SALA CIVIL PRIMERA

AUTO SUPREMO N° 18 Sucre, 27 de enero de 2005

DISTRITO : La Paz PROCESO: Ordinario sobre mejor derecho, reivindicación y pago de daños y perjuicios

PARTES : Daniela Huayta Cerda y otras c/ Simon Cruz Solina y otra

RELATORA : Ministra Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez

 

VISTOS: El recurso de casación interpuesto de fs. 236 a 238 por Simon Cruz Solina e Isidora Yola Mamani de Cruz, contra el auto de vista Nº 081/2002 pronunciado en fecha 18 de octubre de 2002 a fs. 233 por la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el ordinario sobre mejor derecho, reivindicación y pago de daños y perjuicios, seguido por Daniela, Salustiana, Felicidad y Eduarda Huayta Cerda contra los recurrentes, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO: Que, el juez a quo, mediante sentencia de fs. 198-199 declara probada la demanda de mejor derecho de propiedad de los actores sobre un terreno ubicado en la población de Desaguadero conocido como Nina Winkala con una extensión de 385 mts.2 registrado en Derechos Reales, bajo la Partida Nº 01237119 en 1997, así como procedente su reivindicación.

En apelación, el tribunal ad quem, mediante el auto de vista recurrido, confirma la sentencia apelada, motivando su impugnación a través del recurso extraordinario de casación interpuesto por los demandados Simón Cruz Solina e Isidora Yola Mamani de Cruz, sin especificar si el recurso es en la forma, en el fondo o en ambos. Realiza una relación de hechos, desconociendo el derecho de las actoras y alegando que tanto el juez a quo como la Corte Ad quem no valoraron las pruebas aportadas por los demandados, solo el documento presentado por las hermanas Huayta; para finalmente alegar que no se cumplió con lo dispuesto por el art. 190 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO: Que, en la demanda de fs. 7 a 8, las actoras pretenden el reconocimiento del mejor derecho de propiedad de un lote de terreno de 385 mts.2 ubicado sobre la Av. Barrientos, esquina Calle Ballivián, según plano de ubicación extendido por la Alcaldía de Desaguadero en el mes de octubre de 1985, que dicen acreditar por la tarjeta de propiedad que acompañan, que refleja que en 27 de octubre de 1994 se encuentra registrado bajo la Partida Nº 0001237119.

Sostienen que el terreno en cuestión, según Resolución Municipal Nº 31/95 de 13 de mayo de 1995 fue objeto de expropiación con destino a la apertura y prolongación de las calles Ballivián, Ingavi y Av. Mariscal Santa Cruz y que Isidora Mamani de Cruz, aprovechando que el municipio no realizó la ejecución de la Resolución Municipal que dispone la expropiación, ha empezado a realizar construcciones en dicho lote de terreno, obteniendo línea y nivel al efecto, cuyo esposo es Simón Cruz Solima, actual Presidente del Concejo Municipal. Finalmente, señalan los esposos Cruz, han procedido a realizar construcciones en terreno ajeno.

Que, así expuesta sucintamente la acción interpuesta por las demandantes, es claro que la demanda de mejor derecho debía necesariamente circunscribirse a establecer a quien correspondía el derecho propietario sobre el lote en litigio. Al efecto, la interposición de dicha acción, obligaba a los de grado verificar el derecho propietario de quien acciona, así como su respectivo registro en la oficina de Derechos Reales, para ser oponible a terceros, extremo que no sucede con el supuesto derecho propietario que esgrimen los demandados, cuyo instrumento público de fs. 67 a 71, únicamente reconoce una anotación preventiva de 1998, frente al registro definitivo de 27 de octubre de 1993 que acreditan las demandantes. De ahí que la valoración de la prueba efectuada por el tribunal ad quem es correcta y se ha pronunciado sobre los aspectos demandados por las actoras, observando el principio de congruencia previsto por el art. 236 con relación al 227 del adjetivo civil.

Por todo lo expuesto, corresponde dar aplicación a la previsión del art. 272-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Primera de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, declara INFUNDADO el recurso, con costas, se regula el honorario de abogado en la suma de quinientos bolivianos.

Se impone multa a los recurrentes que se gradúa en la suma de Bolivianos Cien a favor del Tesoro Judicial, cuyo pago mandará hacer efectivo el Tribunal Ad quem.

RELATORA: Ministra Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Regístrese y devuélvase.

Firmado : Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Dr. Armando Villafuerte Claros.

Proveído : Sucre, 27 de enero de 2005.

Dra. Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Primera.