SALA CIVIL PRIMERA

AUTO SUPREMO N° 16 Sucre, 26 de enero de 2005

DISTRITO : La Paz PROCESO: Ordinario sobre revisión de fallos

PARTES : Raúl Rodríguez Guarachi c/ Margarita Jiménez de Gutiérrez y otra

MINISTRO RELATOR: Dr. Armando Villafuerte Claros

 

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 52-53, presentado por Margarita Jiménez de Gutiérrez y Dolly Isabel Gutiérrez Jiménez, contra el auto de vista de fs. 47 y vta. dictado por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de La Paz en fecha 13 de septiembre de 2002, los datos del proceso, y

CONSIDERANDO: El Juez 11º de Partido en lo Civil de la Paz, pronuncia la resolución de fs. 33-34 en fecha 11 de diciembre de 2001, declarando probada la excepción de prescripción opuesta a fs. 21 por Margarita Jiménez de Gutiérrez y Dolly Isabel Gutiérrez Jiménez y al mismo tiempo dispone el archivo de obrados. Raúl Rodríguez Guarachi apela contra dicho fallo y elevado el proceso a la Corte Superior de dicho Distrito, la Sala Civil Tercera pronuncia el auto de vista de fs. 47 de fecha 13 de septiembre de 2002, mediante el cual anula el auto apelado de fs. 33-34 hasta fs. 31vta., de conformidad con el art. 237-4) del Código de Procedimiento Civil, fallo contra el que las demandadas recurren de casación en el fondo.

CONSIDERANDO: Las recurrentes indican que el ad quem interpreta y aplica errónea e indebidamente el art. 395 del Código de Procedimiento Civil, porque la Resolución Nº 552/2001 de fs. 33-34 no es sentencia en el sentido técnico, de acuerdo a los arts. 187, 188 y 190 de dicho cuerpo legal. Luego hacen una distinción entre providencias, autos interlocutorios y sentencias. En consecuencia, la posición que adopta el auto recurrido al pedir al juez de primera instancia decrete "autos para sentencia", de acuerdo al citado art. 395 del Adjetivo civil, es errónea, porque en realidad debe dictar un auto interlocutorio definitivo conforme a lo previsto por el art. 338-II del mismo Código, ya que el art. 395 "deriva" -dicen- del art. 394 in fine, que dispone: "Transcurridos los plazos indicados en el artículo precedente, el juez, con o sin las conclusiones, de las partes, decretará autos para la sentencia dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes". Remarca que se trata de una resolución interlocutoria que declara probada una excepción perentoria previa, cuyo plazo para dictar la resolución (no sentencia) se computa desde el día en que ingresa el expediente a su despacho, según manda el art. 203 del citado cuerpo legal.

En este sentido -insisten las recurrentes- queda excluida implícitamente la providencia "autos para sentencia" y, en su lugar, se dicta "Pasen obrados a despacho para resolución", como acontece con la providencia de fs. 31 vta, que el ad quem llama "auto".

Con tales fundamentos piden se case el auto recurrido y, deliberando en el fondo, se mantenga firme y subsistente la resolución de primera instancia.

CONSIDERANDO: El estudio del proceso demuestra que el juez de primera instancia ha procedido correctamente al dictar el decreto de fs. 31 vta., de acuerdo a lo previsto en el art. 202 del Adjetivo civil en relación con el art. 338-II del mismo y, por el contrario, el tribunal de alzada aplica indebidamente el art. 395 de tal Código confundiendo la resolución de fs. 33-34 con una sentencia, ya que si bien el parágrafo II del citado art. 338 otorga el carácter o cualidad de sentencia a tal clase de resoluciones, lo hace porque corta el procedimiento, sin que, empero, en sentido estricto sea sentencia.

Sin embargo de lo anotado, por las fotocopias legalizadas presentadas por el mismo recurrente a tiempo de presentar la demanda de fs. 11, se establece: 1) que entre Raúl Rodríguez Guarachi, Margarita Jiménez de Gutiérrez y Dolly Isabel Gutiérrez, se ha convenido la transacción que cursa a fs. 1, que de acuerdo a lo previsto en el art. 945 del Código civil, tiene como finalidad dirimir derechos de cualquier clase mediante concesiones recíprocas, ya para que se cumplan o reconozcan, ya para poner término a litigios comenzados o por comenzar, siempre que no esté prohibido por la ley. Tal transacción, por lo demás surte efectos de cosa juzgada, según advierte el art. 949 del mismo cuerpo legal. 2) La fotocopia de la transacción aparece a fs. 1 y lleva fecha 27 de noviembre de 2000, de modo que es en tal fecha que el proceso ejecutivo ha terminado, conforme al citado art. 945 del Código civil. "Esta es la función normal de la transacción: evitar mediante un arreglo, un pleito posible. Y esta es también la causa de dicho contrato", escribe el Prof. Italiano Ludovico Barassi (Instituciones de Derecho civil, T. II, p. 480, Ed. Bosch, Barcelona, 1955), y prevé la legislación, la jurisprudencia y la doctrina en general. 3) El contrato de transacción debe celebrarse por escrito, conforme manda el art. 492 del mismo cuerpo legal, y así fue realizado mediante el memorial que en fotocopia aparece a fs. 1, de tal modo que desde esa fecha se considera que el proceso ejecutivo ha "terminado". 4) Pero también el contrato de transacción, puede, según los casos, ser anulado o declarado nulo, de acuerdo a los arts. 950 y 951 del Código sustantivo, cuando media error de hecho o de derecho o cuando es relativa a un contrato con causa o motivo ilícito.

En el caso presente, el demandante se ha apoyado, por una parte, en los citados arts. 950 y 951 del Código civil, conforme se lee a fs. 14 vta.; es decir, en el error de hecho o de derecho y en la nulidad, anulabilidad o falsedad, pero sin aclarar de modo terminante en cuál de ellos concretamente. Por otro lado, se funda, al mismo tiempo en el art. 28 de la Ley 1760, modificatorio del art. 490 del Código de procedimiento civil. De todo ello se prueba que ni el demandante, ni el a quo y ni el ad quem, menos las demandadas, han considerado que en cada una de esta situaciones el término para accionar es diferente y que, en su momento, llegado el proceso al estado de sentencia, se tropezaría con dificultades para precisar no solamente lo que Carnelutti llama la "razón de la discusión", porque de la misma manera que la pretensión del actor debe tener sus fundamentos legales, así también la discusión del demandado, o sea la negación de la pretensión, debe tener los suyos (Pallares, Diccionario de Derecho procesal civil, p. 572). La confusión se patentiza más aún si se toma en cuenta que el demandante también se apoya en los arts. 1492 y 1507, referidos a la prescripción, cuyo plazo para que ésta opere es distinto al plazo de caducidad previsto en el art. 28-II de la Ley 1760.

Desde otro lado, el a quo, en el decreto de fs. 31 vta. decreta pasar obrados para su saneamiento procesal, suponiéndose que, conforme a la Disposición Segunda de la ley 1760 parágrafo I numeral 2, corregiría los defectos y salvaría las omisiones advertidas en en la causa, sin embargo, no actuó así, pues sin cumplir tal mandato de la ley, dictó el auto de fs. 33-34, olvidando que la causa, no saneada, implica plazos y términos diversos cual se advierte en el presente Auto Supremo; y, por su parte, el tribunal de alzada pronuncia el auto de vista recurrido que anula obrados con el errado fundamento de no haberse cumplido el art. 395 del Código civil adjetivo, evidenciando total falta de estudio de obrados. Todo ello, deriva inevitablemente en la nulidad de obrados, por infracción de las normas señaladas en este Considerando e inaplicación de las que corresponde, más aún si la parte recurrente ha reclamado, aun cuando de modo confuso, los arts. 950, 951, 1492-1507 del Código civil, contradiciéndose al citar, al mismo tiempo, el art. 28 de la Ley 1760, que reforma el art. 490 del ya citado Adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil Primera de la Corte Suprema de Justicia, con la facultad que le confieren los arts. 271-3 y 275, con relación a los arts, 252, 254-4) - 7) y 333 del Código de procedimiento civil, ANULA obrados hasta fs. 17, inclusive; es decir, hasta el decreto de admisión, y que el demandante aclare y precise su demanda, conforme a las normas citadas en este Auto Supremo. Se impone la multa de Bs. 200 para cada uno de los vocales que intervienen en el auto de vista.

MINISTRO RELATOR: Dr. Armando Villafuerte Claros.

Regístrese y devuélvase.

Firmado : Dr. Armando Villafuerte Claros.

Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez.

Proveído : Sucre, 26 de enero de 2005.

Dra. Patricia Parada Loras.

Secretaria de Cámara de la Sala Civil Primera.