cumplimiento, está ligado, en este caso, el de mandato, regulado por los arts. 804 y siguientes del Código civil, y particularmente por los arts. 814 al 817 de este mismo cuerpo legal, conforme a los cuales, en el presente caso, la mandataria y compradora, estaba obligada a cumplir el mandato, pues en caso contrario, si no lo ejercitó, deberá resarcir los daños que ha ocasionado a los mandantes. Aún considerando que el mandato otorgado a Carmen Ruth Madariaga de Beltrán es gratuito, ella es responsable ante sus mandantes por no haber informado sobre su actuación y no haberles hecho conocer todas las circunstancias relacionadas con el pago de las cuotas pendientes o del tratamiento de las disposiciones legales vigentes que benefician a los adjudicatarios, al extremo de ocasionar la acción judicial ejecutiva contra los vendedores. La mandataria no puede alegar ignorancia de todas estas circunstancias; al contrario, tenía el deber de conocerlas y hacerlas conocer a sus mandantes oportunamente, para evitar el pago de los $us. 8.317.28 como consta a fs. 20, efectuado por éstos, según se desprende de la documentación acompañada a la demanda, prueba que no fue observada por la demandada, conforme al art. 346-2) del Código de Procedimiento civil, de modo que se estima como reconocimiento de la verdad de los hechos a que se refieren dichos documentos.

El incumplimiento de tales obligaciones asumidas por la mandataria, en ejecución del mandato que en este caso no es irrevocable, como argumenta la demandada, le obliga al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a los mandantes, conforme a los arts. 814-I, 815 y 817 del Código civil.

POR TANTO: La Sala Civil Primera de la Corte Suprema de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 271-4 y 274 del Código de procedimiento civil, CASA el auto de vista recurrido por infringir las normas jurídicas anotadas, y deliberando en el fondo, mantiene en parte la sentencia de primera instancia en cuanto dispone que Carmen Ruth Madariaga de Beltrán reembolse a los demandantes la suma de $us. 8.317.28, pagados por éstos a la Cooperativa Multiactiva La Merced Ltda. para purgar la hipoteca sobre el inmueble, modificándose en lo que toca a los daños y perjuicios que la demandada deberá pagar a los actores en el monto equivalente al interés del 6% anual, calculado sobre la suma indicada y cancelada por aquellos a la Cooperativa mencionada; interés que se liquidará a partir del día de la citación con la demanda a Carmen Ruth Madariaga de Beltrán, bajo apercibimientos de derecho; y revoca el fallo del a quo declarando improbada la reconvención planteada por ésta.

Para formar resolución interviene el Ministro Juan José González Osio, de la Sala Civil Segunda, según convocatoria de fs. 267.

MINISTRO RELATOR: Dr. Armando Villafuerte Claros.

Regístrese y devuélvase.

Firmado : Dr. Armando Villafuerte Claros.

Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Dr. Juan José González Osio.

Proveído : Sucre, 28 de febrero de 2005.

Dra. Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Primera.